����������������������������������������������������������������������������������

 

 

La exclusi�n de la prueba en materia penal frente al debido proceso

 

The exclusion of evidence in criminal matters versus due process

 

A exclus�o de provas em mat�ria penal versus o devido processo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: kbasantes2@indoamerica.edu.ec

 

Ciencias Social y Pol�tica

Art�culo de Investigaci�n

 

* Recibido: 30 de enero de 2024 *Aceptado: 22 de febrero de 2024 * Publicado: �19 de marzo de 2024

 

      I.          Universidad Tecnol�gica Indoam�rica, Ecuador

     II.          Universidad Tecnol�gica Indoam�rica, Ecuador.

 

Resumen

En el �mbito penal, se sostiene que las pruebas obtenidas de manera il�cita, arbitraria o inconstitucional no deben ser consideradas en un juicio. En este contexto, la legislaci�n ecuatoriana contempla la opci�n de excluir pruebas durante la audiencia preparatoria de juicio, estableciendo que aquellas obtenidas en contravenci�n a la carta suprema o la norma no deben ser evaluadas por el tribunal penal, seg�n lo dispuesto en el art�culo 454 numeral 6 del COIP. No obstante, la normativa penal no proporciona directrices claras sobre los criterios que los jueces deben seguir para aceptar la exclusi�n de una prueba. Esta falta de precisi�n genera una discrecionalidad por parte del juzgador, planteando la interrogante sobre si la carencia de normas t�cnicas afecta el derecho al debido proceso de los sujetos procesales. Para abordar esta cuesti�n, el objetivo general de la investigaci�n es analizar la exclusi�n de pruebas y su utilidad pr�ctica en el derecho procesal penal en relaci�n con las garant�as del debido proceso. Mediante una investigaci�n con enfoque cualitativo, utilizando el m�todo dogm�tico y exeg�tico, se llega a la conclusi�n de que la ausencia de normas t�cnicas para la exclusi�n de pruebas vulnera el debido proceso.

Palabras Clave: Exclusi�n de prueba; Debido Proceso; Prueba indebidamente obtenida.

 

Abstract

In the criminal sphere, it is maintained that evidence obtained illegally, arbitrarily or unconstitutionally should not be considered in a trial. In this context, Ecuadorian legislation contemplates the option of excluding evidence during the trial preparatory hearing, establishing that those obtained in violation of the supreme charter or the norm should not be evaluated by the criminal court, according to the provisions of article 454 numeral. 6 of the COIP. However, criminal regulations do not provide clear guidelines on the criteria that judges must follow to accept the exclusion of evidence. This lack of precision generates discretion on the part of the judge, raising the question of whether the lack of technical standards affects the right to due process of the procedural subjects. To address this issue, the general objective of the research is to analyze the exclusion of evidence and its practical usefulness in criminal procedural law in relation to the guarantees of due process. Through an investigation with a qualitative approach, using the dogmatic and exegetical method, the conclusion is reached that the absence of technical standards for the exclusion of evidence violates due process.

Keywords: Exclusion of evidence; Due process; Improperly Obtained Evidence.

Resumo

Na esfera penal, sustenta-se que as provas obtidas de forma ilegal, arbitr�ria ou inconstitucional n�o devem ser consideradas em julgamento. Neste contexto, a legisla��o equatoriana contempla a op��o de excluir as provas durante a audi�ncia preparat�ria do julgamento, estabelecendo que aquelas obtidas em viola��o da carta suprema ou da norma n�o devem ser avaliadas pelo tribunal penal, de acordo com o disposto no n�mero do artigo 454. 6 da COIP. Contudo, as regulamenta��es penais n�o fornecem orienta��es claras sobre os crit�rios que os ju�zes devem seguir para aceitar a exclus�o de provas. Essa imprecis�o gera discricionariedade por parte do juiz, levantando a quest�o se a falta de normas t�cnicas afeta o direito ao devido processo legal dos sujeitos processuais. Para abordar esta quest�o, o objetivo geral da pesquisa � analisar a exclus�o de provas e sua utilidade pr�tica no direito processual penal em rela��o �s garantias do devido processo legal. Por meio de uma investiga��o com abordagem qualitativa, utilizando o m�todo dogm�tico e exeg�tico, chega-se � conclus�o de que a aus�ncia de normas t�cnicas para exclus�o de provas viola o devido processo legal.

Palavras-chave: Exclus�o de provas; Devido Processo; Evid�ncias obtidas indevidamente.

 

Introducci�n

La exclusi�n de la prueba en materia penal es un principio jur�dico fundamental que surge en el contexto del debido proceso, constituye una piedra angular de los sistemas legales que buscan garantizar la equidad y la justicia en los procedimientos judiciales, como lo es el Estado ecuatoriano. Este concepto, tambi�n conocido como la regla de exclusi�n, implica la prohibici�n de utilizar ciertos elementos probatorios en un juicio penal cuando su obtenci�n ha violado los derechos constitucionales o legales del acusado. La finalidad principal de este principio es preservar la integridad del proceso judicial y proteger los derechos fundamentales de los individuos sometidos a juicio.

En el �mbito del debido proceso, se reconoce el derecho a un juicio justo y equitativo, donde todas las partes involucradas son tratadas con imparcialidad y se respetan sus derechos fundamentales. La exclusi�n de la prueba se convierte en una herramienta esencial para mantener la integridad del proceso penal cuando la obtenci�n de evidencia se ha realizado de manera contraria a estos principios. En ese sentido, Solares (2020) determina que:

Las vulneraciones al debido proceso que pueden conducir a la exclusi�n de pruebas son diversas y pueden incluir la obtenci�n de evidencia mediante tortura, tratos crueles o inhumanos, registros y allanamientos sin la debida autorizaci�n judicial, violaci�n del derecho a la asistencia legal, entre otras pr�cticas que vulneran los derechos fundamentales de los acusados (p. 15).

As�, un claro ejemplo cl�sico de la exclusi�n de la prueba es la teor�a del fruto del �rbol envenenado. Esta teor�a a palabras del citado autor establece que: �si la evidencia principal es obtenida de manera ilegal o inconstitucional, cualquier evidencia derivada de esa obtenci�n ilegal tambi�n debe ser excluida� (p. 17). Esto busca disuadir a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de obtener pruebas de manera il�cita y proteger los derechos fundamentales de los acusados.

