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Normativa reguladora del sistema de rehabilitaci�n y reinserci�n de adolescentes infractores

 

Regulations governing the rehabilitation and reintegration system for juvenile offenders

 

Regulamentos que regem o sistema de reabilita��o e reintegra��o de adolescentes delinquentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: iluisa@indoamericaedu.ec

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 20 de julio de 2024 *Aceptado: 13 de agosto de 2024 * Publicado: �03 de septiembre de 2024

 

        I.            Estudiante de la Universidad Indoam�rica Carrera de Derecho, Ambato, Ecuador.

      II.            Licenciado en Ciencias Pol�ticas, Abogado de los Juzgados y Tribunales del Ecuador, Doctor en Jurisprudencia, Mag�ster en Derecho Penal y Procesal Penal y Mag�ster en Administraci�n y Docencia Universitaria; Docente a tiempo completo de la Facultad de Jurisprudencia Ciencias Pol�ticas y Econ�micas Carrera de Derecho de la Universidad Tecnol�gica Indoam�rica, Ecuador.

 

Resumen

Este art�culo analiza la efectividad de las normas que regulan el sistema de rehabilitaci�n y reintegraci�n de adolescentes infractores en Ecuador. La investigaci�n, cualitativa y cr�tico-propositiva, eval�a exhaustivamente la aplicaci�n de estas normas, destacando la necesidad de enfoques rehabilitadores para prevenir transgresiones futuras y promover la justicia social. Los adolescentes, vulnerables a influencias negativas y la falta de recursos esenciales, corren un mayor riesgo de involucrarse en conductas delictivas. En Ecuador, los altos �ndices de criminalidad juvenil, relacionados con la pobreza, subrayan la urgente necesidad de reformas estructurales. El estudio se basa en el an�lisis de textos acad�micos, art�culos de medios de comunicaci�n, datos estad�sticos e informes de visitas a los Centros de Adolescentes Infractores, revisando la estructura de estos sistemas y las normas nacionales e internacionales. Para ser efectivos, los programas de rehabilitaci�n deben integrar terapias, educaci�n y actividades culturales y laborales, adoptar un enfoque basado en derechos humanos y asegurar la colaboraci�n entre entidades estatales, locales y la sociedad.

Palabras Clave: adolescentes infractores; rehabilitaci�n; reintegraci�n; regulaci�n; normas fundamentales.

 

Abstract

This article analyses the effectiveness of the norms that regulate the rehabilitation and reintegration system for adolescent offenders in Ecuador. The qualitative and critical-propositional research comprehensively evaluates the application of these norms, highlighting the need for rehabilitative approaches to prevent future transgressions and promote social justice. Vulnerable to negative influences and lack of essential resources, adolescents are at greater risk of engaging in delinquent behaviour. In Ecuador, high rates of juvenile crime, related to poverty, underline the urgent need for structural reforms. The study is based on the analysis of academic texts, media articles, statistical data and reports of visits to the Adolescent Offender Centres, reviewing the structure of these systems and national and international standards. To be effective, rehabilitation programmes must integrate therapies, education and cultural and labour activities, adopt a human rights-based approach and ensure collaboration between state and local entities and society.

Keywords: adolescent offenders; rehabilitation; reintegration; regulation; fundamental norms.

 

Resumo

Este artigo analisa a efic�cia das normas que regulam o sistema de reabilita��o e reintegra��o de adolescentes delinquentes no Equador. A investiga��o qualitativa e cr�tico-proposicional avalia exaustivamente a aplica��o destas normas, destacando a necessidade de abordagens reabilitativas para prevenir futuras transgress�es e promover a justi�a social. Vulner�veis ​​a influ�ncias negativas e � falta de recursos essenciais, os adolescentes correm um risco acrescido de se envolverem em comportamentos criminosos. No Equador, as elevadas taxas de criminalidade juvenil, associadas � pobreza, sublinham a necessidade urgente de reformas estruturais. O estudo baseia-se na an�lise de textos acad�micos, artigos de comunica��o social, dados estat�sticos e relat�rios de visitas a Centros de Adolescentes Infratores, revendo a estrutura destes sistemas e normas nacionais e internacionais. Para serem eficazes, os programas de reabilita��o devem integrar terapias, educa��o e atividades culturais e laborais, adotar uma abordagem baseada nos direitos humanos e garantir a colabora��o entre as entidades estatais e locais e a sociedade.

