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La vulneraci�n al principio del doble conforme en las contravenciones de tr�nsito que no impliquen a la privaci�n de la libertad

 

Violation of the principle of double conform in traffic contracts that do not involve the deprivation of liberty

 

�La vulneraci�n al principio del doble conforme en las contravenciones de tr�nsito que no impliquen a la privaci�n de la libertad

 

V�ctor Rodolfo Mel�ndez-Vega ^I

victor.melendez@ucacue.edu.ec

https://orcid.org/0000-0001-8004-4174

 

David Sebasti�n V�zquez-Mart�nez ^II ���

david.vazquezc@ucacue.edu.ec

https://orcid.org/0000-0002-7430-0351

 

Correspondencia: victor.melendez@ucacue.edu.ec

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

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*Recibido: 30 de noviembre de 2020 *Aceptado: 20 de diciembre de 2020 * Publicado: 09 de enero de 2021

 

 

       I.            Abogado de los Tribunales y Juzgados de la Republica del Ecuador, estudiante de la Maestr�a en Derecho Constitucional con Menci�n en Derecho Procesal Constitucional, Jefatura de Posgrados, Universidad Cat�lica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

    II.            Magister en Gestion Ambiental, Abogado de los Tribunales de Justicia de la Republica, Biologo, Docente de la Maestr�a en Derecho Constitucional con Menci�n en Derecho Procesal Constitucional, Jefatura de Posgrados, Universidad Cat�lica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

 

 

Resumen

El derecho a recurrir, es una garant�a procesal consagrada en la constituci�n ecuatoriana y en diversos instrumentos jur�dicos internacionales, a pesar de esto existen una falta de garant�a dentro de la aplicaci�n de casos donde no existe privaci�n de libertad en contravenciones de tr�nsito. El objetivo es determinar el grado de cumplimiento por parte de la normativa infra constitucional ecuatoriana del derecho a recurrir en este tipo de sentencias. La investigaci�n fue de tipo mixta con �nfasis en lo cualitativo, se aplicaron m�todos como en inductivo- deductivo, hist�rico-l�gico y anal�tico-sint�tico. Como resultado se estableci� la violaci�n del Derecho Humano a recurrir, ante las sentencias en contravenciones de tr�nsito donde no implica privaci�n de libertad, generando indefensi�n y descontento en la administraci�n de justicia. Como aporte se estableci� la necesidad de una reforma al art. 644. 6 del C�digo Org�nico Integral Penal, que garantice lo dispuesto en la carta magna ecuatoriana.�

Palabras clave: Derecho constitucional; �vulneraci�n al principio de doble conforme; derecho a apelar; contravenci�n de tr�nsito; privaci�n de libertad.

 

Abstract

The right to appeal is a procedural guarantee enshrined in the Ecuadorian constitution and in various international legal instruments, despite this there is a lack of guarantee within the application of cases where there is no deprivation of liberty in traffic violations. The objective is to determine the degree of compliance by the Ecuadorian infra-constitutional regulations of the right to appeal in this type of sentence. The research was of a mixed type with emphasis on the qualitative, methods such as inductive-deductive, historical-logical, analytical-synthetic were applied. As a result, the violation of the Human Right to appeal was established, before the sentences in traffic violations that do not imply deprivation of liberty, generating defenselessness and discontent in the administration of justice. As a contribution, the need for a reform to art. 644. 6 of the Comprehensive Organic Criminal Code, which guarantees the provisions of the Ecuadorian Magna Carta.

Keywords: Constitutional law; violation of the principle of double conformity; right to appeal; traffic violation; deprivation of liberty.

 

Resumo

O direito de apelar � uma garantia processual consagrada na constitui��o equatoriana e em diversos instrumentos jur�dicos internacionais, embora falte garantia na aplica��o dos casos em que n�o haja priva��o de liberdade nas infra��es de tr�nsito. O objetivo � determinar o grau de cumprimento da norma infraconstitucional equatoriana sobre o direito de apelar neste tipo de senten�a. A pesquisa foi do tipo misto com �nfase na qualitativa, foram aplicados m�todos como indutivo-dedutivo, hist�rico-l�gico e anal�tico-sint�tico. Como resultado, estabeleceu-se a viola��o do Direito Humano de apela��o, antes das senten�as em infra��es de tr�nsito que n�o implicam em priva��o de liberdade, gerando indefesa e descontentamento na administra��o da justi�a. Como contribui��o, a necessidade de uma reforma do art. 644. 6 do C�digo Penal Org�nico Integral, que garante o disposto na Carta Magna equatoriana.

Palavras-chave: Direito constitucional; viola��o do princ�pio da dupla conformidade; direito de apelar; viola��o de tr�fego; priva��o de liberdade.

 

Introducci�n

El derecho de apelar una condena penal (doble cumplimiento o doble cumplimiento de la corte), como lo llama la doctrina dominante o mayoritaria; es la garant�a b�sica y m�nima que cada Estado parte de la Convenci�n Americana de los Derechos Humanos y a su vez, garante de la Declaraci�n Universal de los Derechos Humanos, debe respetar y garantizar a su vez lo establecido en la legislaci�n nacional.

