La intervención profesional, un análisis desde la normativa ecuatoriana durante la emergencia sanitaria

 

Professional intervention, an analysis of Ecuadorian regulations during a health emergency

 

Intervenção profissional, uma análise da regulamentação equatoriana durante uma emergência sanitária

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: jtapias@ucacue.edu.ec

 

 

 

Ciencias Sociales y Políticas      

Artículo de Investigación

                                                                         

*Recibido: 30 de enero de 2022 *Aceptado: 18 de febrero de 2022 * Publicado: 15 marzo de 2022

 

         I.            Magister en Trabajo Social Familiar, Licenciada en Trabajo y Servicio Social, Universidad Católica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

       II.            Magister en Migración Derechos Humanos y Políticas Públicas, Licenciada en Trabajo Social, Universidad Católica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

 

                                                                                                            

Resumen

En el trabajo se plante el análisis de la intervención profesional, desde la normativa ecuatoriana durante la pandemia y su alcance en Cuenca, provincia de Azuay entre los años 2020 y 2021. En la investigación se realiza algunos conceptos fundamentales para entender el trabajo. Luego, se muestran varios trabajos de investigación inherentes al tema desarrollado, que fueron realizados durante los años 2020 y 2021, por ser los años donde arreció el Covid-19, para ilustrar y comparar las dificultades presentadas durante esta emergencia sanitaria. De igual forma, en el trabajo se señala la importancia de las intervenciones multidisciplinarias y cuales son algunas de las otras disciplinas involucradas en estas intervenciones profesionales. Posteriormente se analizan los basamentos jurídicos que obligan a la protección de los grupos vulnerables que el estado ecuatoriano y justifican la creación de profesional de trabajo social. En el trabajo también se destaca la importancia de la Educación y la Salud, por ser considerados de alto valor estratégico. De igual forma, se destacan algunas resoluciones de emergencia aplicadas en Ecuador para la protección de sus ciudadanos. Para concluir, se hace un análisis global de los resultados de la investigación para luego hacer las conclusiones y recomendaciones pertinentes que dieron lugar luego de su interpretación.

Palabras claves: Trabajo social; Intervención profesional; normativas ecuatorianas.

 

Abstract

In the work, the analysis of professional intervention is proposed, from the Ecuadorian regulations during the pandemic and its scope in Cuenca, province of Azuay between 2020 and 2021. In the research, some fundamental concepts are carried out to understand the work. Then, several research works inherent to the developed topic are shown, which were carried out during the years 2020 and 2021, as they were the years when Covid-19 worsened, to illustrate and compare the difficulties presented during this health emergency. Similarly, the work points out the importance of multidisciplinary interventions and what are some of the other disciplines involved in these professional interventions. Subsequently, the legal foundations that require the protection of vulnerable groups that the Ecuadorian state and justify the creation of a social work professional are analyzed. The work also highlights the importance of Education and Health, as they are considered of high strategic value. Similarly, some emergency resolutions applied in Ecuador for the protection of its citizens are highlighted. To conclude, a global analysis of the results of the investigation is made to then make the pertinent conclusions and recommendations that resulted after its interpretation.

Keywords: Social work; professional intervention; Ecuadorian regulations.

 

Resumo

Este documento analisa a intervenção profissional, da regulamentação equatoriana durante a pandemia e o seu alcance em Cuenca, província de Azuay, entre 2020 e 2021. Na investigação, são feitos alguns conceitos fundamentais para compreender o trabalho. Depois, são mostrados vários trabalhos de investigação inerentes ao tema desenvolvido, que foram realizados durante os anos de 2020 e 2021, sendo os anos em que ocorreu o surto de Covid-19, para ilustrar e comparar as dificuldades apresentadas durante esta emergência sanitária. Do mesmo modo, o documento salienta a importância de intervenções multidisciplinares e quais são algumas das outras disciplinas envolvidas nestas intervenções profissionais. Posteriormente, são analisadas as bases legais que obrigam o Estado equatoriano a proteger os grupos vulneráveis e a justificar a criação de profissionais do trabalho social. O documento também destaca a importância da Educação e Saúde, uma vez que são consideradas de alto valor estratégico. Destaca também algumas resoluções de emergência aplicadas no Equador para a protecção dos seus cidadãos. Para concluir, é feita uma análise global dos resultados da investigação, a fim de se chegar às conclusões e recomendações pertinentes que surgiram após a sua interpretação.

Palavras-chave: trabalho social; intervenção profissional; regulamentos equatorianos.

 

Introducción

En la actualidad, debido a los múltiples problemas sociales que afectan al ser humano, se ve la necesidad de una intervención profesional que atienda y de respuestas a las situaciones caóticas que en determinado momento atraviesa el individuo, la familia, grupo o comunidad de acuerdo al medio en el que desenvuelve logrando una mejoría de las relaciones sociales e interpersonales. Por ello, es necesario recordar que la intervención es tener la voluntad de actuar; interesarse en un asunto, es decir, tomar parte voluntariamente, hacerse mediador, interponer su autoridad (De Robertis, 2006).

