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La cadena de custodia en la valoraci�n probatoria

 

The chain of custody in the evaluation of evidence

 

A cadeia de cust�dia na avalia��o probat�ria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: mpaolaj@gmail.com

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 09 de marzo de 2024 *Aceptado: 15 de abril de 2024 * Publicado: �31 de mayo de 2024

 

        I.            Maestrante de Derecho Procesal, Mag�ster en Derecho, menci�n en Derecho Constitucional, Abogada, Mediadora y Arbitro Judicial, Ecuador.

 

Resumen

El presente art�culo de investigaci�n se centra en realizar un an�lisis jur�dico de la cadena de custodia y cu�l es su implicaci�n dentro de un proceso penal. La importancia de abordar estos temas radica en la necesidad de asegurar que los procedimientos se adhieran a los lineamientos y normativas constitucionales, garantizando as� derechos fundamentales como el debido proceso y protegiendo los principios de presunci�n de inocencia, legalidad, oportunidad e imparcialidad. Un correcto manejo de la cadena de custodia es crucial para la validez de las pruebas presentadas en el proceso penal, ya que asegura la integridad y autenticidad de los elementos de la evidencia. Para lograr esto, es fundamental seguir protocolos especializados que detallan las etapas y m�todos necesarios para conservar y gestionar adecuadamente la evidencia. De lo contrario, existe el riesgo de que la evidencia sea desestimada o pierda su eficacia probatoria, lo que podr�a resultar en la injusta condena de un inocente o en la vulneraci�n de los derechos de la v�ctima. Por tanto, es crucial analizar en profundidad el objeto e importancia de la cadena de custodia, identificar los desaf�os que enfrenta y proponer posibles mejoras que contribuyan a alcanzar una justicia efectiva y transparente.

Palabras clave: elementos; prueba; cadena de custodia; justicia penal.

 

Abstract

This research article focuses on carrying out a legal analysis of the chain of custody and its implications within a criminal process. The importance of addressing these issues lies in the need to ensure that the procedures adhere to constitutional guidelines and regulations, thus guaranteeing fundamental rights such as due process and protecting the principles of presumption of innocence, legality, opportunity and impartiality. Correct management of the chain of custody is crucial for the validity of the evidence presented in the criminal process, as it ensures the integrity and authenticity of the elements of evidence. To achieve this, it is essential to follow specialized protocols that detail the stages and methods necessary to properly preserve and manage the evidence. Otherwise, there is a risk that the evidence will be dismissed or lose its probative effectiveness, which could result in the unjust conviction of an innocent person or the violation of the rights of the victim. It is therefore crucial to thoroughly analyse the purpose and importance of the chain of custody, identify the challenges it faces and propose possible improvements that contribute to achieving effective and transparent justice.

Keywords: elements; evidence; chain of custody; criminal justice.

 

Resumo

Este artigo de investiga��o tem como objetivo realizar uma an�lise jur�dica da cadeia de cust�dia e das suas implica��es no processo penal. A import�ncia de abordar estas quest�es reside na necessidade de garantir que os procedimentos cumprem as directrizes e regulamentos constitucionais, garantindo assim direitos fundamentais como o devido processo legal e protegendo os princ�pios da presun��o de inoc�ncia, legalidade, oportunidade e imparcialidade. A correta gest�o da cadeia de cust�dia � crucial para a validade das provas apresentadas em processo penal, uma vez que garante a integridade e autenticidade dos elementos da prova. Para o conseguir, � essencial seguir protocolos especializados que detalhem os passos e os m�todos necess�rios para preservar e gerir adequadamente a evid�ncia. Caso contr�rio, corre-se o risco de as provas serem rejeitadas ou perderem a sua efic�cia probat�ria, o que poder� resultar na condena��o injusta de uma pessoa inocente ou na viola��o dos direitos da v�tima. Assim, � crucial analisar em profundidade o prop�sito e a import�ncia da cadeia de cust�dia, identificar os desafios que enfrenta e propor poss�veis melhorias que contribuam para alcan�ar uma justi�a eficaz e transparente.

Palavras-chave: elementos; prova; cadeia de cust�dia; Justi�a Penal.

 

Introducci�n

En la actualidad, el sistema de justicia penal en Ecuador se sustenta en un modelo oral acusatorio que enfatiza la importancia de la presentaci�n de pruebas y la construcci�n de la teor�a del caso con base en argumentos s�lidos, en total consonancia con la normativa legal y constitucional vigente. Este enfoque recalca la necesidad de obtener y presentar pruebas que respeten su integridad y autenticidad, lo cual es crucial para que la autoridad judicial se forme criterios s�lidos y equitativos.

