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Eficacia de la acusaci�n particular, como mecanismo para la reparaci�n integral a la v�ctima

 

Effectiveness of private prosecution, as a mechanism for comprehensive reparation to the victim

 

Efic�cia da persecu��o privada, como mecanismo de repara��o integral � v�tima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: dr.malla89@gmail.com

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 05 de marzo de 2024 *Aceptado: 19 de abril de 2024 * Publicado: �16 de mayo de 2024

 

        I.            Universidad Cat�lica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

      II.            Universidad Cat�lica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

Resumen

Objetivo. Identificar las normas contempladas en el C�digo Org�nico Integral Penal respecto de la Acusaci�n Particular y los derechos de los sujetos procesales, en especial el de la v�ctima y la reparaci�n integral. Metodolog�a. Basado en el enfoque cualitativo, nivel descriptivo y m�todo inductivo bajo el an�lisis desde la l�gica jur�dica sustentado en la normativa nacional como acuerdos y tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, con uso de la t�cnica de revisi�n documental y la t�cnica del an�lisis de caso. Resultados. En la legislaci�n ecuatoriana, la reparaci�n integral es derecho indiscutible dentro del proceso penal que no debe llevar a efecto de su vulneraci�n por decisi�n de la v�ctima al presentar o no acusaci�n particular, sin embargo, ante la figura del dictamen abstentivo el derecho a recurrir adquiere menor relevancia frente a los vac�os legales que no otorgan claridad en su efectivizaci�n, como al desconocimiento de la v�ctima de su derecho de ser parte activa en todo el proceso penal. Conclusi�n. En el Ecuador, la acusaci�n particular aunque es una herramienta que aporta al reconocimiento de da�os y perjuicios de la v�ctima, esto no determina que sea necesaria frente al inter�s de sentencia emitida a su favor, en tanto, existe la figura del derecho a recurrir; sin embargo, al interponerse el dictamen abstentivo queda sin efecto dicho derecho, lo que conlleva a actos de vulneraci�n de derechos y, por tanto, a revisi�n de si es pertinente presentar acusaci�n particular, a fin de reducir efectos negativos para el afectado.

Palabras clave: Acusaci�n particular; derecho a recurrir; derecho de la v�ctima; dictamen abstentivo; reparaci�n integral.

 

Abstract

Aim. Identify the norms contemplated in the Comprehensive Organic Criminal Code regarding Private Accusation and the rights of the procedural subjects, especially that of the victim and comprehensive reparation. Methodology. Based on the qualitative approach, descriptive level and inductive method under the analysis from legal logic supported by national regulations such as international agreements and treaties on Human Rights, with use of the documentary review technique and the case analysis technique. Results. In Ecuadorian legislation, comprehensive reparation is an indisputable right within the criminal process that should not be violated by the victim's decision whether or not to present a private accusation. However, in the case of an abstentional ruling, the right to appeal is acquired. less rel�vense in the face of legal gaps that do not provide clarity in their implementation, such as the victim's lack of knowledge of their right to be an active part in the entire criminal process. Conclusion. In Ecuador, the private accusation, although it is a tool that contributes to the recognition of damages and losses of the victim, this does not determine that it is necessary in the interest of the sentence issued in their favor, while there is the figure of the right to appeal; However, when the abstention ruling is filed, said right is rendered ineffective, which leads to acts of violation of rights and, therefore, to a review of whether it is pertinent to file a private accusation, in order to reduce negative effects for the affected party.

Keywords: Private accusation; right to appeal; victim's right; abstentional opinion; comprehensive repair.

 

Resumo

Mirar. Identificar as normas previstas no C�digo Penal Org�nico Integral em mat�ria de Acusa��o Privada e os direitos dos sujeitos processuais, especialmente o da v�tima e a repara��o integral. Metodologia. Baseado na abordagem qualitativa, n�vel descritivo e m�todo indutivo sob an�lise a partir de l�gica jur�dica apoiada em regulamenta��es nacionais como acordos e tratados internacionais de Direitos Humanos, com utiliza��o da t�cnica de revis�o documental e da t�cnica de an�lise de caso. Resultados. Na legisla��o equatoriana, a repara��o integral � um direito indiscut�vel no processo penal que n�o deve ser violado pela decis�o da v�tima de apresentar ou n�o uma acusa��o privada. No entanto, no caso de uma decis�o de absten��o, o direito de recurso � adquirido menos. relev�ncia diante de lacunas legais que n�o proporcionam clareza na sua implementa��o, como o desconhecimento da v�tima sobre o seu direito de ser parte ativa em todo o processo penal. Conclus�o. No Equador, a acusa��o privada, embora seja uma ferramenta que contribui para o reconhecimento dos danos e perdas da v�tima, isso n�o determina que seja necess�ria no interesse da senten�a proferida a seu favor, embora exista a figura de o direito de recorrer; Por�m, quando a decis�o de absten��o � proferida, esse direito fica ineficaz, o que leva a atos de viola��o de direitos e, portanto, a uma revis�o sobre se � pertinente apresentar uma den�ncia privada, a fim de reduzir os efeitos negativos para os afetados. festa.

