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La fase de ejecuci�n en sentencias y dict�menes emitidos por la Corte Constitucional del Ecuador

 

The execution phase in judgments and opinions issued by the Constitutional Court of Ecuador

 

A fase de execu��o em senten�as e pareceres emitidos pelo Tribunal Constitucional do Equador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: ab.jhonny.ojeda@gmail.com

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas ���

Art�culo de Investigaci�n

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* Recibido: 06 de mayo de 2022 *Aceptado: 17 de junio de 2022 * Publicado: 30 de septiembre de 2022

 

1. Maestr�a en Derecho y Justicia Constitucional del Postgrado de la Universidad T�cnica de Machala, Ecuador.

Resumen

La ejecuci�n de una sentencia o dictamen, emitido por operadores de justicia constitucional o Corte Constitucional, tiene su importancia no solo en el reconocimiento del derecho vulnerado, sino en su reparaci�n integral, para garantizar la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia. La revisi�n bibliogr�fica tuvo como objetivo: describir las alternativas para el cumplimiento de sentencias y dict�menes constitucionales, mediante un estudio de revisi�n bibliogr�fica, para ofrecer mejores herramientas a los jueces de primera instancia. El m�todo utilizado, fu� una investigaci�n cualitativa, puesto que explica y analiza el desarrollo del objeto de estudio, dentro del contexto de la fase de ejecuci�n en sentencias y dict�menes emitidos por la Corte Constitucional del Ecuador, que permitir� brindar herramientas a los administradores de justicia constitucional en la ejecuci�n de sus fallos judiciales. En los resultados obtenidos, se logr� indicar, que, el fortalecimiento de las instituciones jur�dicas, la creaci�n de un procedimiento de ejecuci�n constitucional, junto con medidas proporcionales, creativas y efectivas, proporcionar�n una eficaz reparaci�n integral, de esta forma garantizar�n el derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia del accionante, porque mientras un juez no ejecute su sentencia, no se va a reparar el derecho vulnerado, derechos fundamentales que derivan de la dignidad humana, siendo que las garant�as jurisdiccionales son directas, inmediatas y eficaces, deben ser durante todo su proceso, hasta la ejecuci�n integral.

Palabras Clave: Garant�as Jurisdiccionales; Juez; Incumplimiento Sentencias; Reparaci�n Integral; Corte Constitucional.

 

Abstract

The execution of a sentence or opinion, issued by operators of constitutional justice or the Constitutional Court, has its importance not only in the recognition of the violated right, but in its integral reparation, to guarantee effective judicial protection and access to justice. The bibliographical review had as objective: to describe the alternatives for the fulfillment of sentences and constitutional opinions, through a bibliographical review study, to offer better tools to the judges of first instance. The method used was a qualitative research, since it explains and analyzes the development of the object of study, within the context of the execution phase in sentences and opinions issued by the Constitutional Court of Ecuador, which will provide tools to justice administrators. Constitution in the execution of its judicial rulings. In the results obtained, it was possible to indicate that the strengthening of legal institutions, the creation of a procedure of constitutional execution, together with proportional, creative and effective measures, will provide an effective comprehensive reparation, in this way they will guarantee the right to effective judicial protection and access to justice for the plaintiff, because as long as a judge does not execute his sentence, the violated right will not be repaired, fundamental rights that derive from human dignity, since the jurisdictional guarantees are direct, immediate and effective , must be throughout its process, until the integral execution.

Keywords: Jurisdictional Guarantees; Judge; Failure to comply with Judgments; Comprehensive Repair; Constitutional court.

 

Resumo

A execu��o de uma senten�a ou opini�o, proferida por operadores da justi�a constitucional ou do Tribunal Constitucional, tem sua import�ncia n�o apenas no reconhecimento do direito violado, mas na sua repara��o integral, para garantir uma tutela jurisdicional efetiva e o acesso � justi�a. A revis�o bibliogr�fica teve como objetivo: descrever as alternativas para o cumprimento de senten�as e pareceres constitucionais, por meio de um estudo de revis�o bibliogr�fica, para oferecer melhores ferramentas aos ju�zes de primeira inst�ncia. O m�todo utilizado foi uma pesquisa qualitativa, pois explica e analisa o desenvolvimento do objeto de estudo, no contexto da fase de execu��o em senten�as e pareceres emitidos pelo Tribunal Constitucional do Equador, que fornecer� ferramentas aos administradores de justi�a. a execu��o de suas decis�es judiciais. Nos resultados obtidos, foi poss�vel indicar que o fortalecimento dos institutos jur�dicos, a cria��o de um procedimento de execu��o constitucional, juntamente com medidas proporcionais, criativas e efetivas, proporcionar�o uma efetiva repara��o integral, desta forma garantir�o o direito � tutela jurisdicional efetiva e ao acesso � justi�a para o autor, pois enquanto o juiz n�o cumprir sua pena, o direito violado n�o ser� reparado, direitos fundamentais que derivam da dignidade da pessoa humana, uma vez que as garantias jurisdicionais s�o diretas, imediatas e efetivas , deve ser em todo o seu processo, at� a execu��o integral.

