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Crisis penitenciaria frente a la protecci�n de derechos humanos

 

Prison crisis; protection mechanisms; human rights; deprived of liberty; Penitentiary law

 

Crise prisional; mecanismos de prote��o; direitos humanos; privados de liberdade; direito penitenci�rio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: abgdarioanazco@gmail.com

 

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas.��

Art�culo de Investigaci�n.

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* Recibido: 23 de diciembre de 2022 *Aceptado: 10 de enero de 2023 * Publicado: 28 de febrero de 2023

 

 

1. Abogado, Universidad T�cnica Particular de Loja, Ecuador.
2. Profesora, Universidad T�cnica de Machala, Ecuador.

Resumen

La crisis carcelaria en Ecuador es una problem�tica que encuentra asidero en el hacinamiento y la desatenci�n gubernamental en materia penitenciaria. La advertida crisis ha sido foco para la comisi�n de delitos como el micro tr�fico, asesinatos y agresiones contra la integridad f�sica, que a la postre ponen en riesgo derechos fundamentales de los privados de libertad como la vida, salud, integridad, entre otros. Frente a la problem�tica indicada, los mecanismos de protecci�n de derechos humanos emergen como una necesidad ineludible para garantizarlos de forma preventiva, reactiva y restaurativa. La presente investigaci�n tiene como objetivo reflexionar la aplicabilidad de los mecanismos de protecci�n de derechos humanos frente a la crisis penitenciaria ecuatoriana. Luego de la metodolog�a de corte cuali-cuantitativa con el apoyo de m�todos como el comparativo, sistem�tico, anal�tico y emp�rico, entre otros, se pudo concluir que las garant�as jurisdiccionales como la acci�n de protecci�n y el habeas corpus son los mecanismos que de manera prioritaria se han empleado a la hora de garantizar el ejercicio de los derechos humanos de los privados de libertad en tiempos de crisis penitenciaria, por sobre los mecanismos legales que contempla el COIP.

Palabras Clave: Crisis penitenciaria; mecanismos de protecci�n; derechos humanos; privados de libertad; derecho penitenciario.

 

Summary

The prison crisis in Ecuador is a problem that finds support in overcrowding and government neglect in prison matters. The warned crisis has been the focus for the commission of crimes such as micro-trafficking, murders and attacks against physical integrity, which ultimately put at risk fundamental rights of those deprived of liberty such as life, health, integrity, among others. Faced with the indicated problem, the mechanisms for the protection of human rights emerge as an unavoidable need to guarantee them in a preventive, reactive and restorative way. The objective of this investigation is to reflect on the applicability of the mechanisms for the protection of human rights in the face of the Ecuadorian prison crisis. After the qualitative-quantitative methodology with the support of methods such as comparative, systematic, analytical and empirical, among others, it was possible to conclude that jurisdictional guarantees such as protection action and habeas corpus are the mechanisms that prioritize They have been used to guarantee the exercise of the human rights of those deprived of liberty in times of prison crisis, over and above the legal mechanisms contemplated in the COIP.

Keywords: Prison crisis; protection mechanisms; human rights; deprived of liberty; penitentiary law.

 

Resumo

A crise carcer�ria no Equador � um problema que encontra respaldo na superlota��o e no descaso do governo em mat�ria carcer�ria. A crise alertada tem sido foco para a pr�tica de crimes como microtr�fico, homic�dios e atentados contra a integridade f�sica, que acabam por colocar em risco direitos fundamentais das pessoas privadas de liberdade como a vida, a sa�de, a integridade, entre outros. Diante do problema apontado, os mecanismos de prote��o dos direitos humanos surgem como uma necessidade incontorn�vel para garanti-los de forma preventiva, reativa e reparadora. O objetivo desta investiga��o � refletir sobre a aplicabilidade dos mecanismos de prote��o dos direitos humanos diante da crise carcer�ria equatoriana. Ap�s a metodologia qualitativo-quantitativa com apoio de m�todos como o comparativo, sistem�tico, anal�tico e emp�rico, entre outros, foi poss�vel concluir que as garantias jurisdicionais como a��o de tutela e habeas corpus s�o os mecanismos que priorizam. o exerc�cio dos direitos humanos das pessoas privadas de liberdade em tempos de crise carcer�ria, al�m dos mecanismos legais contemplados no COIP.

Palavras-chave: Crise prisional; mecanismos de prote��o; direitos humanos; privados de liberdade; lei penitenci�ria.��������

 

 

Introducci�n

Frente a las vulneraciones a los derechos humanos que a lo largo de la historia paulatinamente ha venido sufriendo las personas privadas de libertad, el sistema penitenciario se ha visto en la imperiosa necesidad de evolucionar a la par de la evoluci�n del pensamiento humano. Los tratos crueles que desde los albores del sistema inquisitivo nos cuenta la historia escrita, justifican la necesidad de una progresi�n de derechos a favor de este sector de la poblaci�n. Y es que como se�ala Nikzor, en (Arias, Plaza, & Herr�ez, 2020) la historia de los presidiarios es �una historia masiva de violaci�n a los derechos de las personas intramuros�. De ah� que, resulta inminente el desarrollo progresivo de derechos de los privados de libertad de cara a precautelar su vida, integridad, salud y dignidad. Y es que, es en la advertida evoluci�n progresista en la que se apunta la concepci�n human�stica de la pena. Pena que a decir de Sandoval Huertas,� se estructura en cuatro fases evolutivas: �vindicativa, expiacionista o retribucionista, correccionalista y resocializante (es decir, rehabilitadora)� (Montec� & Alc�var, 2020). Como se puede observar, es mucho m�s que un mero castigo.

En la actualidad, el sistema carcelario como parte de la legislaci�n penitenciaria, atraviesa serios problemas en cuanto al manejo de las actividades y pol�ticas implementadas v�a reforma en los �ltimos a�os. Empero,� no se trata solamente de una problem�tica nacional sino tambi�n regional que empe�a a la mayor parte de Latinoam�rica.

Algunos de los factores o causas desencadenante de la problem�tica se pueden encontrar en� el hacinamiento carcelario; producido a su vez, por abusos de la prisi�n preventiva, la criminalizaci�n de conductas que bien pueden ser objeto de protecci�n de otras ramas del Derecho, como el Derecho administrativo sancionador por ejemplo, la falta de intervenci�n estatal en la construcci�n se centros carcelarios acorde a las necesidades y a la poblaci�n presidiaria �en 2007, las c�rceles ecuatorianas permanec�an en una precaria situaci�n de muy larga data, debido al abandono del Estado en t�rminos de inversi�n y fiscalizaci�n� (Aguirre, Le�n, & Ribadeneira, 2020) , los controles deficientes para evitar ingreso de mercanc�as prohibidas, etc. Entre las consecuencias del hacinamiento se puede advertir la presencia de constantes roces y peleas entre las personas privadas de libertad dentro de los centros penitenciarios, en la b�squeda del control o liderato de celdas y pabellones, motivados, entre otras cuestiones, por el expendio de alimentos, drogas y alcohol en el interior de las c�rceles.