Ahora bien, seg�n, esta garant�a afecta necesariamente la estructura de los procedimientos penales en la medida en que cualquier condena permita al acusado ante un juez o un tribunal superior presentar una apelaci�n o revisi�n formal y sustantiva en relaci�n con la sentencia, esto quiere decir que la obligaci�n respaldada por las garant�as constitucionales y� su consecuente violaci�n constituye una trasgresi�n de los derechos contenidos en los distintos instrumentos jur�dicos internacionales en materia de derechos humanos, suscritos y ratificados por el pa�s, por lo que es de suma importancia verificar el nivel de cumplimiento o adecuaci�n de los reglamentos internos. (Huenchuan, 2015),

En el mismo sentido, esto� implica que no hay claridad en la conceptualizaci�n, porque a veces se confunde con el principio de doble instancia e implica la coincidencia, por lo que para obtener una mejor comprensi�n, se debe definir su alcance, especialmente de qui�n o a qui�n protege.

Por otra parte, dado que la garant�a de doble conforme, cuando no implique la privaci�n de la libertad, esta se dirige a favor del condenado, cuyo prop�sito es evitar la ejecuci�n de la pena, sin que una entidad superior confirme la legalidad de la misma, coincida con ella o no; siendo tal supuesto lo que brinda mayor seguridad jur�dica y cuidado a trav�s de la doble verificaci�n, la cual consiste en la evaluaci�n de la evidencia, as� como de los tipos de recursos recopilados, su aplicaci�n e interpretaci�n de un material o norma de tipo adjetiva. (Falconi 2016)

Cabe mencionar, que este derecho de apelaci�n es una innovaci�n en la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador de 2008, (en cuanto a su adaptaci�n a la realidad, pues ya constaba en la Constituci�n del a�o 1998) que en el art. 76 no. 7 literalmente menciona "Tomar decisiones o resoluciones en todos los procedimientos en los que usted decide sobre sus derechos". (Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica del Ecuador). Esto quiere decir, que la tipificaci�n de tal norma� como la garant�a b�sica de un debido proceso, nos permite apelar la decisi�n ante un juez o un tribunal superior, pero debemos mencionar que este derecho ya ha sido reconocido en la Convenci�n Americana de Derechos Humanos de 1969, en su art�culo. 8.2, el cual establece "el derecho de apelar ante un juez o un tribunal superior� (Convenci�n Americana de Derechos Humanos 1969).

En esta �rea de la ley, basado en el an�lisis de que nadie es infalible, es necesario que cada decisi�n sea verificada por otra persona o por el tribunal de elevaci�n, siendo tal situaci�n un derecho humano, adem�s de un razonamiento axiol�gico, el cual nos lleva a establecer que no todos pensamos de manera similar, y muchas veces la importancia de la subjetividad se atribuye al detrimento de la meta y esencialmente, a la aplicaci�n de un principio que ya est� consagrado en nuestra Constituci�n.

Asimismo, el axioma de doble conformidad se establece normalmente en el C�digo Org�nico Integral Penal, en todas las sanciones transitorias de tr�nsito en las cuales entran en juego los derechos humanos; por lo tanto, actualmente solo en casos muy graves en los que se han dictado sentencias de prisi�n, es posible apelar ante un tribunal regional de conformidad con el art. 644, p�rrafo quinto de dicho C�digo, situaci�n que se imposibilita seg�n lo establecido en la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, pues no constituye una excepci�n a una apelaci�n contra una decisi�n o resoluci�n.

En tal sentido, se hace menester realizarse la siguiente interrogante �De qu� manera se ve afectado el Principio conforme en las contravenciones de tr�nsito que no impliquen a la privaci�n de la libertad?, derecho consagrado en la Constituci�n de la Rep�blica, por su limitaci�n en el C�digo Org�nico Integral Penal, a causa de la desproporcionalidad que existe entre el hecho punible y la pena impuesta a las contravenciones de tr�nsito.

 

Desarrollo���

Principio de doble conforme en el Ecuador

La Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, confiere poderes para apelar decisiones judiciales con el fin de garantizar la seguridad jur�dica basada principalmente en la legalidad, esta se dirige el proceso penal como un medio de justicia que debe cumplir con sus principios b�sicos de legalidad, m�nima intervenci�n penal y motivaci�n.

En este orden de idea, siendo el principio de doble instancia o doble conforme, un axioma m�ximo o procesal, que se basa en el establecimiento de una jerarqu�a judicial, donde� en principio, cada juicio es conocido por dos jueces de jerarqu�a diferente; tal principio se construye esencialmente como una fuente de impugnaci�n del juicio inaplicable y se basa en el principio de igualdad ante la ley o la paridad entre las partes, el cual se ha formulado para proporcionar seguridad jur�dica a la parte que cree que la decisi�n en su fallo, afectar� sus derechos jur�dicos actuales. (Bravo 2019)

Por otro lado el principio de que, en Ecuador, un Estado constitucional de derecho y justicia, que invoca la supremac�a constitucional necesaria como arma necesaria para nuestro sistema legal, hace necesario que el Estado a trav�s de una Funci�n Judicial, de conformidad con el primer art�culo del m�ximo instrumento normativo,� especifica que son los jueces quienes tendr�n que establecer y cumplir con los principios establecidos en la Constituci�n, los tratados internacionales y la ley, que sin duda incluye el art. 76.7 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador.