La aplicaci�n de la exclusi�n de la prueba no es autom�tica y generalmente implica un an�lisis detallado por parte de los tribunales penales. En muchos sistemas legales, se requiere que la defensa solicite expresamente la exclusi�n de la prueba y demuestre que se ha producido una vulneraci�n sustancial de los derechos de la persona procesada. Los jueces eval�an las circunstancias que rodean la obtenci�n de la evidencia, considerando factores como la gravedad de la vulneraci�n, la conexi�n causal entre la transgresi�n y la evidencia, y si la exclusi�n servir�a como un medio efectivo para este agravio procesal.�

La exclusi�n de la prueba tiene implicaciones significativas en la din�mica de un juicio de car�cter penal. Para G�mez (2018): �Puede cambiar el curso de un caso al eliminar evidencia crucial para la acusaci�n, pero tambi�n busca preservar la integridad del sistema de justicia penal al desalentar actividades il�citas llevadas a cabo por las entidades responsables de hacer valer la ley.� (p.22). En resumen, la exclusi�n de la prueba en materia penal frente al debido proceso es un pilar esencial para garantizar la equidad y justicia en los procedimientos judiciales, tomando en cuenta adem�s que, dentro de la rama penal, el principio de legalidad es fundamental y se debe tomar en cuenta que, todo lo que se puede aplicar debe estar incluido en un texto normativo. No cabe la interpretaci�n extensiva, sino �nicamente la interpretaci�n literal de la norma.

Su aplicaci�n cuidadosa y reflexiva contribuye a mantener un sistema legal que respeta y protege los derechos fundamentales de aquellos que enfrentan cargos penales. Por lo que, dentro de la investigaci�n se analiza la exclusi�n de la prueba y su utilidad pr�ctica en el derecho procesal penal frente a las garant�as del debido proceso. Para el cumplimiento de este objetivo se busca e indaga en la dogm�tica y en la normativa penal ecuatoriana la figura de exclusi�n de prueba, sus caracter�sticas y todos sus componentes, a fin de determinar si la ausencia de estas normas vulnera el derecho del debido proceso.

La Prueba

Seg�n la Real Academia Espa�ola, la prueba se define como un "raz�n, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo" (p. 12). De manera similar, Ch�rrez (2020) sostiene que la prueba es la "justificaci�n de la verdad de los hechos controvertidos en un juicio, hecha por los medios que autoriza y reconoce por eficaces la ley" (p. 15). En resumen, la prueba se presenta como la demostraci�n objetiva y tangible de la veracidad de los hechos disputados en un juicio, utilizando los medios validados y reconocidos como eficaces por la ley.

En el �mbito penal, el concepto de prueba cobra importancia de gran relevancia, toda vez que, de acuerdo con Garri� (2017) la prueba deviene del adverbio probe, que significa de manera honesta, ya que se considera que aquel que presenta pruebas lo hace de manera �ntegra en sus afirmaciones. Otros autores por su parte, sostienen que la palabra prueba tiene su origen en el t�rmino probandum, vinculado a verbos como recomendar, aprobar, experimentar, demostrar y dar fe. Por lo que, se deduce que la prueba es la manifestaci�n o el demostrar los hechos conforme pasaron en realidad, de acuerdo a la verdad, de una forma honesta. Bajo este postulado se tiene que, la prueba ayuda al juez a llegar a conocer la verdad de los hechos, asumiendo la buena fe de las partes.

En la misma l�nea de pensamiento, se infiere que la funci�n de la evidencia es desvelar la veracidad de las afirmaciones o proposiciones presentadas en el �mbito de un proceso legal, a trav�s de la exploraci�n y confirmaci�n de los elementos o indicios que permitan al juez tomar una decisi�n imparcial. En este contexto, Echand�a (2000) argumenta que la prueba es "el examen y exactitud, argumento y demostraci�n, operaci�n mental que confirma y justifica, razonamiento que funda la verdad de una proposici�n que exige la evidencia que el teorema reclama y necesita..." (p. 2).

Por consiguiente, seg�n la justificaci�n proporcionada, la prueba se presenta como un elemento fundamental en todo procedimiento legal, considerada por algunos autores como el n�cleo esencial del litigio, ya que su �xito radica en revelar la presencia del objeto de la imputaci�n penal, com�nmente conocido como delito. Desde la perspectiva del derecho procesal, Echand�a (2000) la define como "el conjunto de motivos o razones, que de los medios aportados se deducen y que nos suministran el conocimiento de los hechos, para los fines del proceso". En este sentido, constituye el conjunto de normas jur�dicas que regulan el proceso de establecimiento de los hechos controvertidos, siendo, por ende, la instituci�n jur�dica de la prueba (p. 17).

Es as� que varios autores concuerdan que la prueba es el conjunto de medios que corroboran una teor�a dentro de un proceso judicial, tanto las aseveraciones que imputan una conducta, como las que descargan responsabilidad. Dentro de la acci�n penal p�blica, la responsabilidad de demostrar un caso descansa en quien encabeza la acci�n que, en el caso de Ecuador es Fiscal�a General del Estado.

En el curso de la investigaci�n previa y la fase de instrucci�n fiscal, todas las diligencias llevadas a cabo deben cumplir con los requisitos de relevancia, utilidad, pertinencia y conducencia en relaci�n con el tipo penal bajo investigaci�n. Es importante destacar que la realizaci�n de estas diligencias no implica de ninguna manera que la instituci�n encargada sea la �nica capaz de proporcionar elementos de prueba o defensa. Las partes involucradas en el proceso, ya sea la acusaci�n, la v�ctima, el acusado y su defensa t�cnica, tienen el derecho de solicitar la realizaci�n de diligencias que consideren necesarias para proteger sus intereses en el transcurso de la investigaci�n, as� como impugnar aquellas realizadas por la otra parte.

Es fundamental mencionar que la obtenci�n de pruebas debe estar siempre en consonancia con la protecci�n y garant�a de los derechos fundamentales de todas las partes involucradas, especialmente los del sujeto bajo investigaci�n. Para que estas pruebas sean admisibles en el juicio, es necesario que se hayan llevado a cabo de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales.

En relaci�n con la prueba, la Corte Constitucional del Ecuador ha emitido pronunciamientos significativos, especialmente en lo que respecta a su validez probatoria, como se refleja en el CASO No. 997-19-EP. Seg�n la Corte Constitucional (2022), se establece que la prueba constituye el fundamento de los procesos judiciales y, por ende, garantiza el debido proceso. En este contexto, la validez probatoria implica que la prueba debe cumplir con ciertos par�metros, conocidos como par�metros de licitud, legalidad y constitucionalidad. Estos criterios deben ser estrictamente observados por cada juez al abordar una causa, siendo fundamentales para asegurar la integridad y conformidad con la ley y la constituci�n de las pruebas presentadas.