El hacinamiento carcelario presenta datos estad�sticos que a�o a a�o evidencia el incremento de la poblaci�n carcelaria; un censo de los �ltimos a�os revela que en las c�rceles de Ecuador existe un total de: �39.946 personas privadas de libertad, pese a que la capacidad instalada del actual sistema de rehabilitaci�n social ecuatoriana es de 27.742�. Los datos revelan que el porcentaje de hacinamiento a nivel nacional es de 40, 37%� (Bedoya, 2019). A diario estos datos estad�sticos var�an, seg�n el cumplimiento de la pena de los reos y el ingreso de nuevas personas a cumplir con su sanci�n o sentencia otorgada por una autoridad judicial. Ya en el a�o 2005, Moreira, citada en (Gonz�lez & Armijos, 2021) indicaba que �Se necesita una reestructuraci�n integral del sistema penitenciario como tal, ofreciendo tanto a la sociedad, como a los PPL modelos de independencia, autonom�a y transparencia, cualidades que son imprescindibles para lograr una soluci�n integral y de largo alcance�, sin embargo, esta restructuraci�n a�n no se ha visto reflejada dentro del sistema penitenciario.

En los tres a�os precedentes, el pa�s ha evidenciado y sigue evidenciando mortales revueltas dentro de los centros carcelarios que bajo la figura de amotinamiento han provocado la muerte y lesiones de muchas personas privadas de libertad. La falta de atenci�n a este sistema y de medidas que impidan el uso, manejo, creaci�n y distribuci�n de materiales usados como armas y de sustancias psicotr�picas, ha provocado la desconfianza� no solo de los privados de libertad, de sus familias o autoridades, sino de la ciudadan�a en general. Ello en contraposici�n a los fines del sistema penitenciario que busca �la rehabilitaci�n y la preparaci�n para el post penitenciaria� (Brito, 2021) de las personas que han cometido alg�n acto il�cito e ilegal que se encuentra penado por la ley.

La ley penitenciaria ecuatoriana tuvo una reforma en el 2014, en ella se unifica el C�digo Penal con el C�digo de Procedimiento Penal y el de Ejecuci�n de Penas, todas ellas estructuradas dentro de Libros que a partir de entonces configuran el C�digo Org�nico Integral Penal (COIP). Con el COIP se produjeron cambios dentro del sistema penitenciario en la medida que se discriminalizaron ciertas conductas punitivas que constaban en la ley derogada y se produjo el indulto de alguno privados de libertad, con ello se buscaba una disminuci�n dentro de la poblaci�n entre los presos de las c�rceles del pa�s (2021). Sin embargo, pese al intento de lograr un cambio y mejorar la situaci�n de la crisis carcelaria, de lege lata no ha ocurrido; es decir, en la pr�ctica la problem�tica no ha sido superada, pues, a�n existe marcada diferencia en el �mbito de los derechos humanos del ciudadano libre con los del ciudadano privado de libertad�(Calle & Zamora, 2021).

 

Desarrollo

Derecho penitenciario

El Derecho penitenciario comprende el conjunto de normas que regula la parte ejecutiva del Derecho penal, es decir, norma la ejecuci�n de penas dentro de un sistema penal en el que el ius puniedi pretende garantizar la tutela judicial efectiva en su componente �efectividad o eficacia de las resoluciones judiciales� en materia penal. De ah� que, hablar de Derecho penitenciario es hablar de la fase ejecutiva del Derecho penal como garant�a de la tutela judicial efectiva, pero sin que ello implique menoscabo de derechos de los ejecutados, quienes a la postre tambi�n tienen derecho a la tutela de sus derechos, valga la redundancia.

En la �rbita de las definiciones, y bajo las premisas esgrimidas, al Derecho penitenciario se le atribuye la exclusividad en la ejecuci�n de las penas desde una perspectiva netamente administrativa, en la medida que estos actos quedan fuera del �mbito jurisdiccional del juez que emiti� la sentencia que para los efectos penitenciarios se encuentra ejecutoriada; ello por cuanto dicho �rgano ya no interviene directamente en la etapa del cumplimiento de la condena�(Cousi�o , 1975). En esta definici�n se observa una negativa de la autonom�a que un sector de la doctrina busca dar al Derecho penitenciario, y por el contrario, se proyecta una marcada de dependencia del Derecho penal y del Derecho administrativo�(Dur�n Migliardi, 2022). En la misma l�nea de ideas, se habla de un Derecho administrativo penitenciario en la medida que a decir de Fern�ndez, regula las relaciones entre el Estado (representada por la Administraci�n Penitenciaria en su sentido amplio) y las personas sujetas a privaci�n de libertad, que surgen desde el ingreso mismo a un establecimiento penitenciario hasta su egreso�(2019); esta definici�n administrativista engloba no solamente al privado de libertad con sentencia condenatoria, sino tambi�n a aquellas personas que se encuentran privados de libertad bajo el r�gimen de medida cautelar o de detenci�n. En la misma l�nea se pronuncia Cordero, cuando se�ala que �como el conjunto de normas y principios que rigen a los �rganos que integran la Administraci�n penitenciaria en su organizaci�n y relaciones internas, as� como con las personas sometidas al r�gimen penitenciario o que integran la denominada poblaci�n penitenciaria��(2009).

Por otro lado, desde el sector que proclama la autonom�a del Derecho penitenciario, esta rama del Derecho es entendida como una ciencia. Ello en la medida que posee sus propias fuentes, es decir, se sirve de fuentes sustantivas (penas) y adjetivas (procesales); principios; su propio cuerpo normativo (Libro Tercero COIP); y su propia jurisdicci�n (jueces penitenciarios)�(Wolster Kluwer, 2020). En esta vertiente, cabe tambi�n observar el respeto a las fuentes internacionales de derechos humanos que proclaman las directrices sobre la privaci�n de libertad y tratos inhumanos o crueles a los privados de libertad en centros penitenciarios.