Entonces, mediante la intervención profesional, sea está directa o indirecta de acuerdo con la red de apoyo, buscará aliviar de manera paulatina los estados carenciales que aquejan al ser humano, la intervención que se ejecute debe ser la acción concreta y voluntaria que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población en general, sin distinción alguna. Es el Estado el encargado en destinar los recursos para atender las desigualdades e injusticias sociales mediante la intervención equiparada para todos los sectores oprimidos.

Esta afirmación lleva entonces a revisar en qué consiste el Trabajo Social, que según Hermida (2018), es una disciplina perteneciente a las ciencias sociales y su compromiso va más allá del abordaje de los problemas y necesidades en la gestión de políticas públicas y problemáticas sociales complejas, sino que también en la construcción de saberes de otros, permitiendo descubrir las contradicciones del sistema y sus desigualdades.

De igual forma, es importante revisar lo dicho, por Aquín (citado por Hermida, 2018) que afirma que en esta disciplina interviene en tres campos: Producción de conocimiento; Procesos de reproducción de sus cuadros por medio de la docencia; y Transformación de situaciones de la vida diaria de las zonas subalternas por medio de la presentación de servicios. Estas tres dimensiones llevan a tres dominios de la intervención del trabajo social, tales como la formación de los nuevos trabajadores sociales, la investigación científica y la intervención en lo social ya en lo específico. (Hermida, 2018)

Por otro lado, cuando se habla de un programa de intervención, se trata de un conjunto articulado de actividades que se aplican a procesos que tienen como fin el mejoramiento o logro de una práctica conceptual o técnica.  (Freiria, 2015)

Pero estos programas de intervención no son solamente técnicas y reglamentos. Se debe tomar en cuenta el ser humano que interactúa con otros para lograr que estos programas funcionen y lleguen a los grupos más necesitados a través de sus experiencias profesionales y su sensibilidad antes estos procesos y sus relaciones humanas.

Esto representa un reto para los trabajadores sociales, pues su trabajo está identificado con el contacto e interacción con el sujeto social y su entorno, lo que representa entonces una necesidad de investigar esta relación a través de tecnologías ya existentes, que sin embargo no se habían masificado y que para muchos ciudadanos representa un obstáculo difícil de salvar pero debido a la pandemia es obligado a enfrentar.

Basado en lo expuesto anteriormente, y bajo la realidad actual derivada del Covid-19, es necesario analizar la interacción efectiva del ser humano con su cotidianidad y para ello es importante entonces revisar el basamento teórico ecuatoriano y su alcance dentro de la población más vulnerables

Por ello, para este trabajo, se analizarán las normativas vigentes para el ejercicio del trabajo social, así como el impuso de las intervenciones profesionales formadas por diversos profesionales de diversas disciplinas que se conjugan para el abordaje de los diversos problemas surgidos en las comunidades.

Entonces, toda este compromiso se pone a prueba durante las crisis y durante el Covid-19, se multiplicaron las necesidades lo que abre el camino sobre el tipo de investigación a realizar sobre las intervenciones profesionales.

Por ello, en lo referente al ámbito temporal, el trabajo se suscribirá durante los años 2020 y 2021 y en el espacial se estudiará la realidad en la ciudad de Cuenca, provincia de Azuay, Ecuador.

Esta reflexión lleva a las siguientes preguntas generadoras:

¿Las intervenciones profesionales estuvieron acorde con las normativas ecuatorianas durante la emergencia sanitaria?

Esto lleva al siguiente objetivo de investigación:  

Analizar si las intervenciones profesionales están acorde con la normativa ecuatoriana durante la emergencia sanitaria: Caso ciudad de Cuenca, provincia de Azuay.

 

Metodología

El trabajo de investigación se realizó durante los años 2020 y 2021 por ser los años donde el Covid-19 tuvo su mayor auge. La investigación es documental pues se basó en la revisión documental desde una visión crítica, mostrando elementos cualitativos por medio de la revisión de documentos de diversos formatos para poder generar nuevos conocimientos sobre los retos del trabajador social. (Arias, 1998)

La información también surgió de fuentes secundarias como trabajos de investigación sobre el tema, redes sociales, notas de prensa en medios en formato digital, entre otros. Para el análisis del trabajo, se aplicó un método que facilitó la relación de los hallazgos surgidos en la investigación, pues hay que relacionar las preguntas planteadas con el objetivo de investigación para generar respuestas y contrastes entre la teoría y la realidad. (Arias, 1998)

Aunque la investigación tiene una perspectiva cualitativa la cual está basada en la abstracción subjetiva de la teoría, de notas de prensa y de conocimientos técnicos, se pudo utilizar datos cuantitativos para la contratación de cifras u porcentajes inherentes a los resultados de la investigación.