Respecto de la prueba, el C�digo Org�nico Integral Penal (2014) dentro del art�culo 453, determina que: �Finalidad. - La prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracci�n y la responsabilidad de la persona procesada� (art. 453). Esta prueba debe ser tomada en cuenta en virtud de los hechos alegados.

Asi mismo el COIP (2014) dentro del art�culo subsiguiente prescribe que la prueba se rige en el proceso mediante principios que encaminan su aplicaci�n, as�, se los detalla a continuaci�n:

Tabla 1 Principios de la prueba en el proceso penal

Principio	Definici�n
Oportunidad	Se comunica durante la fase de evaluaci�n y preparaci�n del juicio y se ejecuta exclusivamente durante la audiencia judicial.
Inmediaci�n	Las o los juzgadores y las partes procesales deber�n estar presentes en la pr�ctica de la prueba.
Contradicci�n	Las partes tienen derecho a conocer oportunamente y controvertir las pruebas, tanto las que son producidas en la audiencia de juicio como las testimoniales que se practiquen en forma anticipada.
Libertad probatoria	Todos los hechos y circunstancias pertinentes al caso, se podr�n probar por cualquier medio que no sea contrario a la Constituci�n, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y dem�s normas jur�dicas.
Pertinencia	Las pruebas deber�n referirse, directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisi�n de la infracci�n y sus consecuencias, as� como a la responsabilidad penal de la persona procesada
Exclusi�n	Toda prueba o elemento de convicci�n obtenidos con violaci�n a los derechos establecidos en la Constituci�n, en los instrumentos internacionales de derechos humanos o en la Ley, carecer�n de eficacia probatoria, por lo que deber�n excluirse de la actuaci�n procesal.
Principio de igualdad de oportunidades para la prueba	Se deber� garantizar la efectiva igualdad material y formal de los intervinientes en el desarrollo de la actuaci�n procesal.

Elaborado por: Basantes Klever , Fuente: (COIP, 2014, Art. 454).

Como se evidencia en la tabla que antecede, el principio de exclusi�n de la prueba es uno de los pilares en funci�n de los cuales se debe valorar, anunciar e incluir la prueba dentro de un proceso penal, pero, es determinante, que estos principios se encuentren debidamente desarrollados en la norma para que los juzgadores puedan aplicarlos en base a un denominador com�n, es parte de lo que se conoce como seguridad jur�dica.

La prueba il�cita

La evidencia il�cita hace referencia a cualquier prueba, ya sea testimonial, documental o material, que ha sido obtenida de manera contraventora a las normativas legales o constitucionales. Esto implica que la obtenci�n de la prueba transgrede derechos fundamentales, entra en conflicto con las garant�as procesales o se lleva a cabo de forma ilegal.

Un aspecto crucial en la presentaci�n de pruebas es su legitimidad, lo que implica que tanto la fiscal�a como la defensa deben aportar pruebas que est�n en conformidad con la Constituci�n y la ley, evitando as� cualquier tipo de ilicitud. La Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008) establece que las pruebas deben obtenerse e incorporarse al proceso conforme a los principios y normas previstos en la ley (art. 76.4); de esta manera, la licitud de las pruebas se considera una garant�a b�sica del debido proceso.

Desde una perspectiva constitucional, se protege el �mbito probatorio para prevenir efectos secundarios que puedan afectar los derechos fundamentales de las personas involucradas en el proceso. Es esencial comprender de manera precisa los conceptos relacionados con la prueba obtenida de manera il�cita y la evidencia obtenida en contravenci�n a la licitud. Seg�n Miranda (2019), la prueba ilegal se refiere a aquellas obtenidas o actuadas con violaci�n de la Constituci�n o la ley, careciendo de validez y eficacia probatoria. Por otro lado, la prueba l�cita es aquella obtenida de acuerdo con las reglas expresamente contempladas en la norma y en respeto a los derechos fundamentales.

En el �mbito constitucional y de acuerdos internacionales, se reconocen diversos derechos y garant�as destinados a proteger a las personas, abarcando tanto aspectos individuales como el sistema penal en su totalidad. Tanto en lo referente a la constitucionalidad como a la convencionalidad, se subraya la responsabilidad del Estado y de todo su sistema penal de cumplir con los criterios esenciales para salvaguardar la integridad de un proceso penal. Esto se debe a que los elementos vinculados a un sistema penal acusatorio son particularmente propensos al respeto de los derechos y garant�as.

Cuando se investiga a individuos por presunta comisi�n de un delito, es fundamental que el Estado garantice la no violaci�n de sus derechos fundamentales, especialmente en lo que respecta a pruebas incriminatorias. La Corte Constitucional de Colombia, en su sentencia N. SU-159, promulgada el 6 de marzo de 2002, al examinar la exclusi�n de pruebas obtenidas de manera il�cita, destaca que estas pueden desempe�ar diversas funciones, resaltando especialmente cinco de ellas:

a)     Funci�n disuasiva de la futura conducta de las autoridades, en especial de las policiales;

b)     Funci�n protectora de la integridad del sistema judicial y de su reputaci�n;

c)     Funci�n garante del respeto a las reglas de juego en un Estado de Derecho;

d)     Funci�n aseguradora de la confiabilidad de la prueba para demostrar la verdad real; y

e)     Funci�n reparadora de la arbitrariedad cometida en contra del procesado en el caso concreto (sentencia SU-159 de 06 de marzo de 2002).

Es decir, para el int�rprete constitucional colombiano sostiene que, existen cinco momentos en los cuales si no se llegan a cumplir pueden desencadenar en una prueba il�cita. Por lo que, es importante tener en cuenta en cada caso, el cumplimiento de estas condiciones para que una prueba sea aceptable y pueda ser declarada como l�cita. As�, la funci�n disuasiva es aquella que, impide a los agentes policiales cometer actos o diligencias que perjudiquen los derechos del procesado. La funci�n protectora por su parte tiene que ver con, el resguardo de la verdad, la prueba debe estar encaminada con la verdad de los hechos.

Ahora bien, la funci�n garante del respeto de las reglas de juego, implica una garant�a al cumplimiento del debido proceso, en donde el respeto a los derechos se encuentra delimitado en la norma y debe darse estricto cumplimiento a la misma. Finalmente, la funci�n reparadora es aquella que, cuando una prueba ya fue obtenida con violaci�n al ordenamiento, debe ser excluida como una reparaci�n a la agresi�n que tuvo el debido proceso.