 

 

La crisis carcelaria

Entendida por crisis una �situaci�n mala o dif�cil��(Diccionario de la lengua espa�ola, 2023), hemos de entender entonces, que cuando hablamos de crisis penitenciaria estar�amos refiriendo a situaciones malas o dif�ciles ocurridas en todo el sistema penitenciario, que como se ha advertido, involucra no solamente a centros penitenciarios sino tambi�n a �rganos (jueces penitenciarios), infraestructura (centros carcelarios), normativa (legal y reglamentaria) y, en definitiva, a todo el sistema ecuatoriano de rehabilitaci�n social. Sin embargo, y tambi�n como se ha dejado advertido, para fines puntuales de este trabajo, se reflexiona �nicamente la crisis carcelaria, es decir, aquella que se ha evidenciado en el interior de los centros carcelarios, sin que ello implique negativa a admitir que en todo o al menos en gran parte del sistema penitenciario ecuatoriano se evidencie crisis; no obstante, ello ser� objeto de un estudio m�s amplio que por ahora excede los prop�sitos de esta investigaci�n.

Al hilo de lo advertido supra y ensayando una definici�n, diremos que crisis carcelarias son situaciones malas o dif�ciles que suceden en el interior las c�rceles o centros penitenciarios que comprometen, ponen en peligro o afectan bienes jur�dicos como la vida, salud, la educaci�n, la libertad, la integridad, entre otros derechos fundamentales de los privados de libertad y del personal relacionado con la actividad carcelaria. Entonces, corresponde brevemente ir centrado la discusi�n acad�mica en las posibles causas de dicha crisis.

 

El hacinamiento carcelario

En t�rminos comunes, conforme al Diccionario de la RAE y para los fines que aqu� interesa, hacinamiento proviene de �hacinar� en el sentido de �amontonar, acumular, juntar sin orden��(2023), lo que referido al �mbito carcelario, implica una acumulaci�n, amotinamiento o aglomeraci�n desordenada de personas privadas de libertad dentro de un centro penitenciario. Pero tambi�n hablar de hacinamiento es hablar de �superpoblaci�n��(Garc�a-Guerrero & Marco, 2012) carcelaria.

Pero el hacinamiento refleja m�s de una problem�tica, es decir, estructura un conjunto de ellas que deben ser consideradas a la hora de su abordaje definitorio. As�, cuestiones como la �capacidad de instalamiento, la densidad y el alojamiento digno��(Torres G�mez & Ariza Higuera, 2019), por ejemplo, son elementos que irremediablemente conlleva el estudio de este fen�meno social en el interior de los centros penitenciarios.

Entre los factores ex�genos que pueden llegar a constituirse en una suerte de �caldo de cultivo� del hacinamiento, consta la criminalizaci�n de conductas que normalmente pueden ser tuteladas con el derecho administrativo sancionador; el abuso de la medida cautelar de prisi�n preventiva; los hierros judiciales; la falta de oportunidades para sectores sociales de bajo estrato; la ausencia de pol�ticas p�blicas preventivas de la delincuencia; y los mecanismos de refuerzo de sistemas de convivencia pac�ficos.

Ya de manera interna o end�genamente, la problem�tica del hacinamiento encuentra asidero, entre otras cuestiones, en la precaria infraestructura carcelaria. En efecto, la mayor�a de las c�rceles que en la actualidad acogen presidiarios en el pa�s, tienen una capacidad limitada de superficie. As� por ejemplo, existen celdas de cuatro metros cuadrados en donde cohabitan entre diez y a veces un n�mero mayor de privados de libertad.�

Por otro lado, cuestiones como la corrupci�n en el manejo de las c�rceles; la presencia de los denominados �caporales o l�deres de pabellones� que� conlleva a que el privado de libertad dependa econ�micamente de su familia para poder sobrevivir el encierro (pagar cuotas mensuales a los �l�deres de pabellones�); sumado a la violaci�n sistem�tica de los derechos humanos de los presidiarios, son tres caracter�sticas que a decir de N��ez, hasta el a�o 2006 defin�an la situaci�n de las personas encarceladas en el pa�s como consecuencia del hacinamiento�(2006). Esto no ha variado para mejora, al contrario, se ha recrudecido por la sobrepoblaci�n carcelaria que va a�o a a�o en aumento.

 

La fragilidad del control penitenciario

El personal penitenciario es el encargado de ejecutar acciones de control en el interior de los centros carcelarios. Como es l�gico, todas las c�rceles cuentan con un n�mero significativo de gu�as, no obstante, frecuentemente en acciones policiales se requisan adem�s de droga, significativa cantidad de armas que van desde aquellas consideradas blancas, hasta las de grueso calibre como fusiles y hasta granadas. Entonces, cabe cuestionarse: si existe control en los centros carcelarios �c�mo se introduce droga y armamento para uso de los privados de libertad? Indudablemente que el sistema de control es permeable. La advertida fragilidad o permeabilidad del control en los centros penitenciarios puede ser producida unas veces por desfases administrativos, otras veces por la corrupci�n�(El Comercio, 2022).

Y es que, el tr�fico de armas, el consumo de drogas, la �caporalizaci�n� de los pabellones, la permeabilidad del control y la sobrepoblaci�n, condicionan negativamente la estancia de los privados de libertad en el interior de los centros penitenciarios, provocando situaciones y condiciones deplorables que terminan por restringir uno o varios de sus derechos fundamentales. As�, por ejemplo, el consumo de droga impide el desarrollo de la personalidad y, por ende, el acceso a la educaci�n del interno que consume; provoc�ndose este interno una autolesi�n solapada en su derecho a la educaci�n y� a la salud por la falta de control eficaz; es decir que, si la corrupci�n promueve la falta de control eficaz en los centros penitenciarios y producto de ello se ingresa drogas, ello desencadena en los internos que la consumen una autolesi�n a sus derechos; con otras letras, la corrupci�n penitenciaria es �una de las causantes de la autolesi�n de derechos humanos en los internos. Otro de los derechos humanos afectados como consecuencia de la corrupci�n, es el derecho a la vida de los internos, en la medida que en los �ltimos cinco a�os se han ocurrido motines que ha terminado cruelmente con la vida de varios privados de libertad.

 

Los derechos humanos de los privados de libertad

Cuando se habla de derechos humanos se asocia siempre la variable derechos fundamentales, en la medida que se tratan de derechos indispensables para la vida humana en sociedad; en este sentido, son derechos fundamentales �todos aquellos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del estatus de personas, ciudadanos o personas con capacidad de obrar, cualquier expectativa positiva o negativa adscrita a un sujeto por una norma jur�dica��(Moreno, 2007). Pero, en definitiva �qu� son los derechos humanos? �Al respecto, la Organizaci�n de Naciones Unidas (ONU o NU) sostiene que son derechos que tienen las personas o seres humanos b�sicamente por el hecho de existir; y, por ser universales, son inherentes a todos sin distinci�n� de nacionalidad, g�nero, etnia, color, religi�n, idioma o cualquier otra condici�n. Esta consideraci�n plasmada por NU conceptualiza, a su vez, la naturaleza misma de estos derechos; pero tambi�n advierte que no solamente comprenden aquellos derechos fundamentales como la vida por ejemplo, sino tambi�n aquellos que le dan valor, �como los derechos a la alimentaci�n, a la educaci�n, al trabajo, a la salud y a la libertad��(Naciones Unidas, 2023). En esencia, son considerados como �el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realizaci�n efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona��(CNDH, 2018).