De igual forma, el trabajo se orientó a producir nuevos conocimientos basados en la descripción, perspectiva e interpretación en la investigación para resaltar, desde lo individual, las relaciones de lo colectivo y así comprender el contexto. (Rojas, 2010).

Por otro lado, la investigación es de diseño experimental, pues se quiere demostrar una relación causa-efecto entre la comprensión de estas leyes. Arias (2006).

Ahora bien, como en el trabajo se realizó la interacción de los programas de intervención donde participan estudiantes, docentes, profesionales, técnicos y otros ciudadanos, se utilizó el trabajo social de casos, que es una metodología dentro del trabajo social basada en intervenir a nivel individual, familiar y, en el caso concreto de esta investigación, grupal para adaptarse a su entorno social. En el trabajo social de casos es muy importante hacer un seguimiento personalizado que finalice con una mejora en la independencia , la integración social y la autonomía. (Montaño, 2021)

En este modelo se trata de asegurar que los sujetos reciban una asistencia completa para resolver sus problemas y son los trabajadores sociales los encargados de que esas personas reciban asistencia completa para que logren resolver sus dificultades. (Montaño, 2021)

 

Desarrollo

Para comprender mejor el trabajo, es necesario saber que la intervención profesional es una estrategia para comprender mejor una dimensión de la práctica social de una acción surgida en una situación específica para darle solución a dicha dificultad. (Saibe, 2015)

Para este trabajo, se buscaron experiencias que involucren intervenciones profesionales realizados durante los años 2020 y 2021, por representar un reto debido a las limitaciones sanitarias producidas por el Covid-19.

De igual forma, Saibe (2015), asegura que es necesario identificar cuáles son las necesidades que entorpecen el desarrollo personal, social, cultural, económico, religioso y por qué no decirlo, el desarrollo político y cuáles son las políticas establecidas en la normativa ecuatoriana para dar respuesta desde la intervención profesional a las penurias que atraviesa la población.

Una muestra que las intervenciones profesionales no se detienen, es el trabajo de investigación de Vicenta Aveiga y Sofía García titulado Intervención del trabajador social ante la violencia de género en tiempos de pandemia. Allí se expone que la intervención del Trabajador Social ante la violencia de género en tiempos de pandemia es fundamental, pues es una realidad, con repercusiones en la sociedad. El trabajo tuvo como objetivo analizar la intervención del Trabajador Social ante la violencia de género en tiempos de pandemia. La investigación se fundamentó en un estudio de tipo exploratorio y descriptivo, de corte transversal apoyado en el método bibliográfico, usando como técnica la entrevista, la cual fue aplicada a dos profesionales en Trabajo Social de la Fundación Nuevos Horizontes de la ciudad de Portoviejo. Los resultados evidenciaron que el quehacer del Trabajador Social frente a la violencia de género es esencial, puesto que debido al confinamiento un gran número de mujeres han pasado por un circulo de violencia en donde la misma situación les limita acudir a un centro de atención para denunciar al agresor y la intervención del Trabajador Social con su acompañamiento, les genera un respaldo, que les permite a las mujeres víctimas, desarrollar un estilo de vida social de calidad.  (Aveiga & García, 2021)

Las investigadoras llegan a la conclusión que en tiempos de confinamiento se potencian los factores de riesgo de violencia de género tanto individuales como sociales, por ello, el aislamiento se convierte en una de las barreras que dificultan la solicitud de ayuda y denuncia, de la persona víctima, esto debido al tiempo que pasa con el agresor.

Afirman que la intervención del Trabajador Social fue eficiente durante la pandemia y los resultados saltan a la vista y se ve reflejado en la mejora del bienestar de la persona víctima de violencia, este se constata por medio del seguimiento dado a la mujer afectada y en ciertos casos a otros integrantes de la familia como son los hijos, también necesitados del apoyo profesional. (Aveiga & García, 2021)

Este trabajo pone en evidencia la importancia del trabajador social y su papel dentro de funciomiento social, donde su participación no puede ser vulnerada bajo ningpun concepto, pues el bienestar de los grupos vulnerables no pueden ser detendios, pues están en juego su bienestar e incluso la vida del agredido y para ello, las normativas deben adaptarse a la realidad.

Otra intervención realizada durante la pandemia fue la  presentada en la investigación llamada El Trabajo Social en el Contexto del COVID-19: Experiencias de la Tele Intervención en el Patronato Municipal de Manta, de Kelly Quijije, donde se expone que la nueva normalidad ha desencadenado muchos contratiempos, dejando como consecuencia caos en su camino, donde está inmerso el trabajador social. En ese proyecto se deja en evidencia su labor, su rol, sus limitaciones y sus experiencias en el ejercicio de la profesión, al igual que su agilidad para abordar la crisis sanitaria de manera íntegra, las intervenciones a través del uso del teletrabajo y tele intervención como base de la ejecución de la disciplina. Este estudio está enmarcado bajo el propósito investigativo de conocer la labor que realiza el Trabajo Social en el contexto del COVID-19, a través de las experiencias vividas mediante la aplicación de la tele intervención desde la perspectiva de los trabajadores sociales del Patronato Municipal de Manta. (Quijije, 2021)

Esta autora concluye que la labor de los trabajadores sociales en el ejercicio de su profesión nunca es limitante, la agilidad y la recursividad mostrada en los diversos contextos en los que se encuentre, son fases claves para que siempre se llegue a brindar una solución amplia en pro de los beneficios del usuario, velando siempre por la garantía de sus derechos.

