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El principio de presunci�n de inocencia ante la aplicaci�n del procedimiento abreviado en el sistema penal ecuatoriano

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The principle of presumption of innocence in the application of the abbreviated procedure in the Ecuadorian criminal system

 

O princ�pio da presun��o de inoc�ncia na aplica��o do procedimento abreviado no sistema penal equatoriano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: daniela.cedillo.pesantez@gmail.com

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

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* Recibido: 10 de septiembre de 2023 *Aceptado: 30 de septiembre de 2023 * Publicado: �30 de octubre de 2023

 

        I.            Universidad Cat�lica De Cuenca, Ecuador.

      II.            Universidad Cat�lica De Cuenca, Ecuador.

Resumen

El presente art�culo de investigaci�n realiza un an�lisis sustancial del procedimiento abreviado en la legislaci�n del Ecuador, con estricta observancia en la Constituci�n de la Republica, C�digo Org�nico Integral Penal, y la investigaci�n de una serie de teor�as acerca del principio presunci�n de inocencia o tambi�n denominado como estatus jur�dico de inocencia frente al uso y aplicaci�n del procedimiento antes descrito en los procesos penales en el Ecuador. Tal es el caso que el procedimiento referido tiene como finalidad la simplificaci�n de etapas procesales en una sola audiencia, una vez que el procesado haya aceptado ser culpable del hecho punible que se le acusa. Entonces, en este punto entra a influir de forma directa determinados derechos, principios y garant�as constitucionales que son considerados como vulnerados al momento de aplicar el procedimiento, como son el derecho a la defensa, el principio de presunci�n de inocencia, principio del debido proceso, y la garant�a a la tutela judicial efectiva, por consecuente se provoca una serie de conflictos legales y sociales, debido que la aplicaci�n del procedimiento antes mencionado desde sus or�genes viene generando m�ltiples debates, en los cuales en la gran mayor�a concluye que es un procedimiento que responde a breve rasgos al sistema penal inquisitivo.

Palabras Clave: Constituci�n; Presunci�n de Inocencia; Procedimiento Abreviado; Aplicaci�n; Derechos.

 

Abstract

This research article carries out a substantial analysis of the abbreviated procedure in the legislation of Ecuador, with strict observance of the Constitution of the Republic, Comprehensive Organic Criminal Code, and the investigation of a series of theories about the principle of presumption of innocence or also called as a legal status of innocence regarding the use and application of the procedure described above in criminal proceedings in Ecuador. Such is the case that the aforementioned procedure aims to simplify procedural stages in a single hearing, once the defendant has accepted being guilty of the punishable act of which he is accused. So, at this point certain constitutional rights, principles and guarantees that are considered violated when the procedure is applied come into direct influence, such as the right to defense, the principle of presumption of innocence, the principle of due process, and the guarantee of effective judicial protection, consequently a series of legal and social conflicts are caused, due to the fact that the application of the aforementioned procedure since its origins has generated multiple debates, in which the vast majority conclude that it is a procedure that responds briefly to the inquisitorial penal system.

Keywords: Constitution; Presumption of innocence; Abbreviated procedure; Application; Rights.

 

Resumo

Este artigo de pesquisa realiza uma an�lise substancial do procedimento abreviado na legisla��o do Equador, com estrita observ�ncia da Constitui��o da Rep�blica, C�digo Penal Org�nico Integral, e a investiga��o de uma s�rie de teorias sobre o princ�pio da presun��o de inoc�ncia ou tamb�m chamado como estatuto jur�dico de inoc�ncia em rela��o ao uso e aplica��o do procedimento descrito acima em processos penais no Equador. Tanto � assim que o referido procedimento visa simplificar as fases processuais numa �nica audi�ncia, uma vez que o arguido tenha aceitado ser culpado do facto pun�vel de que � acusado. Assim, neste ponto entram em influ�ncia direta certos direitos, princ�pios e garantias constitucionais que s�o considerados violados quando o procedimento � aplicado, como o direito � defesa, o princ�pio da presun��o de inoc�ncia, o princ�pio do devido processo legal e a garantia de tutela judicial efetiva, consequentemente uma s�rie de conflitos jur�dicos e sociais s�o causados, pelo fato de a aplica��o do referido procedimento desde as suas origens ter gerado m�ltiplos debates, nos quais a grande maioria conclui que se trata de um procedimento que responde brevemente ao sistema penal inquisitorial.

Palavras-chave: Constitui��o; Presun��o de inoc�ncia; Procedimento abreviado; Aplicativo; Direitos.

 

Introducci�n

El Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia, determina una serie de derechos, principios y garant�as establecidos en la Constituci�n de la Republica,� en el cual consta el principio de inocencia, en espec�fico en el art�culo 76, numeral 2. En dicho art�culo de la norma constitucional tambi�n se describe todas las garant�as b�sicas, como por ejemplo es el debido proceso y dem�s garant�as que tienen todas las personas. Por lo tanto, a lo largo del presente art�culo de investigaci�n se desarrollara de forma objetiva cada uno de los aspectos referenciales acerca de la presunci�n de inocencia y su presunta vulneraci�n en los procedimientos abreviados en los procesos penales.

Por ende, el principio de presunci�n de inocencia tiene una finalidad esencial, la cual se basa en evitar la arbitrariedad y vulneraci�n de derechos que se encuentren consagrados en la Constituci�n e Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, pero, si se realiza una breve rese�a hist�rica se encuentra que desde el libro titulado �Esp�ritu de las leyes� se establec�a lo siguiente: �La libertad pol�tica ten�a un factor directo, el cual es la seguridad, este factor estaba comprendido en las acusaciones p�blicas o privadas, ante ello, la bondad de las leyes criminales depende �nica y principalmente en la libertad del ciudadano� (Montesquieu, 1984).