Ahora bien, ese conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jur�dico nacional, en nuestro caso la CRE, los Tratados Internacionales y las leyes. Entre esos derechos humanos se cuentan, entre otros, la salud, la vida, la educaci�n, y tambi�n aquellos que comportan naturaleza jur�dica como la seguridad jur�dica, la tutela judicial y el debido proceso, por ejemplo. Para efectos de este trabajo se ha de perfilar el discurso acad�mico respecto de aquellos derechos fundamentales que pueden ser trastocados directamente en una crisis carcelaria.

 

La vida como derecho fundamental

Considerado el bien jur�dico m�s preciado, es un derecho fundamental que en el Ecuador es precautelado desde su misma concepci�n. Ahora bien, la vida misma no puede desarrollarse progresivamente como derecho fundamental sin la garant�a concurrente de otros derechos como la libertad por ejemplo; sin embargo, en caso de las personas privadas de libertad, el derecho a la vida debe desarrollarse tambi�n progresivamente, siempre en atenci�n a la condici�n en la que se encuentra su titular, es decir, en vulnerabilidad por su encierro.

En l�nea con lo anterior, el Comit� de Derechos Humanos se�ala que la vida constituye un derecho supremo cuya suspensi�n no debe ser autorizada, ni siquiera en situaciones excepcionales (Art. 4, Observaci�n General N� 6). �De su lado, y ya en materia penitenciaria, la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos dentro de los denominados Principios y Buenas Pr�cticas Sobre la Protecci�n de las Personas Privadas de Libertad en las Am�ricas, concretamente en el Principio I, se�ala que a los privados de libertada �se les respetar� y garantizar� su vida e integridad personal, y se asegurar�n condiciones m�nimas que sean compatibles con su dignidad. Y es que, la vida como derecho no se agota solamente en libertad sino que, adem�s, trasciende, obviamente tambi�n a condiciones en las que un ser humano se encuentra privado de libertad.

Pero, frente a los �ltimos amotinamientos que afectaron la vida con lesiones y con muertes crueles en ciertas c�rceles del pa�s �se ocurre con el derecho a la vida y a la integridad de los privados de libertad? Respecto de esta interrogante hay que reflexionar dos cuestiones elementales: i) la autopuesta en peligro de algunos internos al pertenecer a bandas delincuenciales y enfrentarse entre s� con armas de fuego y armas blancas por represalias o por el control de pabellones o lideratos; y, por otro lado, ii) la omisi�n estatal (premeditada o no) de control a trav�s los agentes penitenciarios. En caso de ser premeditada, los actos de corrupci�n se convierten en el factor detonante de la vulneraci�n de estos derechos; y, en caso de omisi�n no premeditada, la incapacidad gubernamental en materia de pol�ticas p�blicas de seguridad penitenciaria, constituyen el foco �propicio� para que se vulneren derechos fundamentales en el interior de las prisiones.

 

Otros derechos

La libertad como derecho implica su goce en amplio sentido, excepto en casos en lo que por razones de justicia es necesaria su privaci�n, sea a t�tulo cautelar (como medida cautelar) o por sentencia condenatoria judicial en firme (por cumplimiento de pena); es precisamente en estos casos excepcionales, en los que se perfila la reflexi�n acad�mica de este trabajo. La integridad personal es otro derecho humano que no solamente debe garantizarse en una vida en libertad sino en toda condici�n que ella implica; en este sentido, los reg�menes carcelarios deben garantizar este derecho a sus internos, m�s a�n, conociendo la situaci�n de vulnerabilidad en la que se encuentran al estar privados de libertad. La salud, como no pod�a ser de otra manera, tambi�n se encuentra garantizada a las personas privadas de libertad; el COIP se refiere a tres tipos de salud: la preventiva, la curativa y la de rehabilitaci�n y relacionada a los �mbitos f�sico y mental, bajo los principios de oportunidad, especializaci�n, integralidad y gratuidad; estos principios permiten garantizar el derecho a la salud, en atenci�n a las condiciones espec�ficas o las particularidades de cada grupo de la poblaci�n recluida en los centros carcelarios del pa�s, as� como en la especializaci�n del servicio m�dico en atenci�n al sexo masculino y femenino. En definitiva, la salud integral es un derecho que, al menos en la letra de la ley, les asiste a los privados de libertad.

 

La tutela judicial efectiva

Ya en el plano estrictamente jur�dico, la tutela judicial es un derecho fundamental que, entre otras cuestiones, garantiza la efectividad en el cumplimiento de las resoluciones o sentencias. En este orden de ideas, con la ejecuci�n penitenciaria se garantiza el derecho fundamental de la tutela a la v�ctima del delito y a trav�s de ella a la sociedad. Entonces, si como consecuencia de una crisis carcelaria, imaginemos se produce un mot�n, se escapan o fugan uno o m�s pr�fugos sin que puedan ser recapturados y posteriormente el pr�fugo se beneficia de la prescripci�n, se estar� frente a una afectaci�n de un derecho fundamental (la tutela) de la v�ctima del delito.

Por otro lado, y desde una perspectiva convencional, los derechos humanos como de alguna forma se ha dejado soslayado supra, son considerados por la ONU como:

�inherentes a todos los seres humanos, sin distinci�n alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen �tnico, lengua, religi�n o cualquier otra condici�n. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opini�n y de expresi�n; a la educaci�n y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin discriminaci�n alguna.��(2021)

Entonces, si la libertad como regla general es un derecho humano, la excepci�n es su limitaci�n dentro de un sistema carcelario. Luego, frente a la necesidad de garantizar la efectividad de las resoluciones judiciales penales (cumplimiento de la pena), entran en conflicto los dos derechos: tutela y libertad; corresponde entonces ponderarlos desde la perspectiva constitucional como sostiene Rivera en (Gonzalez, 2018), en el sentido de que se garantice el cumplimiento de derechos y deberes entre la ciudadan�a y el gobierno. De ah� que, estos dos derechos humanos requieren su �equilibrio justificativo� con trasfondo constitucional en atenci�n a la proclama de la dignidad humana pero tambi�n de la justicia.

No obstante, la tutela judicial efectiva como derecho fundamental no solamente se garantiza a la v�ctima de cara al ejercicio de la efectividad de las resoluciones judiciales con el cumplimiento de la condena por parte de quien ha vulnerado un bien jur�dico que, dentro de un centro penitenciario, ostenta la calidad de privado de libertad; sino que adem�s la tutela es un derecho fundamental que cobija al privado de libertad, pues, pese a que se encuentren recluidos en un centro carcelario cumpliendo condena, sin embargo, �contin�an siendo personas y conservan, en consecuencia, los derechos constitucionales y legales��(Fern�ndez & Nistal, 2016).