De igual forma, afirma que la emergencia sanitaria fue un punto más a favor de la afirmación de que el trabajador social, sin importar la situación, logra el mayor llamado de atención posible hacia los gobiernos y la debida atención de necesidades de la ciudadanía y que la adopción de distintas formas de llegar a los usuarios fue ampliamente valiosa, siendo la tele intervención fue un factor predominante en esta pandemia. (Quijije, 2021)

En este trabajo se planteó lo relevante de la imposición de una nueva realidad, donde se tiene que convivir con esa realidad, lo que lleva a revisar si la normativa legal del ecuador está preparada para este tipo de emergencia y si los profesionales de trabajo social, que también sufren los embates de la crisis, están preparados para hacer frente a este tipo de emergencia.

De igual forma, Andrea Gutiérrez presentó su trabajo de investigación que lleva por nombre Consecuencias en el rol materno y en el rol de estudiantes de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad de Cuenca, causadas por el confinamiento por COVID 19; período marzo-agosto 2020. En el texto se puede leer que el objetivo de la investigación fue analizar las consecuencias en el rol materno y en el rol de estudiantes de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad de Cuenca, causadas por el confinamiento por COVID 19 en el período marzo-agosto 2020. Entre los resultados obtenidos, resalta que las estudiantes recibieron el apoyo de sus madres en el cuidado de sus hijos mientras estudiaban, organizando su tiempo en base a cronogramas de actividades. El confinamiento, fue una oportunidad para retomar sus estudios, puesto que se vieron obligadas a suspender los mismos para poder ejercer su rol materno antes de la pandemia; si bien para ellas fue difícil al inicio, el rendimiento académico de las mismas mejoró en algunos casos, mientras que se fortalecieron las relaciones familiares al compartir más tiempo en familia. (Gutiérrez, 2021)

Como se puede observar, el trabajo social no descansa ni se detiene, solo busca cumplir sus funciones a través de diversos mecanismos que le permita llegar hasta el necesitado. Por ello la importancia de buscar mecanismos de colaboración y de solidaridad, pero sin duda que son las normativas legales las que le dan un piso sólido y permiten contar con reglamentos orquestados para la solución de estos problemas sociales.

Normativa ecuatoriana

Por lo antes dicho, es necesario contar con un conjunto de leyes que amparen a los ciudadanos y que estos puedan resolver sus problemas con la ayuda de las instituciones que brinda el Estado ecuatoriano. Por ello, es indispensable manifestarse ante las situaciones específicas mismas que, contribuyendo a disolver las dificultades sociales cambien realidades que afectan al individuo, familia, grupo y comunidad. Al respeto en el Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador se puede leer que son los deberes primordiales del estado: …“Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”… (CRE, 2008).

Establecidos los deberes primordiales del Estado, es necesario conocer cuáles son los grupos de personas que la Constitución considera vulnerables a través de la intervención profesional, por ello la misma Constitución en su Art. 35 establece como grupos vulnerables los siguientes:

“Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de lata complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El estado prestará especial atención a las personas en condición de doble vulnerabilidad” (CRE, 2008)

Al respecto, a continuación los Artículos de la Constitución que amparan a este grupo de personas:

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia; Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos; Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a: 1. No ser discriminadas por su embarazo… 2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, parto y posparto. 4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y durante el periodo de lactancia.; Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas; Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia…; Art. 51.- Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes derechos: 1) No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria. 2) La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho. 3.) Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación de la libertad. 4) Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral…5) La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas. 6) Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad. 7) Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia; Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente. (CRE, 2008)

Una vez identificados los grupos vulnerables, se determinan los organismos y los profesionales que, de acuerdo a su pertinencia brindarán el soporte que necesita el individuo, el estado es el encargado de velar por su bienestar y de legitimar o no a los profesionales de acuerdo al equipo técnico inter y multidisciplinario capacitado para atender y dar respuesta a las necesidades sociales.

Al ser una investigación donde están involucradas varias profesiones, para el trabajo se tomarán en cuenta aquellas involucradas en los programas de intervención para luego analizar las necesidades sociales de los grupos desposeídos.

Sin embargo, de acuerdo con el módulo: problemáticas y perspectivas de la intervención social, Cazzaniga (2009), desarrolló un análisis de los trabajos realizados por varios pensadores de finales del siglo XIX sobre las profesiones, las mismas que se van originado de acuerdo a la evolución de la sociedad, realizando énfasis en el trabajos social como profesión, la cual se desprende de la caridad y la filantropía.