Palavras-chave: Garantias Jurisdicionais; Juiz; Descumprimento de Senten�as; Repara��o Integral; Corte Constitucional.

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Introducci�n

Como se puede apreciar, con la Constituci�n de la Rep�blica del 2008, Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, eminentemente garantista, mediante el ejercicio de garant�as constitucionales, que se dividen en garant�as normativas, pol�ticas p�blicas y garant�as jurisdiccionales, siendo estas �ltimas, tienen como objeto la tutela y protecci�n de los derechos reconocidos en la Constituci�n de la Rep�blica y en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos reconocidos por el pa�s, procesos en los cuales, a los jueces ordinarios, cuando conocen de garant�as jurisdiccionales, se les denomina juez constitucional, es decir, cuando se vulneran los derechos constitucionales y humanos, cuya finalidad consiste en reparar o resarcir el derecho lesionado con la reparaci�n integral, solo as� se ejecuta integralmente una sentencia constitucional (N��ez, 2016).

Mientras que, las garant�as jurisdiccionales son aquellos mecanismos jur�dicos para la protecci�n de los derechos reconocidos en la Constituci�n de la Rep�blica y en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, ante cualquier amenaza de vulneraci�n, mediante una intervenci�n inmediata y eficaz, de esta forma se tutelan los derechos, junto con la reparaci�n integral a trav�s de una sentencia o resoluci�n del operador de justicia constitucional (Garc�a & Trelles, 2021).

La naturaleza de las garant�as jurisdiccionales es la reparaci�n integral, es decir, el resarcimiento por la transgresi�n del derecho individual o colectivo vulnerado, en su dimensi�n constitucional/humano/fundamental/internacional, como tutela efectiva de los derechos, que se ejecuta trav�s de una sentencia, emitida por un juez constitucional; a trav�s de la resoluci�n judicial restituye el derecho (restitutio in integrum, numeral 3 del Art. 86 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador), manifestando que estos procesos solo culminan con la ejecuci�n integral de la sentencia o resoluci�n, solo de esta forma son eficaces, si son ejecutadas de manera adecuada y oportuna (Castro y Pe�a, 2018).

Acorde a la normativa constitucional, dentro de los procesos de garant�as jurisdiccionales se establecen principios rectores en la administraci�n de justicia constitucional, entre los cuales tenemos supremac�a constitucional, la seguridad jur�dica, la eficacia, celeridad, econom�a procesal, tutela judicial y dem�s, cuando se incumple una sentencia constitucional, se incurre en una inobservancia a la supremac�a constitucional, siendo este principio fundador y fundamental, en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia (Villafuerte, 2020).

La administraci�n de justicia constitucional, en procesos de garant�as jurisdiccionales, se constituye en un deber del Estado, con los ciudadanos, siendo que, en la carta magna se han establecido los mecanismos constitucionales para hacer valer sus derechos de forma inmediata y eficaz, para garantizar los derechos constitucionales y humanos, pero esto se ha visto quebrantado con la falta de medios coercitivos para garantizar las obligaciones positivas y negativas, en las decisiones de los operadora de justicia constitucional, solo el Pleno de la Corte Constitucional, puede aplicar mecanismos coercitivos (Lara, 2021).

Ahora bien, tenemos que entender que la sentencia constitucional, es la decisi�n jur�dica tomada por el Juez de instancia, Tribunal o Corte, que pone fin a una litis, es decir, se puede definir, como un acto de voluntad o declaraci�n de una autoridad p�blica, con la calidad de operador de justicia constitucional, en la cual, se reconoce o no un derecho o una situaci�n jur�dica, generando una decisi�n, que contiene obligaciones positivas y/o negativas, mediante el sistema jurisdiccional, para ejecutar lo decidido o juzgado, solo culminando con la ejecuci�n integral de la sentencia, para lo cual, debemos remitirnos a la instituci�n jur�dica que es la reparaci�n integral.