 

Los privados de libertad y sus derechos en el marco normativo ecuatoriano.

Se considerara privado de libertad, para los efectos de este trabajo, a aquellas personas que se encuentran recluidas en un centro carcelario sea a t�tulo cautelar o por condena declaratoria de culpabilidad ejecutoriada, respecto de las cuales han de observarse los derechos reconocidos en la CRE, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y en el COIP.

En una esfera infra constitucional e instrumental, el COIP en el Art. 12 recoge los derechos que le son inherentes a las personas privadas de libertad, entre los que cuentan la integridad f�sica, ps�quica, moral y sexual. Con esta norma, el legislador ecuatoriano garantizando postulados instrumentales y constitucionales busca proteger al privado de liberad de toda forma de tortura, o castigos corporales o colectivos; y, adem�s, pretende combatir la aplicaci�n carcelaria de m�todos encaminados a discriminar al ser humano sometido a prisi�n. Adem�s, la libertad de expresi�n, de conciencia y religi�n, el trabajo, la educaci�n, la cultura el ocio, la privacidad, los datos personales, el sufragio, las quejas y peticiones, la informaci�n, la alimentaci�n, las relaciones familiares y sociales, y las comunicaciones y visitas, constituyen otro grupo de derechos que les asisten a los privados de libertad siempre en atenci�n a la condici�n en la cual se encuentran.

Respeto de la educaci�n como derecho a los privados de libertad, constituye b�sicamente un mecanismo trascendental para la aspiraci�n estatal de la denominada reinserci�n social, ya que garantiza �la restauraci�n funcional �ptima del individuo bajo tratamiento, y su reintegraci�n a la familia, la comunidad y la sociedad por medio de la m�xima independencia en las actividades de la vida diaria� (Gil, Castillo, Johanna, & Sanchez, 2020). De ah� que, concordando con Iturralde, el acceso a la educaci�n gratuita dentro de centros penitenciarios se convierte en un elemento clave para que las personas tengan un avance en su rehabilitaci�n, formaci�n y reinserci�n social; permiti�ndoles, de esta forma, reducir su situaci�n de vulnerabilidad con la que ingresan a un centro penitenciario. (2018)

Existen otros dos derechos que merecen tambi�n su cabal observancia, ya que de no ser as� se podr�an afectar directamente a otros derechos humanos fundamentales. Se trata de la denominada �libertad inmediata� que procede, bajo condiciones y requisitos normativos, cuando a favor del privado de libertad se revoca, se sustituye o caduca la medida cautelar de prisi�n preventiva que est� cumpliendo; o, cuando encontr�ndose en estado de condenado con sentencia en firme cumpla la condena; o tambi�n, cuando reciba a su favor amnist�a o indulto. El otro derecho es la �proporcionalidad en la determinaci�n de las sanciones disciplinarias�; en este sentido, hay que observar que dentro del sistema carcelario existen normas que sirven para garantizar la convivencia pac�fica de las personas privadas de libertad, una especie de un �Derecho administrativo sancionador interno� en el que se contemplan las sanciones disciplinarias que se impondr�n a los internos cuando vulneren esas normas de convivencia previamente establecidas (en atenci�n al principio de legalidad). Pero tambi�n, en atenci�n al principio de proporcionalidad, las sanciones disciplinarias deber�n ser proporcionales en atenci�n a las faltas cometidas por los internos seg�n la particularidad de cada caso. Este derecho garantiza la proporcionalidad tanto al momento creativo de la norma cuanto al momento ejecutivo o de su imposici�n; todo ello en estricta observancia de la proscripci�n de sanciones indeterminadas y contrarias a los derechos humanos.

 

Los mecanismos de protecci�n de derechos

Desde su surgimiento a partir de los horrores evidenciados en la Segunda Guerra Mundial, los Sistemas Internacionales de Protecci�n de Derechos Humanos se han convertido en verdaderos mecanismos que buscan prevenir, detectar y reaccionar frente a las vulneraciones de derechos fundamentales en el mundo entero. De ah� que, con inicial arraigo internacional, estos mecanismos han anclado en las legislaciones nacionales v�a Derecho instrumental o convencional. El caso ecuatoriano no es la excepci�n.

Pero, �qu� son los mecanismos de protecci�n de derechos humanos? A manera de ensayo de definici�n diremos que son disposiciones instrumentales, constitucionales y legales de aplicaci�n inmediata y obligatorio cumplimiento, que se activan por cualquier persona a trav�s de �rganos constitucionales y jurisdiccionales para la protecci�n de derechos fundamentales, dicha protecci�n comprende la esfera preventiva, reactiva y reparatoria. No obstante, los mecanismos de protecci�n de derechos no solamente comprenden normas o sistema jur�dicos estatales sino adem�s, como sostiene Summers, tambi�n comprende �el sistema jur�dico internacional y los sistemas jur�dicos regionales. Entre estos �ltimos se encuentra el modelo de la Uni�n Europea (UE) o el de la Organizaci�n de Estados Americanos (OEA)��(2004). Empero, como el presente trabajo est� direccionado a la realidad carcelaria ecuatoriana, se ha de centrar la discusi�n en los mecanismos de protecci�n locales, los que a decir de Cabrera, en Ecuador se estructuran en tres grupos: garant�as normativas, garant�as jurisdiccionales y pol�ticas p�blicas�(2016).

Antes de ahondar en la reflexi�n acad�mica de los mecanismos de protecci�n aplicables en los casos de vulneraciones de derechos humanos de los privados de libertad, es indispensable resaltar las condiciones jur�dicas en los que �stos se encuentran en el interior de los centros carcelarios. As�, por una parte, dentro de un grupo constan aquellos privados de libertad que se encuentran de forma transe�ntes internados en los centros carcelarios en raz�n de �rdenes de detenci�n con fines de investigaci�n y por un tiempo no mayor de 24 horas. Otro grupo lo conforman aquellas personas que cumplen privaci�n de libertad en atenci�n a la imposici�n de la medida cautelar de prisi�n preventiva, cuya situaci�n jur�dica depender� de una decisi�n judicial. Otro grupo lo constituyen aquellas personas que se encuentran cumpliendo pena en virtud de sentencia condenatoria o declaratoria de responsabilidad penal por la comisi�n de delitos o de contravenciones; y tambi�n. Existe otro grupo poblacional de internos que se encuentran cumpliendo apremio personal por alimentos en atenci�n �rdenes judiciales de jueces con competencia en materia de Ni�ez y Adolescencia. De ah� que, la crisis carcelaria y las consecuentes afectaciones a derechos fundamentales, aunque pueden involucrar a toda la poblaci�n carcelaria, sin embargo, se acent�a m�s en los casos de prisiones preventiva y de cumplimiento de sentencias condenatorias; aunque tambi�n, en ocasiones, derechos fundamentales como la salud y la educaci�n pueden verse vulnerados en materia de apremios personales por alimentos, cuando �stos internamientos no son transitorios, es decir, cuando la privaci�n de la libertad por estas causas duran m�s de 24 horas.