Al pasar los a�os, los estudios sobre el principio de presunci�n de inocencia comenzaron a desarrollar una serie de conceptos que establec�a que la presunci�n de inocencia lo ten�a todo individuo, hasta que exista una prueba que diga lo contrario, por lo tanto la aparici�n de procesos penales inquisitivos ocasionaba vulneraci�n de ciertas garant�as, por lo tanto: �Es f�cil comprender que la carencia de garant�as constitucionales debilita a las garant�as procesales de presunci�n de inocencia del imputado antes de la condena, de la carga acusatoria de prueba y del contradictorio con la defensa� (Ferrajoli, 1995).

Tambi�n existen antecedentes hist�ricos que datan que el principio de presunci�n de inocencia tuvo su pleno origen en la Revoluci�n Francesa, esto es en el a�o de 1789, m�s aun con la Declaraci�n de Derechos del Hombre y del Ciudadano, desde ese momento se consagro este derecho como una garant�a procesal, el principal fin fue evitar los abusos del poder judicial (Jara M�ller, 1999).

Es importante destacar que, la presunci�n de inocencia es un derecho que tienen todas las personas, esto es la regla general que tiene pleno fundamento en la raz�n, en el cual se encuentran valores, principios y reglas de cada ordenamiento jur�dico, por lo tanto, si es que un tribunal no tiene la plena convicci�n a trav�s de pruebas legales de la responsabilidad y participaci�n de un individuo en un delito, este no podr� ser declarado como culpable (Nogueira Alcal�, 2005).

A pesar de aquello, en Latinoam�rica por el alto �ndice de criminalidad en donde los delitos violentos y delitos contra la propiedad se han acrecentado, provocando as� que el neopunitivismo pase a ser una concepci�n muy arraigada, lo que ocasiona que en la regi�n no se ha afrontado la problem�tica con correctas pol�ticas sociales, sino con mayor represi�n, lo que de forma general, aquello provoca m�s conflictos (Llobet Rodr�guez, 2009).

Por lo tanto, varios doctrinarios han considerado que la problem�tica de privarle la libertad a un individuo, el cual se presume que es inocente, debido que no tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada, ocasiona conflictos entre la justicia inquisitiva y la justicia de car�cter constitucional, debido que, sin un debido proceso, en el cual se respete las garant�as b�sicas de derechos humanos, se provoca indefensi�n y violaci�n a derechos de la persona procesada.

De hecho se considera que los or�genes directos del principio de presunci�n de inocencia posee un estado de pureza absoluta, es decir, todas las personas llegan a esta vida siendo inocentes, ante ello, en el proceso penal solo una con una sentencia judicial puede variar el principio de inocencia, si es que absuelve al procesado se confirma el estado de inocencia, en caso de ser declarado culpable, esta condena es constitutiva, entonces nace un estatus jur�dico nuevo� (Benavente Chorres, 2009).

En Ecuador, a pesar que desde el a�o 2008, paso a ser un Estado constitucional derechos y justicia como quedo expuesto en l�neas anteriores, comenz� a promulgar una serie de normativa penal, como por ejemplo en el a�o 2014, con el surgimiento del C�digo Org�nico Integral Penal, que trajo consigo una serie de art�culos, en el cual est�n regulados procedimientos penales,� como es el procedimiento abreviado, el cual es objeto de controversia con el principio de presunci�n de inocencia y de an�lisis en el presente art�culo de investigaci�n.

Referencial Te�rico del Procedimiento Abreviado y su aplicaci�n en Ecuador

Antecedentes del Procedimiento Abreviado

El procedimiento abreviado tiene su origen en el tan conocido Derecho Anglosaj�n en el siglo XIX, en el cual se comienza a determinar ciertas instituciones jur�dicas que hac�an referencia acerca de la �suplica negociada� y de igual forma de la �declaraci�n de culpabilidad�, ambas consist�an espec�ficamente en un mecanismo legal que ten�a el procesado� para poder negociar con la justicia.

El procedimiento abreviado considerado como soluciones expeditas a un determinado proceso penal, tiene tambi�n antecedentes en el pa�s de Estados Unidos, en el cual la �plea bargaining (pedir rebaja)� tuvieron influencia en otros pa�ses de Europa y de Latinoam�rica, por lo tanto, esta figura jur�dica consist�a en la negociaci�n entre el fiscal y el procesado,� al final de esta negociaci�n el procesado ten�a que admitir la responsabilidad, renunciando a derechos como tener acceso a un juicio oral, p�blico y contradictorio y de esa forma tener una pena menor (Touma Endara, 2017).

De igual forma, existen rasgos hist�ricos del procedimiento abreviado en el Derecho Romano, en espec�fico en la denominada Ley de las Doce Tablas, en el cual, ya comenzaron haber indicios de �arreglos� que deb�an hacer los sujetos que se encontraban en conflicto con la ley, de tal forma que el t�rmino �transacci�n� tuvo influencia de forma directa en las sentencias de los procesos penales.

El principal fundamento del procedimiento abreviado est� basado en los siguientes objetivos: �celeridad en los procesos penales, simplificaci�n del procedimiento, reducir costos del proceso, reducir la acumulaci�n de procesos penales sin resolver, obtener sentencias agiles, disminuir presos sin sentencia� (Cafferata Nores, 1997).