Es importante subrayar, que los dict�menes constitucionales son las decisiones que toma la Corte Constitucional del Ecuador, acorde a los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por nuestro pa�s, en concordancia con la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, que pone fin a una litis, es decir, constituyen aquellas ordenes o resoluciones emitidas dentro de procesos constitucionales, con obligaciones positivas o negativas (Villegas, 2020).

En principio la fase de seguimiento de la Corte Constitucional del Ecuador, le corresponde al Pleno, ya sea de oficio o petici�n de parte, para proceder a la fase de seguimiento de sus propias sentencias, dict�menes, acuerdos reparatorios y resoluciones expedidas por el m�ximo �rgano de cierre en justicia constitucional, donde se ejecuta los autos conducentes a la ejecuci�n integral de las decisiones tomadas en los procesos constitucionales (Reglamento, 2021)

Cabe se�alar, que, el objeto del seguimiento de sentencias y dict�menes constitucionales, tiene la finalidad de proteger de forma eficaz e inmediata los derechos constitucionales y los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos y garantizar la supremac�a constitucional, junto con la eficacia y eficiencia de los principios y normas constitucionales, ante la inejecuci�n de resoluciones constitucionales, dentro de un plazo razonable o que no se haya ejecutado de forma integral o adecuadamente, en el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva (Castro & Pe�a, 2018).

Incluso la Corte Constitucional, puede evaluar las medidas de reparaci�n integral emitidas dentro del proceso, para analizar su ejecuci�n por causas f�cticas o jur�dicas, que, ante su imposibilidad, el Pleno tiene toda la competencia para modificar las medidas de reparaci�n integral, que sean equivalente en defensa de los derechos vulnerados, que, en caso de persistir puede aplicar sanciones a la autoridad p�blica que ha incumplido, acorde al numeral 1 del art�culo 22 de la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el peor de los casos ordenando su destituci�n, en concordancia con el numeral 4 del art�culo 86 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (Corte Constitucional del Ecuador, 2021).

Entonces, acorde a la reparaci�n integral, tenemos en nuestro pa�s: la restituci�n, la compensaci�n econ�mica o patrimonial, la rehabilitaci�n, la satisfacci�n, las garant�as de no repetici�n, las medidas de reconocimiento, las disculpas p�blicas, la prestaci�n de servicios p�blicos y dem�s, de esta forma se puede ejecutar integralmente la sentencia de un operador de justicia constitucional, por la vulneraci�n de derechos constitucionales o humanos (Zurita, 2021).

Consecuentemente, tenemos el rol del juez constitucional, frente al cumplimiento de una sentencia, que, en sus inicios, con la anterior Constituci�n Pol�tica del Ecuador de 1998, figuraba como un juez mec�nico en el proceso y en la pretensi�n, ahora con la actual Constituci�n, el operador de justicia constitucional es activo, din�mico y deliberativo, con una fase de creaci�n y de ejecuci�n, es decir, el operador de justicia constitucional no puede deslindarse de la ejecuci�n de la sentencia (Ruiz,2019).

Por otra parte, la Corte Constitucional del Ecuador, ha manifestado que por mandato legal establecido en el numeral 3 del art�culo 86 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, las garant�as jurisdiccionales solo pueden finalizar con la ejecuci�n integral de las medidas dispuestas en sentencia, su incumplimiento ocasiona sancionar, como una funci�n medular para la protecci�n de los derechos, para garantizar su ejecuci�n y su cumplimiento, pero no as� a los jueces de primera instancia (Corte Constitucional del Ecuador, 2021).

Conviene destacar, que, para realizar la presente investigaci�n, se ha centrado en analizar y conocer, c�mo act�a la Corte Constitucional, cuando de oficio se percata o a petici�n de parte se hace conocer a los administradores de justicia constitucional, que sus sentencias y dict�menes emitidos, no son cumplidos y por ende no se ha ejecutado integralmente la reparaci�n integral del derecho vulnerado, lo que incluso ha afectado la confianza de los ciudadanos en la justicia constitucional, como m�ximo �rgano de justicia constitucional y peor a�n, a los jueces constitucionales de instancia, siendo una de las problem�ticas m�s comunes hoy en d�a, dentro del marco constitucional ecuatoriano.

La presente investigaci�n tiene como objetivo describir las alternativas para el cumplimiento de sentencias y dict�menes emitidos por la Corte Constitucional del Ecuador, mediante un estudio de revisi�n bibliogr�fica para ofrecer mejores herramientas a los jueces de primera instancia.

 

Materiales y m�todos

El presente art�culo es de revisi�n bibliogr�fica, se lo elabora con la finalidad de brindar alternativas para el cumplimiento de sentencias a trav�s de herramientas que ayuden a los procesos en garant�as jurisdiccionales, la informaci�n y t�cnica ser� obtenida mediante el an�lisis documental de revistas indexadas, libros de editoriales reconocidos, tesis doctorales u postgrado y ponencias internacionales.