Frente a la crisis carcelaria desencadenada por factores como el hacinamiento y la ineficiencia en el control al interior de las c�rceles y que ha generado vulneraciones de derechos fundamentales a los privados de libertad, en la CRE y en el COIP se recogen, respectivamente, mecanismos nacionales de protecci�n de aplicaci�n directa o indirecta, para que los internos afectados o sus familiares acudan ante los respectivos �rganos jurisdiccionales y/o constitucionales en busca, en unos casos de prevenci�n y protecci�n de derechos fundamentales amenazados y, en otros casos, la reparaci�n de los derechos ya vulnerados.

Veamos a continuaci�n, los principales, pertinentes y frecuentemente empleados mecanismos de protecci�n de derechos de los privados de libertad, advirtiendo que no se har� una reflexi�n exhaustiva con trasfondo dogm�tico, sino que, dado los fines pragm�ticos de este trabajo, la reflexi�n girar� en la exigencia de su utilizaci�n para salvaguardar derechos fundamentales de los presidiarios.

 

Los mecanismos constitucionales de protecci�n de derechos

Los mecanismos constitucionales de protecci�n de derechos humanos se encuentran estructurados bajo la denominaci�n de garant�as jurisdiccionales, entre las que constan: la acci�n de protecci�n, acci�n de h�beas corpus, acci�n de acceso a la informaci�n p�blica, acci�n de h�beas data, acci�n por incumplimiento y acci�n extraordinaria de protecci�n. De estos mecanismos, centraremos el an�lisis en la acci�n de protecci�n y en el habeas corpus, habidas cuenta que en el trabajo de campo de esta investigaci�n asomaron como los �nicos mecanismos de protecci�n constitucionales activados por los privados de libertad de los Centros de Rehabilitaci�n Social de El Oro-Ecuador.

 

La acci�n de protecci�n

Garantizada en el Art. 88 de la CRE, y con arraigo en la Convenci�n Americana de Derechos Humanos o Pacto de San Jos�, en su art�culo 25 inciso primero, tiene por objeto el amparo directo y eficaz de todos los derechos reconocidos en la Carta Magna y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, se trata de un mecanismo de protecci�n de derechos humanos directo que los privados de libertad pueden ejercitarla no solamente frente a cuadros de crisis carcelaria sino tambi�n en cualquier momento que sus derechos se encuentren amenazados. En el muestreo objeto de esta investigaci�n, se advirti� que los privados de libertad activaron este mecanismo constitucional mayormente en casos de vulneraciones de derechos como la integridad, la salud, y la educaci�n. Y es que, la pandemia de la COVID-2019 acentu� la crisis en las c�rceles ecuatorianas en cuestiones sanitarias (ocasionadas por el hacinamiento y factores de insalubridad)� con graves repercusiones en el derecho a la salud de los privados de libertad; frente a ello se activaron acciones de protecci�n con medidas cautelares que buscaban precautelar la salud de los internos frente al contagio de la COVID-19 que inclusive amenazaba gravemente a la vida en encierro de este sector poblacional.

Pero �qu� incidencia tiene la activaci�n de este mecanismo constitucional de protecci�n a favor de los privados de libertad? La interrogante planteada merece reflexi�n que se proyecta en dos direcciones:

As�, por un lado y seg�n la naturaleza de esta medida, al ser de �protecci�n directa�, en circunstancias que pongan en grave peligro la vida, salud e integridad personal, no necesariamente tiene que agotarse las v�as o etapas previas de reclamaci�n. Respecto de esta cuesti�n, la jurisprudencia constitucional ecuatoriana se ha pronunciado en el sentido que �La acci�n de protecci�n es una acci�n directa e independiente, bajo ning�n concepto puede ser residual y exigir el agotamiento de otras v�as o recursos para poder ser ejercida��(2019); y es que, en sistemas democr�ticos, este mecanismo de protecci�n se convierte en una garant�a primaria, a decir de Ferrajoli, para el correcto funcionamiento de un Estado de derechos, pero tambi�n como el reconocimiento del principio de legalidad, de la normativizaci�n del principio de supremac�a de la Constituci�n y la definici�n de los fines �ltimos del Estado�(2001). Lo esgrimido permite indicar, siguiendo a la doctrina, que su naturaleza no es meramente cautelar (como lo era su antecesor acci�n de amparo de la Constituci�n de 1998), sino protectora de derechos, en la media que hoy por hoy se erige �como un proceso de conocimiento, declarativo y no residual, siendo un salto� cualitativo en la protecci�n del individuo��(L�pez-Zambrano, 2018). En definitiva tiene naturaleza jurisdiccional protectora, pero tambi�n declaratoria de derechos humanos; mientras que en el �mbito procedimental, es decir en su tramitaci�n jurisdiccional, su naturaleza jur�dica es expedita, en el sentido que se trata de una acci�n urgente que se desarrolla �con un procedimiento r�pido e informal, que requiere, por tanto, que el derecho que se dice conculcado sea �leg�timo�, es decir, que se funde en claras situaciones de facto que permitan por este especial procedimiento restablecer el imperio del derecho��(C�rcamo , 2019).

Luego, por otro lado, pero �ntimamente relacionado con su naturaleza, tanto la CRE como la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) resaltan que el objeto de este mecanismo de protecci�n no es otro que el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la CRE y en los tratados internacionales de derechos humanos.

Entonces, para responder la interrogante planteada supra, se ha de indicar que su incidencia en el �mbito penitenciario, concretamente en el carcelario, es fundamental, puesto que, dado la situaci�n de doble vulnerabilidad en la que pueden encontrarse ciertos privados de libertad que padezcan enfermedades catastr�fica, la acci�n de protecci�n se convierte en el mecanismo eficaz de protecci�n y de expedita tramitaci�n, en este caso, de protecci�n no solamente del derecho a la salud sino tambi�n a la integridad y a la propia vida, frente a inacciones del organismo penitenciario en el que se encuentre recluido; y no solo en casos de doble vulnerabilidad sino tambi�n de cualquier amenazas a derechos fundamentales que se ocasionen en el interior de los centros penitenciarios; m�s a�n, cuando se trata de personas privadas de libertad que, conforme al Art. 35 de la CRE, forman parte del grupo de atenci�n prioritaria, a quienes, la propia CRE en su Art. 51.4 les reconoce el derecho a contar con los recursos humanos y materiales necesarios que garanticen su salud e integridad al interior de los centros carcelarios.