Descrito aquello, se deduce de forma directa que el procedimiento abreviado siempre ha estado invocando a tensar normas constitucionales, es decir, existe conflictos de aplicaci�n del procedimiento en menci�n, por la presencia del principio de presunci�n de inocencia que todo individuo tiene derecho sin ning�n tipo de restricci�n.

En Ecuador, los antecedentes del procedimiento abreviado se encuentran en el derogado C�digo de Procedimiento Penal del a�o 2000, en el t�tulo V, cap�tulo I. En el art�culo 369 determinaba sobre la admisibilidad de dicho procedimiento, en el cual dec�a que hasta el momento de la terminaci�n del juicio exist�a la posibilidad de proponer el procedimiento abreviado, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: Sea un delito inferior a los 5 a�os; el imputado admita el acto y consienta el procedimiento; y por �ltimo el defensor lo acredite (Congreso Nacional CPP, 2000).

Sobre el tr�mite del procedimiento abreviado en dicho texto normativo, estaba determinado en el art�culo 370, y expon�a que el fiscal o en su defecto el imputado pod�an presentar un escrito acreditando los requisitos del articulo 369 y sus numerales, en ese sentido, el juez deb�a escuchar al imputado y dictar la resoluci�n que corresponda, cabe mencionar que en caso de que el juez no admit�a el procedimiento abreviado, este deb�a emplazar al fiscal de la causa para que contin�e el proceso mediante procedimiento ordinario (Congreso Nacional CPP, 2000).

En el a�o 2009, se crea a Ley Reformatoria Al C�digo Penal Y C�digo De Procedimiento Penal (actualmente derogada) la cual modifico las normas sobre el procedimiento abreviado, fundamentando en la operatividad de la misma, es decir acortando los tiempos procesales, por ende, la simplificaci�n del tr�mite comenz� a tener efectos inmediatos en los procesos penales que existan en esa �poca.

Todas estas normas penales quedaron derogados a partir del a�o 2014 con el surgimiento del C�digo Org�nico Integral Penal, el cual tipifico una serie de normas penales, que desde la concepci�n general parecen estar apegados a lo que determina la Constituci�n de la Republica.

La Presunci�n de Inocencia en la Constituci�n y Tratados Internacionales

El Ecuador, es un Estado constitucional de derechos y justicia, as� lo determina el art�culo 1 de la Constitucional, por ende, es necesario citarlo de forma textual: �El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democr�tico, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de rep�blica y se gobierna de manera descentralizada�� (Asamblea Nacional Constituyente C R E, 2008).

Adem�s en su inciso segundo menciona que la soberan�a radica en el pueblo, lo que sin duda es importante, debido que los ciudadanos son sujetos de derecho, y las autoridades competentes y por sobre todo el Estado tiene la obligaci�n de hacer respetar los derechos de las personas, y emitir una serie de pol�ticas p�blicas.

El art�culo 11, numeral 2 de la Constituci�n determina que: �El ejercicio de los derechos se regir� por los siguientes principios: 1. Los derechos se podr�n ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizar�n su cumplimiento� (Asamblea Nacional Constituyente C R E, 2008). Entonces, todos los individuos pueden reclamar sus derechos a cualquier autoridad competente para hacer defender sus derechos y/o intereses.

Otro numeral esencial que influye de forma directa en el presente art�culo de investigaci�n, es el numeral 4 del propio art�culo 11 de la Constituci�n de la Republica, debido que en el mismo menciona que ninguna norma jur�dica podr� irse en contra de los derechos y garant�as establecidos en el texto normativo constitucional.

Adem�s determina el numeral 6 del propio art�culo 11, que todos los principios y derechos son �inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarqu�a� (Asamblea Nacional Constituyente C R E, 2008).

Ahora bien, el art�culo 66, numeral 3, literal a describe que es un derecho de todas los ciudadanos ser respetados en su integridad personal que comprende lo ps�quico, f�sico, moral y sexual. Lo cual es muy importante, debido que ciertos procesos judiciales de car�cter penal, tanto para las v�ctimas y para el procesado suele ser un desgaste psicol�gico.

El numeral 11 de dicho art�culo 66 menciona que es un derecho de las personas opinar de forma libre, en todas las formas, por ende, si se interpreta, se puede considerar entonces que, en caso de que en el procedimiento abreviado el procesado no sienta seguridad sobre el procedimiento el cual se va someter, tiene derecho a opinar.

El art�culo 75 de la Constituci�n de la Republica, determina que el acceso a la administraci�n de justicia es gratuito, en el cual la tutela judicial efectiva, sus derechos e intereses ser�n respetados, todo esto con sujeci�n a ciertos principios, los cuales son el de inmediaci�n y celeridad, recalcando que ning�n momento una persona se quedara indefensi�n.

Tal es el caso que en el art�culo 76 se establecen una serie de derechos en los procesos, se menciona de forma clara que se debe respetar el derecho al debido proceso y a las garant�as b�sicas, entre las garant�as b�sicas se encuentra el principio de presunci�n de inocencia y al derecho a la defensa.

Entonces, el numeral 2, de dicho art�culo 76, determina lo siguiente: �Se presumir� la inocencia de toda persona, y ser� tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resoluci�n firme o sentencia ejecutoriada� (Asamblea Nacional Constituyente C R E, 2008).

Por lo tanto, se evidencia que la inocencia de toda persona va ser siempre una garant�a b�sica, y que por ende, se pierde esta calidad, solo en el momento de que exista una sentencia condenatoria ejecutoriada, en caso contrario, el individuo seguir� siendo inocente, a pesar de estar en calidad de procesado.