Mediante la base de datos revisada y analizada se consideraron los criterios de inclusi�n y exclusi�n; se incluir�an toda la informaci�n a fin, actualizada que, fundamenten cient�ficamente la investigaci�n y que tengan menos de 5 a�os de publicaci�n y se excluir� todo dato que no posee fundamentaci�n cient�fica, tesis de pregrado, art�culos que tengan m�s de cinco a�os de publicaci�n puesto que no causan gran impacto a la presente investigaci�n.

De acuerdo al m�todo ejecutado fu� una investigaci�n cualitativa, puesto que explica y analiza el desarrollo del objeto de estudio dentro del contexto de la fase de ejecuci�n en sentencias y dict�menes emitidos por la Corte Constitucional del Ecuador.

 

Resultados

Posteriormente de haber realizado la revisi�n bibliogr�fica, se obtienen los siguientes resultados:

Conviene destacar que en la administraci�n de justicia constitucional supranacional, tambi�n tiene inconvenientes para ejecutar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo una de sus principales preocupaciones, que en su momento, ya se ha hablado de una posible soluci�n al respecto, al enunciar lo siguiente: i) Los estados miembros ratifiquen la Convenci�n Americana de Derechos Humanos (CADH), ii) Incorporar normas sustantivas de la CADH en la normativa interna; y, iii) Aceptar la competencia contenciosa de la CIDH, en general, solo se han cumplido medidas de compensaci�n econ�mica y simb�licas, esto se ha logrado mediante una supervisi�n de cumplimiento de sentencias, pero aun as� no se cuenta con mecanismos jur�dicos coercitivos (L�pez, 2019).

Por otra parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo ha logrado mediante dos mecanismos, la primera consiste en la adecuaci�n de las normas nacionales al derecho internacional y la ejecuci�n de decisiones judiciales de �rganos internacionales, pero lo m�s efectivo ha sido la supervisi�n por el Comit� de Ministros del Consejo de Europa, un �rgano pol�tico, para asegurar que sus decisiones no sean meramente declarativas, sino efectivas en el cumplimiento de las reparaciones, siendo de esta forma, la materializaci�n de la justicia, haciendo menci�n que la inejecuci�n debe ser vista como parte integrante del derecho de acceso a la justicia, debi�ndose robustecer los sistemas jur�dicos, para impartir una eficaz protecci�n de los derechos humanos, que trascender� en la ejecuci�n de las sentencias (Escobar, 2020).

Incluso se hace referencia en derecho constitucional europeo, que el cumplimiento de las sentencias del Tribunal y su ejecutividad, le corresponde a las partes, su obligatoriedad se debe a una doble dimensi�n sobre los derechos fundamentales, en el plano subjetivo, se refiere a la restituci�n del derecho vulnerado, mientras que, en el plano objetivo, la correcci�n de los mecanismos internos que no permitan vulneraci�n de derechos por las mismas causas, estableciendo mecanismos como el cese de derechos vulnerados, antinomias jur�dicas con los derechos humanos, adecuaci�n de las interpretaciones jurisprudenciales a los precedentes en derechos fundamentales y la satisfacci�n del derecho vulnerado, en caso de no lograr reparar integralmente ese derecho (Baz�n & Fuchs, 2020).

As� que, el derecho constitucional europeo, considera a los derechos fundamentales, como aquellos que se derivan de la constituci�n, instrumentos internacionales de derechos humano y la doctrina de sus �rganos de garant�a, para la interpretaci�n, siendo el fortalecimiento del sistema jur�dico interno, el medio para la ejecuci�n de sentencias, que garantice el derecho a la tutela judicial efectiva, es preciso indicar que debe ser la persona el centro de la protecci�n de los derechos, para exigir estas obligaciones al Estado, como primer responsable, ya que el ser humano es el titular de los derechos fundamentales, ente los cuales consta la tutela judicial efectiva, los jueces y tribunales deben garantizar este derecho, siendo su �mbito de competencia y jurisdicci�n, lo que permite el derecho a ejecutar sus resoluciones judiciales (Farreres, 2018).