En tal sentido, como garant�a normativa, la apelaci�n contra una decisi�n o resoluci�n en todos los procedimientos en los que se decide, le da cabida (por hecho jur�dico positivo), al cumplimiento de esta figura jur�dica de doble conforme, sin embargo, cuando existe vulneraci�n al Principio del Doble Conforme en las contravenciones de transito que no implica a la privaci�n de la libertad.� (Vela 2015)

De tal manera, para que tal acci�n jur�dica prospere, debe quedar claro cu�l es el derecho de apelaci�n sobre el que se refiere tal art�culo mencionado, lo que constituye la correlaci�n necesaria con lo que se conoce como el derecho a actuar y las contradicciones, en virtud del juicio. La regla de segunda instancia tiene como objetivo completar la apelaci�n cuando se considere que los derechos han sido vulnerados.

En relaci�n al presente principio, ha de concebirse como un desarrollo y avance del principio jur�dico universal del debido proceso, el cual se relaciona a su vez con otro principio como es el derecho a la defensa. En tal sentido, podemos mencionar que tal principio es un derecho fundamental, constitucional y regulado por entidades internacionales, como parte del elemental de los derechos humanos. (Vela 2015)

As� las cosas, el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos establece la necesidad de una doble conformidad judicial, por lo cual, el �rgano superior es quien decide en la oportunidad procesal correspondiente, seg�n lo establecido y mencionado en el art�culo 14 numera 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos:

�Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podr� ser sometido a detenci�n o prisi�n arbitraria. Nadie podr� ser privado de su libertad, salvo causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en �sta.�

En tal sentido, la doble instancia o doble conforme, es una garant�a procesal general, es decir, aplica en diversas �reas, procesos y procedimientos dentro de la ciencia jur�dica, no pudiendo asociarse de manera exclusiva a una sola �rea en especifico, siendo su procedencia seg�n el �mbito en el cual se este desarrollando tal situaci�n jur�dica en concreto

En tiempos modernos, las infracciones de tr�nsito han pasado a ser la orden del d�a, pues de cierta manera� se ha vuelto com�n en cada parte del territorio del pa�s, las inspecciones por parte de la polic�a nacional o la comisi�n de tr�nsito quienes de forma frecuente y permanente est�n actuando sobre tales violaciones. (Caffarena 2014)

La Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador vigente, sobre el derecho de doble instancia, a fin de regular la sanci�n al procedimiento que por contravenciones de transito se han juzgado y no son susceptibles de apelaci�n, establece que no est�n estructuradas de acuerdo con el marco constitucional ecuatoriano, pues vulneran el principio de doble instancia que se encuentra constante en la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador en el art�culo 76 numeral 7, debido a que el mismo no establece ninguna excepci�n para recurrir el fallo o resoluci�n.

En consecuencia, salvo en las contravenciones muy graves en las que se hayan dictado penas privativas de libertad, las cuales podr�n ser �nicamente apeladas ante la Corte Provincial; y obligatoriamente ser�n notificadas a los organismos de tr�nsito correspondiente de la jurisdicci�n, se constituye como el �nico supuesto donde� se respeta el principio de doble instancia que consagra la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, pues es as� como se siguen vulnerando los principios constitucionales, por tener car�cter de excepcional, responsabilizando a los jueces su aplicaci�n.

De acuerdo con nuestro completo C�digo Org�nico Integral Penal en el Art. 18 establece que el delito es una conducta t�pica ilegal y culpable cuyas sanciones est�n previstas en este c�digo. Ahora, para comprender este concepto, debe romperse en el sentido de entender primero que este es un comportamiento t�pico, luego que es un comportamiento ilegal y finalmente analizar la culpa como parte del delito. (COIP 2019).

Es as�, que las contravenciones de tr�nsito seg�n nuestro COIP, empiezan desde el art�culo 383 hasta el art�culo 392 y como se estableci� ut supra, estas infracciones prev�n como sanci�n m�xima una pena privativa de las libertad de hasta 30 d�as, sin embargo de aquello, en algunas circunscripciones territoriales, ciertos juzgadores pueden agravar dicha pena, entendi�ndose que aquel umbral de 30 d�as ser�a superado por la aplicaci�n de agravantes.

�Por otro lado, tambi�n se afecta dicho umbral por cuanto el inciso segundo del art�culo 385 del c�digo en cuesti�n, menciona que ser� sancionado un conductor con pena privativa de libertad de 90 d�as en el caso de exceder el l�mite de 0.1 gramos de alcohol por cada litro de sangre, as� como por el consumo de cualquier , sustancia estupefaciente o psicotr�pica o preparado que las contenga es cero, para los conductores de veh�culos de transporte p�blico, liviano o pesado, comercial o de carga (Bravo, 2019).

Desde un punto de vista epistemol�gico jur�dico, el escritor Cabanellas Guillermo considera y analiza las contravenciones desde el punto de vista� de violaci�n de la ley en forma casual o intencional de las ordenanzas municipales o las regulaciones policiales con sanciones establecidas por la ley, o bien de car�cter administrativo (Cabanellas, 2015).