El numeral 7 del art�culo 76, determina el derecho a la defensa con todas las garant�as b�sicas, entre las cuales se encuentra que todas las personas inmiscuidas en un proceso penal deben contar con el tiempo y los medios adecuados para para preparar su defensa, lo cual es importante, ya que en el procedimiento abreviado, en muchos de los casos, aquello no se cumple, ya que sugiere inmediatamente una posibilidad negativa al procesado.

Adem�s el literal h de dicho numeral, establece que todas las personas tienen derecho de presentar sus argumentos de forma verbal, adem�s de poder contradecir a cada una de las pruebas presentadas en su contra, esto �ltimo en relaci�n al principio de contradicci�n, principio determinado en la propia Constituci�n de la Republica.

De igual forma, es importante destacar que el literal l, establece que todas las resoluciones de los poderes p�blicos deben estar debidamente motivados, y por consecuente, si es que no se describen las normas jur�dicas y la relaci�n que guarda con los hechos, no habr� el principio de motivaci�n.

Tanto as� que el art�culo 77, regula todos los derechos de las personas en un proceso penal, en el cual en el numeral 7, refiere que el derecho a la defensa incluye una serie de garant�as, entre las m�s importantes y que guardan relaci�n con la investigaci�n, son los siguientes: �Acogerse al silencio. Nadie podr� ser forzado a declarar en contra de s� mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal� (Asamblea Nacional Constituyente C R E, 2008).

Sobre Tratados Internacionales, es necesario hacer menci�n a la Convenci�n Americana de Derechos humanos, en su art�culo 1, determina que todos los Estados que forman el convenio se comprometen en respetar cada uno de los derechos descritos en dicho texto normativo, adem�s de garantizar su cumplimiento sin distinci�n.

En su art�culo 5, numeral 1 menciona que es un derecho de las personas que se respete su integridad, f�sica, ps�quica y moral. Aquello guarda plena concordancia con lo que determina el art�culo 66 de la Constituci�n de la Republica, que a rasgos generales son similares y por ende, se puede considerar que est� acorde a los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Sobre la presunci�n de inocencia, aquello se encuentra establecido en el art�culo 8 de la Convenci�n, en el cual se dice lo siguiente: �Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad� (Corte Interamericana de Derechos Humanos CADHH, 1969).

Adem�s el numeral 2 en su literal c, establece lo siguiente: �concesi�n al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparaci�n de su defensa� y su literal g: �derecho a no ser obligado a declarar contra s� mismo ni a declararse culpable� (Corte Interamericana de Derechos Humanos CADHH, 1969).

Por lo descrito, la Constituci�n guarda plena relaci�n con lo que dispone la Convenci�n Americana de Derechos Humanos, aquello es esencial, pero en muchos de los casos, la norma constitucional es violentada, lo que genera conflictos legales y por sobre todo sociales.

Los principios procesales y el Procedimiento Abreviado en el C�digo Org�nico Integral Penal

Como quedo expuesto en los p�rrafos anteriores, el procedimiento abreviado se encuentra regulado en el C�digo Org�nico Integral Penal, este texto normativo tipifica todos los procedimientos en el �mbito penal, adem�s de establecer cada una de las sanciones o m�s conocidas como penas punitivas, cabe mencionar que en el mismo se establecen derechos de la v�ctima y del procesado en un proceso penal.

Por lo tanto, el C�digo Org�nico Integral Penal (2014) determina sobre la finalidad de este texto normativo, en el cual expone que es normar el poder punitivo, de tal forma de tipificar cada una de las infracciones penales, establecer los procedimientos, promover la rehabilitaci�n social y reparaci�n integral de la v�ctima.

El art�culo 2 de dicha normativa penal, es claro en manifestar que el C�digo Org�nico Integral Penal se basa en los principios generales emanados por textos normativos jer�rquicamente superiores, estos son, la Constituci�n de la Republica, Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.

Entonces, si se hace un an�lisis extensivo, se determina que este C�digo seg�n el art�culo anterior, fue realizado con pleno e irrestricto respeto de los derechos, principios y garant�as determinados en la Constituci�n de la Republica, esto desde una visi�n general, porque en la pr�ctica y por sobre en la sustanciaci�n de procedimientos no siempre sucede aquello.

Por consecuente, el C�digo Org�nico Integral Penal, regula sus propios principios procesales, los cuales son los siguientes:

Legalidad; Favorabilidad; Duda a favor del reo; Inocencia; Igualdad; Impugnaci�n procesal; Prohibici�n de empeorar la situaci�n del procesado; Prohibici�n de autoincriminaci�n; Prohibici�n de doble juzgamiento; Intimidad; Oralidad; Concentraci�n; Contradicci�n; Direcci�n judicial del proceso; Impulso procesal; Publicidad; Inmediaci�n; Motivaci�n; Imparcialidad; Privacidad y confidencialidad; Objetividad (Asamblea Nacional COIP, 2014).

En ese sentido, existen 4 principios que se deben analizar en el presente art�culo de investigaci�n, debido que guardan plena concordancia con el objetivo de poder determinar la presunta vulneraci�n del principio de presunci�n de inocencia en el procedimiento abreviado, regulado en el C�digo Org�nico Integral Penal.

El primer principio es la duda a favor del reo, seg�n el propio texto normativo penal este consiste b�sicamente en que el Juzgador al momento de dictar la sentencia debe estar completamente seguro de que el procesado es el culpable de la infracci�n penal que se le acusa.