 

El habeas corpus

Como garant�a jurisdiccional, es otro de los mecanismos de protecci�n de los derechos humanos frecuentemente recurrido por los privados de libertad. Al igual que el mecanismo anterior, el h�beas corpus evidencia una doble naturaleza: como derecho subjetivo material de naturaleza constitucional y como proceso�(Gimeno Sendra, 1985); mientras que para Colomer G�mez citado en Garc�a-Rost�n, es un �derecho de naturaleza constitucional que tiene toda persona a solicitar del juez la tutela de su libertad, puesta en peligro o atacada por una detenci�n ilegal��(1996). �El h�beas corpus es de aplicaci�n directa, por lo que no es necesario agotar v�as u o mecanismos legales previos, en este sentido, la Corte Constitucional ha proclamado tambi�n el car�cter no residual del h�beas corpus, resaltando que por el contrario �es una garant�a que puede ser activada con miras a corregir situaciones que pongan en riesgo la integridad personal de una persona privada de libertad debido a los obst�culos que se enfrenten para su acceso a la salud��(2019).

Y es que, el habeas corpus se constituye en un mecanismo de protecci�n que conforme al Art. 89 de la CRE y el art�culo 43 de la LOGJCC, persigue o tiene por �objeto proteger la libertad, la vida, la integridad f�sica y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad�. Luego, en su desarrollo jurisprudencial la Corte Constitucional ha destacado que este mecanismo constitucional, �protege la integridad f�sica y mental, al permitir que la jueza o juez constitucional disponga de medidas adecuadas y conducentes a asegurar el ejercicio de los derechos a la salud y vida de las personas privadas de libertad��(2019, p�g. 8)

Este mecanismo de protecci�n que en sus modalidades preventiva y correctiva, busca prevenir y corregir, respectivamente, amenazas y vulneraciones a derechos humanos de los privados de libertad (aunque tambi�n de aquellas personas que sin estar privadas de libertad, ven amenazado este derecho por �rdenes arbitrarias o ileg�timas de detenciones). Luego, este mecanismo de protecci�n jurisdiccional en tiempos de crisis carcelaria ha sido el m�s empleado por los internos (de los centros penitenciarios donde se aplic� el trabajo de campo), de cara a proteger primordialmente el derecho a la libertad y a derechos conexos como la vida, la integridad personal y la salud.

 

Los mecanismos legales o normativos de protecci�n de derechos

Adem�s de la CRE, el COIP se erige como el cuerpo normativo legal al que tambi�n pueden recurrir los privados de libertad para exigir la protecci�n de sus derechos humanos en tiempos de crisis carcelaria. Se trata de un cuerpo normativo que contiene un cat�logo de derechos de los presidiarios; pero sobre todo, y en lo que aqu� interesa, norma en un mecanismo de protecci�n inmediata de esos derechos acu�ado bajo la instituci�n de la vigilancia del juez penitenciario.

Se trata de uno de los mecanismos legales que se encuentra garantizado en el COIP, concretamente en el Libro Tercero, para protecci�n de los derechos humanos de los privados de libertad. En efecto, el Art. 669 del COIP confiere al Juez de Garant�as Penitenciarias la obligatoriedad de garantizar los derechos de las personas privadas de libertad. Ahora bien, las acciones para garantizar el ejercicio de los derechos a que se refiere la citada norma, puede realizarla de oficio el propio juzgador, pero tambi�n pueden activarse a petici�n de parte.

La protecci�n de los derechos humanos de la persona privada de libertad como un deber el Juez de Garant�as Penitenciarias

La vigencia de derechos fundamentales como la vida, la integridad y la salud de las personas recluidas al interior de los centros penitenciarios, es garantizada prima facie y de oficio por el competente �rgano penitenciario, a quien la norma le impone no solamente la obligaci�n de atender peticiones de los interesados sobre estas cuestiones, sino sobre todo, de realizar inspecciones o visitas personales a los centros carcelarios para verificar que se est� garantizando los derechos fundamentales de los internos.

En efecto, la ley penal en el primer p�rrafo del Art. 669, le obliga al juez de garant�as penitenciarias realizar, por lo menos -dice la norma- �una inspecci�n mensual a los centros de privaci�n de libertad�, con la finalidad de garantizar, adem�s del adecuado cumplimiento de la condena, el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Y es que, esta obligaci�n legal del juez penitenciario nace como ejercicio de otro derecho fundamental: la tutela judicial efectiva, concretamente como se ha dicho, en el derecho que tiene la v�ctima a la efectividad en las ejecuciones de las resoluciones judiciales; pero, a la vez, la vigencia de derechos se convierte en un c�rculo garantista que obliga a que en dicha ejecuci�n efectiva, se respeten los derechos de las personas que precisamente tienen que cumplir una resoluci�n judicial, en este caso de privaci�n de libertad. En esencia, se garantiza el derecho a la tutela de la v�ctima, pero al mismo tiempo a una tutela que respete los derechos del ejecutado, caso contrario se estar�a frente a una tutela lesionadora de derechos fundamentales claramente contradictoria con la finalidad primordial de los derechos de protecci�n.

En definitiva, podemos afirmar que en materia penal penitenciaria, el derecho a la tutela de la v�ctima convive arm�nica y necesariamente con los derechos fundamentales �de los ejecutados� o privados de libertad, quienes tambi�n tienen derecho a la tutela de sus derechos. En este sentido, la oficialidad garantista que regula la citada norma, obliga al juez �penitenciario de oficio, velar por la protecci�n de derechos de la v�ctima, pero tambi�n de los privados de libertad. Se trata de un mecanismo de protecci�n prima facie.

 

 

 

La protecci�n de los derechos humanos de la persona privada de libertad como derecho peticionario

El mecanismo legal de protecci�n de derechos humanos de los privados de libertad, adem�s de la iniciativa u oficialidad del juez penitenciario, se activa por derecho de petici�n, reclamaci�n o queja del propio privado de libertad o de su abogado defensor, cuando en el interior de los centros carcelarios se produzcan acciones u omisiones que vulneren sus derechos humanos. En este caso, la norma extiende tambi�n, como no podr�a ser de otra manera, el derecho para activar mecanismos (legales) de protecci�n de derechos humanos al propio privado de libertad o a quien �ste autorice como su abogado defensor.

Este derecho peticionario consta expresamente garantizado en el segundo inciso del Art. 670 del COIP: �La persona privada de su libertad o su defensor (�) podr� presentar cualquier petici�n, reclamaci�n o queja relacionada con (�) la vulneraci�n de sus derechos�.

