Evolución de las normas imperativas y su importancia en los derechos de la naturaleza y la sostenibilidad ambiental en Ecuador

Resumen

Este estudio rastrea el desarrollo de las normas de carácter imperativo en el ordenamiento jurídico del Ecuador, centrando la atención en el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos jurídicamente exigibles. A partir de la Constitución de la República de 2008, pionera al incorporar una visión ecocéntrica sostenida en el principio del sumak kawsay, se indaga de qué manera el Estado ha configurado un régimen normativo que trasciende el antropocentrismo y se orienta hacia una justicia ecológica de orden estructural. La investigación, de naturaleza cualitativa y asentada en una metodología dogmático-jurídica, se apoya en el análisis de la Constitución, en la jurisprudencia interna y de tribunales internacionales, en la doctrina especializada y en fuentes del Derecho Internacional Público y del Derecho comparado.

Los resultados ofrecen cinco hallazgos centrales: en primer lugar, el reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza se integra en un bloque de constitucionalidad ambiental todavía en proceso de consolidación. En segundo lugar, se presenta la propuesta de dar cuerpo teórico y normativo a un ius cogens ambiental que eleve a rango superior la prohibición de retrocesos, la justicia intergeneracional y el principio precautorio. En tercer lugar, la Corte Constitucional ecuatoriana avanza, aunque de modo no sistemático, en la construcción de una jurisprudencia ecológica progresiva. En cuarto lugar, el contraste entre los modelos jurídico-ambientales de Colombia y Bolivia pone de relieve fortalezas doctrinales en ambos países, así como debilidades institucionales. Por último, se evidencia que las normas imperativas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular los ODS 13, 14, 15 y 16, pueden articularse como un marco operativo global y coherente.

La discusión finaliza señalando que Ecuador reúne los elementos normativos, simbólicos e institucionales necesarios para convertirse en un referente del nuevo constitucionalismo ecológico en la región y en el plano internacional. Desde esta posición privilegiada, el país puede proyectar un modelo en el que se entrelazan el bloque constitucional ecológico, las normas emergentes de ius cogens y los ODS, ofreciendo así una plataforma legítima para la defensa de los derechos de la naturaleza en un marco jurídico vinculante, ético y global.