Prueba Inadmisible

Resulta crucial abordar este tema debido al uso indiscriminado de expresiones como evidencia irregular, evidencia inconstitucional, evidencia il�cita o evidencia ilegal, las cuales suelen ser malinterpretadas con frecuencia. Hist�ricamente, se pensaba que etiquetar una prueba como ilegal llevaba autom�ticamente a su exclusi�n; sin embargo, es esencial comprender que estas terminolog�as no deben ser confundidas, ya que cada una implica un an�lisis distinto al evaluar los medios de prueba.

Seg�n Guerrero (2017), la prueba ilegal tambi�n se conoce como prueba irregular, y surge de las imperfecciones humanas que llevan a la obtenci�n de pruebas sin seguir rituales o formalidades, siendo esta la caracter�stica principal que las hace ilegales. No obstante, estas imperfecciones no constituyen motivo de nulidad ni de exclusi�n; por el contrario, eventualmente, pueden ser evaluadas o consideradas por el juez. Guerrero (2017) sostiene que la legalidad es un referente obligatorio para definir y conceptualizar la prueba ilegal. Sin este referente, no ser�a posible dar un alcance tanto a la prueba legal como a la ilegalidad, ya que toda actividad jurisdiccional est� reglada previamente a la obtenci�n, producci�n y valoraci�n de la prueba penal (Guerrero, 2017, p. 52).

La legalidad de la prueba se refiere a la conformidad de una evidencia con las leyes y normativas que rigen su obtenci�n y presentaci�n dentro del sistema judicial. Una prueba se considera legal cuando ha sido recopilada de acuerdo con los procedimientos y requisitos establecidos por la ley. La legalidad de la prueba se relaciona con la observancia de las normas legales en todas las etapas de su obtenci�n, desde la recolecci�n hasta su presentaci�n en un proceso judicial.

Dentro de la legalidad de la prueba se tiene que, la prueba puede ser inconducente, la misma que de acuerdo con Marqu�z (2021) es aquella evidencia que, por su naturaleza o contenido, no es relevante ni pertinente para demostrar o refutar alg�n hecho o aspecto controvertido en el contexto de un proceso judicial. En otras palabras, una prueba se considera inconducente cuando no tiene la capacidad de aportar informaci�n �til o esencial para la resoluci�n de la disputa legal en cuesti�n.

En muchos sistemas legales, se espera que las pruebas presentadas sean pertinentes y contribuyan de manera significativa a la determinaci�n de los hechos en litigio. La inconducencia de una prueba puede surgir cuando no guarda relaci�n directa con los asuntos discutidos en el caso o cuando su introducci�n no a�ade valor sustancial a la resoluci�n de la controversia. En algunos casos, el juez puede decidir excluir o no admitir pruebas inconducentes durante el desarrollo del proceso judicial.

Es indispensable determinar que, existe una diferencia entre la prueba ilegal y la prueba il�cita. La primera hace referencia a una evidencia o prueba adquirida de manera contraria a las leyes o al proceso establecido para obtener pruebas seg�n lo estipulado en la legislaci�n; mientras que, las pruebas il�citas son aquellas que, vulneran o transgreden derechos fundamentales y atentas a alguno de estos.

En ese sentido, Palacio (2020) sostiene que:

Esta expresi�n generalmente se refiere a pruebas que han sido obtenidas de manera v�lida, es decir, cumpliendo con los requisitos formales, pero que podr�an tener alg�n tipo de problema menor o irregularidad en su presentaci�n o manejo durante el proceso judicial. Mientras que, la prueba inconstitucional se refiere a aquella evidencia cuya obtenci�n o presentaci�n viola disposiciones constitucionales� finalmente la prueba il�cita o ilegal suele usarse de manera m�s amplia y gen�rica para explicar una evidencia que se ha obtenido de forma contraria a lo establecido por la ley (p. 18).

Es as� que, una prueba puede ser catalogada dentro de las categor�as anteriormente citadas, puede ser il�cita, irregular, inconstitucional o puede reunir todas estas caracter�sticas. Sin embargo, en cualquiera de los casos debe ser excluida.�

Teor�a del �rbol envenenado

Esta doctrina puede tener sus ra�ces en la Biblia, ya que se basa en los textos sagrados que expresamente sostienen:

Este pasaje, extra�do del Evangelio seg�n San Mateo (7:17-19), presenta una ense�anza que utiliza la met�fora de los �rboles y sus frutos para transmitir una lecci�n moral. La idea principal es que la calidad de los resultados o acciones refleja la naturaleza intr�nseca de la fuente, de manera similar a c�mo un buen �rbol produce buenos frutos y un �rbol malo produce frutos malos.

La analog�a del �rbol y sus frutos se utiliza para destacar la conexi�n inherente entre la causa y el efecto, sugiriendo que las acciones y resultados revelan la verdadera esencia de la entidad que los produce. La afirmaci�n "por sus frutos los conocer�is" implica que se puede evaluar la bondad o maldad de algo o alguien a trav�s de sus acciones y resultados. Este pasaje se ha interpretado a lo largo de la historia como un llamado a la reflexi�n sobre las acciones y la integridad moral, enfatizando la importancia de producir resultados positivos y virtuosos en la vida.

En funci�n de esta premisa, se puede entender que, todo lo que proviene de alguna cosa mala, por su misma naturaleza ser� malo; por ende, no podr� tener ninguna validez, deber� desecharse. Es por ello que, a esta teor�a se la entiende como la prohibici�n que existe de utilizar o valorar pruebas que se han conseguido de manera il�cita. Por cuanto si el �rbol que se entiende como la fuente, est� contaminado, sus frutos que ser�an las pruebas obtenidas, tambi�n lo est�n.

En tanto a la evoluci�n jur�dica de esta teor�a se han creado dos corrientes: En primer lugar, la teor�a anglosajona, la misma que, a palabras de Zambrano (2020) comienza en 1820, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos deliber� en el caso conocido como Silverthorne Lumber Co. v/s United States. En esencia, se concluy� que, si la fuente principal de las pruebas est� comprometida, cualquier cosa derivada de ella tambi�n se considerar�a contaminada. Esto evita pr�cticas comunes en las que las fuerzas policiales sol�an llevar a cabo allanamientos sin las debidas �rdenes judiciales para obtener pruebas il�citas, las cuales resultaban perjudiciales para las personas acusadas de delitos. Por lo que, dentro del sistema anglosaj�n cuando la prueba emana de una fuente il�cita debe ser excluida y carece de validez probatoria dentro de un proceso judicial.