Por tanto, en caso de mala conducta, negligencia o incumplimiento de un deber de cuidado o seguridad previsto por la ley o reglamento, la acci�n delictiva se ve materializada, si se establece que el autor de los hechos no realiz� la diligencia debida, teniendo en cuenta, seg�n sea el caso, la naturaleza de sus deberes o funciones, sus poderes, el poder y los medios a su disposici�n.

Todas estas medidas o sanciones son directamente proporcionales a la culpa, pero cuando se trata de sancionar a un hu�sped extranjero, todav�a no hay disposiciones claras que indiquen de manera espec�fica el funcionamiento de la ley en casos de infracciones de tr�nsito que a menudo se cometen. (Dromi 2010)

 

La vulneraci�n del derecho a recurrir y las contravenciones de tr�nsito en el derecho ecuatoriano

Del escudri�amiento, objeto del tema desarrollado en el presente art�culo cient�fico, se trata de una garant�a que se sustenta en instrumentos jur�dicos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos, donde en su art�culo 14, inciso 5, fue el punta pie en el desarrollo de los derechos del imputado, para poder recurrir de una sentencia y que tambi�n se encuentra ratificada en la Convenci�n Americana de Derechos Humanos en su art�culo 8.2; nos dan a entender la importancia y menester la importancia del derecho a poder ejercer el derecho a recurrir de un fallo.

De tal manera, esta garant�a y consigo derecho humano, implica la forma en como se encuentran estructurados los procedimientos judiciales, en el caso en concreto; seg�n la presente investigaci�n, un proceso penal en el cual todo fallo o sentencia de tipo condenatoria, habilita al imputado a poder apelar de la decisi�n ante un tribunal superior, produci�ndose el control formal o material respecto al fallo. (Salazar 2015)

Desde la normativa imperativa internacional, se constituye como una obligaci�n por parte de los Estados, el estricto cumplimiento del contenido y alcance de los distintos tratados o convenciones en materia de derechos humanos, siendo en caso contrario una violaci�n a las disposiciones en tales instrumentos establecidas. Su contenido va dirigido al respeto del marco legal referido a la dignidad humana y haciendo valer elementos como la justicia y equidad dentro de un proceso judicial.

As� las cosas, en objeto del derecho a recurrir, es el estricto logro de la tutela judicial efectiva, como principio jur�dico general del derecho; pudiendo el juez del alzada verificar mediante su sana cr�tica o m�ximas de experiencias (seg�n sea el caso) valorar las pruebas y la forma en la cual de desarrollo el procedimiento (en dependencia del tipo de recurso que se haya ejercido) pudiendo analizar la norma sustantiva o adjetiva correcta o la legalidad de las formas. (Cornejo 2018)

En tal cuesti�n, la Constituci�n del Ecuador dentro de su estructura enmarca un Estado de derecho r�gido, en el cual, los poderes p�blicos se someten irrestrictamente a las disposiciones legales establecidas en el respectivo ordenamiento jur�dico nacional, garantizando de tal forma los distintos procesos (y en el caso en concreto, todo procedimiento penal) como medio para la realizaci�n de justicia, dando cumplimiento elementales como el principio de legalidad, la inmediaci�n, el control de las pruebas, entre otros. (Cornejo 2018)

En tal sentido, el derecho a recurrir se debe entender como la estricta relaci�n existente entre los tribunales de distintos grados, (sin existir una estricta subordinaci�n) donde nace la posibilidad para las partes en proceso de poder solicitar una revisi�n judicial, por parte de otro tribunal, pudiendo ejercer un control, buscando minimizar los errores y vulneraciones de derecho posibles, encontr�ndose enmarcado dentro de un fundamento legal por parte del tribunal superior, siendo denominada tal acci�n como doble instancia o doble grado.

Siguiendo el orden anterior, el nexo existente entre apelaci�n como continuidad del procedimiento y sujeto procesal � pruebas, permite que puedan producirse dos situaciones, la primera de ellas que se mantenga la decisi�n de parte de tribunal en cuanto a la inocencia por falta de materialidad o que se mantenga la sentencia sancionatoria sobre el imputado, teniendo una doble visi�n de parte de ambos tribunales. (Salazar 2015).

Dentro de todo ordenamiento jur�dico, en la c�spide su sistema coactivo y coercitivo se encuentran la Constituci�n, la cual viene a ser la norma suprema que prevalece sobre cualquier otra en el ordenen legal de determinado Estado constitucionalista; es as� como el art�culo 1 de la Constituci�n nacional establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos, as� mismo en el art�culo 424, establece la armon�a que debe existir entre el orden legal interno y las disposiciones constitucionales, careciendo en caso contrario de eficacia jur�dica.

En el mismo sentido, la misma Constituci�n en su art�culo 425 regula el orden jer�rquico de la aplicaci�n de las normas, encontr�ndose la Constituci�n por encima de cualquier otra norma, le siguen los tratados internacionales suscritos y ratificados por la republica, los cuales en su contenido prevalecen sobre cualquier otra norma o acto de poder p�blico territorial.

En este orden de ideas, el art�culo 76 concatenado con lo anterior, regula todo lo referente a las disposiciones, condiciones y �mbito de aplicaci�n del debido proceso en el Estado ecuatoriano, caso en concreto, en el numeral 7), literal m), el cual, instituye que toda persona tiene derecho (dentro de su defensa) a �recurrir del fallo o las decisiones, as� como las resoluciones en todos los procedimientos en los que se decidan sobre sus derechos�.