Palavras-chave: Acusa��o privada; direito de recorrer; direito da v�tima; opini�o abstencionista; reparo abrangente.

 

Introducci�n

Dentro del ordenamiento jur�dico ecuatoriano expresado en la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador y el C�digo Org�nico Integral Penal (en adelante COIP), la figura de la v�ctima aparece como sujeto procesal que tras sufrir agresi�n sexual, f�sica o psicol�gica tiene derecho a la reparaci�n integral del da�o ocasionado en su contra. Es deber, por tanto, del Estado, a trav�s del sistema de justicia, ejercer los mecanismos necesarios para una reparaci�n eficiente, r�pida, efectiva y proporcional a la gravedad del acto cometido.

Es as� que la acusaci�n particular, estipulada en el COIP (2014), es primordial dentro del proceso penal con capacidad para involucrarse de manera activa en las diferentes etapas, vista como una oportunidad a que la v�ctima sea escuchada, como tambi�n el derecho a su favor a que se apliquen mecanismos de reparaci�n dados en la restituci�n, rehabilitaci�n, indemnizaci�n, medidas de satisfacci�n o simb�licas y garant�as de no repetici�n, tal como lo expresa el art�culo 78 de la normativa en menci�n.

Sin embargo, para Mart�nez (2018), dentro del sistema legal del pa�s a�n se observan una serie de obst�culos para la efectiva reparaci�n a favor de las v�ctimas. Comenta que entre ellas est�n la revictimizaci�n que conlleva impactos negativos en las v�ctimas que se comprende gozan de protecci�n especial, adem�s de barreras que reducen o limitan un acceso adecuado a la asistencia legal, pero tambi�n falta de garant�as a que dicha reparaci�n se concrete cuando ha decidido no presentar acusaci�n particular frente al dictamen abstentivo por fiscal�a.

En tal sentido, la investigaci�n tiene como finalidad ejecutar un an�lisis del derecho de la v�ctima dentro del proceso penal del Ecuador para ser parte de toda etapa sin necesidad de utilizar la acusaci�n particular, con el inter�s de evaluar el grado de efectividad y garant�a en la tutela judicial efectiva. Para ello, se plantea como objetivo principal identificar las normas contempladas en el C�digo Org�nico Integral Penal respecto de la Acusaci�n Particular y los derechos de los sujetos procesales, en especial el de la v�ctima y la reparaci�n integral.

 

Metodolog�a

El estudio sigue una metodolog�a basada en el enfoque cualitativo, nivel descriptivo y m�todo inductivo contemplando el an�lisis desde la l�gica jur�dica, dado a trav�s de juicios, conceptos y razonamientos contemplados en la normatividad. Es cualitativo, porque los datos obtenidos se ejecutan de un proceso de recogida de informaci�n no estandarizada, adem�s es descriptivo en cuanto describe el fen�meno en estudio, es decir, la eficacia de la acusaci�n particular como mecanismos para reparaci�n integral a la v�ctima.

Finalmente, es inductivo porque la informaci�n obtenida se construye desde premisas, donde se aborda la figura jur�dica de la acusaci�n particular, el objeto que cumple esta figura legal dentro del proceso penal y, con ello, se establece la violaci�n a derecho a recurrir cuando no se presenta acusaci�n particular ante el dictamen abstentivo dado por Fiscal�a. Lo expuesto permite llegar a conclusiones que lleven identificar las normas en el C�digo Org�nico Integral Penal sobre la Acusaci�n Particular y los derechos de los sujetos procesales, en especial el de la v�ctima anclado a la reparaci�n integral.�

Por tratarse de un estudio con enfoque cualitativo, se ha utilizado la t�cnica de la revisi�n documental, en el sentido de que ha facilitado obtener toda la informaci�n pertinente para la construcci�n del marco te�rico. A la vez, para la obtenci�n de informaci�n proveniente de la literatura sobre temas tratados con el mismo enfoque del presente estudio, a fin de obtener datos que faciliten determinar la eficacia de la acusaci�n particular, como mecanismos para la reparaci�n integral a la v�ctima.� Para el efecto, se consider� el uso de una ficha t�cnica, en donde se incluyeron datos como autor/a�o, t�tulo, ideas principales y url y su posterior an�lisis y discusi�n.