Seg�n el autor mencionado anteriormente, la segunda corriente es la del sistema germ�nico-romano, que se inici� en 1984 con la sentencia N. 114/1984 en Espa�a. En esta sentencia, se estableci� de manera expl�cita la prohibici�n de utilizar pruebas obtenidas violando derechos fundamentales. En resumen, cualquier evidencia adquirida de manera contraventora a lo ilegal, en oposici�n a la ley y a los principios y garant�as constitucionales, carecer� de eficacia y validez, siendo considerada ileg�tima por no cumplir con la normativa. Adem�s, se contempla un r�gimen de nulidades espec�ficas, donde el juez no puede invalidar la prueba a menos que afecte los intereses de la parte involucrada (sentencia del 29 de noviembre de 1984 del Tribunal Constitucional de Espa�a).

La teor�a del fruto del �rbol envenenado, seg�n Giner (2018), busca establecer la invalidez completa de las pruebas obtenidas mediante actos ilegales e ileg�timos. Esto implica extender esta invalidez a las pruebas derivadas de la inicialmente obtenida de manera ilegal. En otras palabras, si una prueba se obtiene violando preceptos legales y constitucionales, todas las dem�s pruebas que se deriven de ella compartir�n la misma cualidad y ser�n consideradas ilegales e ileg�timas.

En cierto sentido, se puede afirmar que la doctrina del fruto del �rbol envenenado tiene sus ra�ces en la doctrina norteamericana, que se basa en la idea de que si el procedimiento inicial viola las garant�as constitucionales, esa ilegalidad afectar� a todos los actos subsecuentes derivados de �l. La aplicaci�n de esta doctrina busca proteger las garant�as constitucionales y su funcionamiento requiere espec�ficamente la transgresi�n de estas normativas. Para muchos estudiosos, esta teor�a puede ser considerada como una variante de la prueba ilegal. Por ejemplo, si se graban videos sin la autorizaci�n de la persona que aparece en ellos y se obtiene un peritaje de extracci�n de estos, tanto el video como el peritaje carecer�n de validez, al igual que el sustento que el perito realice en audiencia sobre su informe.

Debido proceso

En las democracias, resulta esencial dar prioridad al Estado de derecho y al debido proceso, ya que se presume que La limitaci�n del poder estatal se encuentra sujeta a la salvaguarda de la libertad. En sociedades donde la ley prevalece, especialmente sobre las instituciones gubernamentales, resulta fundamental que los cuerpos legislativos asuman la responsabilidad de promulgar normas que protejan y respeten los derechos humanos de todas las personas.

Corresponde a los funcionarios judiciales interpretar estas normas con el objetivo de asegurar que esos derechos prevalezcan, incluso por encima de las expectativas de las partes involucradas en una disputa, incluido el propio Estado. Seg�n De la Rosa (2019), al citar a D�hring, es fundamental que tanto las normativas estatales como las actuaciones de las autoridades que las ejecutan reconozcan, fomenten y fortalezcan los derechos fundamentales.

De acuerdo con D�az (2021), el debido proceso "puede ser definido como el conjunto de derechos que tienen por finalidad asegurar que las pretensiones de las partes sean adecuadamente consideradas por el �rgano llamado a tomar una decisi�n sobre las mismas" (p. 45). As�, el debido proceso se puede entender como la conjunci�n de procedimientos y garant�as que deben seguirse en todos los procesos, ya sean administrativos o judiciales, como requisito m�nimo para que los derechos constitucionales de las partes sean respetados.

Los cuatro elementos del debido proceso, seg�n la doctrina jur�dica, abarcan:

calidad en t�rminos de la administraci�n de justicia; b) calidad en t�rminos de protecci�n de los derechos de las partes involucradas; c) eficiencia; y d) eficacia. Dado que los expertos en derechos humanos suelen centrarse en el derecho a un juicio justo y el derecho a un recurso efectivo, los primeros tres elementos se analizan bajo el t�tulo de juicio justo, mientras que la eficacia se analiza bajo el derecho a un remedio eficaz (De la Rosa, 2019, p.44).

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos (1966) aborda los derechos vinculados al debido proceso en su art�culo 14, resaltando las garant�as que deben proporcionar los tribunales. "Toda persona tendr� derecho a ser o�da p�blicamente y con las debidas garant�as por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley�" (art. 14).

La Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, firmada durante la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en 1969, trata las salvaguardas del debido proceso como parte de las garant�as judiciales, haciendo referencia a ello en su art�culo 8: "Toda persona tiene derecho a ser o�da, con las debidas garant�as y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial" (art. 8).

En resumen, el debido proceso engloba una serie de directrices a seguir dentro de un proceso judicial o administrativo, y es imperativo que los operadores de justicia conozcan las garant�as m�s b�sicas y elementales para evitar vulneraciones de derechos. Estas protecciones, como se indic� anteriormente, est�n establecidas tanto en la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador como en el conjunto de principios constitucionales.

El debido proceso establece normas que buscan lograr una resoluci�n justa, donde el Estado tiene la autoridad para sancionar a quienes quebrantan la ley. Al mismo tiempo, debe asegurar que el procesado reciba un trato justo, respetando sus garant�as y derechos constitucionales. Estas garant�as constitucionales y su observancia act�an como un medio para salvaguardar la libertad de los ciudadanos y como un principio que restringe el poder del Estado. Desde esta perspectiva, los Derechos y Garant�as se presentan como Principios Constitucionales, ya que est�n consagrados en la ley suprema, proporcionando fundamentos de validez al orden jur�dico y constituyendo la base pol�tica que regula al Estado.

El debido proceso y la prueba

El debido proceso engloba un conjunto de garant�as que permiten al procesado hacer valer sus derechos dentro del juicio, y la prueba, junto con su contexto, es un componente fundamental en este proceso. Seg�n Carrara (1993), la prueba en el debido proceso son todos los componentes que auxilian al juez en obtener seguridad y convicci�n respecto a un acontecimiento, evidenciando la perpetraci�n de un delito y la culpabilidad del acusado. La finalidad primordial de la prueba, en consecuencia, radica en descubrir y confirmar la veracidad procesal relacionada con los hechos objeto de controversia.