Luego de activarse este mecanismo de reclamaci�n por la vulneraci�n de derechos al privado de libertad, se inicia un tr�mite que se ventila en audiencia p�blica oral y contradictoria conforme a las reglas del Art. 563 del COIP, se contar� con la autoridad administrativa del centro carcelario en el que se presume la vulneraci�n de derechos, quien deber� remitir al juez penitenciario el expediente penitenciario del recurrente. En la audiencia se contar� adem�s con la presencia de las partes y los testigos y peritos necesarios, quienes� informar�n de forma oral. Contra la resoluci�n del juez de garant�as penitenciarias proceder� el recurso de apelaci�n (Art. 670 COIP).

En definitiva, el advertido mecanismo legal de protecci�n de derechos fundamentales en su tramitaci�n debe ser expedito y, en ese sentido, la convocatoria a audiencia depender� de la urgencia que exija la prevenci�n, protecci�n y reparaci�n del derecho amenazado o vulnerado al interno.

Pero, �qu� efectos acarrean las resoluciones del �rgano de garant�as penitenciarias frente a las vulneraciones de derechos fundamentales de los privados de libertad? Pese a que la normativa no se�ale nada puntual, sin embargo, de un an�lisis sistem�tico de los Arts. 669 y 670 del COIP se desprenden lo siguiente:

Si en una inspecci�n al centro carcelario el juez penitenciario advierte la vulneraci�n de derechos a un privado de libertad (de oficio), o si mediante derecho de reclamaci�n o queja el privado de libertad o su abogado defensor le da a conocer dicha vulneraci�n, trat�ndose del derecho a la salud, la norma del Art. 669 establece que cuando se evidencie una enfermedad, �la persona privada de libertad sea trasladada a una unidad de salud p�blica�.

 

Trat�ndose de otros derechos afectados, el juez debe resolver -se abstrae de la norma- previniendo o corrigiendo irregularidades. Es decir que, si no existe petici�n, de oficio el juez penitenciario establecer� medidas preventivas y correctivas frente a la amenaza o vulneraci�n de derechos; pero si existe petici�n y no se ha detectado una vulneraci�n de derechos de oficio, es necesario que se lleve a cabo audiencia contradictoria en la que resolver� si existe amenaza de vulneraci�n de derechos, y dictar� medidas preventivas; y, si se encentra consumada la vulneraci�n, resolver� dictando medidas correctivas, inclusive pueden coexistir resoluciones preventivas y correctivas.

Finalmente, es importante resaltar la progresividad y el desarrollo que deben observar los mecanismos de protecci�n de los derechos humanos, en atenci�n a la evoluci�n misma de las condiciones por las que atraviesa la humanidad. Pero, como sostiene Marie, por muy esencial que sea dicho desarrollo al nivel universal y regional, habr� de considerarse �que la eficacia de la puesta en pr�ctica de los derechos humanos depende fundamentalmente de la evoluci�n de las actitudes y de las pr�cticas, ya sea de los gobiernos como de las poblaciones en las diferentes regiones del mundo�(2004).

 

Conclusi�n

El presente estudio analiza la constitucionalidad de las disposiciones normativas que regulan las excepciones laborales al pago de beneficios sociales de los operarios y trabajadores del sector artesanal a trav�s del estudio dogm�tico, normativo y jurisprudencial del derecho laboral artesanal, permitiendo adoptar las siguientes conclusiones:

1.      Las disposiciones normativas que regulan las excepciones laborales al pago de beneficios sociales a favor de los operarios y trabajadores del sector artesanal son inconstitucionales, al establecer un r�gimen discriminatorio que limita el acceso a derechos constitucionales al trabajo, la igualdad y la seguridad social.

2.      Los operarios, aprendices o trabajadores artesanales en general, son trabajadores como cual otro de las diferentes ocupaciones y servicios que se pueden ejercer en el transito comercial ecuatoriano. Corresponden la base primordial del desarrollo de las labores que desempe�an, adem�s de el desenvolvimiento de su actividad est�n sujetos a un r�gimen de subordinaci�n y dependencia del maestro de taller.

3.      Para garantizar el pleno ejercicio de los derechos constitucionales, es necesario reformar el C�digo del Trabajo de tal manera que se supriman aquellas disposiciones que discriminan al trabajador artesanal, precarizando su trabajo, e impidiendo el acceso a beneficios sociales que comprenden el reconocimiento de derechos derivados las hist�ricas luchas sociales. La vigente normativa no mira al trabajador artesanal desde su condici�n laboral, promoviendo beneficios al maestro de taller, pero ahondando la desventaja de la relaci�n trabajador-empleador, limitando las posibilidades del trabajador artesanal de alcanzar una vida digna.

4.      Es urgente reformar y derogar el r�gimen jur�dico que regula al trabajador artesanal, de tal manera que reconozcan el rol que desempe�an en la actividad artesanal, siendo en este acto, actores principales que impulsan este sector.

 

Conclusiones

La crisis carcelaria es una problem�tica que todav�a no se ha podido erradicar en Ecuador; su consecuencia en los privados de libertad se traduce en la vulneraci�n a sus derechos fundamentales como la vida, salud, educaci�n, libertad e integridad personal, entre otros. Frente a ello, los mecanismos de protecci�n que en mayor medida han sido activos a favor de los privados de libertad son la acci�n de protecci�n y la acci�n de habeas corpus, dependiendo de la naturaleza del derecho vulnerado.

Es importante se�alar que existen mecanismos de protecci�n m�s directos que las garant�as constitucionales que no son empleados por los peticionarios o sus defensores, pero tampoco son activados de oficio por los jueces penitenciarios, se trata de la oficialidad de protecci�n de derechos humanos de los privados de libertad por parte del propio juez penitenciario en su tarea de vigilancia y control (Art. 669); y, del derecho de petici�n, queja o reclamo por parte del privado de libertad o de su abogado directamente al juez penitenciario encargado de su vigilancia. Estos mecanismos pueden resultas m�s directos, oportunos, expeditos y eficaces para la protecci�n de derechos en tiempos de crisis carcelaria dependiendo de las circunstancias de cada caso concreto.

Finalmente, consideramos que, respecto de quienes se encuentran privados de libertad en virtud a medida cautelar o medida de apremio, los mecanismos de control a activarse son las dos garant�as jurisdiccionales se�aladas en la conclusi�n primera, ya que en este caso, el control no le compete todav�a a los jueces penitenciarios; empero, cuando se trate de un privado de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, el mecanismo de protecci�n de derechos humanos que de manera prioritaria y, por ende pertinente, �debe activarse, es el de oficialidad (vigilancia de oficio por el juez penitenciario) o, en su caso, el de petici�n, reclamaci�n o queja (privado de libertad o su defensor).

 

 

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