As� mismo, se utiliz� la t�cnica del an�lisis de caso, es decir, con base a un caso relacionado a la violencia dirigida a la mujer o a alg�n miembro familiar e infracciones que contravengan la integridad tanto sexual como reproductiva de la persona, del 13 de diciembre de 2023, que permite identificar la eficacia o no de la acusaci�n particular frente a una v�ctima que ha requerido reparaci�n integral por la infracci�n cometida por el acusado.

Dado que el estudio mantiene un enfoque cualitativo, se ha recurrido a una serie de art�culos cient�ficos basados en el tema en estudio, as� mismo, un caso relacionado a la acusaci�n particular y reparaci�n integral hacia la v�ctima. Esto ha requerido, por tanto, tomar en cuenta como criterio de inclusi�n informaci�n de 5 a�os atr�s, que est�n relacionados al tema en estudio, respecto a los art�culos cient�ficos. Con relaci�n al estudio del caso, que est� asociado a las variables acusaci�n particular y reparaci�n integral.

 

 

 

Resultados

Generalidades e historia de la acusaci�n particular

La acusaci�n particular tiene sus antecedentes en la figura de la acci�n penal, que de acuerdo con la investigaci�n desarrollada por Garc�s (2017), en instituciones romanas la acci�n se constitu�a en un derecho a ser perseguida en juicio lo que no deb�a realizarse, y que se conoci� como un delito que requiri� imposici�n de castigo conforme la ley.

Hurtado (2021) se�ala as� que el t�rmino acusaci�n particular nace en la antig�edad dentro de la sociedad romana, desde donde el ciudadano particular sea este familiar v�ctima o relacionado al caso, podr�a ejercer acci�n acusatoria. En tal sentido, Garc�s (2017) menciona que en la �poca quien sufr�a alg�n da�o aplicaba la acci�n penal, tiempos en los que se reparaba el da�o a trav�s de la venganza privada, a fin de defender por su propia cuenta sus derechos.

Aparecer� as� la figura de la Ley de Tayl�n que, en esencia, establec�a se aplicara al agresor el mismo acto provocado por este en contra de la v�ctima, donde en Roma adquiere un sentido m�s jur�dico basado en la f�rmula de �si alguno rompe un miembro a otro y no se arregla con �l, h�gase con �l otro tanto� (Garc�s, 2017, p. 12).

Ser� en la edad Media, con la inquisici�n, que la acusaci�n se contemplar� p�blica, en tanto, los delitos eran considerados ofensa a Dios, pero que con la revoluci�n Francesa se dar� un paso trascendente para la constitucionalidad de esta figura, cuya enorme influencia permiti� incluir la acusaci�n particular en la normativa de los Estados (Hurtado, 2021).

En la legislaci�n ecuatoriana, la evoluci�n de la acci�n particular tiene sus antecedentes en el COIP que va entre 1983 y 2000 hasta visibilizarse de manera expresa en el C�digo Org�nico Integral Penal (2014), cuerpo legal en el que aparece en el art�culo 432, desde donde se�ala que la podr� presentar la v�ctima por medio de un representante legal, la v�ctima en tanto como persona jur�dica y como entidad u organismo p�blico, con la posibilidad de ejercer su derecho a la reparaci�n integral, y lo podr� hacer por s� mismo o a trav�s de procurador/a judicial, entre otros.

As�, su conceptualizaci�n doctrinaria se definir� como la acusaci�n que promueve el ofendido frente a un delito, a fin de obtener sanci�n de parte del infractor a trav�s del �rgano jurisdiccional, cuya titularidad para la aplicabilidad es parte del sujeto pasivo del hecho punible, o bien de parte del titular del bien jur�dico que ha sido afectado por efecto de dicha infracci�n cometida (Salas, 2017).

De este modo, en un proceso penal la v�ctima asume la figura de sujeto procesal a trav�s de su abogado, donde interviene como acusador particular o denominado tambi�n querellante que en palabras de Portillas y Rivadeneira (2022), al ser el principal perjudicado mantiene un rol importante que aporta con elementos que faciliten a la fiscal�a dar formulaci�n de acusaci�n respectiva hacia el acusado.