Seg�n Vera (2022) determina que la decisi�n en un proceso penal es sumamente compleja, m�s aun si se realiza aquello desde el punto de vista probatorio, teniendo que satisfacer ciertos criterios normativos, pero a pesar de ello, en ciertos ordenamientos jur�dicos est� centrada la idea que los hechos inculpatorios deben acreditar m�s all� de la duda razonable (p�g. 1420).

El segundo principio es la presunci�n de inocencia, el cual ser� analizado en ac�pites posteriores, pero de forma general, el C�digo Org�nico Integral Penal determina que es aquel principio que establece que toda persona es inocente, hasta que una sentencia condenatoria ejecutoriada elimine ese estatus jur�dico.

Seg�n Luque y Arias (2020) establecen que la inocencia tal y cual como presunci�n contienen varios factores, en el cual no se permiten conjeturas, ni tampoco interpretaciones, pero su aplicaci�n y desarrollo dependen directamente de la responsabilidad, esta responsabilidad penal se determina esencialmente con una carga de la prueba con otra (p�g. 172).

En tercer lugar, el principio de autoincriminaci�n, uno de los principios m�s interesantes, seg�n el texto normativo penal este refiere a que ninguna persona que est� siendo procesada puede ser exigida a declarar en su contra en determinados asuntos que le vayan a provocar responsabilidad penal.

Este principio de autoincriminaci�n contiene una serie de aristas, por lo tanto es necesario destacar que: la autoincriminaci�n est� plenamente relacionado con el principio de presunci�n de inocencia, y el derecho a la defensa, por ende, el derecho a guardar a silencio puede ser considerado como una defensa pasiva (Quispe Farf�n, 2002).

En cuarto lugar, el principio de contradicci�n, uno de los principios m�s conocidos en el universo judicial, y seg�n el texto normativo penal, este se considera como el derecho que tienen las partes procesales en poder presentar de forma verbal cada uno de los argumentos que se crean asistidos, esto en beneficio de sus intereses, pero por sobre todo de sus derechos.

De igual forma se considera que el principio de contradicci�n, tiene una esencialidad, la cual rige en el criterio del Derecho Procesal, el cual se fundamenta que todas las personas tienen el pleno derecho de confrontar las pruebas que se presenten contra el en el proceso penal (UNIR Revista, 2021).

Por �ltimo, tenemos al principio de motivaci�n, el cual siempre es analizado casi que cotidianamente por los doctrinarios y estudiosos del derecho, debido que siempre se debate en que consiste la motivaci�n en las resoluciones y sentencias judiciales. Pero a m�s de ello, es necesario mencionar el C�digo Org�nico Integral Penal determina que el Juzgador fundamentara su decisi�n, en el cual los argumentos y razones influyen directamente.

Cabe reflexionar que la motivaci�n consiste en lo siguiente:

La motivaci�n como tal dentro del sistema jur�dico de administraci�n de justicia ecuatoriano, constituye un pilar fundamental en cuanto a la garant�a del Derecho al Debido Proceso, as� pues, sin una correcta motivaci�n en una decisi�n de car�cter administrativo o judicial se estar�a vulnerando el derecho al mismo (Paredes y otros, 2022).

Entonces queda reflejado que estos principios quedan en debate en relaci�n al procedimiento abreviado, por ende, es necesario detallar los art�culos del C�digo Org�nico Integral Penal que tratan sobre este procedimiento, y de esa forma entender este tipo de procedimiento y su influencia en el principio de presunci�n de inocencia.

El art�culo 634 del texto normativo en menci�n determina cuales son los tipos de procedimiento en materia penal, los cuales son los siguientes: �1. Procedimiento abreviado 2. Procedimiento directo 3. Procedimiento expedito 4. Procedimiento para el ejercicio privado de la acci�n penal. Procedimiento unificado, especial y expedito para el juzgamiento y sanci�n de los delitos de violencia contra la mujer���(Asamblea Nacional COIP, 2014).

El procedimiento abreviado se encuentra descrito en el art�culo 635 del mismo cuerpo normativo, en el cual determina que dicho procedimiento debe sustanciarse conforme a ciertas reglas, las cuales ser�n enumeradas a continuaci�n:

1.      Las infracciones sancionadas con pena m�xima privativa de libertad de hasta diez a�os, son susceptibles de procedimiento abreviado, excepto en delitos de secuestro, contra la integridad sexual y reproductiva, extorsi�n, en caso del delito de violencia sexual contra la mujer o miembros del n�cleo familiar, actividades il�citas de recursos mineros, abigeato con violencia, financiaci�n del terrorismo y delitos cometidos como parte del accionar u operatividad de la delincuencia organizada.

2.      La propuesta de la o el fiscal podr� presentarse desde la audiencia de formulaci�n de cargos hasta la audiencia de evaluaci�n y preparatoria de juicio.

3.      La persona procesada deber� consentir expresamente tanto la aplicaci�n de este procedimiento como la admisi�n del hecho que se le atribuye.

4.      La o el defensor p�blico o privado acreditar� que la persona procesada haya prestado su consentimiento libremente, sin violaci�n a sus derechos constitucionales.

5.      La existencia de varias personas procesadas no impide la aplicaci�n de las reglas del procedimiento abreviado.

6.      En ning�n caso la pena por aplicar podr� ser superior o m�s grave a la sugerida por la o el fiscal (Asamblea Nacional COIP, 2014).

En cada regla de dicha art�culo se describen varios numerales interesantes de analizar, con referencia a la primera regla, sobre que el procedimiento abreviado aplica �nica y exclusivamente en delitos con penas que no pasen los 10 a�os. A consideraci�n personal, existe delitos los cuales son cometidos mediante hechos muy dif�cilmente de investigar y de determinar la culpabilidad de un individuo, por lo tanto, sentenciar a una persona mediante procedimiento abreviado en un delito de investigaci�n compleja parece ser ambiguo y contrario a derecho.