Desde una perspectiva te�rica, se hace una distinci�n entre prueba y medio de prueba. Seg�n Zavala (2017), la prueba se fundamenta en el propio hecho y las circunstancias actuales, mientras que el medio de prueba es el camino por el cual el juez llega a conocer la realidad del hecho en el proceso penal. Carnelutti (1952), citado por Zavala, resalta que las pruebas son eventos actuales que establecen la probabilidad de la existencia o ausencia de un hecho pasado, y sostiene que un juicio sin pruebas es impronunciable.

En el �mbito del proceso penal, la valoraci�n de la prueba se lleva a cabo considerando tres dimensiones: su presentaci�n formal, su expresi�n sustancial y el resultado subjetivo. Los medios de prueba son los instrumentos formales mediante los cuales se evidencian los hechos, y estos est�n definidos por la legislaci�n. La manifestaci�n sustancial se relaciona con los hechos que se buscan demostrar mediante dichos medios (Vilanova, 2018).

La tarea fundamental de los medios de prueba en los procedimientos penales consiste en revelar la verdad o autenticidad de los hechos. La b�squeda actual involucra la aplicaci�n de t�cnicas y herramientas espec�ficas adaptadas a cada situaci�n, con el prop�sito de desentra�ar la realidad de lo ocurrido. Este objetivo se alcanza a trav�s de la evaluaci�n espec�fica llevada a cabo por los funcionarios judiciales, en consonancia con los derechos y principios constitucionales y procesales.

Dentro del marco legal de Ecuador, que se establece bajo un enfoque de garant�a de derechos y adopta una perspectiva neo constitucionalista, se enfatiza la importancia de respetar y preservar los derechos fundamentales por encima de cualquier normativa legal. Al dar inicio a un proceso judicial, la valoraci�n de la evidencia emerge como un componente central, desempe�ando una funci�n crucial en la observancia rigurosa del debido proceso para todas las partes involucradas en el procedimiento legal. La exclusi�n de la evidencia se presenta como una medida esencial para salvaguardar la integridad del proceso y proteger los derechos fundamentales.

 

El debido proceso y la exclusi�n de la prueba en materia penal

La norma de exclusi�n de pruebas no se limita �nicamente a definir aquellos medios probatorios obtenidos con la transgresi�n de un derecho constitucional, sino que, tambi�n abarca aquellas pruebas que, aun siendo leg�timas, devienen o se originan de pruebas anteriores que incurren en vulneraciones de derechos.

En ese sentido, dentro de la mayor�a de ordenamientos jur�dicos, Ecuador entre ellos, proh�ben la obtenci�n de pruebas contrarias a la Constituci�n asi como tambi�n las pruebas espejo, que seg�n Zambrano (2020): �son las pruebas secundarias que se obtienen como resultado de una prueba inconstitucional� (p. 44). El Estado, busca proporcionar la m�xima protecci�n a los derechos fundamentales garantizados constitucionalmente. Al mismo tiempo, tiene como objetivo disuadir comportamientos anticonstitucionales por parte de los agentes involucrados en la investigaci�n criminal.

Por esta raz�n, la limitaci�n abarca tanto la evidencia obtenida mediante la violaci�n de un derecho fundamental como aquellas que, aunque hayan sido adquiridas de manera leg�tima, se basan, respaldan o derivan de la prueba inicial. De esta manera, se garantiza que la prueba il�cita inicial no tenga ning�n impacto en el proceso. Vetar la utilizaci�n directa de estos elementos probatorios y permitir su aprovechamiento de manera indirecta a trav�s de la prueba reflejo ser�a una declaraci�n sin contenido efectivo, e incluso podr�a incentivar el uso de pr�cticas inconstitucionales que, de manera indirecta, tendr�an consecuencias.

Sin embargo, a pesar de lo mencionado anteriormente, la jurisprudencia espa�ola, adem�s de la relaci�n natural de causalidad, requiere una conexi�n jur�dica o antijur�dica establecida por el Tribunal Constitucional espa�ol. Este requisito implica demandar un elemento adicional a la conexi�n causal para la exclusi�n de la prueba. Como se evidencia, la sentencia mencionada, alej�ndose de una perspectiva m�s protectora, posibilita la transgresi�n de los derechos fundamentales del acusado y valida ciertas pruebas indirectas originadas en una prueba considerada inconstitucional o ileg�tima. Esto implica una relajaci�n significativa del esquema garantista destinado a proteger los derechos de la parte m�s vulnerable en la relaci�n jur�dico-penal.

Como se evidencia, la sentencia mencionada, alej�ndose de una perspectiva m�s protectora, posibilita la transgresi�n de los derechos fundamentales del acusado y valida ciertas pruebas indirectas originadas en una prueba considerada inconstitucional o ileg�tima. Esto implica una relajaci�n significativa del esquema garantista destinado a proteger los derechos de la parte m�s vulnerable en la relaci�n jur�dico-penal.

Por ende, el prop�sito de la prueba es evidenciar la transgresi�n o no de una ley o normativa penal en relaci�n con los actos perpetrados por una persona contra otra. En Ecuador, la responsabilidad de alcanzar este objetivo recae en los jueces de garant�as penales. Estos agentes judiciales, en el ejercicio de sus funciones, tienen la tarea de contrastar, analizar y desarrollar hip�tesis sobre los eventos particulares del caso. Su labor implica examinar las pruebas presentadas en el procedimiento penal, asegur�ndose de que concuerden con las afirmaciones de las partes. Al tomar la determinaci�n de condenar o absolver al acusado, los jueces deben emitir una sentencia fundamentada y razonada, aplicando la sana cr�tica y cumpliendo con las disposiciones legales.

La elecci�n del juez, entre otros elementos, debe fundamentarse en las evidencias presentadas por las partes y en la evaluaci�n realizada por el juez, siempre respetando el principio pro reo y la presunci�n de inocencia. En caso de duda, el juez debe resolver a favor del procesado, seg�n el principio pro reo. En cuanto a la presunci�n de inocencia, se refiere al estado constitucional que todos los individuos mantienen, siendo tratados como inocentes durante todo el proceso penal hasta que exista una sentencia condenatoria en su contra.

La exclusi�n de pruebas, mediante la aplicaci�n del principio de relevancia seg�n Jerez (2021), implica apartar del procedimiento cualquier evidencia, generalmente antes del juicio, que no est� intr�nsecamente relacionada con la afirmaci�n de hechos que se busca demostrar. Seg�n Jerez (2021) Un elemento de evidencia tiene pertinencia �nicamente si posibilita sustentar una conclusi�n acerca de la veracidad del enunciado de los hechos que se pretende demostrar.