Comenta Garc�s (2017) que la acusaci�n particular es de car�cter opcional, es decir, la v�ctima como sujeto procesal tiene a su haber la opci�n de presentarla o no seg�n requiera; sin embargo, se�ala que de todos modos en la sentencia se considerar� y reconocer� la indemnizaci�n que por efectos del da�o ocasionado requiera a t�tulo de reparaci�n integral, como derecho que el Estado le reconoce.

Shiguango (2019) a�ade que en caso de presentar de forma voluntaria y sin juramento, el denunciante deber� comparecer ante el Fiscal encargado del caso para dar constancia, por escrito, en un acta con firma de que dicha denuncia corresponde a la suya, para lo cual deber� adjuntar una copia de su c�dula de ciudadan�a como la papeleta de votaci�n.

De este modo, Ortiz (2022) se�ala que gracias a los principios manifiestos en el COIP se demuestra relevancia de acusaci�n particular dentro del sistema procesal penal acusatorio, donde todas las partes involucradas tendr�n la potestad de ejercer en igualdad de condiciones su derecho a la reparaci�n integral, un factor trascendente para la v�ctima de la infracci�n cometida en su contra por el acusado.

 

Marco legal jur�dico

Como punto de partida, es importante mencionar que la v�ctima es la titular del bien jur�dico que ha sido lesionado seg�n el delito que se procese, por cuanto, para Portilla y Rivadeneira (2022) esta figura tiene mayor inter�s a que se ejerza justicia. Se�ala que aquello reviste la importancia de que se le permita ser part�cipe de toda audiencia del proceso penal, dentro de cualquier fase en la que se halle, a fin de que sea escuchada y pueda ejercer su derecho a la defensa.

Esta es una cuesti�n que est� expresa en el art�culo 3.2 de la Carta Iberoamericana de Derechos de las V�ctimas (2012), en la que se a�ade que tiene derecho a ser informada respecto a las condiciones del cumplimiento sobre la pena y ser part�cipe de audiencias en las que se haya modificado la pena. As� mismo, el art�culo 3.3 manifiesta su derecho a ejercer la acci�n penal, de tal forma que pueda ser la parte acusadora y colaborar con el Ministerio P�blico, con la finalidad de perseguir los delitos ante los Tribunales de justicia, entre otros.

Ahora, el concepto reparaci�n integral ha sido reconocido a nivel internacional a partir de principios b�sicos de la Organizaci�n de Naciones Unidas (ONU), as� mismo, de los derivados del derecho internacional en materia de derechos humanos, como por la Corte Penal Internacional, la Convenci�n Americana de Derechos Humanos y la Protecci�n de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, entre otros (Granda y Herrera, 2020).

En este contexto, la reparaci�n integral se asume como un derecho que proviene de los acuerdos internacionales, donde para Granda y Herrera (2020), ser� a partir del derecho penal internacional desde donde las v�ctimas ser�n merecedoras de la reparaci�n de los da�os ocasionados, por efectos de los cr�menes de lesa humanidad dado b�sicamente a partir de las sentencias de tribunales penales que surgieron tras la segunda guerra mundial. Se�ala as� que la cobertura de este derecho se extender� hacia los sistemas de protecci�n de derechos humanos, por cuanto, el desarrollo m�s significativo de la reparaci�n integral se hallar� en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

En la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008), el t�rmino reparaci�n integral est� manifiesto en el art�culo 78, en cuyo documento manifiesta que toda v�ctima de infracci�n penal tendr� protecci�n especial, se garantizar� que no se le revictimice y se le otorgar� los medios de protecci�n frente a amenaza o forma de intimidaci�n. De tal modo que la reparaci�n integral se convertir� en el mecanismo que sin dilaci�n alguna incluir� el conocimiento respecto a la verdad de los hechos. La indemnizaci�n, satisfacci�n del derecho violado, la rehabilitaci�n y garant�a de no repetici�n.

En concordancia con la Carta Magna, el COIP (2014) expresa su reconocimiento de la reparaci�n material e inmaterial como parte de los derechos de las v�ctimas, donde en el Cap�tulo Primero de los derechos de la v�ctima, art�culo 11, numeral 2, indica adem�s� la satisfacci�n del derecho violado y cualquier otra forma de reparaci�n adicional que se justifique en cada caso� (p. 12). Esto como parte de los derechos que le asiste a la v�ctima dentro de un proceso penal frente a infracciones cometidas en su contra.

Comenta Ortiz (2022) que en el COIP actual se ha modificado la realidad procesal, en tanto, la v�ctima ha resurgido como parte procesal sin necesidad de presentar acusaci�n particular, por cuanto, la v�ctima sea a trav�s de su representante legal o por s� misma, y sin perjuicio de facultad de ser parte de toda audiencia; tiene a su haber el derecho a reclamar reparaci�n integral e, incluso, cuando no haya la figura de acusaci�n particular.