Al respecto, a lo largo de la historia, mediante investigaciones multidisciplinares, diversos estudiosos sociales han tratado de dar respuesta a los problemas sociales, en las cuales han intervenido de acuerdo a su formación o estudios profesionales, considerando en todo momento la evaluación de la sociedad dada por la interferencia tecnológica y los medios de comunicación.

Por lo tanto, esta utilización conjunta de datos tan diversos se debe en gran parte al carácter multidisciplinar de la investigación: científicos sociales, trabajadores sociales, líderes civiles, asesores y periodistas contribuyeron en estos primeros esfuerzos. Los mismos materiales se discutían en sesiones públicas y se presentaban a la comunidad (Rodríguez, Gil, & García, 1996)

Debido a esto, Se puede identificar ya la diversidad de profesiones que contribuirán a dar solución a las desavenencias de la población, mediante la intervención en las políticas públicas. Al respecto Cazzaniga (2009) dedica un examen a las profesiones, dentro de un tema mayor como es el de la estratificación social. Por tanto, dependerán de la forma cómo se lleve a cabo la jerarquización de las necesidades de acuerdo a los grupos vulnerables establecidos como prioritarios se determinará la intervención correspondiente para ello se es primordial también conocer si los profesionales están preparados y capacitados para acoger y atender las necesidades no solo como técnicos que realizan levantamiento de información, sino como seres humanos que acogen las necesidades  de la población con una visión transformadora.

Por ello, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en el Art. 13 literal C, se establece la necesidad de formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados en todos los campos del conocimiento, para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y promoción cultural y artística.  (LOES, 2018)

En este mismo orden de idea, es el Estado, como ente superior, quien regula a través  de sus normativas el ejercicio profesional para una intervención eficaz de acuerdo a la pertinencia que establece a los sectores o áreas de acción.  Por su parte, en el Art. 151 de la Constitución de la República del Ecuador se establece que “el Sistema de Educación Superior estará articulado al Sistema Nacional de Educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la función ejecutiva (CRE, 2008).

Para ello es necesario realizar un estudio de pertinencia de las diferentes carreras universitarias de acuerdo a la necesidad poblacional. Esto se refleja en el Art. 11, literal e) de la LOES se establece que se debe “promover políticas públicas que propicien una oferta académica y profesional acorde a los requerimientos del desarrollo nacional”. (LOES, 2018)

Según la Constitución, el Sistema de Educación Superior “…se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global…” (CRE, 2008). Son los y las profesionales en las diferentes áreas quienes brindarán la atención oportuna para cambiar la vida de la sociedad al conocer la naturaleza del porqué de las injusticias.

De igual forma, en el Ecuador existen diferentes Ministerios encargados en brindar atención a los grupos que la Constitución, en su Art. 35 consideró como grupo vulnerables a las personas adultas mayores. También cuentan con la Ley del Adulto Mayor, donde se lee en su Art. 13 literal d, que aúpa a “…promover la corresponsabilidad y participación del estado, sociedad y familia, para lograr la inclusión de las personas adultas mayores y su autonomía, teniendo en cuenta sus experiencias de vida y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos…”  (LOPAM, 2019)

Por su parte, es el Ministerio de Inclusión Económico y Social (MIES), el encargado, a través de su equipo técnico, de brindar atención a este grupo prioritario logrando su inclusión a los diferentes espacios sociales y de recreación, y el total acceso al Sistema Público de Salud. En el Art. 1 de la LOPM, el literal E, se explica que dicha ley considera la necesidad de “…garantizar y promover la integración, participación ciudadana activa e inclusión plena y efectiva de las personas adultas mayores, en los ámbitos de construcción de políticas públicas, así como en actividades políticas, sociales, deportivas, culturales y cívicas…”  (LOPAM, 2019).

Para ello también es necesario establecer y determinar quiénes son los profesionales encargados de intervenir y realizar el seguimiento para que lo establecido en la ley se cumpla a cabalidad. Se considera pertinente incluir en el equipo técnico a los profesionales del área de trabajo social quienes a través de la ejecución de la visita domiciliaria y posterior elaboración del informe social determinarán con total certeza el tipo de atención que requieran.