Palavras-chave: adolescentes delinquentes; reabilita��o; reintegra��o; regulamento; regras fundamentais.

 

Introducci�n

La adolescencia se reconoce como un per�odo cr�tico en la formaci�n de valores y principios, sentando las bases para futuras decisiones. En esta etapa crucial del desarrollo humano, es crucial entender y abordar las necesidades espec�ficas de este grupo demogr�fico. Los adolescentes experimentan cambios f�sicos, emocionales y sociales significativos que pueden influir en su comportamiento y toma de decisiones. La vulnerabilidad de los adolescentes emerge como un tema central, resaltando su susceptibilidad a la influencia del entorno social, que incluye factores como la familia, la escuela, los amigos y la comunidad en general. Esta etapa de transici�n puede estar marcada por la b�squeda de identidad y pertenencia, lo cual los hace m�s receptivos a las influencias externas, tanto positivas como negativas. La escasez de recursos en �reas fundamentales como la educaci�n, la vivienda y el acceso a actividades recreativas y deportivas agrava esta situaci�n, dejando a los j�venes en riesgo de caer en la delincuencia y otras conductas problem�ticas. La falta de apoyo y orientaci�n adecuada puede llevar a decisiones impulsivas y potencialmente destructivas.

Para M�ndez (2015), enfatiza que el sistema de justicia juvenil debe priorizar la rehabilitaci�n y la reintegraci�n de los j�venes infractores. Seg�n �l, es esencial asegurar su desarrollo integral y prevenir la reincidencia mediante enfoques centrados en la educaci�n y la inclusi�n social.

Partiendo de este tipo de pensamientos dentro del sistema de justicia del Ecuador, espec�ficamente en el �mbito del Derecho Penal, el tema de los adolescentes infractores representa un desaf�o crucial en la construcci�n de un estado de paz y justicia social. De aqu� surge la necesidad de sistemas de rehabilitaci�n y reinserci�n efectivos para adolescentes infractores, que no se enfoquen solo en determinar un responsable y aplicar un castigo, sino m�s bien en la prevenci�n del cometimiento de nuevos y peores delitos en el futuro. La prevenci�n y la rehabilitaci�n son esenciales para garantizar la seguridad del pa�s y la reducci�n de la reincidencia. Esto incluye programas educativos, terap�uticos y de desarrollo de habilidades que puedan ofrecer alternativas viables a la vida delictiva. Es imperativo que estos sistemas sean comprensivos y que se basen en principios de justicia restaurativa, que busquen reparar el da�o y reintegrar al infractor a la comunidad de manera constructiva.

Las tasas de criminalidad entre adolescentes var�an seg�n la regi�n y las condiciones socioecon�micas. En varios pa�ses, incluyendo actualmente a Ecuador, los j�venes son una parte considerable de la poblaci�n carcelaria. Los delitos m�s frecuentes entre ellos son el consumo y tr�fico de drogas, robos, hurtos, vandalismo, agresiones f�sicas y sexuales, as� como delitos relacionados con el uso de tecnolog�a, como el ciberacoso y la distribuci�n de material pornogr�fico. Estos comportamientos delictivos est�n determinados por factores como la falta de recursos econ�micos, la dificultad para acceder a la educaci�n y a servicios sociales, la discriminaci�n, la violencia familiar y comunitaria, y, de manera notable, la influencia de grupos delictivos que los reclutan. La marginalizaci�n y la falta de oportunidades fomentan la delincuencia juvenil, resaltando la necesidad urgente de implementar pol�ticas integrales que aborden estas causas subyacentes y promuevan un entorno m�s seguro y justo para los j�venes.

En este estudio, se propone realizar un an�lisis exhaustivo sobre la gesti�n de los Centros de Adolescentes Infractores, instituciones destinadas a menores de 18 a�os que han cometido delitos. El C�digo Org�nico de la Ni�ez y Adolescencia, estos centros deben garantizar la seguridad, el bienestar y la rehabilitaci�n de los internos. Las medidas socioeducativas implementadas tienen como objetivo principal la protecci�n y el desarrollo integral de los j�venes, as� como su reintegraci�n familiar y social. Adem�s, se busca asegurar el acceso a la educaci�n, la mejora de habilidades de trabajo, en concordancia con los derechos internacionales ratificados por Ecuador. La efectividad de estos centros depende de su capacidad para proporcionar un ambiente seguro y de apoyo, donde los j�venes puedan aprender y crecer, alej�ndose de las influencias negativas que los llevaron a delinquir en primer lugar.