Con relaci�n a la segunda regla, el fiscal podr� presentar la propuesta desde el procedimiento abreviado desde la formulaci�n de cargos, lo cual ha breve rasgos es subjetivo de cada caso, lo fundamento en la siguiente reflexi�n. �Qu� sucede en el caso de que el fiscal solicite procedimiento abreviado con consentimiento del procesado como autor de un determinado delito, y que en la realidad de los hechos, no fue autor, sino c�mplice?

La reflexi�n realizada parte del punto directo en que, no todas las personas conocen de las leyes, m�s aun si no cuentan con los recursos econ�micos para tener el patrocinio de un abogado particular, entonces, les queda �nicamente confiar en el deber del defensor p�blico y lo que establece el fiscal de la causa.

La tercera regla guarda relaci�n con la reflexi�n hecha en los dos �ltimos anteriores p�rrafos, debido que el desconocimiento de la ley penal, puede llevar al individuo por temor aceptar una culpa sin antes haberse asesorado de la forma debida, y por sobre todo saber cu�les ser�n sus consecuencias.

La cuarta regla manifiesta que, el defensor p�blico o privado acreditaran el consentimiento de la persona procesada a someterse al procedimiento abreviado, es decir, ellos son los responsables de indicar y asesorar al procesado, con el fin de que no exista vulneraci�n de derechos constitucionales, cabe mencionar que el consentimiento debe ser libre e informado, lo que quiere decir que, en ning�n caso se podr� obligar o influir en la decisi�n del procesado.

Ahora bien, es necesario hacer menci�n sobre el tr�mite del procedimiento abreviado, el cual se encuentra descrito en el art�culo 636 del C�digo Org�nico Integral Penal, donde determina que, el fiscal propondr� al procesado y al defensor p�blico o privado someterse a este tipo de procedimiento, en caso de aceptaci�n, se acordaran los t�rminos de la misma, es decir, la calificaci�n jur�dica, la participaci�n, la pena, etc.

La defensa de la persona procesada ser� la encargada de hacer conocer al procesado la posibilidad de someterse al procedimiento abreviado, el cual le explicara de la forma m�s sencilla y detallada el procedimiento; una vez aceptada, el fiscal y el defensor p�blico o privado firmaran una acta, dicha acta constara el detalle de la negociaci�n, descripci�n de hecho, anuncio de elementos, la pena, la reparaci�n integral, bienes incautados, y la aceptaci�n voluntaria, libre e informada (Asamblea Nacional COIP, 2014).

En el mismo art�culo, se menciona que el acuerdo al sometimiento a este procedimiento, tambi�n estar� basado en otros factores, como por ejemplo, la reincidencia, agravantes, atenuantes,� adem�s de tratar las penas privativas y no privativas, y las penas de restricci�n de propiedad (Asamblea Nacional COIP, 2014).

Por consecuente, tambi�n se menciona la facultad de rebaja de la pena, determina que existe la posibilidad la rebaja de hasta un m�ximo de un tercio de la pena m�nima, lo cual, sin duda es motivo de an�lisis, debido que en la realidad de los casos judiciales todo aquello se vuelve una inmediatez procesal.

Sobre la resoluci�n del procedimiento abreviado, se encuentra descrito en el art�culo 638, en el cual menciona que el Juzgador en la propia audiencia dictara la sentencia, de acuerdo a cada una de las reglas descritas en el C�digo Org�nico Integral Penal, adem�s en la misma se debe incluir el an�lisis sucinto de la participaci�n que haya sido aceptada por la persona procesada, la calificaci�n realizada por fiscal�a y la debida aplicaci�n del procedimiento en menci�n.

Por consecuente, el art�culo 639 del propio texto normativo penal, menciona que existe la facultad del Juzgador de negar la aplicaci�n del procedimiento abreviado, siempre y cuando considere que el acuerdo realizado entre fiscal�a y la persona procesada no re�ne los requisitos descritos en el mismo C�digo Org�nico Integral Penal, o tambi�n puede rechazar el recurso si es que se vulnera derechos del procesado o de la v�ctima.

Otro aspecto sustancial es que, en caso de que no se sustancie mediante el procedimiento abreviado, el proceso se sustanciara mediante el procedimiento ordinario, por �ltimo, el acuerdo realizado en el procedimiento abreviado no podr� ser prueba en ning�n momento en el procedimiento ordinario.

Uso desmedido del Procedimiento Abreviado

El procedimiento abreviado puede ser considerado como un procedimiento que tiene como finalidad terminar lo m�s antes posible el proceso penal, y de esa forma que exista una sentencia ejecutoriada, en el cual el procesado haya manifestado su culpa, y su conciencia de someterse al procedimiento en menci�n.

Seg�n Salazar (2003) determina que el procedimiento abreviado es un procedimiento especial, en el cual otorga facultades a las partes procesales a variar del procedimiento ordinario, es decir prescindir una serie de etapas, y de esa forma poder resolver inmediatamente el proceso penal (p�g. 26).

Como justificativo al procedimiento abreviado siempre se ha establecido lo siguiente: �soluci�n al congestionamiento de las causas, a los presos sin condena y a la soluci�n de los conflictos, la celeridad ha sido uno de los principales fines del nuevo COIP, que busca una pronta administraci�n de justicia eficaz y eficiente� (Lema, 2016).