De la normativa nacional como internacional en materia del derecho de la v�ctima, la acusaci�n particular y la reparaci�n integral tienen como trasfondo el otorgar las garant�as necesarias para proteger a la persona que ha sufrido infracci�n de parte del acusado. La intenci�n es dar respuesta a principios generales como a la no discriminaci�n y el respeto a la dignidad, lo que indica que debe ejercerse un tratamiento justo e igualitario.

 

Finalidad y relevancia de la acusaci�n particular en el Proceso Penal

Al comprenderse que la acusaci�n particular es ejercida por la persona afectada por un delito, para Ortiz (2022) dentro del COIP como de los distintos documentos legislativos e internacionales relacionados a los Derechos Humanos, se da relevancia a la acusaci�n particular conforme el ordenamiento jur�dico como el sistema procesal penal. Significa que es la oportunidad para que la v�ctima de la infracci�n cometida por el procesado, pueda ser escuchada como el mantener relevancia en el proceso penal, situaci�n que determina un avance jur�dico en el Ecuador.

De hecho, en el art�culo 432 del COIP al manifestarse que la v�ctima en el proceso penal puede intervenir en toda audiencia, y como factor fundamental a ejercer su derecho a la reparaci�n integral como derecho de rango constitucional y legal, a�n si no ha presentado acusaci�n particular; determina que en la ley se le est� otorgando los medios necesarios para acceder a una justicia eficaz y eficiente, pero tambi�n a su derecho a la defensa.

As�, como acusador particular o querellante y como principal perjudicado en el proceso penal al ser titular del bien jur�dico que ha sido afectado, para Portilla y Rivadeneira (2022), mantiene un rol importante sobre el aporte de elementos que faciliten a fiscal�a formular acusaci�n contra quien cometi� el delito. A�aden que el �nico medio para que la v�ctima ejerza eficazmente su derecho a defenderse es participando de manera libre en cada audiencia que tenga el proceso, de igual forma, en cualquier etapa en la que se halle a fin de refutar lo presentado por el parte contrario, y tambi�n el poder otorgar pruebas que sustenten la teor�a del caso a su favor.

De lo expuesto, para Ortiz (2022), la finalidad y relevancia de acusaci�n particular en el proceso penal est� dada en la efectivizaci�n de la reparaci�n eficaz a favor de la v�ctima dentro de la parte final de la sentencia condenatoria, as� como el respeto de sus derechos, la integridad y no exclusi�n legislativa o en el proceso penal.

Esto indica que quienes est�n involucrados tienen la posibilidad de intervenir en igualdad de condiciones, por efecto de los principios del COIP como el derecho a la reparaci�n integral manifiesto en el art�culo 78 de la Constituci�n de la Rep�blica del 2008 relevando, con ello, la trascendencia de la acusaci�n particular en el sistema procesal penal acusatorio.

A lo expuesto, Hurtado (2021) a�ade que la acusaci�n particular permite un mayor protagonismo de la v�ctima dentro de un proceso, al asegurar que no se vulneren sus derechos con apoyo de su representante legal, lo que indicia que la legislaci�n ecuatoriana vela porque se cumpla lo que demanda la Constituci�n de la Rep�blica en materia de derechos humanos del ciudadano.

 

Derecho de la v�ctima a recurrir, del dictamen abstentivo por no presentar la acusaci�n particular en el proceso penal

Al entenderse que la acusaci�n particular es un derecho de la v�ctima que, de acuerdo con Portilla y Rivadeneira (2022), se asume como la facultad que tiene para ser parte de toda audiencia en cualquier etapa del proceso, a fin de no vulnerar su derecho al defensa garantizado constitucionalmente; aquello, sin embargo, no significa que sea mandatorio presentar la acusaci�n particular en el proceso penal.

En este sentido, para Mendoza y Zamora (2022), es deber del Estado verificar la verdad de los hechos y, con ello, sancionar a los culpables a trav�s de juicio oral, con el inter�s de garantizar la reparaci�n integral de las v�ctimas haya o no presentado acusaci�n particular; sin embargo, a su juicio cuando el fiscal comunica dictamen abstentivo est� violentando las garant�as de la v�ctima, lo que determina obst�culos para acceder a un sistema judicial con una respuesta efectiva.