Para el citado autor:

Esta exclusi�n se fundamenta en la epistemolog�a, ya que es imposible alcanzar la verdad sin contar con elementos pertinentes y oportunos para llegar a dicha conclusi�n. Se reconoce que la presencia de elementos irrelevantes aumenta la probabilidad de cometer errores judiciales en cuanto a la comprensi�n y alcance del caso. Es importante destacar que el principio de relevancia no se basa en la idoneidad de la prueba, ya que una evidencia puede ser pertinente para respaldar un hecho, pero no lograr su prop�sito en la pr�ctica, resultando en una valoraci�n nula (Jerez, 2021, p. 49).

Sin embargo, la exclusi�n establecida por el sistema jur�dico se fundamenta en la premisa de que la b�squeda de la verdad no puede llevarse a cabo de manera absoluta. Aunque el Estado tiene como objetivo principal la b�squeda de la verdad, esto no implica que sea su �nico prop�sito. Por ende, "para asegurar la consecuci�n de otras metas, los sistemas legales establecen normas procesales que sirven como filtro de admisibilidad de la prueba, adem�s y posterior al juicio de relevancia."

De este modo, la exclusi�n de pruebas seg�n las normativas legales se fundamenta en la segregaci�n de elementos de prueba pertinentes y presentes en el proceso judicial para su evaluaci�n, debido a que fueron obtenidos infringiendo derechos fundamentales o a trav�s de un procedimiento que no se ajusta a lo establecido. Seg�n Giner (2018), esto se debe a que: "Solo la verdad obtenida con el respeto a esas reglas b�sicas constituidas por los derechos fundamentales puede considerarse como jur�dicamente v�lida. Los derechos fundamentales delinean el camino a seguir para obtener conocimientos judicialmente v�lidos" (p. 44).

La consecuencia principal de la exclusi�n de pruebas es la prohibici�n de su admisi�n y evaluaci�n. Este efecto se basa, en primer lugar, en la constataci�n, con un grado m�nimo de evidencia, de la ilegalidad en la obtenci�n de la prueba, lo que implica que esta queda excluida de los elementos considerados en el juicio. Esta medida se considera la mejor manera de garantizar la inutilidad e inaplicabilidad de la prueba il�cita, elimin�ndola efectivamente del proceso.

Seg�n el COIP (2014), el art�culo 454 establece que la exclusi�n de prueba debe producirse si su obtenci�n va en contra de la Constituci�n, de los instrumentos internacionales o la ley; por lo tanto, se concluye que la prueba excluida es la prueba inconstitucional o la prueba ilegal o il�cita. En cuanto a la pertinencia de la prueba, el art�culo en menci�n determina que "Las pruebas deber�n referirse, directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisi�n de la infracci�n y sus consecuencias, as� como a la responsabilidad penal de la persona procesada" (COIP, 2014, ART.454 num 5). Esto implica que la prueba debe destinarse a probar los argumentos presentados por los sujetos procesales, quienes prueban su teor�a del caso mediante los medios probatorios.

Respecto a la utilidad de la prueba, Jerez (2021) se�ala que " Es la capacidad de ofrecer evidencia que contribuya al proceso con el fin de persuadir al juez; cualquier prueba que no tenga este prop�sito debe ser rechazada de inmediato" (p. 22). Esto implica que un elemento probatorio puede contribuir a la convicci�n del juez sobre los hechos que se ventilan. Asimismo, la tercera caracter�stica de la prueba es la conducencia, que implica demostrar un hecho espec�fico en t�rminos legales. Consiste en evaluar la compatibilidad entre el medio de prueba y la legislaci�n aplicable, con el objetivo de determinar si el hecho en cuesti�n puede demostrarse adecuadamente en el proceso mediante el uso de dicho medio de prueba; si alg�n medio probatorio no puede establecer de manera fehaciente alg�n hecho alegado, no deber�a considerarse dentro de un proceso.

Discusi�n

La exclusi�n de la prueba en el �mbito penal es una cuesti�n fundamental relacionada con el respeto al debido proceso legal. El debido proceso es un principio esencial que garantiza que todas las personas enfrenten procedimientos judiciales justos y equitativos. Cuando se plantea la exclusi�n de pruebas en el �mbito penal, se refiere a la posibilidad de eliminar o no considerar ciertas evidencias durante un juicio debido a irregularidades en la obtenci�n de esas pruebas, violando as� los derechos fundamentales de los acusados.

Si la obtenci�n de una prueba infringe derechos constitucionales, tales como el derecho a la intimidad, el derecho a no auto incriminarse o el derecho a un juicio imparcial, se puede argumentar que esa prueba es il�cita desde una perspectiva constitucional. La exclusi�n de pruebas tambi�n puede estar relacionada con el principio de proporcionalidad, que implica que las acciones tomadas por las autoridades deben ser proporcionadas al fin que se busca. Si la obtenci�n de una prueba viola de manera desproporcionada los derechos fundamentales, esa prueba puede ser excluida.

La exclusi�n de pruebas busca proteger los derechos fundamentales de los acusados y garantizar la integridad del proceso judicial. Se considera un mecanismo necesario para prevenir la admisi�n de evidencia que podr�a haber sido obtenida de manera injusta o inconstitucional, asegurando as� un juicio imparcial y respetuoso del debido proceso. Cada sistema jur�dico puede tener sus propias normativas y est�ndares en relaci�n con la exclusi�n de pruebas, pero en t�rminos generales, este principio juega un papel crucial en la protecci�n de los derechos individuales en el �mbito penal.

La exclusi�n de pruebas est� vinculada, adem�s, con los conceptos de conducencia, pertinencia y utilidad del medio probatorio. Por lo tanto, al analizar si la exclusi�n es aplicable seg�n estos argumentos, es necesario considerar el objeto del proceso penal. La determinaci�n de las cargas probatorias y la pertinencia, conducencia o utilidad del medio propuesto dependen directamente de este objeto. En otras palabras, debe existir una coherencia entre el prop�sito del proceso y la prueba a ser presentada, y de esta estrecha relaci�n se deriva la aplicabilidad o no de los criterios mencionados anteriormente.

Para hacer efectiva la regla de exclusi�n, es esencial que el juez lleve a cabo un an�lisis o valoraci�n de las pruebas utilizando la sana cr�tica, lo que implica aplicar los principios de la l�gica formal y las reglas basadas en la experiencia. Esta tarea es altamente compleja y demanda una preparaci�n profunda y adecuada, adem�s de requerir una justificaci�n motivada en cumplimiento con el imperativo constitucional. Al ser �sta, la �nica norma que contiene las garant�as m�nimas y esenciales para garantizar un debido proceso, los juzgadores tienen que adecuar sus decisiones al texto constitucional.