A diferencia de otras ramas del derecho, el �mbito penal no solo busca proteger bienes jur�dicos, sino tambi�n salvaguardar la integridad y presunci�n de inocencia de las personas procesadas, y asegurarles el pleno ejercicio de sus derechos durante todo el proceso penal. Adem�s, se procura limitar el poder del Estado para evitar un ejercicio autoritario en la administraci�n de justicia penal, pues el Estado con ciertas excepciones deber� velar por los derechos de todas las personas sin discriminaci�n y por el alcance de la justicia. Lo antes indicado puede ser corroborado con la revisi�n del Art. 1 del COIP, que contiene las finalidades del cuerpo normativo.

En este contexto, las autoridades judiciales contribuyen al alcance de este objetivo, pero no desempe�an un papel protag�nico. En los procesos penales es la Fiscal�a quien dispone de diversas herramientas para descubrir la verdad y determinar la responsabilidad de los actos cometidos. No obstante, se espera que la Fiscal�a act�e con objetividad en su b�squeda de la verdad, colaborando estrechamente con funcionarios aliados como agentes policiales, peritos t�cnicos, y miembros de criminal�stica, todos integrantes del Sistema Especializado Integral de Investigaci�n, Medicina Legal y Ciencias Forenses, cuyo conocimiento contribuye al alcance de la justicia; no solo con elementos de cargo sino tambi�n de descargo.

Asimismo, las defensas t�cnicas, en virtud de estos conocimientos, disponen de herramientas para proteger los derechos de sus representados y contribuir al esclarecimiento de los hechos, lo cual se lleva a cabo a trav�s de la pr�ctica oral en audiencia y a partir de la realizaci�n de diligencias �tiles, garantizando la transparencia y eficacia en los procesos penales.

En este sentido, la cadena de custodia emerge como una pr�ctica importante para la conservaci�n y gesti�n de los elementos de evidencia que proporcionan informaci�n acerca de los sucesos y las personas involucradas en los mismos. De esta forma, el presente art�culo encaminado al an�lisis de la cadena de custodia se rige por varios objetivos que trazan la gu�a para el desarrollo de este trabajo investigativo.

En lo principal, se pretende analizar la cadena de custodia en el sistema jur�dico ecuatoriano y su impacto en la valoraci�n probatoria, con el fin de proponer ciertas recomendaciones que fortalezcan su implementaci�n y contribuyan a la transparencia y confiabilidad en el sistema de justicia penal. Para ello se han trazado tres objetivos espec�ficos encaminados a lo siguiente; en primer lugar, se examinar� la normativa legal vigente en Ecuador relacionada con la cadena de custodia, identificando posibles ambig�edades o deficiencias que afecten su aplicaci�n. Esta exploraci�n permitir� comprender el marco legal que regula a la cadena de custodia y se�alar posibles �reas de mejora para garantizar su eficacia.

En segundo lugar, se investigar� la aplicaci�n pr�ctica de la cadena de custodia en instancias judiciales, identificando los desaf�os y obst�culos que puedan afectar su correcta implementaci�n y confiabilidad de la prueba presentada. Este an�lisis se realizar� a trav�s del estudio de la realidad socio-jur�dica con el fin de comprender los problemas reales que se enfrenta al manejar, conservar o trasladar elementos bajo cadena de custodia y con ello las consecuencias o repercusiones en la administraci�n de justicia penal y en la tutela de derechos.

Finalmente, se busca generar conclusiones y recomendaciones a partir de los objetivos espec�ficos mencionados, con el fin de contribuir a la academia con criterios relacionados al correcto manejo y preservaci�n de la cadena de custodia. Estas conclusiones que forman parte de la discusi�n del art�culo servir�n como base para fortalecer la implementaci�n transparente y efectiva de la cadena de custodia en el sistema jur�dico ecuatoriano y mejorar la valoraci�n probatoria en los procesos penales.

 

Objetivos

Objetivo General

�         Analizar la cadena de custodia en el sistema jur�dico ecuatoriano y su influencia en la valoraci�n probatoria, en concordancia con el C�digo Org�nico Integral Penal y la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, con el fin de proponer recomendaciones que fortalezcan su implementaci�n y contribuyan a la transparencia y confiabilidad en el sistema de justicia.

Objetivos Espec�ficos

�         Examinar la normativa legal vigente en Ecuador relacionada con la cadena de justicia, identificando posibles lagunas o ambig�edades que puedan afectar su aplicaci�n.

�         Investigar la aplicaci�n pr�ctica de la cadena de custodia en instancias judiciales, identificando los desaf�os y obst�culos que puedan afectar su correcta implementaci�n y la confiabilidad de la prueba presentada.

�         Generar conclusiones y recomendaciones a partir de los objetivos 2.2.1 y 2.2.2 con la finalidad de contribuir a la academia con criterios relacionados al correcto manejo y preservaci�n de la cadena de custodia.

 

Marco Te�rico

Previamente a iniciar una etapa de an�lisis de la cadena de custodia en el sistema de justicia penal ecuatoriano se vuelve relevante entender ciertas generalidades. La cadena de custodia seg�n la Fiscal�a General del Estado (por sus siglas, FGE) es �el procedimiento t�cnico que garantiza la autenticidad de los elementos de prueba recolectados y periciados� (2019, p�g. 10).