Desde esta mirada, el dictamen abstentivo que es emitido por fiscal�a �pone fin a la investigaci�n del proceso penal y constituye como cosa juzgada� (Calva et al., 2022, p. 9). Indica que no se puede reabrir el proceso salvo casos espec�ficos y excepcionales, lo que determina transgresi�n a los derechos de la v�ctima dentro de un proceso penal que se entiende requiere reparaci�n integral y tambi�n que se conozca la verdad (Calva et al., 2022).

Esto de acuerdo a lo que se�ala el art�culo 78 de la Constituci�n de la Rep�blica (2008) que, en esencia, manifiesta que las v�ctimas de infracciones penales tendr�n a su haber el goce de protecci�n especial, que se les dar� garant�as a la no revictimizaci�n, especialmente en la obtenci�n y valoraci�n de pruebas. Adem�s, que se incluyan medios de reparaci�n integral en las que incluyen el conocer la verdad de los hechos como la rehabilitaci�n, entre otros.

En vista de aquello, el derecho de la v�ctima a recurrir, del dictamen abstentivo por no presentar la acusaci�n particular en el proceso penal, constituye una de las garant�as m�nimas que le asiste a toda persona, y que est�n expresas en la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos (1969), art�culo 8, inciso 2, numeral h; que determina el �derecho a recurrir frente al fallo ante juez o tribunal superior� (p. 4).

En este sentido, para Bastidas (2023), el derecho a recurrir se asume desde tres posiciones, es decir, como un derecho subjetivo, como garant�a fundamental y como parte de acceso a la justicia. En el primer punto, se�ala, se entiende como un derecho de naturaleza procesal pero tambi�n de significado constitucional, en tanto, en todo proceso judicial las partes est�n expuestas a un fallo que genere errores, vicios e inobservancias. Como garant�a fundamental, Bastidas (2023) indica que el derecho a recurrir es parte de esta figura, por lo que en un estado de Derecho no se puede desconocer que las decisiones dadas por la justicia se cuestionen ni de forma ni de fondo, lo que indica que a fin de afianzar un sistema garantista, las decisiones judiciales son objeto de revisi�n.

En materia del derecho a recurrir como parte del acceso a la justicia, Bonilla (2019) menciona que es un derecho parte de los derechos subjetivos dentro de la figura de los derechos fundamentales, donde las personas a m�s de tener la potestad de solicitar que se precautele sus derechos en una judicatura, tienen el derecho de agotar toda instancia posible en el marco de tutela integral que deber�a ser el elemento de acceso a la justicia. La intenci�n es tener a mano la posibilidad de resolver la situaci�n jur�dica de quienes demandan tutela judicial eficiente acorde a sus derechos.

Como se aprecia, el derecho a recurrir mantiene como eje fundamental el reducir al m�nimo agravios que vulneren precisamente los derechos de toda persona tras un fallo que no se haya emitido a su favor, en este caso, ante un dictamen abstentivo que por su naturaleza puede afectar la reparaci�n integral en el caso de la v�ctima.

 

La acusaci�n particular vs. el derecho a recurrir en Ecuador, Colombia y M�xico�

La figura de la acusaci�n particular y el derecho a recurrir en Ecuador se hallan contemplados en el cuerpo legal del COIP. La acusaci�n particular est� expresa en el T�tulo III, Cap�tulo Primero, dentro de los derechos de la v�ctima, art�culo 11, numeral 1, en el que manifiesta que tiene derecho a plantear acusaci�n particular, y tambi�n a no ser part�cipe del proceso o no continuar en cualquier etapa, conforme las normas del C�digo, pero en ning�n caso se podr� obligar a la v�ctima a su comparecencia.

As� mismo, en el art�culo 432, numeral 1, en el que se manifiesta de forma expresa que ser� factible que la v�ctima presente acusaci�n particular ya sea por s� misma o por un representante legal, sin perjuicio de ser parte en toda audiencia y su derecho a reclamar la reparaci�n particular, incluso, cuando no haya presentado acusaci�n particular. Adem�s, del art�culo 438 que se�ala sobre la renuncia de la v�ctima del derecho a plantear acusaci�n particular, salvo ciertas excepciones.

De su lado, el derecho a recurrir se halla, dentro de la misma normativa del COIP, art�culo 5 de los principios procesales, numeral 6 expresa que en la impugnaci�n procesal, toda persona puede recurrir del fallo, auto definitivo o resoluci�n en todo proceso en el que se decida respecto a sus derechos, conforme lo se�ala la Carta Magna y los instrumentos internacionales en materia de DD. HH y el C�digo.