En cuanto a la atención de las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad es el Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia (CCNA), organismo que a través de las juntas de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes intervienen con el equipo técnico conformado por profesionales calificados para brindar atención en cuanto a las restitución y protección de los derechos que en un momento dado has sido vulnerados. En el Código de la Niñez y Adolescencia, (CNA) en su Art. 171, se establece la conformación de los miembros de los comités de asignación. Allí se puede observar que “Para ser miembro de los comités de asignación familiar deberá acreditarse conocimientos y experiencia en el trabajo social, psicológico, legal o médico con niñez y adolescencia, especialmente con niños privados de su medio familiar y adopción”  (CNA, 2013)

Es importante resaltar la labor que cumple la profesión de trabajo social al momento de realizar la intervención con niños, niñas y adolescentes. Su accionar no queda únicamente con la simple intervención, se realiza atención integral con el núcleo familiar con acciones orientadas a mejorar la calidad de vida. En el Art. 70 del CNA, literal 113, se establece claramente los profesionales que son los encargados en realizar los seguimientos verificando el cumplimiento de las medidas de protección establecidas en beneficio de la niñez y adolescencia que se encuentra en situación de vulnerabilidad, es indispensable los “seguimientos por parte de los equipos de trabajo social, para verificar la rectificación de las conductas de maltrato” (CNA, 2013)

El Estado ecuatoriano brinda especial atención a las mujeres en estado de gestación, más aún al embarazado en etapas tempranas del desarrollo de la mujer, es decir las adolescentes. Quienes por múltiples factores sociales en los cuales se han desenvuelto sin haber recibido la debida atención e información sobre la sexualidad poniéndoles en estado de riesgo en su salud. Por su parte, el Estado, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), hace énfasis en “asegurar los entornos para el pleno ejercicio del derecho de la población a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su salud sexual y reproductiva, tomando en consideración sus contextos geográficos, sociales y culturales”.  (PND, 2017)

En otro orden de ideas, los profesionales de la salud no son los únicos que realizan intervención en lo referente a la planificación familiar y prevención del embarazo, los centros de salud cuentan con todo un equipo interdisciplinario para brindar atención a sus habitantes en lo referente. Así se refiere en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Azuay (PDOTA) donde se afirma que “promoción, prevención, recuperación de la salud y cuidados paliativos a través de los servicios de medicina general, odontología, psicología y enfermería; puede disponer de servicios de apoyo en nutrición y trabajo social”. (PDOTA, 2015)

Por su parte, para asegurar la calidad de vida de las personas con discapacidad, el PND asegura que siempre se ha considerado necesario facilitar el acceso de la población a la “educación inclusiva, la información, los espacios públicos, el trabajo digno, la salud — incluida la salud sexual y reproductiva— y la protección frente a todas las formas de violencia, incluida la violencia basada en género”. (PND, 2017)

Por ello, la Ley de Educación Intercultural (LEI, 2016), en cuanto al modelo de funcionamiento de los departamentos de consejería estudiantil considera pertinente establecer dicho departamento con profesionales especializados que conformen el equipo interdisciplinario y brinden atención a la población estudiantil mediante adaptación curricular que aborden los situaciones específicas en el área psicología y social. En el área social de los Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) de la instituciones públicas y privadas está conformada por “profesionales en trabajo social, orientación familiar o afines” (MFDCE, 2016)

De acuerdo con la Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades (ANID, 2017), es necesario para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad “salvaguardar y promover el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, sin discriminación, en igualdad derechos laborales y considerando las condiciones específicas de la persona con discapacidad”.

De igual forma, le corresponde al estado a través del Ministerio de Trabajo, intervenir para que los derechos de las personas con discapacidad no sean vulnerados tanto en instituciones públicas como privadas e impulsan  la inserción laboralmente de este grupo de atención prioritaria de acuerdo a sus capacidades y habilidades.

Al respecto, en el Art. 42, numeral 33 del Código de Trabajo. Se lee claramente que  el empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad. (CTE, 2005)

De igual forma, el Código de Trabajo del Ecuador establece en su artículo 42, también establece que “…la empresa que cuente con cien o más trabajadores está obligada a contratar los servicios de un trabajador social titulado…" (CTE, 2005). Este profesional es el que velará por hacer que se cumpla los derechos del trabajador y más aún si son o forman parte de los grupos de atención prioritaria. La intervención del profesional de trabajo social será indispensable para que los derechos del trabajador no sean vulnerados desarrollándose además en un ambiente apto acorde a la situación en la que se encuentre con una remuneración justa.

Para brindar atención a la población de atención prioritaria en el Ecuador identificada como personas privadas de la libertad, el Estado a través del Plan Nacional de Desarrollo se lee que:

Para conseguir una vida digna para todos, es necesario que un sistema de justicia eficiente y un modelo de gestión penitenciaria garanticen la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad, con un enfoque de derechos que promueva procesos formativos y de capacitación, así como condiciones de convivencia digna en los centros de privación de libertad.  (PND, 2017)

Es por ello que el sistema penitenciario ecuatoriano, a través del ministerio de justicia, tienen establecido programas educativos que benefician a las personas privadas de libertad (PPL) y a su familia al momento que logran cumplir su pena. Es importante que el sistema de justicia garantice al individuo y su familia un modelo eficiente de gestión que garantice el proceso de rehabilitación y reinserción social.

Por ello, el Centro de Rehabilitación Social Turi, ubicado en la ciudad de Cuenca provincia del Azuay incorporó a diez privados de libertad como bachilleres de la República del Ecuador en el año lectivo 2018-2019. El ministerio de Educación, a través de la campaña todos ABB (Alfabetización, Educación Básica y Bachillerato), en el “Monseñor Leonidas Proaño” institución encargada de llevar a cabo el programa educativo en el marco del programa de bachillerato intensivo que ha beneficiado a las personas privadas de la libertad de todo el país.