De igual manera, los derechos fundamentales dependen que se asegure la eficacia en la dimensi�n jur�dica, a trav�s de las resoluciones judiciales, en los cuales se reconocen y garantizan la existencia de los derechos, con la finalidad que estos derechos sean ejercidos y no meramente ilusorios, y su efectividad se traduce en la materializaci�n de la protecci�n del derecho reconocido, lo que tambi�n conlleva, que, el cumplimiento de una sentencia este ligado al derecho de acceso a la justicia, de lo contrario las decisiones judiciales tomadas por los administradores de justicia se desprestigian y pierden legitimidad (Acosta& Espitia, 2019)

Tambi�n se debe considerar que en nuestra regi�n tambi�n se ha aplicado la figura de la supervisi�n del cumplimiento de sentencias como uno de los factores integrantes de la jurisdicci�n, para no ser simplemente enunciados los fallos judiciales. El cumplimiento de la ejecuci�n de una sentencia se debe ligar a la ejecutividad de la reparaci�n integral, para materializar la administraci�n de justicia, como se ha se�alado, ah� radica su efectividad, en la ejecuci�n (Ivanschitz, 2013).

Ahora bien, los est�ndares en materia de reparaci�n integral, no solo contienen la restituci�n del derecho, sino tambi�n se orientan a garantizar el acceso a la justicia, pero es importante se�alar que las medidas de reparaci�n integral, se pueden agrupar en tres grupos, por su grado de dificultad en su ejecuci�n. En el grado alto tenemos a las que se relacionan con pol�ticas p�blicas y obligaciones con el Estado, en el grado medio son aquellas que requieren la concertaci�n y acuerdo entre las partes y en el grado bajo, son aquellas que dentro del proceso ordenan el pago de indemnizaciones y publicaci�n de sentencias, tambi�n es pertinente enunciar que se incluyen la obligaci�n de investigar, juzgar y sancionar (Ruiz, Aguirre & �vila, 2016).

Cabe se�alar, conforme se ha indicado, que, el medio para satisfacer el derecho vulnerado consiste en la ejecuci�n de la reparaci�n integral, que constituye un derecho constitucional, cuyo titular es toda persona afectada, en su bien jur�dico tutelado por el Estado, buscando su protecci�n m�s efectiva, en obligaciones positivas como negativas, materiales e inmateriales, tendientes a reconstruir el derecho constitucional vulnerado, porque todo proceso constitucional debe concluir con la reparaci�n integral, el principio de la dignidad humana es el factor determinante por los administradores de justicia constitucional, siendo eficaces en la decisi�n judicial que debe cumplirse para reparar el derecho, eficiente en la medida para resarcir el da�o sufrido y restituirlo, en el menor tiempo posible; y proporcional, entre el da�o causado y las medidas tomadas por el administrador de justicia constitucional (Ruiz, Aguirre, Avila & Ron, 2018).

As� mismo, en nuestro sistema constitucional ecuatoriano, las medidas de reparaci�n integral establecidas en la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su art�culo 18, son: la restituci�n del derecho, la compensaci�n que generalmente es econ�mica o patrimonial, la rehabilitaci�n, satisfacci�n, obligaci�n de investigar junto con la sanci�n, medidas de reconocimiento, disculpas p�blicas, prestaci�n de servicios p�blicos, atenci�n en salud y tambi�n la garant�a de no repetici�n. Aunque tambi�n tenemos submedidas seg�n los casos correspondientes, como son: dejar sin efecto una sentencia, realizar un nuevo proceso legal, reintegro del trabajo junto con los salarios que no se percibieron, la libertad, restituir los bienes, medidas de concientizaci�n y memoria, publicaci�n de sentencias, capacitaci�n, reformas legislativas y administrativas, que est�s ultimas pueden ser de bajo grado de dificultad (Quinde, 2021).

Nos permitimos poner de relieve, que, en nuestra administraci�n de justicia constitucional, se han presentado algunos factores que han incidido en el incumplimiento de sentencias constitucionales, que van desde el factor sociol�gico, el factor econ�mico que no permite una ejecuci�n inmediata, factores procesales que establezcan procedimientos m�s expedito, para el cumplimiento de las resoluciones judiciales y como tambi�n, los que se originan de la ambig�edad en establecer medidas de reparaci�n que sean complejas de ejecutar. Se puede considerar al incumplimiento de sentencias y dict�menes como graves violaciones que ocasionan que los derechos de los accionantes no puedan ser reparados integralmente, gener�ndose interrupciones dentro del proceso que acarrean que sigan afectados sus derechos, que influye en la desconfianza del sistema constitucional actual (Masapanta, 2020).