Dentro de la legislaci�n colombiana, aparece la figura del acusador privado que, de acuerdo con la Ley 906 (2004), es aquella persona v�ctima de la conducta punible que tiene la facultad legal para ejercer acci�n penal a trav�s de su abogado, y que no la podr� efectuar sin la representaci�n de un abogado de confianza. Comenta Borja (2021) que este cambio surge a ra�z de la adici�n del par�grafo segundo en el art�culo 250 de la Constituci�n Pol�tica colombiana de 1991, cuya asignaci�n penal ahora recae en la v�ctima o a otras autoridades que no sean la Fiscal�a General de la Naci�n, pero a�ade que si bien es cierto tiene la facultad de intervenir desde la etapa investigativa, tiene ciertas limitantes para recabar informaci�n pertinente, lo que limita su ejercicio total de acci�n penal, con riesgos de una verdadera justicia.

En tema del derecho a recurrir desde la misma realidad colombiana, esta figura est� enmarcada en la Convenci�n Americana de los Derechos Humanos (Art. 8.2h de la CADH) y la Legislaci�n procesal penal (Arts. 29 y 31 C.P) de ese pa�s, donde para Borja (2021) ha existido inter�s de parte del sistema de justicia de Colombia por ajustarse al derecho internacional, en el sentido, de que tanto los aforados y no aforados, tienen la garant�a de segunda instancia en todos los casos, pero mantiene ciertos vicios sobre el derecho a la impugnaci�n en los no aforados.

De acuerdo a la realidad mexicana, en materia de la figura del derecho a recurrir, el pa�s tambi�n se enmarca en la Convenci�n Americana de Derechos Humanos, vista como una garant�a judicial que en materia penal exige como mandato constitucional la garant�a de recurrir el fallo ante juez competente o tribunal superior, lo que indica que en procedimientos de �ndole civil no es exigible que siempre se prevea el derecho a recurrir como garant�a judicial (Pi�a, 2019).

Como se aprecia en las legislaciones revisadas, el derecho a recurrir est� adherido a la Convenci�n de Derechos Humanos, cuya aplicaci�n, aunque encuentra dificultades para su efectivizaci�n en cada pa�s, se mantiene como figura trascendente para evitar la impunidad. En lo que respecta a la acusaci�n particular, aunque en Colombia se halla como acusador particular, tambi�n est� visible en las legislaciones resalt�ndose que haya prioridad el respeto a la reparaci�n integral de la v�ctima.

 

 

Con base a los derechos que le asiste a la v�ctima dados en las leyes nacionales y convenios internacionales que avalan garant�as para su cumplimiento, la reparaci�n integral en un proceso penal se convierte en un imperativo que debe acompa�ar al afectado en todo momento. Esto determina que al ser sujeto procesal, en teor�a tiene la facultad de presentar o no acusaci�n particular, sin que de por medio se vea afectada con la sentencia emitida por juez competente, tal como concluye Ortiz (2022) en su an�lisis, quien se�ala que la acusaci�n particular en la ley cumple con criterios de eficacia, donde para la Corte Nacional de Justicia (2019), es un instrumento que forja derechos y garant�as de la v�ctima sea que presente o no acusaci�n particular o que al presentarla luego no comparezca a juicio, como tambi�n lo avala Reascos (2023).

El problema, del an�lisis de las investigaciones descritas, es que en la pr�ctica se vulneran los derechos de la v�ctima, por cuanto para Ortiz (2022) no pueden rebatir la prueba dada por las partes procesales, aunque para Corte Nacional de Justicia (2019) tiene a mano como recurso la apelaci�n. Adem�s, para Reascos (2023), al no presentar acusaci�n particular que es su derecho de hacerlo o no, deja en manos de Fiscal�a, como �nico sujeto procesal, a presentar pruebas en la parte intermedia y de juicio, lo que indica que existen limitantes que no efectivizan su real garant�a a la reparaci�n integral; por cuanto, desde el aporte presentado la principal causa a la vulneraci�n es la falta de conocimiento de la v�ctima sobre su derecho a intervenir en todo el proceso penal.

Caso de estudio:

 

Tabla 1 Caso de estudio

Fuente: Funci�n Judicial (2023).

 

Del caso expuesto por tema de violencia psicol�gica solicitada por dos personas adultas mayores, contra dos familiares de los demandantes, se aprecia como figura relevante seg�n sentencia emitida, el dictamen abstentivo que al final tiene peso dicha sentencia que resulta a favor de los demandados, por cuanto, las partes afectadas no han presentado acusaci�n particular.