De esta manera, este procedimiento ser� un procedimiento de control, el cual se aplicar� frente a los indicios existentes respecto de un presunto hecho delictivo, ya sean estos, la existencia o hallazgo de una mancha, un objeto o un producto en consecuencia de la realizaci�n de un delito. Esto inicia desde que se localizan estos indicios materiales para continuar con el proceso de preservaci�n de los mismos hasta su entrega a la autoridad judicial competente quien analizar� bajo ciertos par�metros la autenticidad y el correcto manejo de la cadena de custodia con la finalidad de establecer su validez.

La cadena de custodia, adem�s, seg�n Salamea (2013) se define como:

Aquellos procedimientos t�cnicos y documentales m�nimos, que forman parte de los deberes de recolecci�n, conservaci�n y custodia, que tienen los polic�as, fiscales y jueces en las diferentes etapas del Proceso Penal y que garantizan la identidad e integridad de los medios de prueba materiales desde su extracci�n, hasta el momento de su an�lisis por el laboratorio o su valoraci�n por el tribunal, permitiendo que mantenga inalterado su potencial para producir la convicci�n probatoria con relaci�n al hecho con el cual se les relaciona, todo ello con respeto absoluto del derecho del imputado a la regularidad del procedimiento y a la sentencia justa (como se cit� en Fiscal�a General del Estado, 2019, pp. 9-10) .

A partir de la cita incluida en el presente apartado, se pueden identificar ciertas caracter�sticas relacionadas a la cadena de custodia. Primero, la cadena de custodia permite la recolecci�n, conservaci�n y protecci�n de los indicios materiales de un hecho delictivo, los cuales podr�n constituir evidencias o medios probatorios en el proceso penal correspondiente. Esta cadena de custodia deber� ser manejada por autoridades espec�ficas que gocen de competencia para tal actividad hasta su presentaci�n ante la autoridad judicial encargada del proceso penal. Con el correcto manejo por parte del personal especializado y capacitado se podr� contribuir al adecuado mantenimiento y preservaci�n del objeto material o indicio que podr� servir como prueba.

En este sentido, el art�culo 456 del C�digo Org�nico Integral Penal (por sus siglas COIP) define brevemente a la cadena de custodia y establece el objeto de la misma, el cual se traduce en garantizar la autenticidad de los elementos de prueba, acreditar su identidad y estado original. Este art�culo dispone que quienes mantendr�n la competencia para el manejo, recolecci�n, env�o, an�lisis y conservaci�n de estos indicios o elementos materiales son todos aquellos que integran el Sistema Especializado Integral de Investigaci�n, de Medicina Legal y Ciencias Forenses; autoridades y funcionarios en materia de tr�nsito y los/as servidores/as p�blicos/as y particulares relacionados con los elementos objeto de custodia.

El proceso que rige el manejo de la cadena de custodia se detalla en el mismo articulado. Sin embargo, cabe se�alar que cada elemento u objeto dependiendo de la rama profesional a la que pertenezcan, estar� sujeto a un procedimiento especializado. Estos procedimientos est�n integrados en distintos protocolos que detallan paso a paso los lineamientos para preservar y manejar correctamente los elementos bajo cadena de custodia. Es importante se�alar que estos protocolos y elementos pueden no ser de conocimiento general, pero el personal competente est� obligado a estar familiarizado con ellos (Dur�n, 2023).

Los art�culos 457 y 458 del mismo cuerpo normativo establecen la importancia de la preservaci�n y adecuado manejo de la cadena de custodia porque como bien se ha dicho de esto depende que la prueba sea incorporada al procedimiento como prueba v�lida que influya en la decisi�n que tome el juez o jueza encargado/a del proceso penal (C�digo Org�nico Integral Penal, 2014). La valoraci�n probatoria de forma imparcial y transparente servir� incluso para hacer valer los derechos constitucionales de las partes procesales. As�, una autoridad judicial competente declarar� como v�lidos aquellos elementos cuyo tratamiento se haya apegado a los principios de legalidad, autenticidad, y sometimiento a la cadena de custodia y el grado de aceptaci�n t�cnica y cient�fica.

Estos elementos correctamente conservados son aquellos testigos �mudos� como la doctrina lo ha denominado, los cuales mantienen estrecha relaci�n con el hecho delictivo, pues dar�n respuestas t�cnicas respecto de c�mo sucedieron los hechos y qui�nes se ven involucrados en el cometimiento del mismo. Por ejemplo, en los delitos contra la inviolabilidad de la vida o contra la integridad sexual es necesario someter ciertos elementos a cadena de custodia; estos elementos podr�n variar desde un cabello, pelos, armas, huellas, fluidos, entre otros. En cambio, aquellos delitos que ocurren a trav�s de medios digitales ameritan un tratamiento especializado y t�cnico por parte de los peritos inform�ticos acreditados, por ejemplo, en delitos como violaci�n a la intimidad (Fiscal�a General del Estado, 2019)

El C�digo Org�nico Integral Penal ha establecido una serie de procesos que forman parte de la cadena de custodia. Es importante destacar estos procesos para comprender todas las etapas en las que las autoridades competentes deben manejar con cuidado y responsabilidad los elementos que servir�n como medios probatorios. Dichas etapas incluyen la recolecci�n, env�o, manejo, an�lisis y la conservaci�n de evidencia (Campos, 2002).