Cabe se�alar, que se ha establecido, que, en los procesos de reparaci�n integral para determinar los montos por las compensaciones econ�micas de �ndole patrimonial, existen dos particularidades, cuando el proceso constitucional es en contra del Estado, se lo debe de realizar ante el Tribunal Contencioso Administrativo y cuando es entre particulares se lo sustancia ante proceso verbal sumario ante el mismo operador de justicia constitucional, lo que ciertamente podemos considerar como una forma de detrimento a los derechos del accionantes, en el tiempo que demora estos procesos, aunque de cierta forma se ha considerado esta situaci�n jur�dica como el mecanismo para controlar los excesos que puedan ocurrir con el juez de garant�as jurisdiccionales y que no afecte al a la contraparte en el ejercicio del derecho al debido proceso (Ruiz, Aguirre & �vila, 2016).

Es importante subrayar, que, la dificultad en ejecutar sentencias y dict�menes que se han presentado, tambi�n se los puede analizar desde la siguiente perspectiva: la valoraci�n de la justicia y el activismo judicial, que va relacionada con los operadores de justicia constitucional orientados a establecer la verdad procesal, posteriormente ejecutar lo juzgado; la interpretaci�n y argumentaci�n constitucional, encaminada a la interpretaci�n de la norma que actualmente le concierne a la Corte Constitucional, sobre los derechos constitucionales y humanos, donde el operador de justicia garante de los derechos se preocupa en los efectos que ocasionan sus decisiones judiciales acorde a la Constituci�n, como norma suprema; y, la fuerza del control constitucional de convencionalidad, en aplicar las normas, principios, reglas y valores constitucionales y de derechos humanos de forma inmediata y directa (Moreno, 2020).

Conviene destacar, que, la misma Corte Constitucional del Ecuador, ha establecido dentro de las garant�as jurisdiccionales a la Acci�n de Incumplimiento, para ejecutar los fallos de los juez de instancia de justicia constitucional, pero esto no implica que el operador de justicia deje de insistir y persistir en el cumplimiento de sus fallos, que actualmente se est� observando que son enviadas a este tipo de procesos jurisdiccionales, realmente estos �rganos jur�dicos de instancia, deber�an tener facultades coercitivas necesarias para poder ejecutar sus fallos, para no desnaturalizar la aplicaci�n directa e inmediata de los derechos constitucionales y fundamentales (Benavides & Escudero, 2013).

Nos permitimos poner de relieve, el papel preponderante que juega los operadores de justicia constitucional al momento de dise�ar las medidas reparatorias, ya que se debe de preocupar por varios aspectos, entre los cuales se puede enunciar, la interrelaci�n entre el da�o causado en la lesi�n de derechos y las medidas adoptadas, escuchar la opini�n de las v�ctimas, la creatividad del juzgados para buscar una adecuada y proporcional reparaci�n integral que sea viable, pero aqu� viene un factor que puede incidir, que es la falta de experiencia en este contexto de resarcir del derecho vulnerado, junto con la voluntad pol�tica para ejecutar dichas medidas, siendo pertinente, que, el operador de justicia constitucional pueda determinar en su pronunciamiento los mecanismos y condiciones, en que se debe de efectuar la reparaci�n integral, para su cumplimiento y ejecuci�n (Monta�a & Porras, 2012).

De hecho, la Corte Constitucional emiti� el 22 de octubre de 2015, la Codificaci�n del Reglamento de Sustanciaci�n de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, sobre la fase de seguimiento, que se puede iniciar de oficio o a petici�n de parte, respecto de sentencias, dict�menes, acuerdos reparatorios y resoluciones expedidas por el Pleno de la Corte Constitucional, etapa en la cual, este �rgano de administraci�n de justicia constitucional, puede emitir todos los autos conducentes a la ejecuci�n integral de una sentencia, para lograr su ejecuci�n, esto ocurre cuando el juez constitucional de instancia establece en sus medidas de reparaci�n la restituci�n del derecho vulnerado, lo cual no se cumple por el demandado, siendo la �ltima de las decisiones, se puede optar por la destituci�n del funcionario que incumple, pero esto no sucede en primera instancia (Toral, 2016).

Con consecuencia de solicitar el requerimiento de informaci�n pertinente a las partes procesales y todo interesado en la ejecuci�n, si se determina el incumplimiento, los procesos de sustanciaci�n posteriores son el convocar audiencias de seguimiento, ordenar la pr�ctica de peritajes, solicitar la intervenci�n de la fuerza p�blica, realizar visitas in situ y en otras disposiciones que tome la Corte Constitucional, para efectuar el cumplimiento integral de sus resoluciones, que, en este caso tienen toda la potestad para incluso cambiar de medidas de reparaci�n, cuando se considere que las mismas no se pueden ejecutar por ser imposible de hacerlo, en la restituci�n del derecho vulnerado, pero clara est�, que tienen que ser alternativas, con la misma finalidad y tendientes a reparar el derecho vulnerado (Corte Constitucional del Ecuador, 2021).