Por otro lado, el Estado ecuatoriano busca igualmente crear mejores condiciones para aquellas personas que tiene la responsabilidad de cuidar a los individuos que adolecen de que realiza la entrega de un capital semilla para emprendimientos productivos, además de la afiliación a la seguridad social de las madres cuidadoras y el incremento del bono Joaquín Gallegos Lara, para que puedan no solo atenderlos, sino también sustentar su hogar y tener una vida digna (PND, 2017)

De la misma manera, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), a través de su equipo técnico conformado por trabajadores social, orientadores familiares y profesionales a fines, es el organismo encargado que la población que ha sido beneficiaria del programa haga uso de los recursos que la brinda el estado de manera adecuada mejorando su calidad de vida.

Ahora bien, tomando en consideración a los grupos vulnerables que la Constitución de la República del Ecuador (2008) ha establecido brindar atención prioritaria a determinado planes, programas y proyectos que estarán a cargo de ejecutarlos los diferentes organismos tanto públicos y privados de acuerdo a su función dentro del ámbito para el que fue creado. Esto es importante pues se ha realizado el análisis de la normativa realizar el seguimiento a las instituciones-empresas verificando que se cumpla con lo dispuesto en la normativa del ministerio de relaciones laborales en lo referente a la profesión de trabajos social, puesto que, el Art. 42 del Código de Trabajo establece claramente que empresas que cuente con 100 trabajadores deben contratar un trabajador social. (CTE, 2005)

De acuerdo con la normativa ecuatoriana, se vislumbra en varios de sus documentos el papel fundamental del trabajador social en las diferentes instituciones y/o empresas tanto públicas como privadas. Por tanto, es indispensable continuar trabajando para que la profesión sea reconocida por la intervención que realiza con el individuo, familia, grupo y comunidad que se encuentra en situación de desventaja. Le corresponde al estado legitimar la profesión como lo ha venido realizando con profesionales como la medicina, el derecho, la psicología, economía, entre otras varias.

Para ello, la Ley de Educación Superior, con la intervención del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación (CACES) trabaja para regular a través del estudio de pertinencia de las carreras que han sido rediseñado y las que están en proceso de diseño las más idóneas para continuar con la oferta académica de acuerdo a las necesidades de la sociedad. (LOES, 2018)

Entonces, para lograr una intervención de calidad es necesario que los profesionales estén capacitados para brindar atención a la población vulnerable de acuerdo a su nivel de formación, es indispensable el conocimiento, pero también, la ética en el accionar ya que se interviene con seres humanos que necesitan de la empatía del profesional logrando el acercamiento para una intervención eficaz.

Ahora bien, existen acontecimientos que salen fuera da la normalidad en la vida de los ciudadanos. En esos acontecimientos se encuentran emergencias naturales o causadas por el hombre que obligan a un Estado a tomar medidas extraordinarias y estas deben ser normadas y adaptadas a la realidad que se vive en esos momentos.

En el caso de Ecuador, que como todos los países del mundo, debió adaptar sus leyes a la nueva normalidad a causa del Covid-19. Por ello, es necesario revisar los más resaltantes para este trabajo.

El Ministerio de Educación dispuso la suspensión de clases en todo el País a través del acuerdo MINEDUC-2020-00014-A, así como del personal docente y administrativo y dispone la modalidad de teletrabajo de acuerdo con la normativa que el ente rector del trabajo expida para el efecto.  (MIN-Edu, 2020)

Igualmente el Ministerio del Trabajo, por medio del Decreto Ejecutivo No. 1074, de 15 de junio de 2020, declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por la presencia de la COVID-19 en el Ecuador y por la emergencia económica sobreviviente a la emergencia sanitaria que atraviesa el Estado ecuatoriano; y dispuso que el estado de excepción rija durante sesenta días a partir de la suscripción del decreto ejecutivo; de igual forma expide las “Directrices para la Aplicación de Teletrabajo Emergente Durante la Declaratoria de Emergencia Sanitaria”.  (MIN-Trab, 2020)

Por su parte el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) decretó la suspensión de las presenciales de trabajo para todos los trabajadores y empleados del sector público y sector privado, manteniendo la suspensión de clases presenciales durante todo el mes de abril para todo el Sistema Nacional de Educación Escolar en todos los niveles. Las universidades, escuelas politécnicas e institutos técnicos y tecnológicos públicos y particulares deberán seguir impartiendo sus clases de manera virtual, de acuerdo con su planificación.  (COE, 2020)

De igual forma, este organismo resuelve que, una vez cumplida la primera etapa de aislamiento que inició tras la declaratoria de emergencia sanitaria por COVID-19 y el estado de excepción mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1017, donde se anuncia el inicio de la etapa del “Distanciamiento Social”, misma que se basará en una semaforización del territorio nacional tomando en cuenta las disposiciones emanadas para el efecto (COE, 2020).