Ahora bien, la proporcionalidad en la aplicaci�n de sanciones por infracciones muy graves en casos de tr�nsito en nuestra legislaci�n est� ausente, puesto la penalidad impuesta por esta infracci�n se aplica en exceso, lo que resulta en injusta, por lo que se deben aplicar medidas que vayan de la mano. De acuerdo con este principio de proporcionalidad, el estado debe evitar criminalizar la conducta cuando tenga otras medidas menos perjudiciales del derecho penal para proteger los activos legales que pretende proteger. (Falcon�, 2016).

Referente al procedimiento que Juzga las contravenciones de tr�nsito, el art�culo 644 del del C�digo Org�nico Integral Penal establece referente a la sentencia que resuelva sobre las contravenciones de tr�nsito, ya sea condenatoria o ratificatoria de inocencia, podr� ser apelada ante la Corte Provincial, condicionando a que �nicamente si la pena impuesta consiste en una pena privativa de libertad. Contrariando el contenido de la norma constitucional.

Concibiendo que cuando se aplica el principio de doble conforme, debe entenderse que el poder sancionador del estado en cada campo se limita a los principios constitucionales que rigen el poder pol�tico y legal del Estado, su ausencia ser�a un golpe que traer�a graves problemas para las personas en la sociedad, a medida que se aplicara una sanci�n sin la debida impugnaci�n legal. (V�squez 2015)

En continuidad de lo anterior, como se ha mencionado y explicado ut supra, el art�culo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos regula lo referente a las garant�as y derechos, en el que todo Estado signatario se obliga a cumplir, proteger y promover las aspectos judiciales y legales, donde toda persona (en el caso espec�fico) tiene derecho de recurrir toda pena y fallo condenatorio ante un juez de alzada o tribunal superior, tambi�n denominado segunda instancia.

En el mismo sentido, la Convenci�n Americana de Derechos Humanos en sus art�culos 8 y 25, establecen todo lo referente a las protecciones legales:

�Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad, ser� tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano�

�Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y r�pido o cualquier otro recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constituci�n, la ley o la presente Convenci�n, aun cuando tal violaci�n sea cometida por personas que act�en en ejercicio de sus funciones oficiales.�

Es el caso del derecho colombiano, donde tal supuesto de hecho desarrollado en el presente estado del arte, se ve reflejado en la Constituci�n Pol�tica de Colombia de 1996 en su art�culo 31

�Toda sentencia judicial podr� ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no podr� agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante �nico.�

En tal sentido, es un derecho constitucional, cuyo objetivo es asegurar la correcta administraci�n de justicia, el ejercicio del derecho a la defensa y debido proceso, por cuanto, permite que aquel afectado o agraviado producto de una decisi�n err�nea o arbitraria, tenga la posibilidad de que la misma sea revisada, corregida, ampliada o abolida, seg�n el caso.

El principio de doble conforme, consagrado en la (CRE 2008), tambi�n est� reconocido en la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San Jos� de Costa Rica, art�culo 8, como se ha citado anteriormente. Este principio, al estar desarrollado en un tratado internacional debidamente ratificado por Ecuador, forma parte de nuestro sistema legal. Sin embargo, a pesar del estatus constitucional primordial, no se aplica efectivamente porque en la jurisdicci�n administrativa y fiscal, se presentan disputas por contravenciones de tr�nsito, que no impliquen a la privaci�n de la libertad, con lo cual, no es posible apelar contra las decisiones de estos tribunales.

Asimismo,� otra justificaci�n para que no exista un recurso de apelaci�n dentro de un proceso por contravenciones de tr�nsito, corresponde a las caracter�sticas de los actos que gozan de las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad, por medio de las cuales se busca que aquellos actos se puedan ejecutar de manera inmediata� (Mu�oz, 2004).

La no aplicaci�n del principio de doble cumplimiento no solo constituye una violaci�n del derecho de apelaci�n contra las decisiones que afectan los derechos, sino que tambi�n significa una violaci�n de la garant�a normativa reconocida en el art. 84 de la Constituci�n, generando una antinomia y conflicto de normativo con el C�digo Procesal penal Integral, el cual no se adapta significativamente y no es compatible con los derechos previstos en la Constituci�n y los tratados internacionales que implican el bloque constitucional.

Las normas deben ser emitidas no solo por la autoridad competente (qui�n) y de conformidad con los procedimientos constitucionales y legales (c�mo), sino que tambi�n deben respetar los derechos (qu�). La validez formal est� relacionada con los est�ndares de reconocimiento (qui�n y c�mo), y la validez material con la correspondencia y la coherencia de los est�ndares secundarios con los derechos constitucionales (�vila, 2012).

La base legal de la garant�a se basa en la obligaci�n de adaptar lo requerido por las convenciones internacionales de derechos humanos a todos los organismos con capacidad para legislatura internamente en el Estado. En este sentido, la falta de adecuaci�n en materia de tr�nsito conduce a su inconstitucionalidad por omisi�n, de conformidad con el art. 128 de la Ley Org�nica de garant�as jurisdiccionales y control constitucional.