Conviene destacar, que, dentro de las atribuciones de los jueces de instancia constitucional, tambi�n tienen atribuciones para una adecuada y pertinente ejecuci�n de la sentencia o acuerdo reparatorio, incluso con la ayuda de la fuerza p�blica, es decir, emitir los autos conducentes a ejecutar integralmente la sentencia, que tambi�n se puede vincular a la Defensor�a del Pueblo, en el seguimiento, solo se podr� archivar el caso, una vez que se haya ejecutado integralmente la sentencia en su reparaci�n integral, pero aun as�, persiste su incumplimiento, debido a la falta de mecanismos legales que permitan al operador de justicia constitucional, hacer ejecutar lo juzgado, las atribuciones coercitivas fuertes les corresponden a la Corte Constitucional del Ecuador, pero mientras el proceso se sustancia, se sigue aun vulnerando el derecho del accionante (Asamblea Nacional, 2009).

 

Discusi�n

El incumplimiento de sentencias y resoluciones en garant�as jurisdiccionales, no solo tiene inconvenientes en el derecho interno, sino tambi�n, en los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero se ha propuesto lo siguiente: i) Los estados miembros ratifiquen la Convenci�n Americana de Derechos Humanos (CADH), ii) Incorporar normas sustantivas de la CADH en la normativa interna; y, iii) Aceptar la competencia contenciosa de la CIDH (L�pez, 2019). Mientras que, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo ha logrado mediante dos mecanismos, la primera consiste en la adecuaci�n de las normas nacionales al derecho internacional y la ejecuci�n de decisiones judiciales de �rganos internacionales, pero lo m�s efectivo ha sido la supervisi�n por el Comit� de Ministros del Consejo de Europa, un �rgano pol�tico, para asegurar que sus decisiones no sean meramente declarativas (Escobar, 2020).

Referente al cumplimiento y ejecutividad, se hace menci�n que en primer lugar el acatamiento les corresponde a las partes, su obligatoriedad se debe a una doble dimensi�n sobre los derechos fundamentales, en el plano subjetivo se refiere a la restituci�n del derecho vulnerado, mientras que, en el plano objetivo la correcci�n de los mecanismos internos que no permitan vulneraci�n de derechos por las mismas causas (Baz�n & Fuchs, 2020). No obstante, tambi�n se ha establecido, que los derechos fundamentales se derivan de la constituci�n, instrumentos internacionales de derechos humano y la doctrina de sus �rganos de garant�a para la interpretaci�n, que garantice el derecho a la tutela judicial efectiva, es preciso indicar que debe ser la persona el centro de la protecci�n de los derechos, para exigir estas obligaciones al Estado, como primer responsable (Farreres, 2018).

Es importante se�alar, respecto a la eficacia y efectividad de los derechos fundamentales, en su dimensi�n jur�dico a trav�s de las resoluciones judiciales, en los cuales se reconocen y garantizan la existencia de los derechos, con la finalidad que estos derechos sean ejercidos y no meramente ilusorios, y su efectividad se traduce en la materializaci�n de la protecci�n del derecho reconocido, lo que tambi�n conlleva que el cumplimiento de una sentencia este ligado al derecho de acceso a la justicia (Acosta& Espitia, 2019). Lo cual, tambi�n se ha coincidido con el cumplimiento de la ejecuci�n de una sentencia se debe ligar a la ejecutividad de la reparaci�n integral, para materializar la administraci�n de justicia (Ivanschitz, 2013).

Hay que destacar que, en el cumplimiento de una sentencia, se debe tener en cuenta la reparaci�n integral, la cual se pueden agrupar en tres grupos, por su grado de dificultad en su ejecuci�n. En el grado alto tenemos a las que se relacionan con pol�ticas p�blicas y obligaciones con el Estado, en el grado medio son aquellas que requieren la concertaci�n y acuerdo entre las partes y en el grado bajo, son aquellas que dentro del proceso ordenan el pago de indemnizaciones y publicaci�n de sentencias, tambi�n es pertinente enunciar que se incluyen la obligaci�n de investigar, juzgar y sancionar (Ruiz, Aguirre, Avila & Ron, 2018). Sin embargo, se ha hecho menci�n, que la ejecuci�n de la reparaci�n integral constituye un derecho constitucional, cuyo titular es toda persona afectada, buscando su protecci�n m�s efectiva, en obligaciones positivas como negativas, materiales e inmateriales, tendientes a reconstruir el derecho constitucional vulnerado (Quinde, 2021).