�La recolecci�n es el levantamiento de los indicios de forma adecuada, protegiendo cada elemento y evitando ocasionar alguna ruptura, manipulaci�n directa causando contaminaci�n o da�os generales. Para realizar este paso es necesario tomar los elementos haciendo uso de pinzas, guantes, cintas adhesivas, bolsas, cajas, recipientes, etc. La t�cnica para recolecci�n se emplear� tomando en cuenta el elemento que deben manipular; asimismo, el procedimiento cambiar� seg�n el objeto, ya sea, un cuchillo, armas, huellas, etc. Para efectuar correctamente la recolecci�n deber� describir el lugar exacto en el que se recolectaron tales elementos. Todo esto deber� ir acompa�ado de evidencia fotogr�fica (Amaya, 2016).

Posterior a la etapa mencionada, los indicios recogidos deber�n ser etiquetados para su individualizaci�n. Esta etiqueta llevar� el �d�a, hora, lugar y circunstancia en la que fueron obtenidos, al igual que los n�meros de investigaci�n previa, de oficio y de indicio correspondiente, condiciones en los que se encuentran, nombre del perito o peritos que intervinieron en la diligencia� (Fiscal�a General del Estado, 2019, p. 10).

Respecto del env�o, este consiste en el traslado de los elementos obtenidos y recogidos hacia los laboratorios, almacenes o bodegas donde reposar�n las evidencias hasta que exista una orden judicial de entrega hacia alg�n funcionario judicial o t�cnico competente para conocer y manejar la cadena de custodia, por ejemplo, peritos acreditados. O, bien puede darse el traslado de los elementos directamente hacia la autoridad judicial para su revisi�n y posterior toma de decisiones.

Cuando se almacena o conserva la cadena de custodia en un lugar determinado, esta deber� permanecer bajo las condiciones t�cnicas necesarias para preservar su calidad, esto se realizar� desde el inicio de la recolecci�n y env�o hasta la entrega de los elementos al juez, o en su defecto cuando se ordene judicialmente la destrucci�n o devoluci�n del mismo.

Respecto del an�lisis de los indicios conservados bajo cadena de custodia, aquel procedimiento permitir� vincular la existencia del hecho delictivo con el autor o autores del mismo. Esto depender� del trabajo que se realice en los laboratorios o del informe t�cnico realizado por los peritos, en el que se detalla la descripci�n del contenido de los hallazgos o indicios junto a argumentos t�cnico-cient�ficos que facilitan la comprensi�n de los datos t�cnicos observados en relaci�n a los hechos pr�cticos y su repercusi�n en el proceso penal.

Finalmente, la conservaci�n de estos elementos o indicios recogidos deber� estar presente en todo el procedimiento de la cadena de custodia para garantizar su legalidad y legitimidad. Se conservar�n los indicios con las t�cnicas de criminal�stica respectivas y de acuerdo a la normativa legal vigente (Fiscal�a General del Estado, 2019).

Las etapas por las que pasa la cadena de custodia deben ser llevadas a cabo con calidad, continuidad y se debe contar con la documentaci�n por cada una de las etapas en el manejo de los elementos en cadena de custodia. Esto lo se�ala Moreno (2014), quien, adem�s, lo vincula con la necesidad de que la cadena de custodia mantenga su capacidad demostrativa respecto de la escena delictiva (como se cit� en Gamboa s.f.). Para esto deber� ser tratada bajo los par�metros t�cnicos y normativos que permitan observar su autenticidad e integridad, caso contrario no existir� valoraci�n probatoria tal que permita tomar una decisi�n objetiva basada en elementos contundentes.

El cuidado y preservaci�n de la cadena de custodia iniciar� mucho antes de rotular y etiquetar los indicios o elementos materiales, pues, el procedimiento meticuloso y minucioso para su cuidado y conservaci�n tendr� lugar desde que se acude a la escena del crimen, de ser el caso. Desde su recolecci�n es importante manejar los elementos de forma adecuada, caso contrario, la posibilidad de que estos se deterioren derivar� en la p�rdida de la capacidad demostrativa y en la invalidez de los elementos probatorios (Gamboa, s.f.)