Es por ello que Cillero (2012) argumenta que la privaci�n de libertad en adolescentes debe ser una medida extrema y aplicarse solo cuando sea estrictamente necesario, siempre favoreciendo alternativas socioeducativas que promuevan su desarrollo y adaptaci�n social.En este contexto, surge una discusi�n crucial sobre la adopci�n de un enfoque relacionado con los derechos humanos en la formulaci�n de pol�ticas y programas de rehabilitaci�n para los adolescentes infractores. Este enfoque no solo se orienta a garantizar el respeto y la salvaguardia de los derechos fundamentales de estos j�venes en conflicto con la ley, sino que tambi�n busca fomentar su desarrollo integral y su plena integraci�n en la sociedad. Un enfoque basado en los derechos humanos implica tratar a los adolescentes con dignidad y respeto, reconociendo su potencial para cambiar y contribuir positivamente a la sociedad. Esta primera fase del an�lisis en nuestro estudio subraya la importancia de un sistema de justicia juvenil que sea rehabilitador y restaurativo, en lugar de punitivo.

Uno de los mayores desaf�os que se presentan es el proceso de reintegraci�n de los adolescentes a la sociedad una vez que han cumplido su pena. Aqu�, es evidente la necesidad de que el Estado brinde apoyo psicosocial, educativo y laboral para facilitar una reintegraci�n exitosa, como lo estipula el art�culo 375 del C�digo Org�nico de la Ni�ez y Adolescencia. Este art�culo establece que las instituciones especializadas y el ministerio correspondiente deben encargarse del seguimiento y la evaluaci�n durante este proceso. La reintegraci�n efectiva requiere una colaboraci�n continua entre el sistema de justicia, las instituciones educativas, las organizaciones comunitarias y las familias. Los programas de mentor�a, capacitaci�n laboral y seguimiento psicol�gico son fundamentales para asegurar que los j�venes no solo eviten recaer en el delito, sino que tambi�n desarrollen una nueva perspectiva de vida basada en la inclusi�n y el respeto mutuo.

 

 

 

 

 

Desarrollo

Normativa del sistema de rehabilitaci�n

Es importante partir de la norma Internacional para ello tomamos como referencia la CDN, (Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o) de 1989, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, es un instrumento crucial donde se promueve la protecci�n y el desarrollo de los derechos humanos de los menores en todo el mundo. En sus disposiciones, se enfatiza que los menores privados de libertad deben ser tratados con respeto y dignidad. Adem�s, subraya la importancia de centrar los esfuerzos en la rehabilitaci�n y la reintegraci�n de estos j�venes en la sociedad. Es fundamental proporcionarles un entorno que fomente su desarrollo integral y que les permita adquirir las habilidades necesarias para una vida productiva y responsable.

La Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008), incorpora principios esenciales de derechos humanos y protecci�n integral para los adolescentes, destac�ndose en la rehabilitaci�n de los infractores. El Art�culo 44 establece la responsabilidad estatal de asegurar el desarrollo integral de ni�os, ni�as y adolescentes, protegi�ndolos contra explotaci�n, maltrato, abandono y violencia. Complementariamente, el Art�culo 77 garantiza que los adolescentes accedan a programas y servicios destinados a promover su desarrollo personal y social, facilitando su reintegraci�n efectiva en la comunidad y promoviendo pol�ticas que aseguren sus derechos y oportunidades equitativas para un desarrollo completo. Estas disposiciones constitucionales subrayan el compromiso del Estado ecuatoriano con la protecci�n, rehabilitaci�n y reintegraci�n social de los adolescentes, especialmente aquellos en conflicto con la ley, mediante la implementaci�n de medidas educativas, sociales y legales adecuadas.

El C�digo de la Ni�ez y Adolescencia (2013) establece que los adolescentes infractores tienen el derecho fundamental de ser escuchados en todas las fases del proceso judicial. Esto abarca el derecho a interrogar a testigos y peritos, ya sea directamente o mediante sus defensores. Este principio asegura que los j�venes participen activamente en su propio proceso legal y subraya la relevancia de su voz y opini�n en las decisiones que les conciernen.