Debemos tambi�n tener en cuenta, que en nuestra administraci�n de justicia constitucional se han presentado algunos factores que han incidido en el incumplimiento de sentencias constitucionales, que son: sociol�gicos, econ�micos y los que se originan de la ambig�edad, al momento de disponer las medidas de reparaci�n, que sean complejas de ejecutar por parte del operador de justicia constitucional (Masapanta, 2020). Aunque, se ha hecho menci�n tambi�n, la dificultad en ejecutar sentencias y dict�menes de la Corte Constitucional del Ecuador, desde la perspectiva de la valoraci�n de la justicia y el activismo judicial, la interpretaci�n y argumentaci�n constitucional y, la fuerza del control constitucional de convencionalidad, para ejecutar integral una sentencia (Moreno, 2020).

No obstante, la Corte Constitucional del Ecuador, ha establecido dentro de las garant�as jurisdiccionales a la Acci�n de Incumplimiento, para ejecutar los fallos de los jueces de instancia de justicia constitucional, pero esto no implica que el operador de justicia deje de insistir y persistir en el cumplimiento de sus fallos (Benavides & Escudero, 2013). Lo que coincide, sobre el relieve el papel preponderante que juega los operadores de justicia constitucional al momento de dise�ar las medidas reparatorias, ya que se debe de preocupar por varios aspectos, entre los cuales se puede enunciar la interrelaci�n entre el da�o causado en la lesi�n de derechos y las medidas adoptadas, escuchar la opini�n de las v�ctimas, la creatividad de los juzgados para buscar una adecuada y proporcional reparaci�n integral que sea viable (Monta�a & Porras, 2012).

Dentro de un proceso constitucional, el operador de justicia puede emitir todos los autos conducentes a la ejecuci�n integral de una sentencia, para lograr su ejecuci�n, esto ocurre cuando el juez constitucional de instancia establece en sus medidas de reparaci�n la restituci�n del derecho vulnerado (Toral, 2016). Pero, la Corte Constitucional tiene toda la potestad para incluso cambiar de medidas de reparaci�n cuando se considere que las mismas no se pueden ejecutar por ser imposible de hacerlo en la restituci�n del derecho vulnerado, pero clara est�, que tienen que ser alternativas, con la misma finalidad, tendientes a reparar el derecho vulnerado (Corte Constitucional del Ecuador, 2021).

Conclusiones

De la presente revisi�n bibliogr�fica, se puede colegir que no solo en la administraci�n de justicia supranacional se han presentado inconvenientes en la ejecuci�n de sentencias y dict�menes, sino tambi�n en nuestro ordenamiento jur�dico constitucional interno, que, dicho sea de paso, en el sistema constitucional europeo han logrado solucionar creando una instituci�n jur�dica de supervisi�n, como lo es el Comit� de Ministros del Consejo de Europa, un �rgano pol�tico que se encarga de asegurar el cumplimiento de las resoluciones jurisdiccionales, para que no queden en meras declaraciones, materializando as� la justicia constitucional, para resarcir el derecho vulnerado y reparar integralmente al accionante.

Cuando nos referimos a la ejecuci�n de sentencias y dict�menes, debemos remitirnos a las medidas de reparaci�n integral, se pueden catalogar con dificultad alta, media y baja, para poder conferir las atribuciones y exclusiones, la labor de un juez en estos procesos, tiene que ver con la experiencia, la creatividad en la forma de establecer las medidas de reparaci�n integral, sus fallos tienen que ser claros, el operador de justicia debe persistir en la ejecuci�n de lo juzgado, no debe de quedarse con la idea de que existe una garant�a subsidiaria o complementaria para ejecutar su fallo judicial, porque el� derecho al acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, est�n siendo vulnerados.

Para las reparaciones econ�micas en contra de particulares, se ha establecido el procedimiento sumario, ante �l mismo operador de justicia constitucional y cuando es en contra del Estado, ante el Tribunal Contencioso Administrativo, es decir, cuaderno por separado, pero, si el juez de instancia es competente y tiene jurisdicci�n para resolver, tambi�n lo es para ejecutar su fallo, pero esto se ha justificado diciendo que puede haber excesos, haciendo prever que existe desconfianza en los mismos operadores de justicia, siendo lo m�s pertinente crear un procedimiento de ejecuci�n constitucional, como lo es en la justicia ordinaria, para poder brindar una soluci�n inmediata, eficaz y eficiente, recordando que el fin de las garant�as jurisdiccionales es el derecho fundamental, el ser humano.

 

 

 

 

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