Por su parte, la Norma Suprema ecuatoriana establece normas generales a todo proceso, sea este judicial o administrativo, y entre sus disposiciones agrega que es imprescindible la obtenci�n legal de los medios probatorios para acceder a una justicia transparente y no vulnerar los derechos de las partes procesales. As�, el art�culo 76 numeral 4 expone que: �Las pruebas obtenidas o actuadas con violaci�n de la Constituci�n o la ley no tendr�n validez alguna y carecer�n de eficacia probatoria� (Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, 2008). Adem�s, la Constituci�n integra en su texto normativo la existencia de principios procesales a respetar, como la imparcialidad, y derechos como el debido proceso, la seguridad jur�dica y la tutela judicial efectiva. En consecuencia, la cadena de custodia correctamente manejada constituye un mecanismo para garantizar la justicia.

La cadena de custodia se erige como un elemento esencial en los procedimientos penales, garantizando as� el debido proceso y la efectividad de la justicia penal. En estos procesos judiciales, no basta �nicamente con pruebas testimoniales; es imperativo corroborar los hechos de forma t�cnica-cient�fica. Este enfoque permite tomar decisiones objetivas, tras una comprensi�n cabal de los hechos en cuesti�n.

Este aspecto cobra mayor relevancia durante las etapas de proceso, ya que en evaluaci�n y preparatoria de juzgamiento se tiene que realizar un examen de admisibilidad de las pruebas y estas pueden ser rechazadas, inadmitidas o excluidas, aquello puede darse en caso de que tales pruebas sean ilegales o il�citas; mientras que, en el caso de haber sido admitidas es en juicio en donde los jueces realizan un nuevo an�lisis de la prueba pero esta vez no est� destinado a evaluar y decidir sobre su admisibilidad o inadmisibilidad, sino, a su efectiva valoraci�n o no.

Como se mencion�, cualquier intervenci�n incorrecta que viole los derechos fundamentales de la persona acusada inevitablemente resultar� en una resoluci�n a su favor. Esto sucede incluso si el contenido de la prueba aparentemente lo vincula de manera il�cita con el caso bajo investigaci�n, ya que es imposible condenar a un individuo con pruebas que resulten ser ileg�timas (Campos, 2002).

En el campo pr�ctico, habr� que vincular el correcto o incorrecto manejo de los elementos bajo cadena de custodia con sus posibles repercusiones en la decisi�n judicial, pues, de ser manejados correctamente aparece una efectiva protecci�n de derechos a trav�s del sistema de justicia penal; pero, si la manipulaci�n o un procedimiento no se realiza de acuerdo con la normativa resulta evidente que esas pruebas no ser�n elementos suficientes para que la autoridad judicial competente se forme un criterio objetivo que favorezca a una partes con total neutralidad e imparcialidad. Esto coloca en desventaja a una de las partes procesales debido al mal manejo de estos elementos por parte de funcionarios p�blicos que est�n llamados constitucionalmente a la protecci�n de los derechos y al alcance de la justicia (�valos, 2020).

Tanto en Ecuador como en algunos otros pa�ses de Latinoam�rica los sistemas de justicia son indispensables para garantizar una correcta protecci�n de los derechos de todas las personas. Incluso estos sistemas para garantizar la justicia se convierten en un mecanismo que busca equiparar las condiciones socioecon�micas de aquellas personas que enfrentan desigualdades estructurales. As�, los juzgadores est�n llamados a tutelar derechos de manera imparcial, transparente, eficaz y protegiendo derechos constitucionales.

Sin embargo, el fen�meno de la corrupci�n a nivel de la regi�n constituye una problem�tica alarmante que ha socavado el Estado de Derecho, pues influye de forma directa en la administraci�n de justicia, alcanzando esta tan anhelada �justicia� �nicamente quienes cuentan con poder adquisitivo o fuertes influencias sociopol�ticas. Lamentablemente, este es un factor que influye en la cadena de custodia pues son los agentes policiales o funcionarios acreditados quienes manejan los procesos para el traslado y manipulaci�n de los elementos en cadena de custodia, pues siendo estos elementos determinantes para tomar decisiones fundamentadas, t�cnicas y objetivas, varios funcionarios pueden incurrir voluntariamente en su deterioro, desaparici�n, da�o, etc., incluso el juzgador puede declarar la invalidez de la prueba sin fundamentaci�n s�lida. Y aunque la legislaci�n ampare y otorgue la posibilidad de impugnar ciertas pruebas, de iniciar acciones que protejan y tutelen derechos, o de plantear recursos que revisen ciertas ilegalidades en el proceso, esto no ser� suficiente cuando se desestime una prueba de gran valor y se juzgue penalmente a un inocente o se deje en desprotecci�n a la v�ctima.

Adem�s, el sistema judicial penal ecuatoriano carece de mecanismos actuales que hacen que ciertas pr�cticas consideradas aparentemente nuevas vayan perdiendo su eficacia frente a la tutela de derechos y b�squeda de la justicia. M�s a�n cuando nos hallamos en medio de una sociedad que avanza r�pidamente debido a la evoluci�n de la tecnolog�a y a las diferentes formas de vida. Por tanto, el no contar con presupuesto suficiente para actualizar sistemas inform�ticos, para adquirir tecnolog�a m�s avanzada, capacitar constantemente al personal, actualizar documentos normativos, y realizar investigaci�n constante, hace que algunos procesos no sean los adecuados o que no se brinde un servicio criminal�stico y penal integral que proteja efectivamente los elementos bajo cadena de custodia y con esto la justicia penal objetiva.