Falconi (2000) define a un menor infractor como aquel cuya conducta es rechazada por la sociedad por violar las normas establecidas. En lugar de imponer penas de privaci�n de libertad, el Juez de la Ni�ez y Adolescencia elige corregir su comportamiento mediante medidas socioeducativas. Estas medidas tienen como objetivo educar y rehabilitar al menor, fomentando su reintegraci�n social y previniendo la reincidencia.

 

Privaci�n de libertad

Tanto la Constituci�n como el C�digo de la Ni�ez y Adolescencia establecen que la privaci�n de libertad para adolescentes infractores debe considerarse como medida de �ltimo recurso y por el per�odo m�nimo necesario. Esto refleja un enfoque progresista que busca proteger los derechos de los j�venes y promover alternativas a la reclusi�n en este mismo sentido se establece la necesidad de proteger la vida privada e intimidad de los adolescentes en todas las etapas del proceso. Esto implica que las causas deben tramitarse de manera reservada, y se proh�be la difusi�n de informaci�n que permita identificar a los adolescentes o sus familiares. Los funcionarios judiciales, administrativos y policiales tienen la obligaci�n de mantener la reserva de la informaci�n relacionada con los j�venes involucrados en procesos legales.

Pav�n y Gaona (2021) se�alan que la desigualdad sociocultural agrava las condiciones de riesgo para los adolescentes, manifest�ndose en factores de doble vulnerabilidad como la violencia generalizada, la violencia intrafamiliar, la adicci�n a sustancias psicoactivas, y la falta de acceso a una educaci�n adecuada y a programas de rehabilitaci�n. Estas circunstancias colocan a los adolescentes en situaciones de alto riesgo, impactando negativamente su desarrollo integral en diversas �reas de sus vidas. El sistema penal destinado a los adolescentes se fundamenta en el principio de priorizar el bienestar de los ni�os, ni�as y adolescentes.

Para mitigar estos riesgos y promover el desarrollo integral de los adolescentes, es fundamental implementar estrategias de intervenci�n que aborden tanto las necesidades inmediatas como las causas subyacentes de su vulnerabilidad. Estas estrategias deben incluir programas educativos inclusivos y accesibles, servicios de salud mental y apoyo psicosocial, y medidas para prevenir y tratar la dependencia a sustancias. Adem�s, es crucial establecer pol�ticas p�blicas que promuevan la igualdad de oportunidades y la justicia social, garantizando que todos los adolescentes tengan acceso a un entorno seguro y de apoyo. La cooperaci�n entre el gobierno, las organizaciones no gubernamentales y la comunidad es esencial para crear redes de protecci�n y promover la resiliencia en los j�venes, asegurando que puedan alcanzar su pleno potencial y contribuir positivamente a la sociedad.

 

 

El sistema socioeducativo en adolescentes infractores

En la actualidad, el sistema de justicia penal ecuatoriano ha implementado medidas socioeducativas como alternativas para sancionar a los adolescentes que cometen infracciones penales. Estas medidas se aplican en Centros de Internamiento destinados a j�venes que han cometido contravenciones o delitos con penas menores a cinco a�os. Sin embargo, en muchos casos, estas medidas no han alcanzado los resultados esperados. Se observa una falta de aplicaci�n efectiva de las pol�ticas p�blicas relacionadas con los adolescentes infractores, lo cual se refleja en la falta de control adecuado en los Centros de Internamiento en Ecuador. Por este motivo, es crucial el apoyo del gobierno para trabajar en conjunto con instituciones p�blicas y privadas y as� mejorar la administraci�n e infraestructura de estos centros. Esta colaboraci�n podr�a contribuir significativamente a mejorar la calidad de vida de los j�venes infractores y asegurar su reintegraci�n social.