Conclusi�n

Dentro de la pr�ctica judicial en el marco jur�dico ecuatoriano, existen par�metros de exclusi�n probatoria, de manera taxativa, lo determina el COIP (2014) dentro del art�culo 454 numeral 6, en donde determina �nicamente a las pruebas que se hayan obtenido en contra de la Constituci�n o la ley. Sin embargo, la norma penal no precisa las reglas espec�ficas que deben valorarse para clasificar una prueba, en ese sentido, es imperante determinar si los elementos probatorios cumplen con los par�metros de utilidad, conducencia y pertinencia.

Los operadores de justicia en todo proceso deben analizar si las pruebas incluidas en el proceso por los sujetos procesales cumplen con todos los par�metros que incluye la normativa respecto a la prueba. Dentro del art�culo referido, se determinan los principios de la prueba, mismos que garantizados y aplicados brindan en su conjunto una prueba apta para introducirla en una causa judicial.

Los diversos sistemas te�ricos que se ocupan de la cl�usula de exclusi�n de pruebas se fundamentan en un sustrato relacionado, de manera directa o indirecta, con el respeto a los derechos fundamentales, que act�an como l�mites para la conducci�n de investigaciones criminales. En consecuencia, la norma de exclusi�n se configura como una aut�ntica salvaguardia procesal que busca racionalizar tanto la persecuci�n penal como prevenir posibles excesos punitivos, con el objetivo de garantizar la efectiva vigencia de las esferas de libertad establecidas constitucionalmente.

El sistema penal de Ecuador no especifica los casos en los cuales una prueba es considerada inconstitucional o ilegal, lo que genera una falta de claridad, precisi�n y ambig�edad en el contenido de estas categor�as legales. Esta situaci�n otorga un amplio margen de interpretaci�n al juzgador, quien en �ltima instancia es responsable de atribuir significado a dichos conceptos. Aunque la dogm�tica penal proporciona una gu�a detallada sobre cu�ndo se considera que una prueba es inconstitucional o ilegal, en los casos examinados, el juzgador omite tanto la dogm�tica penal como la misma norma constitucional. Por lo que, se transforma la regla de exclusi�n en un simple enunciado sin aplicaci�n pr�ctica, m�s all� que la que los jueces consideren pertinente, pero ninguna norma los obliga.

Es por esta raz�n que, de manera aut�noma en esta investigaci�n se propone incluir un art�culo dentro del C�digo Org�nico Integral Penal, que contenga las reglas de exclusi�n de prueba, siendo estas las siguientes: 1. Cuando en su obtenci�n contravenga a disposiciones constitucionales o convencionales. 2. Cuando contravenga a norma expresa. 3. Cuando su obtenci�n haya sido fuera del tiempo procesal en que debe hacerlo. 4. Cuando lo que se intenta probar no tenga ninguna relevancia dentro del caso en concreto. Este art�culo deber�a ser signado como el 454 a de la referida norma.

 

Referencias

Asamblea General de las Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos (16 de diciembre de 1966).

Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador. Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador. (R.O. 449 de 20-oct-2008)

Asamblea Nacional del Ecuador. C�digo Org�nico Integral Penal. (R.O. 180 de 10-feb.-2014)

Carrara, F. (1993). Programa de Derecho Criminal: Parte General. Bogot�: Editorial Temis.

Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos. Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos (22 de noviembre de 1969).

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-159. (06 de marzo de 2002)

Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia 1078-10-EP/22

Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 997-19-EP/23

De la Rosa, M. (2019). An�lisis de la prueba su pr�ctica y apreciaci�n, Traducido, Vanzhaf, T. Buenos Aires: Editoriales Foro.

D�az, J. (2021). La garant�a constitucional de la inadmisi�n de la prueba il�citamente obtenida. Sevilla: Ediciones Civitas.

Echand�a, H. (2000). Compendio de la Prueba Judicial, Tomo I. Buenos Aires: Rubinzal/Culzoni Editores.

Garri�, A. (2017). Garant�as Constitucionales en el Proceso Penal, 3ra. Edici�n. Buenos Aires: Editorial Hammurabi S.R.L.

Gh�rrez, A. (2020). La Prueba en el Sistema Penal Acusatorio. Bogot�: Leyer Editores.

Giner, C. (2018). Prueba Prohibida Y Prueba Il�cita. Murcia: Universidad de Murcia.

G�mez, O. (2018). Fundamentos Te�rico Constitucionales del Nuevo Proceso Penal. Bogot�: Ediciones Nueva Jur�dica.

Guerrero, W. (2017). La Prueba en Materia Penal, Tomo I, Segunda Edici�n. Quito: Editores Pudeleco S.A.

Jerez, L. (2021). Pertinencia, Conducencia, Utilidad Y Otros Requisitos Que Deben Reunir Los Medios Probatorios. Quito: Instituto ecuatoriano de Derecho Procesal. Publicado por IEDP en noviembre 6, 2021Categor�as

M�rquez, E. (2021). Exclusi�n de la Prueba Ilegal en el Sistema Penal Oral Acusatorio Colombiano: Cr�ticas y Perspectivas a Futuro. USFQ Law Working Papers.

Miranda, M. (2019). El concepto de prueba il�cita y su tratamiento en el proceso penal.

Palacio, L. (2020). La Prueba en el Proceso Penal. Buenos Aires: Editorial Abeledo Perrot.

Sociedad B�blica. (1960). La Santa Biblia: Reina-Valera. Sociedad B�blica. (S. Mateo 7:17-19).

Solares, A. (2020). Los nuevos medios de prueba y la posibilidad de su uso en el proceso. Salamanca: Editorial Departamento de Derecho Procesal de la Universidad

Tribunal Constitucional de Espa�a. Sentencia N. 114/1984 (29 de noviembre de 1984).

Vilanova, M. (2018). La Prueba en Proceso Penal. Buenos Aires: Ediciones Depalma.

Zambrano, J. (2020). Tratado de las Pruebas Judiciales. Buenos Aires: Valleta Ediciones.

Zavala, C. (2017). La prueba il�cita y la cl�usula de exclusi�n probatoria en el nuevo Sistema Penal, �Cu�l es su alcance y aplicaci�n? Bogot�: Universidad Militar Nueva Granada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 2024 por los autores. Este art�culo es de acceso abierto y distribuido seg�n los t�rminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribuci�n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).