Para todo lo mencionado, incluidas las barreras que enfrenta el sistema judicial penal ecuatoriano se vuelve imprescindible contar con una actuaci�n judicial efectiva por parte del juzgador o juzgadora conocedores de la causa, la Fiscal�a y las defensas t�cnicas. Pues son estos quienes conducir�n el curso del proceso y podr�n hacer que se ejerza una correcta administraci�n de justicia. Para ello la actualizaci�n de conocimientos y manejo de normativa procesal penal es fundamental, sin descartar la aplicaci�n de la Constituci�n y sus principios encaminados a garantizar el debido proceso. Para garantizar este derecho es necesario ejercer un correcto manejo e incorporaci�n de las pruebas sometidas a la cadena de custodia, lo cual permitir� esclarecer los hechos materia del delito y proteger derechos de la v�ctima o del procesado.

Valdr� la pena recalcar que depende del correcto desenvolvimiento de los procesos penales hacer prevalecer los principios de imparcialidad, oportunidad, presunci�n de inocencia y legalidad. Esto dado que, siguiendo adecuadamente las etapas o procesos destinados a la manipulaci�n y conservaci�n de la cadena de custodia, los elementos probatorios ser�n valorados correctamente sin riesgo de ser excluidos porque generan convicci�n suficiente y certezas que permitir�n la toma de decisiones judiciales fundamentadas (Gamboa, s.f.).

 

Discusi�n

Tras realizar un breve recorrido que permite identificar el papel que juega la cadena de custodia en la administraci�n de justicia penal y en la garant�a de derechos constitucionales como el debido proceso, conviene poner en discusi�n ciertos par�metros que motivan a la reflexi�n y a la generaci�n de propuestas efectivas que permitan un correcto manejo de los procesos y el respeto al esp�ritu garantista de la Norma Suprema.

Si bien existen protocolos especializados para realizar los procesos necesarios y llevar a cabo los estudios t�cnicos de los elementos en cadena de custodia, estos lineamientos t�cnicos deben ser conocidos principalmente por los abogados que ejercen la defensa t�cnica de las partes procesales, Fiscal�a y la autoridad judicial que sustancia la causa; con esto se facilita verificar si la cadena de custodia cumple los par�metros de legalidad y supervisar si contraviene la Constituci�n o no. Aunque con el mal manejo de los elementos custodiados no se declarar� totalmente la ilegalidad de la prueba, esta pierde la fuerza probatoria, dejando en desventaja a la parte procesal que se iba a ver favorecida por los elementos bajo cadena de custodia.

La cadena de custodia deber� ser manejada por conocedores de la criminal�stica; sin embargo, deber�a asegurarse que todos quienes forman parte del Sistema Especializado Integral de Investigaci�n, de Medicina Legal y de Ciencias Forenses cuenten con experiencia y experticia en el manejo de estos elementos y con ello, contribuyan a la realizaci�n de la justicia.

En un sistema de justicia que se encuentra en declive y que ha sido rechazado por actos de corrupci�n y negligencia es necesario reestructurar este sistema, iniciando por el mantenimiento de la transparencia y la supervisi�n de las actuaciones judiciales. Adem�s, ser� necesaria la capacitaci�n y actualizaci�n constante de las autoridades judiciales y los peritos acreditados. En este sentido, los recursos financieros deber�n estar destinados correctamente al desarrollo del sistema de justicia penal y a hacer valer la normativa y la Constituci�n mediante acciones pr�cticas como las que se han planteado en esta secci�n. No obstante, resulta ut�pico cambiar el sistema de justicia en su totalidad debido a las m�ltiples barreras que enfrentamos como Estado, en este caso, conviene educar a las generaciones sobrevinientes en �tica, transparencia y justicia para que sean estos los que promuevan y exijan actuaciones adecuadas y respetables por parte de fiscales, abogados, jueces y funcionarios en general.

Las inconsistencias de cualquier tipo durante el curso del proceso penal tienen algunas v�as id�neas para su reclamo o sanci�n. El C�digo Org�nico Integral Penal y la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador impiden otorgarle validez a pruebas obtenidas vulnerando derechos o contraviniendo disposiciones legales y constitucionales, es por esta raz�n que la ley penal contempla en su procedimiento la posibilidad de objetar ciertas pruebas para que no sean declaradas como parte del proceso penal, adem�s, este C�digo contempla algunas sanciones del tipo penal para aquellas personas que han obtenido ilegalmente ciertas pruebas y buscan interferir con la justicia, delito penal de fraude procesal; sin descartar la posibilidad de acudir a la v�a administrativa para sancionar a los funcionarios que incurran en actitudes inconstitucionales que desencadenan vulneraciones de derechos e interferencia con la administraci�n de justicia.