Para Falconi (2000), es crucial corregir la conducta de los menores infractores a trav�s de medidas socioeducativas que no solo aborden el comportamiento delictivo, sino que tambi�n fomenten su reintegraci�n en la sociedad, reduciendo as� la posibilidad de reincidencia. Las medidas socioeducativas son decisiones tomadas por la autoridad judicial tras establecerse la responsabilidad de un adolescente en un acto considerado una infracci�n penal. El principal objetivo de estas medidas es facilitar la reintegraci�n social del adolescente y la reparaci�n o compensaci�n del da�o causado. Entre las medidas socioeducativas aplicadas se encuentran: amonestaciones, imposici�n de reglas de conducta, orientaci�n y apoyo familiar, reparaci�n del da�o causado, servicio a la comunidad, libertad asistida, internamiento domiciliario, internamiento de fin de semana, internamiento con r�gimen de semilibertad e internamiento institucional.

El prop�sito fundamental de las medidas socioeducativas es promover la reinserci�n social del adolescente infractor mediante un proceso sistem�tico de acciones que se inicia al momento del ingreso al centro de internamiento, contin�a durante el per�odo de cumplimiento de la sanci�n y se prolonga una vez que la persona retorna a su vida en libertad. Este enfoque busca asegurar una reintegraci�n exitosa del adolescente en la sociedad, fomentando su desarrollo personal y previniendo la reincidencia delictiva.

Fonseca (2025) sostiene que las medidas socioeducativas son disposiciones impuestas por la autoridad judicial una vez que se ha confirmado la responsabilidad del adolescente en una infracci�n penal. El prop�sito fundamental de estas medidas es la reintegraci�n social del adolescente y la reparaci�n o compensaci�n del da�o causado. Las medidas socioeducativas comprenden amonestaciones, la imposici�n de reglas de conducta, orientaci�n y apoyo familiar, reparaci�n del da�o, servicio comunitario, libertad asistida, internamiento domiciliario, internamiento de fin de semana, r�gimen de semilibertad e internamiento institucional. Estas acciones est�n dise�adas para facilitar la reinserci�n social del adolescente infractor mediante un proceso continuo que comienza con su ingreso al centro de internamiento, contin�a durante el cumplimiento de la sanci�n y se prolonga despu�s de que el adolescente recupera su libertad.

Para abordar la eficacia de estas medidas socioeducativas, es crucial examinar no solo las acciones implementadas sino tambi�n su impacto a largo plazo en la vida de los adolescentes. Estudios indican que una intervenci�n integral que combine educaci�n, apoyo psicol�gico y actividades recreativas puede ser m�s efectiva en la rehabilitaci�n de los j�venes infractores. Adem�s, la participaci�n activa de la familia y la comunidad en este proceso es fundamental para proporcionar un entorno de apoyo que facilite la reintegraci�n social. Pol�ticas p�blicas robustas y bien estructuradas, respaldadas por una investigaci�n constante y adaptativa, son esenciales para asegurar que las medidas socioeducativas cumplan su prop�sito de reducir la reincidencia y fomentar el desarrollo integral de los adolescentes en conflicto con la ley.

 

Competencia de los �rganos estatales

Zapata (2018) enfatiza que la colaboraci�n entre las entidades estatales y locales es crucial para el �xito de los programas de rehabilitaci�n de adolescentes infractores, sugiriendo que una coordinaci�n efectiva puede mejorar significativamente los resultados de estos programas.

La administraci�n y supervisi�n de los Centros de Adolescentes Infractores (CAI) en Ecuador es una tarea compartida entre varias entidades estatales, asegurando el cumplimiento de normativas nacionales e internacionales.

El Ministerio de Justicia de Ecuador desempe�a un papel esencial en la gesti�n y supervisi�n de los CAI. Este ministerio se encarga de desarrollar y aplicar pol�ticas de rehabilitaci�n y reinserci�n social para los adolescentes infractores, adem�s de capacitar al personal que trabaja en estos centros para asegurar un manejo profesional y humanitario. Tambi�n realiza supervisiones y evaluaciones regulares para garantizar que se cumplan los est�ndares legales y de derechos humanos, seg�n lo estipulado en el art�culo 377 del C�digo de la Ni�ez y Adolescencia.

Funcionarios de la Subsecretar�a de Desarrollo Integral para Adolescentes Infractores est�n obligados a cumplir con el mandato constitucional, los acuerdos internacionales ratificados por Ecuador, y las disposiciones del C�digo de la Ni�ez y Adolescencia. El personal de atenci�n integral en los CAI debe proteger a los adolescentes, fortalecer los lazos familiares, desarrollar planes individuales para medidas socioeducativas, y reportar cualquier violaci�n de derechos, conforme a los art�culos 17 y 72 del mencionado c�digo.