Adem�s, otros autores consideran que nadie puede ser penado sin un juicio justo en el cual se cumplan con cada una de las etapas del debido procedimiento, por ende, las etapas dentro de un proceso penal son sustanciales, ya que en la misma puede evidenciar una serie de factores que pueden incidir en el proceso.

Por ende, en una encuesta realizada en el cant�n de Ibarra por los autores� Merck Benavides, Jaime Ibadango, Teresa Molina, Lenin Burbano, en la cual se utiliz� una poblaci�n que estuvo �integrada por 650 sujetos, universo del cual se escogieron 247 profesionales jueces, fiscales, abogados, y dem�s ciudadanos� (Benavides y otros, 2020).

En dicha encuesta, se reflejaron algunos de los siguientes datos: Se muestra que la gran mayor�a de profesionales del Derecho entre jueces, fiscales y abogados consideran que el procedimiento abreviado ayuda a cumplir con el principio de celeridad, debido que el 70% de los encuestados refieren aquello, y tan solo el 30% no lo consideran as�.

Tambi�n se considera que, el principio de celeridad no puede ir en menoscabado de otros derechos de real importancia determinados en la propia Constituci�n de la Republica. Adem�s, el procedimiento abreviado tiene aspectos del sistema inquisitivo, debido que utilizando la figura de la confesi�n se intenta otorgar una conciencia al Juzgador y sobre todo satisfacer a la sociedad, entonces sin la pr�ctica de pruebas no se puede tener un conocimiento de la verdad judicial.

Por lo expuesto, el procedimiento abreviado tiene un fundamento que es considerado por la gran mayor�a de personas, y es que descongestiona el sistema judicial penal, pero ese criterio contraviene de forma directa a lo que sucede en la realidad.

El riesgo del Procedimiento Abreviado frente a la Presunci�n de Inocencia

El riesgo del procedimiento abreviado en la legislaci�n del Ecuador es muy evidente, debido que como es de conocimiento, en muchos de los casos judiciales, el procesado puede tener varios grados de participaci�n en un delito, no solo del autor, entonces, si es que una determinada persona que ha participado en el cometimiento de un delito, se somete al procedimiento abreviado como �nico procesado, y como no hay una investigaci�n ni formas de presentar pruebas, si fiscal�a lo considera como autor, ser� sometido a una pena con ese grado de participaci�n mediante ese procedimiento.

El principio de presunci�n de inocencia a breve rasgos parece estar en riesgo con el funcionamiento del procedimiento abreviado, ya que como es de conocimiento, el procesado no podr� evacuar pruebas en el juicio, tampoco contradecir los elementos y/o pruebas de fiscal�a; por consecuente, el derecho a la contradicci�n, a la no auto incriminaci�n, entre otros derechos, pueden quedar expuestos para ser vulnerados al momento de la tramitaci�n de un procedimiento abreviado.

Seg�n Segarra Balseca(2019):

Con defensores y detractores, el procedimiento abreviado pone en pugna varios principios que se encuentra debidamente consagrados en la Constituci�n de la Rep�blica as� como en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos entre los cuales destacan el principio de celeridad y oportunidad frente al principio de presunci�n de inocencia, de no auto incriminaci�n, de igualdad entre las partes, de inmediaci�n y el de contradicci�n de la prueba (p�g. 38).

Por ende, es necesario citar un caso pr�ctico, en el cual el principio de presunci�n de inocencia a rasgos generales quedo vulnerado por aplicar el procedimiento abreviado, dicho caso es narrado por los autores H�ctor Pazmi�o, Eduardo Gonz�lez y �ngel Barrios. El caso fue signado con el n�mero 09289-2017- 00210, en el cual se le acuso a una persona por cometer el delito de tr�fico il�cito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalizaci�n en mediana escala, la cual tiene una pena de 5 a 7 a�os prisi�n.

El antecedente es el siguiente: �La noticia criminis de este caso se dio mediante un aviso telef�nico al personal policial el comunicado expuso la presencia de una persona que se encontraba en situaci�n sospechosa y con una apariencia narco-dependiente� (Pazmi�o y otros, 2020).

Entonces la polic�a nacional acude al sitio, se identifican y proceden a encontrarle a la persona con 8 fundas pl�sticas que fueron sospechosas, por ende, la polic�a le llevo inmediatamente detenido, para realizar la respectiva audiencia de flagrancia y formulaci�n de cargos, una vez que fueron analizadas el contenido de las fundas, se encontr� que era hero�na con un peso de 1.7 gramos y por ende un peso neto de 0,9 gramos.

Se realiza la audiencia de formulaci�n de cargos en el cual el fiscal solicita al Juzgador prisi�n preventiva para la persona procesada por el tiempo de 30 d�as, lo cual es aceptado por el Juzgador. Por ende �en la instrucci�n fiscal se procedi� a realizarle a la procesada el respectivo examen psicosom�tico y toxicol�gico� (Pazmi�o y otros, 2020).

En el examen se concluy� que: �la mujer presentaba una impresi�n diagn�stica de adicci�n a la droga (hero�na) y o sugiri� que dicha mujer sea tratada en un centro especializado en problemas de adicci�n� (Pazmi�o y otros, 2020). Es decir, la procesada ten�a un problema de salud con las drogas.

A pesar de aquel informe m�dico, sucedi� lo siguiente:

La Fiscal�a m�s all� de toda evidente duda razonable respecto al cuadro de adicci�n, solicita al defensor p�blico de la procesada la posibilidad de la aplicaci�n del procedimiento abreviado, negociando una pena privativa de libertad de tres a�os cuatro meses lo cual dio por finalizado el proceso con la aceptaci�n voluntaria de la procesada y la autorizaci�n del respectivo juzgador (Pazmi�o y otros, 2020).