Finalmente, una posible recomendaci�n frente a estas problem�ticas que enfrentan las partes procesales cuando existen elementos bajo cadena de custodia imprescindibles para la resoluci�n del proceso penal es trabajar de forma integral y conjunta desde la Academia, organizaciones sociales que trabajan en favor del alcance de la justicia penal, autoridades judiciales, abogados litigantes y personal t�cnico. Esto con la finalidad de, primero, consolidar la normativa t�cnica penal respecto de la cadena de custodia, esclarecer criterios y unificarlos, y, luego, es pertinente elaborar un sistema inform�tico, automatizados que permita verificar las actuaciones procesales realizadas respecto del manejo de la cadena de custodia. De esta forma se podr� verificar detalladamente el trabajo que ha realizado cada uno de los encargados de manejar o conservar la cadena de custodia, y mantener respaldos de todo lo actuado.

 

Conclusiones

En lo principal, cabe mencionar que no en todos los procesos penales existe un manejo incorrecto de los objetos materiales bajo cadena de custodia, mismos que podr�n constituir medios probatorios decisivos. Para identificar aquellos procesos penales en los que efectivamente exista un mal manejo de estos objetos, ser�n las partes procesales y las autoridades judiciales quienes eval�en minuciosamente las actuaciones de las partes. Para realizar esta evaluaci�n es necesario hacer uso de los documentos oficiales relacionados al manejo de la cadena de custodia, estos son generalmente protocolos espec�ficos que se�alan la ruta para actuar frente al manejo de una cadena de custodia que busca preservar sustancias qu�micas, armas, explosivos, elementos biol�gicos, contenedores etc. Adem�s del uso del C�digo Org�nico Integral Penal y de las normas generales a todo proceso contenidas en el Art. 76 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador.

La administraci�n de justicia puede dar paso a pruebas contaminadas por un incorrecto manejo de la cadena de custodia, o bien, puede eliminarlas si se observa alguna irregularidad en el manejo y preservaci�n de la misma. En estos casos, si estos elementos que pudiesen constituir pruebas son determinantes para la resoluci�n del caso concreto, las defensas t�cnicas deber�n acudir a estrategias de litigio penal y procesal para advertir un posible manejo err�neo de los elementos bajo cadena de custodia o la identificaci�n de pruebas aceptadas por el juzgador cuando existen indicios de haber sido tratados sin estricto apego a la normativa contenida en los protocolos espec�ficos que precautelan el contenido y la veracidad de las sustancias u objetos bajo cadena de custodia.

Por lo general, en los procesos penales, las partes podr�n incorporar pruebas testimoniales, materiales y periciales, cabe se�alar que estas se complementan, ninguna podr� sustituir a la otra; sin embargo, existen pruebas m�s contundentes que otras para la toma de decisiones dentro de un proceso de car�cter penal. Aunque un juicio de este tipo podr� incluir testimonios relatando los hechos, estos podr�n ser respaldados por las pruebas materiales y de ser necesario por evaluaciones periciales. Estos objetos que formar�n parte de la prueba material deber�n ser incorporados manteniendo la integridad del objeto; con ello es posible evidenciar qu� fue lo que ocurri� y de qu� manera.

Pues bien, se sabe que la prueba testimonial ha sido objeto de cr�tica e inconformidades debido a las personas que se prestan para emitir testimonios inventados o modificados para motivar o encauzar la decisi�n del juez hacia alg�n punto espec�fico, perdi�ndose el esp�ritu de la justicia y de la valoraci�n probatoria, m�s a�n, se contraviene principios y normas procesales necesarias para la administraci�n de justicia. Lo mismo sucede con la cadena de custodia cuando son los funcionarios responsables de su manejo, cuidado y preservaci�n quienes por descuido o de forma deliberada contaminan estos objetos materiales. A partir de esto, tampoco es posible obtener una verdadera justicia penal.

Adicional a todo lo mencionado, existe una realidad un tanto compleja frente al manejo de la cadena de custodia y la identificaci�n de alguna mala pr�ctica o mal manejo de la misma. Pues, aunque varios profesionales del Derecho han estudiado el manejo de estos elementos materiales bajo cadena de custodia, es con la pr�ctica continua que estas personas podr�n identificar el correcto o incorrecto manejo de la cadena de custodia. Sin embargo, no es tan sencillo acceder a estas pr�cticas y observar detalladamente c�mo se maneja una cadena de custodia porque ser�n los funcionarios p�blicos y el personal especializado los encargados de vigilar y mantener los objetos en su correcto estado y bajo las condiciones de seguridad necesarias. Es entonces que esta informaci�n y documentaci�n se mantiene restringida, lo cual dificulta la revisi�n de los elementos materiales y la informaci�n acerca de las actuaciones que realiza el personal encargado. Solamente bajo la autorizaci�n de las autoridades competentes se tendr� acceso a la revisi�n de la informaci�n que maneja el personal especializado respecto de la cadena de custodia.