Los gobiernos locales, especialmente municipales y provinciales, juegan un rol importante en mejorar la infraestructura de los CAI y facilitar la inclusi�n de los adolescentes en programas sociales. Colaboran con ministerios como los de Desarrollo Social, Educaci�n y Salud para activar programas y proyectos sociales que promuevan la reintegraci�n social y familiar de los adolescentes infractores. Jueces, fiscales, defensores p�blicos y personal de la DINAPEN tambi�n contribuyen indirectamente, respetando los derechos de los adolescentes y la normativa legal vigente.

La protecci�n de los derechos humanos es central en la operaci�n de los CAI, garantizada por la Constituci�n de Ecuador y tratados internacionales. La Defensor�a del Pueblo y otras organizaciones de derechos humanos supervisan y denuncian cualquier violaci�n de derechos en los CAI, emitiendo recomendaciones para mejorar las condiciones y promoviendo sanciones en casos de violaciones graves.

La normativa aplicable a los CAI est� claramente delineada en la Constituci�n de Ecuador, que establece los derechos y garant�as que deben protegerse en estos centros. La Constituci�n garantiza el derecho a la rehabilitaci�n, educaci�n y salud para todos los adolescentes, incluyendo aquellos en conflicto con la ley, y obliga al Estado a proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos.

Las leyes org�nicas, como el C�digo de la Ni�ez y Adolescencia, proporcionan el marco legal espec�fico para la operaci�n de los CAI, regulando los derechos y garant�as de los adolescentes. La Ley Org�nica de la Defensor�a del Pueblo establece las funciones de esta entidad en la supervisi�n y protecci�n de los derechos humanos de los adolescentes infractores.

Reglamentos espec�ficos y protocolos de atenci�n detallan la aplicaci�n de las leyes y la operaci�n diaria de los CAI, definiendo condiciones de operaci�n, tratamiento de los adolescentes y est�ndares m�nimos a cumplir. Ecuador es signatario de tratados internacionales como la Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o, las Reglas de Beijing y las Reglas de las Naciones Unidas para la Protecci�n de Menores Privados de Libertad, que establecen est�ndares y directrices para el tratamiento y rehabilitaci�n de los adolescentes en conflicto con la ley.

 

Rehabilitaci�n y reinserci�n

Programas de rehabilitaci�n

Pinz�n-Rond�n y Kassem (2017) sugieren que los programas de rehabilitaci�n eficaces deben incluir componentes de terapia, educaci�n, y actividades culturales y laborales, integrando un enfoque hol�stico que atienda las diversas necesidades de los j�venes infractores.

La preocupaci�n por el manejo del sistema de rehabilitaci�n y reinserci�n de adolescentes infractores es un tema de importancia global. A pesar de la existencia de programas destinados a proteger a los j�venes privados de libertad, el problema persiste. Desde la adopci�n de la Convenci�n de los Derechos del Ni�o en 1989, la mayor�a de los Estados han firmado este tratado, lo que ha impulsado la evoluci�n de las leyes nacionales para cumplir con est�ndares internacionales. Sin embargo, persisten violaciones de derechos a pesar del respaldo de organismos como la ONU, (Organizaci�n de las Naciones Unidas) y la CIDH, (Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos) que buscan mejorar la calidad de vida de las personas en situaci�n de vulnerabilidad.

En la Convenci�n de los Derechos del Ni�o (1989), se establece que los Estados reconocen el derecho de todo ni�o acusado de infringir las leyes penales a ser tratado de manera que promueva su dignidad y valor, fortalezca su respeto por los derechos humanos y las libertades de terceros, es decir, de toda la sociedad en general. Esto implica considerar la edad del ni�o y promover su reintegraci�n en la sociedad de manera constructiva.

Los programas de rehabilitaci�n desempe�an un papel fundamental en la interrupci�n del ciclo delictivo y en la facilitaci�n de la reintegraci�n de los j�venes infractores a la sociedad. Es esencial que estos programas incluyan terapias individuales y grupales, educaci�n y formaci�n vocacional, asesoramiento psicol�gico y actividades recreativas. Al proporcionar a los j�venes habilidades y oportunidades para un desarrollo positivo, estos programas reducen la probabilidad de reincidencia delictiva y promueven una sociedad m�s segura y justa. Sin embargo, la realidad actual muestra que los CAI enfrentan problemas como el hacinamiento, la falta de recursos y personal capacitado, lo que compromete la efectividad de los programas de rehabilitaci�n y contribuye al aumento de las tasas de reincidencia delictiva entre los adolescentes liberados.