 

Realidad del principio doble conforme en el Ecuador: inaplicabilidad, consecuencias y efectos jur�dicos

Las garant�as se basan en el derecho a la defensa, lo cual es natural para todas las personas. Principalmente buscan permitir que los ciudadanos expresen su oposici�n y se opongan a cualquier acci�n que consideren ilegal porque violan o ignoran sus derechos o intereses leg�timos; o porque no est� de acuerdo con la ley 13.

Es por cuanto, la Constituci�n reconoce el derecho de los ciudadanos a solicitar, lo que significa que se pueden dirigir solicitudes, solicitudes, quejas y peticiones al �rgano administrativo (CRE 2008). Adem�s, reconoce el derecho a actuar, solicitar a las autoridades judiciales que busquen protecci�n legal para sus derechos de manera imparcial, r�pida y efectiva (CRE 2008). La protecci�n legal tiene como objetivo hacer cumplir la responsabilidad del estado y otras instituciones p�blicas "que participan en la oposici�n administrativa de la voluntad p�blica o en la sede del tribunal a trav�s de un proceso en sentido amplio, participando en la objeci�n p�blica de la voluntad" (Dromi 2010). Por lo tanto, sin perjuicio de la revisi�n constitucional, que no debe confundirse como un m�todo subsidiario, nuestro sistema legal establece dos formas de ejercer este derecho en medidas judiciales.

Ahora bien, la prevenci�n de una apelaci�n contra una sentencia que rige y decide sobre los derechos de las personas tiene una consecuencia directa de la violaci�n del derecho a la protecci�n, el debido proceso y la garant�a de la protecci�n de sus derechos en cuestiones de tr�nsito. El derecho a un juicio justo ha sido reconocido en nuestra Constituci�n como parte de los llamados derechos de protecci�n y se desarrolla en siete garant�as b�sicas, entre las cuales se determina y registra el derecho de defensa; Esto, a su vez, incluye trece garant�as adicionales, incluido el derecho y la garant�a de apelaci�n contra una sentencia o resoluci�n en todos los procedimientos en los que se resuelven sus derechos (CRE 2008).

El derecho a un juicio justo reconoce y considera las garant�as conjuntas para cada proceso que establece los derechos y obligaciones, incluidas, por supuesto, las demandas iniciadas ante la autoridad judicial competente. El respeto del debido proceso por parte de las autoridades p�blicas es esencial porque es un medio ideal para acceder a la protecci�n efectiva de los derechos. Adem�s, esto significa que los ciudadanos deben ejercer efectivamente su derecho de defensa contra la amenaza de imponer una resoluci�n que pueda afectar los derechos subjetivos, y que la resoluci�n se puede verificar a trav�s de los recursos.

Por lo tanto, una apelaci�n es una forma de expresar la voluntad de impugnar una resoluci�n judicial. Esta es una disputa clara dentro del desaf�o, por lo que busca corregir, derogar o reconsiderar esta oraci�n desfavorable (Goza�ni, 1999). El derecho a apelar se basa en la naturaleza humana de la falibilidad e imperfecci�n de la autoridad judicial al emitir el fallo, ya que, al ser un ser humano capaz de cometer errores, siempre existe la posibilidad de que la decisi�n decidir y definir derechos tambi�n contenga errores. Desde esta perspectiva, la posibilidad de que una jerarqu�a superior revise las sentencias judiciales se hace necesaria para evitar una justicia inadecuada. Es importante destacar la importancia de este principio, que consiste en poder revisar todo el proceso.

Sobre este aspecto, el Tribunal Constitucional ecuatoriano, en relaci�n con un caso en el que una acci�n de protecci�n extraordinaria, al negarse a examinar una apelaci�n, se plantea en un breve reclamo de compensaci�n oral, que se justifica sobre la base de presentar un caso de contravenciones de tr�nsito que no implique la privaci�n de la libertad: El derecho a apelar La sentencia, tambi�n llamada "doble conforme", tiene como objetivo garantizar que las personas involucradas en el proceso tengan la posibilidad de disoluci�n por parte de la autoridad. El tribunal est� controlado por una autoridad superior del mismo tipo, mediante la presentaci�n de quejas relevantes presentadas dentro del per�odo prescrito.

A este respecto, debe se�alarse que la designaci�n de medios legales de acceso a la autoridad de control de la segunda instancia es un asunto constitucionalmente insignificante, que puede llamarse una apelaci�n, cancelaci�n de invalidez, apelaci�n de hecho, apelaci�n o simplemente medio cuestionado; en este punto, lo que es constitucionalmente trascendente resulta ser la posibilidad de una revisi�n efectiva del fallo original de la corte (CC). La cuesti�n de la irrelevancia de la alegaci�n con respecto al acceso a una instancia doble es incorrecta porque en el caso de la Corte puede llamarse una apelaci�n.