Para evitar estos inconvenientes ser�a favorable que, a trav�s de la tecnolog�a y la automatizaci�n de procesos se pueda tener acceso a esta informaci�n que deber� estar resguardada, pero quienes sean autorizados para ingresar a estos datos lo puedan hacer de una forma efectiva que permita dar seguimiento al manejo de esta cadena de custodia y verificar cualquier inconsistencia para evitar posibles actuaciones que deterioren los elementos y menoscaben su integridad.

 

Recomendaciones

Muchas veces los encargados de manejar la cadena de custodia no reciben capacitaciones continuas que contribuyan a la actualizaci�n de sus conocimientos, lo mismo sucede al evidenciar la falta de actualizaci�n de ciertos mecanismos y protocolos que sirven para actuar frente a una cadena de custodia y sobre todo para garantizar la integridad de la evidencia. Esto puede derivar en errores en la recolecci�n, almacenamiento y transporte de las pruebas, comprometiendo su validez en el proceso judicial. Es por ello que es recomendable que el Estado dirija parte de presupuesto a la capacitaci�n y actualizaci�n de conocimientos contin�a dirigidas al personal que hace parte de la administraci�n p�blica, principalmente al personal especializado para el manejo de estos elementos, lo cual ser� determinante para la administraci�n efectiva de la justicia.

Adem�s, la falta de una infraestructura efectiva, actualizada, adaptada a los mecanismos tecnol�gicos hacen que el almacenamiento e investigaci�n de los elementos sean un problema, pues pueden contaminarse. Si no hay material para los estudios respectivos, se retrasa y no es �til mantener esos elementos, se pueden degradar las pruebas y por ende el hallazgo de la verdad y la prueba de los hechos. Por eso se deben mejorar las instalaciones de almacenamiento de evidencia para garantizar condiciones adecuadas de preservaci�n y seguridad. Esto incluye la implementaci�n de sistemas de control de acceso y vigilancia para prevenir la manipulaci�n o la p�rdida de evidencia.

La cadena de custodia requiere una supervisi�n constante para garantizar su integridad. Sin embargo, en ocasiones, no se establecen mecanismos efectivos de supervisi�n y control, lo cual aumenta el riesgo de manipulaci�n o alteraci�n de la evidencia. Por eso se recomienda mecanismos digitales que permitan un control y una supervisi�n eficiente, con el fin de que quienes sean parte del proceso y se hallen autorizados puedan revisar el estado de cada elemento y la informaci�n acerca de qui�n est� encargada de preservar la evidencia, c�mo se ha manipulado cada elemento y con qu� finalidad. Adicional a ello debe tomarse en cuenta que se deben establecer protocolos estandarizados para el manejo de la cadena de custodia en todas las instituciones relevantes. Esto ayudar� a garantizar la coherencia en los procedimientos y reducir� el riesgo de errores o malas pr�cticas.

En cuanto a la colaboraci�n entre diferentes instituciones involucradas en el manejo de la cadena de custodia como la polic�a, fiscales y laboratorios forenses, puede ser en muchos casos deficiente. Esto puede provocar retrasos en la transferencia de evidencia, errores de comunicaci�n y falta de coherencia en los procedimientos. Es por esta raz�n que se vuelve necesario recomendar que se promueva una mayor colaboraci�n y coordinaci�n entre las instituciones involucradas en el manejo de la cadena de custodia. Esto se podr� lograr a trav�s de la creaci�n de grupos de trabajo interinstitucionales y la implementaci�n de sistemas de comunicaci�n digitales y eficientes.

No est� dem�s mencionar que, se debe trabajar tambi�n en el fortalecimiento de la institucionalidad y en la transparencia de quienes conforman la administraci�n de justicia. Con esto, quienes hacen uso del sistema judicial para que se garanticen sus derechos podr�n continuar creyendo y confiando en las actuaciones de la administraci�n p�blica y de los funcionarios judiciales. Esta transparencia ser� imprescindible para la garant�a de la justicia penal, pues, de caer en actos de corrupci�n es muy probable que los elementos bajo cadena de custodia no sean manejados de acuerdo a los protocolos establecidos y tampoco se tome en cuenta la evaluaci�n de la integridad de los elementos probatorios. Es muy probable entonces que, se pase por alto las actuaciones procesales irregulares y se tome decisiones sin un estricto apego a las normas de procedimiento, sino m�s bien, estas responder�n a intereses particulares.

Dejar pasar por alto pruebas irregulares sin un correcto manejo de la cadena de custodia hace posible la edificaci�n de una cadena de corrupci�n y la perpetuaci�n de una administraci�n de justicia ineficiente. De esta forma la poblaci�n deja de confiar en el sistema de justicia y en la administraci�n p�blica en general. Con ello ciertos derechos se ven menoscabados y el Estado pierde el control de sancionar a verdaderos sujetos penalmente responsables por el cometimiento de actos il�citos que contravienen la norma y la estabilidad social e institucional.

 

Referencias

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