 

Campo educativo

El sistema educativo para adolescentes infractores en Ecuador es fundamental para su rehabilitaci�n y reintegraci�n social. En este contexto, se destaca la provisi�n de programas educativos formales en los Centros de Adolescentes Infractores (CAI). Este aspecto positivo garantiza el acceso a la educaci�n y la continuidad en el proceso educativo de los adolescentes en conflicto con la ley, contribuyendo significativamente a su desarrollo personal y social. Sin embargo, la carencia de docentes del Ministerio de Educaci�n en algunos centros, como el de Cuenca, representa un desaf�o que podr�a impactar negativamente en la educaci�n de los adolescentes. Es crucial abordar esta carencia para asegurar que todos los j�venes reciban una educaci�n de calidad, independientemente de su ubicaci�n.

Los Centros de Adolescentes Infractores en Ecuador ofrecen programas educativos formales que siguen el curr�culo nacional del Ministerio de Educaci�n. Estos programas est�n dise�ados para garantizar que los adolescentes contin�en su educaci�n mientras cumplen sus medidas socioeducativas. Los programas incluyen niveles de educaci�n b�sica y bachillerato, y se ajustan para atender a adolescentes con diferentes niveles de avance acad�mico y necesidades educativas especiales.

Adem�s de la educaci�n formal, las actividades culturales y deportivas son esenciales para el desarrollo integral de los adolescentes infractores. La colaboraci�n con los ministerios de Cultura y Deporte, as� como la iniciativa de los propios adolescentes en la organizaci�n de estas actividades, son aspectos que deben ser fortalecidos y mantenidos. No obstante, la dependencia de la capacidad y disponibilidad del personal y voluntarios puede ser una limitaci�n significativa. Es necesario asegurar recursos y apoyo continuo para mantener estas actividades de manera sostenible.

 

Trabajo

En cuanto al tema del trabajo, actualmente en los Centros de Atenci�n Integral para adolescentes en Ecuador, se implementan diversos talleres destinados a permitir que los j�venes exploren y desarrollen diferentes habilidades. La participaci�n en estos talleres es obligatoria y est�n dise�ados para proporcionar formaci�n t�cnica y profesional en �reas como carpinter�a, metalurgia, agricultura, entre otras.

Estos talleres se benefician de la colaboraci�n con diversas instituciones p�blicas y acad�micas, incluyendo los Ministerios de Educaci�n y Agricultura, gobiernos aut�nomos descentralizados, el Servicio Ecuatoriano de Capacitaci�n Profesional (SECAP), y la Universidad T�cnica del Norte. Este apoyo externo es crucial para mejorar la oferta y la calidad de los talleres.

Sin embargo, investigaciones recientes han revelado varios desaf�os en la implementaci�n de estos programas. Algunos CAI carecen de los materiales necesarios para llevar a cabo los talleres, lo que a menudo obliga a los adolescentes a proporcionar estos recursos por cuenta propia. Adem�s, se ha identificado una notable falta de mantenimiento del equipamiento existente, lo que limita la funcionalidad y eficacia de algunos talleres.

 

Diagn�stico de cumplimientos

Situaci�n actual de los Centros de Adolescentes Infractores

Uno de los mayores retos en la rehabilitaci�n de adolescentes infractores es el proceso de reintegraci�n social una vez que han cumplido su pena. La transici�n de un centro de internamiento a la vida en libertad puede ser complicada y requiere un apoyo integral por parte del Estado y la comunidad. La falta de oportunidades educativas, laborales y de apoyo psicosocial puede dificultar este proceso, aumentando el riesgo de reincidencia. Es fundamental que se desarrollen programas espec�ficos que ofrezcan un acompa�amiento continuo, desde el momento de la salida del centro hasta su completa reintegraci�n en la sociedad.