Queda entonces evidenciado que el procedimiento abreviado tiene una serie de aristas o cuestiones que son debatibles, ya que se puede llegar a considerar que influye en la vulneraci�n de ciertos derechos constitucionales, sobre todo en los casos donde est�n inmiscuidos personas con problemas de adicci�n, o en general individuos con recursos econ�micos bajos, en el cual no pueden contratar a un defensor privado.

Discusi�n

Frente a la aplicaci�n del procedimiento abreviado se abren un sin n�mero de aristas en la legislaci�n del Ecuador,� el primero est� en verificar si en realidad se cumple con los principios constitucionales como es el debido proceso, y el principio de contradicci�n, debido que ha breve rasgos este tipo de procedimiento vulnera los antes mencionados, ya que est� concebido de forma incorrecta en la legislaci�n penal.

En segundo lugar, es analizar si el derecho a la defensa en un procedimiento abreviado es objetiva, debido que en muchas de las ocasiones, como se ha repasado a lo largo del presente art�culo de investigaci�n, las personas no cuentan con un abogado privado, entonces les queda solamente estar expensas del criterio del defensor p�blico y de fiscal�a.

De hecho existen cr�ticas al rol que cumplen los defensores p�blicos, por ello es necesario citar la siguiente reflexi�n:

Es de conocimiento de todos, en la pr�ctica los presupuestos legales contenidos en la letra son totalmente distintos, puesto que en la mayor�a de los casos los patrocinios puestos a consideraci�n de la Defensor�a son duramente criticados y cuestionados por el deficiente desempe�o de su rol como defensores de los desprotegidos (Pazmi�o y otros, 2020).

Por ende, la norma constitucional, sus principios y garant�as se encuentran inmiscuidos en un gran debate jur�dico, porque la normativa penal en relaci�n al procedimiento abreviado contraviene dichas disposiciones constitucionales. Adem�s, que ciertos actores judiciales, como fiscales y defensores p�blicos son fuertemente criticados en el rol que desempe�an en estos procesos.

Resultados

Una vez expuesto una serie de contenidos normativos, tanto constitucionales y legales, adem�s de doctrina y de un caso pr�ctico, se determina sin duda que la aplicaci�n del procedimiento abreviado puede ocasionar vulneraciones a derechos constitucionales, debido que termina con la inocencia de un individuo, sin contradicci�n a la fiscal�a, solo con la �nica excusa de la celeridad procesal.

De igual forma, a pesar que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos, en el cual se supone que los derechos de las personas son jer�rquicamente superiores, se intenta en el procedimiento abreviado ir en contra de ellos, con la finalidad de sentenciar a un individuo en el menor tiempo posible.

Ha quedado reflejado que el procedimiento abreviado tambi�n busca la descongesti�n del sistema judicial, lo que sin duda, parece ser una correcta iniciativa, pero en la pr�ctica se observa que el sistema sigue congestionado, es decir, que aplicar el procedimiento en menci�n no ayuda a esa finalidad.

Por ende, se considera que deber�a haber una reforma al procedimiento abreviado, en el cual solo el defensor del procesado pueda solicitar de forma fundamentada el sometimiento a este procedimiento de su cliente, y que adem�s de aquello, fiscal�a debe verificar que el procesado es culpable de un determinado delito, y el grado de participaci�n.

Conclusi�n

El procedimiento abreviado, en determinados casos puede llegar a ser objeto de causar indefensi�n al procesado, ya que se le limita a contradecir las pruebas emitidas por fiscal�a, adem�s el derecho constitucional a tener un juicio mediante etapas, con la indagaci�n debida de las pruebas.

Adem�s, se observa que el procedimiento abreviado si va en contra de las disposiciones constitucionales, esto es el derecho al debido proceso, derecho a la defensa, derecho al principio de presunci�n de inocencia y derecho a la no autoincriminaci�n, derecho al acceso a la justicia, entre otros.

El principio de prohibici�n de autoincriminaci�n es esencial, debido que puede suceder que el procesado es inducido al enga�o para aceptar el procedimiento abreviado, por lo tanto, el principio referido en este p�rrafo queda vulnerado. Aquello puede suceder cuando el abogado por cobrar sus honorarios profesionales m�s r�pido, menciona a su cliente que el caso est� perdido y que la mejor opci�n es la mencionada, a pesar que exista otras opciones.

Por lo expuesto, el procedimiento abreviado tal y cual como se encuentra tipificado en el C�digo Org�nico Integral Penal no brinda las garant�as b�sicas para el derecho a la defensa de individuo procesado, y por consecuente, el procesado no puede acceder a la justicia de forma libre e imparcial tal y cual como lo determina la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador.

El rol del fiscal es investigar, pero en estos procedimientos se est� mal interpretando la confesi�n del procesado con dejar de investigar la causa, porque en muchos de los casos, puede existir otro culpable, pueden haber m�s personas involucradas, entre otros� aspectos. A manera de reflexi�n, se puede llegar a considerar que el fiscal por reducir su trabajo puede sugerir este procedimiento al abreviado, lo que sin duda, es vulneratorio de derechos.

Por �ltimo, el negociar la inocencia de un individuo indispone directamente el derecho a la defensa, y por consecuente se desencadena en una negociaci�n de la libertad de una persona, lo que ocasiona un grave conflicto, debido que desde la doctrina se considera que el derecho a la vida y a la libertad son innegociables.

 

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� 2023 por los autores. Este art�culo es de acceso abierto y distribuido seg�n los t�rminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribuci�n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

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