Sin embargo, un error puede deberse a una consecuencia de la ligereza en el an�lisis y sopesar hechos, evidencia y la aplicaci�n de las normas legales apropiadas. En resumen, el error se debe a una falla humana sin la intenci�n de causar ning�n da�o. Sin embargo, existe la posibilidad de que haya una intenci�n real de da�ar a las personas, por lo que en cada uno de estos casos es necesario una revisi�n completa del proceso para evitar errores, que no pueden remediarse con un recurso extraordinario de casaci�n. En este sentido, es necesario tener en cuenta el principio de doble conforme, no solo porque que este es un derecho natural para las personas, pero tambi�n porque el estado ecuatoriano est� comprometido a proteger adecuadamente la protecci�n de los derechos de los ciudadanos.

De igual manera, la Corte Constitucional del Ecuador mediante sentencia No 095-14-sep-CC, la cual establece que el derecho a recurrir de un fallo ante un Juez o Tribunal superior, establece que toda persona tiene derecho a disponer en un plazo razonable los fallos emitidos en la determinaci�n de su responsabilidad, debidamente motivados, para su posible apelaci�n, y pasa a establecer lo siguiente:

�El debido proceso legal carecer�a de eficacia sin el derecho a la defensa en juicio y la oportunidad de defenderse contra una resoluci�n o fallo adverso, de all� que, a trav�s de este recurso se le permite al afectado proteger sus derechos mediante una nueva oportunidad para ejercer su defensa, con lo que se le otorga la posibilidad a la persona afectada por un fallo desfavorable, poder impugnarlo y lograr un nuevo examen de la cuesti�n�una de las limitaciones bajo las cuales el derecho a recurrir se puede ver minimizado es mediante la regulaci�n legal, con lo cual, una de estas limitaciones tiene que ver con el termino establecido en la ley para la presentaci�n del recurso, siendo menester se�alar el articulo 324 del C�digo de Procedimiento Civil, la cual para su aplicaci�n debe pasar por una an�lisis de la situaci�n a la que se aplica, tomando en consideraci�n los elementos que sirven al juez o jueza para adoptar la decisi�n de no permitir la apelaci�n��

 

Metodolog�a

En la presente investigaci�n, se aplico la metodolog�a de car�cter no experimental, siendo que las variables no fueron manipuladas. En el mismo sentido, el tipo de investigaci�n fue de tipo mixto,� con un enfoque mayoritariamente cualitativo, donde se recab� informaci�n heterog�nea de varias fuentes de tipo documental y bibliogr�fica de un car�cter descriptivo que sirvi� para especificar las diferentes causas que aportan a la problem�tica. (Batista 2006). En el� mismo sentido, se utilizo la hermen�utica jur�dica como m�todo de interpretaci�n, para alcanzar la correcta absorci�n de las ideas, de las distintas doctrinas y obras revisadas. (Villalobos 2013).

Por �ltimo, la informaci�n fue recolectada, por medio del fichaje, siendo el elemento bibliogr�fico el caracter�stico para la consecuci�n de la informaci�n necesaria para el desarrollo del presente estado del arte, dando orden a cada una de las ideas recabadas. (Tamayo 2006)

 

Universo de estudio y tratamiento muestral

Mediante el desarrollo de la presente investigaci�n, se desarrollo un muestreo por conveniencia, el cual es un procedimiento no probabil�stico al azar formado por el caso accesible y la disponibilidad de personas naturales que ser�n parte de la investigaci�n, que para el estudio fueron 15 abogados en ejercicio en el �rea del Derecho Constitucional y Derecho P�bico.

 

Tratamiento estad�stico de la informaci�n

En el proceso de recabar informaci�n,� se cre� por medio de la plataforma de formularios de Gloogle (https://docs.google.com/forms/) un cuestionario con varias preguntas agrupadas por variables; para la tabulaci�n y representaci�n gr�fica se utiliz� Microsoft Exel versi�n 2019 (Erazo-�lvarez & Narv�ez-Zurita, 2020). En tal sentido, este data sirvi� para la ulterior discusi�n en el presente estado del arte, siendo necesaria para generar las conclusiones del caso aportar a futuros investigadores la orientaci�n y m�todos utilizados en la parte metodol�gica empleada.

 

Resultados

En la tabla 1 y figura 1, se muestran los resultados obtenidos, clasificados de acurdo a las diferentes variables establecidas.

 

 

Tabla 1: Resultados de la encuesta realizada.

 

Figura 1: �Representaci�n gr�fica de los resultados. Fuente: Investigaci�n de Campo.

 

Como resultado se puede rescatar que la mayor�a (100%) de los investigados consideran que existe una clara vulneraci�n de derechos humanos en el Ecuador y que de tales derechos es lo establecido en el c�digo penal integral� el que menos se garantiza por parte del Estado. Respecto a los est�ndares la gran mayor�a de los consultados (80%) determinan, que el Estado no realiza la adaptaci�n de la informaci�n de manera t�cnica para que la comunidad entienda las partes esenciales de la consulta; respecto al car�cter de legal, consideran mayoritariamente (70%) que existe la carencia de legalidad en los procedimientos plasmados en la norma. En lo concerniente a la garant�a� de los derechos humanos, se hace evidente la necesidad de reestructurar el cuerpo normativo, pues no se encuentra alineado con el derecho internacional de los derechos humanos y lo establecido en la Constituci�n del Ecuador.