Como se puede observar, en su mayoría, las normativas ecuatorianas, tanto nacionales como regionales, se adaptan y cubren las expectativas para el cumplimiento de las intervenciones profesionales de trabajo social, lo que permitirá un cumplimiento cabal de protección y amparo a los grupos vulnerables.

 

Análisis de los resultados

Una vez concluida la investigación. Se puede señalar que existe una visión clara por parte del Estado con respecto a las intervenciones profesionales de trabajo social y esto se desprende los resultados de otras investigaciones sobre cómo lograron concretar estas intervenciones bajo las normativas ya existentes en el Ecuador.

De igual forma, en el material analizado se observa una visión clara por parte de los la mayoría de los investigadores sobre el trabajo social, así como la importancia de uso de equipos multidisciplinarios para el abordaje de los casos expuestos en este trabajo. Sin embargo, otros trabajos no solo omiten la importancia de esta multidisciplinariedad, sino que ignoran flagrantemente la existencia de la emergencia generada por el Covid-19

De esta afirmación, llama la atención que varios trabajos disponibles en Internet sobre el tema, se omite la crisis sanitaria que atraviesa el mundo, olvidando que este hecho sobrevenido puso a prueba a todo los sistemas de salud así como las nuevas formas y maneras de llevar  a cabo el trabajo social, así como esos estados abordaron y superaron dificultades que van más allá de lo económico, donde el sacrificio humanos y el deseo de asistir a los más desvalidos pueden superar cualquier escaño por más difícil que este sea.

De igual forma se observó un tratamiento legal acorde con la magnitud de la crisis sanitaria, pero las leyes por si solas no logran los objetivos y que los esfuerzos de preparación y respuesta deben ser cónsonos con el compromiso profesional y la visión de la interacción entre las leyes y los profesionales aúnen esfuerzos  para evitar la profundización de las desigualdades, pues se tiene que tomar en cuenta también la subjetividad individual, incluso de los profesionales participantes, los cuales están bajo las consecuencias que el confinamiento pueda generar, como la exacerbación de la carga de trabajo, aunado a sus propios problemas derivados de la pandemia.

También se pudo observar el interés del Estado en implementar alternativas telemáticas para el logro de las actividades vitales para el País, como los son la educación y la salud. Siempre bajo un riguroso control epidemiológico, siempre bajo la visión de encontrar un equilibrio en loa que se conoce como nueva normalidad.

 

Conclusiones y recomendaciones

Definitivamente las leyes sin el ser humano solo es letra muerta. Por ello no basta con el esfuerzo del Estado sin estas no se apropian para el beneficio de las grandes mayorías que, a pesar de estar dentro de las normativas legales, estos no logran al acceso definitivo de sus beneficios. Y allí donde el trabajador social y las intervenciones profesionales tienen el mayor compromiso para aliviar esta carga y darle así esa justicia social tan anhelada por los ciudadanos de menos recursos.

Sin embargo, esto no significa que el esfuerzo del estado para bridarles a sus ciudadanos un basamento legal tan amplio y flexible, permita no solo su cumplimiento en épocas de normalidad, sino que puedan ser adaptadas o las vicisitudes que el mundo determine, pues las catástrofes naturales son acompañantes eternos de la evolución del ser humano.

Ahora bien, dentro de los es la intervención profesional, llama la atención que aún no se incorporen profesionales en la comunicación virtual a través de las Tecnologías de Información y Comunicación, no solo para diseñar estrategias a la comunidad intervenida, sino a los mismos miembros de este equipo que por una u otra razón, no está a día con este tipo de tecnologías.

De allí la importancia que las Universidades amplíen dentro de sus mallas curriculares las alternativas telemáticas, para que los profesionales de trabajo social cuentes con más opciones al momento de ofrecer soluciones efectivas, sobre todo en momentos de restricciones sanitarias o de otro tipo dificultad que el país o región en específico requiera.

En lo que respecta a Cuenca, provincia de Azuay. Se puedo constatar que tanto en lo que se refiere a las intervenciones profesionales de trabajo social como su aplicación en tiempos de pandemia, existen intervenciones éxitos como fue el caso de reflejada en el trabajo: Consecuencias en el rol materno y en el rol de estudiantes de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad de Cuenca, quienes explican cuáles fueron los hechos positivos y negativos de esta intervención, así como buen manejo de las políticas de bioseguridad implementadas por el gobierno regional.

Entonces, ya para concluir, la intervención profesional de trabajo social siempre está bajo la presión de solucionar los problemas aplicando los tomando lo que se disponga para concretar sus obligaciones. Es decir que en varias oportunidades se ven obligados a soluciones temporales por medio de metodologías que garanticen la seguridad la persona vulnerable y esto lo primordial en estos momentos de pandemia.

 

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