Releva, por tanto, que en el caso expuesto, pese a que la reparaci�n integral es un derecho contemplado en la legislaci�n ecuatoriana dada desde su m�ximo cuerpo legal de la Constituci�n de la Rep�blica y, con ello, en el COIP; conforme el art�culo 11, numeral 2 que manifiesta el uso de mecanismos para la reparaci�n de manera integral entre las que incluyen garant�a de no repetici�n de la infracci�n; en la pr�ctica la sentencia favorece a los imputados donde pesa el dictamen abstentivo, hecho que lleva a vulnerar los derechos de los demandantes, quienes tambi�n forman parte de los grupos vulnerables sobre el que se comprende que la ley da protecci�n prioritaria.

 

Discusi�n

De los datos obtenidos, tanto en la literatura se�alada como en el caso en estudio expuesto, se aprecia que, en los delitos de acci�n p�blica, la v�ctima, en los t�rminos del Art. 432 del COIP, puede intervenir en el proceso penal como sujeto principal, tras notificarse con el inicio de instrucci�n hasta previo de su conclusi�n y tambi�n tras admitirse su acusaci�n; un derecho que tambi�n se entiende tienen las otras partes, a fin de efectivizar las acciones punitivas y resarcitorias.

Sin embargo, del an�lisis realizado, la figura de reparaci�n integral manifiesto en los art�culos 11 de los derechos de la v�ctima, 77 de la reparaci�n integral, 78 de los mecanismos de reparaci�n integral, como un imperativo en todo proceso penal que como sujeto procesal le asiste a la v�ctima, en la pr�ctica encuentra vicios en su real efectivizaci�n, m�s aun cuando al ser la acusaci�n particular un derecho pero tambi�n una opci�n, no halla respuesta afirmativa para el demandante cuando decide a conocimiento o no, no presentar acusaci�n particular.

Queda as� la v�ctima en la indefensi�n y, por tanto, en acto de revictimizaci�n, un derecho vulnerado, no indemnizaci�n y la no garant�a de que no se repita la infracci�n, hecho que en el caso expuesto con la sentencia emitida la justicia ha fallado a favor de los imputados, lo que vulnera sus derechos cuando son imperativos tanto en la legislaci�n nacional como en los tratados y acuerdos en materia de Derechos Humanos, mas aun cuando se trata de un grupo vulnerable.

Adem�s, en el caso expuesto al estar presente la figura del dictamen abstentivo, este resulta en un instrumento que tiene mayor relevancia sobre la reparaci�n integral de los demandantes y, por tanto, sobre los derechos humanos, que se comprende son prioritarios en el Ecuador, por cuanto, la justicia no est� ejerciendo con eficacia.

 

Conclusiones

La figura jur�dica de acusaci�n particular desde el punto de vista etimol�gico y procesal y sus efectos en el proceso penal, determina que se constituye en parte primordial dentro del proceso penal asumiendo, por tanto, un rol activo en las distintas etapas, donde la titularidad y aplicabilidad le es parte del sujeto pasivo del hecho que es punible, o bien desde el titular del bien jur�dico afectado frente a una infracci�n.

De aquello, se determina que la v�ctima es un sujeto procesal con opci�n de presentar o no acusaci�n particular, con efecto de potestad de ejercer en igualdad de condiciones su derecho a la reparaci�n integral, figura que est� expresa en el derecho internacional como la Convenci�n Americana de Derechos Humanos y la Protecci�n de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Corte Penal Internacional. Significa que es un derecho transversal intransferible de todo ser humano, y que acorde a la legislaci�n ecuatoriana manifiesta en el art�culo 78 de la Carta Magna del 2008, la v�ctima dentro de una infracci�n penal ser� objeto de protecci�n especial.

Bajo estas premisas, el objeto de la acusaci�n particular que sea propuesta por la v�ctima en el proceso penal, ante la garant�a de reparaci�n de manera integral y sus distintos mecanismos que deben ser asegurados para la v�ctima de la infracci�n; est� dado por cumplir con criterios de eficacia como habilitante de la activaci�n inmediata de sus derechos, pero la opci�n de no presentar acusaci�n particular no supedita la decisi�n de vulnerar sus derechos bajo ninguna circunstancia.

Sin embargo, la figura del dictamen abstentivo dado por fiscal�a al no presentar la v�ctima la acusaci�n particular, coarta el derecho a reparaci�n integral dado que en el caso analizado, la sentencia emitida estuvo a favor de los imputados dejando a los demandantes, personas de la tercera edad, en la indefensi�n y, por tanto, a falta de garant�as de no repetici�n de infracci�n; es por tanto, la violaci�n al derecho a recurrir al observancia vicios e inobservancias en el juicio, donde se entiende que las decisiones judiciales son objeto de revisi�n y las v�ctimas son parte del grupo vulnerable en el Ecuador.

 

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