 

Discusi�n

Para este fin, sin perjuicio del reconocimiento de ciertas excepciones, es necesario identificar casos como, por ejemplo, la vulneraci�n al principio del doble conforme en las contravenciones de transito que no impliquen a la privaci�n de la libertad. En tales casos, si se comparan de la manera civil ordinaria, tienen una doble instancia porque son esencialmente procesos de conocimiento o cognitivos y no hay una base l�gica y racional para limitar la doble instancia en este tipo de proceso.

La falta de aplicaci�n de este principio es obviamente inconstitucional, por lo tanto, la Corte Constitucional debe tomar medidas de oficio para corregir esta falla regulatoria, porque existe la obligaci�n de adaptar formal y materialmente las disposiciones legales y otras normas legales a los derechos previstos en la Constituci�n y los tratados internacionales y estos, que son necesarios para garantizar la dignidad de un ser humano.

La importancia de incluir el principio de doble cumplimiento se resume para sus prop�sitos: a) corregir errores cometidos cuando se resuelve la situaci�n legal espec�fica, identificar errores en la evaluaci�n de hechos y justificaciones l�gicas para la aplicaci�n de la norma, cuya consecuencia es una resoluci�n o juicio lejos de la realidad y, en consecuencia, una decisi�n en lo que respecta a contravenciones de tr�nsito que no impliquen a la privaci�n de la libertad que perjudica los derechos de las personas, causando graves da�os al perjudicado; y b) verificar y ratificar que la valoraci�n de los hechos y la justificaci�n l�gica para aplicar la regla son correctas. En ambos casos, siempre garantiza la implementaci�n efectiva de los derechos humanos en pleno cumplimiento de la implementaci�n de los objetivos y tareas del estado.

En tal forma, se debe se�alar la necesidad de una reforma de la ley ante la necesidad de la antinomia presentada en el desarrollo de la presente investigaci�n, con lo cual, tal situaci�n es de menester reestructura, por cuanto va en contra de las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos suscritas y ratificadas por el Ecuador y lo establecido en el orden jur�dico interno, seg�n la Constituci�n.

Para concluir, se debe especificar que recae sobre el aparte correspondiente al inciso 6to del art�culo 644 del C�digo Org�nico Integral Penal, siendo el aparte en el cual se refiere a la imposibilidad de poder recurrir de las decisiones, cuando �stas dentro de su fondo, no contengan penas privativas de libertad. Tal situaci�n conlleva a una flagrante violaci�n de las disposiciones consagradas en la Constituci�n del Ecuador, en su art�culo 77 (debido proceso); espec�ficamente la posibilidad de recurrir de cualquier decisi�n que altere los derechos de cualquier persona dentro de la jurisdicci�n ecuatoriana y de igual con los tratados en materia de derechos humanos, suscritos y ratificados por la rep�blica.

Es por lo tanto, que tal disposici�n se debe reformar el art�culo mencionado por cuanto va en contra de la Constituci�n del Ecuador y el derecho internacional en materia de derechos humanos, pues la garant�a al debido proceso, espec�ficamente, poder recurrir de una decisi�n o sentencia se ve vulnerado dentro del contenido de dicho art�culo.

 

Figura 2: Representaci�n gr�fica de la propuesta.

Fuente: Elaboraci�n propia

 

Conclusiones

Dentro de las distintas aristas que conforman los derechos humanos, como principios de dignidad en el desarrollo de la vida del hombre, hace acto de presencia la necesidad de un debido proceso como elemento trascendental para la aplicaci�n de la justicia en situaci�n de controversia, principalmente donde se encuentre de por medio la libertad como pilar de los derechos de las personas junto a la vida y la propiedad.

En tal sentido, el derecho internacional pasa a regular por medio de distintos instrumentos jur�dicos internacionales como la Declaraci�n Universal de los Derechos Humanos, la Convenci�n Americana de los Derechos Humanos, entre otros tantos, tal situaci�n para el respeto y garant�a por parte de los Estados en funci�n de las personas que se encuentren dentro de un determinado territorio -� jurisdicci�n.

En el caso ecuatoriano, la Constituci�n (2008) es clara al enmarcar, dentro del debido proceso y la tutela judicial efectiva, el derecho a apelar o recurrir de una determinada decisi�n en cualquier procedimiento donde se decidan sus derechos. Sin embargo, el C�digo Org�nico Procesal Penal (2019), en su apartado referente a las controversias por tr�nsito, limita este derecho de doble instancia, �nicamente cuando la pena sea privativa de libertad.

De lo anterior, se desprende una flagrante violaci�n a tal derecho humano, consagrado en el derecho internacional de los derechos humanos y lo establecido en la Carta Magna del Ecuador, present�ndose una antinomia normativa (haciendo un enfoque estrictamente jur�dico), pero adem�s una violaci�n a un derecho fundamental, como es el alcance de una tutela judicial efectiva.

Como aporte a la presente problem�tica, se insta al Poder Legislativo nacional a la reforma de tal aparte de dicho art�culo, pues vulnera las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos, a las cuales, el Estado ecuatoriano se encuentra obligado a cumplir, pues son normas de tipo impositivas; y a su vez, va en detrimento de lo establecido en la Constituci�n nacional en lo referente al debido proceso.

 

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2020 por los autores. Este art�culo es de acceso abierto y distribuido seg�n los t�rminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribuci�n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

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