Actualmente, el pa�s cuenta con once centros especializados para adolescentes y nueve unidades de desarrollo integral distribuidas en diversas regiones. Sin embargo, el problema del hacinamiento ha surgido como una preocupaci�n central, manifest�ndose en una sobrepoblaci�n excesiva que supera la capacidad de estos establecimientos. Esta situaci�n no solo dificulta el proceso de rehabilitaci�n, sino que tambi�n genera condiciones de insalubridad y violencia, vulnerando as� los derechos humanos tanto de los j�venes como de sus familias.

Seg�n el diario, Primicias (2022), Las cifras m�s recientes revelan que un promedio de 399 adolescentes se encuentra en los centros de intenci�n especializados, por sus condiciones, y un aproximado de 318 est�n bajo medidas privativas de libertad. Aunque las cifras generales mostraron un 0% de hacinamiento en 2022, un an�lisis m�s detallado revela que ciertos centros, como el de Quito, han superado su capacidad m�xima. El hacinamiento no solo prolonga de manera innecesaria las medidas privativas de libertad, sino que tambi�n contribuye a la vulneraci�n de derechos dentro de los centros. Esta situaci�n subraya la necesidad de una evaluaci�n m�s exhaustiva por parte de la administraci�n estatal para abordar efectivamente el problema y garantizar condiciones dignas para la rehabilitaci�n de los adolescentes infractores.�

De igual forma es importante analizar de donde proviene la conducta que hace que un adolescente tenga que ingresar a un centro de rehabilitaci�n es por ello que, tomaremos como referencia el estudio general hecho por:

Jibaja (2019) conceptualiza la agresividad como el acto intencional de infligir da�o a otra persona. En su investigaci�n, analiz� tanto los niveles generales como los espec�ficos de agresividad y describi� las caracter�sticas sociodemogr�ficas de los participantes. La muestra incluy� a 94 adolescentes varones infractores, con edades entre 14 y 19 a�os, en proceso de reintegraci�n todos ellos con medidas socioeducativas de privaci�n de libertad en modalidad cerrada. Se emple� el cuestionario de agresividad AQ de Buss y Perry, acondicionado para este entorno. Los hallazgos revelaron que el 10,7% de los adolescentes presentaban niveles de agresividad muy altos, el 34,5% altos, otro 34,5% promedio, el 19,1% bajos y el 1,2% muy bajos. Entre las caracter�sticas sociodemogr�ficas, se destac� que el delito m�s frecuente era el robo (56%), el 55,9% de los j�venes hab�a ingerido sustancias adictivas y el 27% ten�a un familiar en privado de la libertad.

Con base en la informaci�n proporcionada, es crucial abordar la agresividad en adolescentes infractores desde una perspectiva multidimensional, que considere tanto factores individuales como contextuales. La intervenci�n temprana y la implementaci�n de programas de prevenci�n son esenciales para reducir los factores de riesgo asociados con la delincuencia juvenil. Estos programas deben incluir apoyo psicol�gico, educaci�n en manejo de la ira, desarrollo de habilidades sociales y programas de reintegraci�n familiar. Adem�s, es importante promover actividades recreativas y deportivas que canalicen la energ�a de los adolescentes de manera positiva. La colaboraci�n entre instituciones educativas, familias y servicios de justicia juvenil es importante para crear entornos de apoyo donde se fomente el desarrollo saludable y la reintegraci�n exitosa de los adolescentes en la sociedad.

 

 

Aplicaci�n de normas sustantivas que regulan sistema de rehabilitaci�n y reinserci�n de adolescentes infractores

La falta de atenci�n por parte del Estado hacia los adolescentes infractores, evidenciada en la carencia de pol�ticas p�blicas integrales y preventivas, refleja un grave d�ficit en la gesti�n gubernamental. Este grupo demogr�fico, que se encuentra en una etapa crucial de desarrollo, a menudo no recibe la inversi�n necesaria para mejorar sus condiciones de vida. Tal omisi�n contribuye a la creaci�n de entornos que pueden propiciar la criminalidad. Es imperativo que se adopten medidas gubernamentales efectivas y proactivas que aborden no solo los s�ntomas de la delincuencia juvenil, sino tambi�n sus causas subyacentes. La tendencia a criminalizar la pobreza en lugar de abordar sus ra�ces socioecon�micas subraya la necesidad de una pol�tica criminal preventiva que priorice la rehabilitaci�n y reinserci�n, y no simplemente el castigo.

En este mismo sentido la inadecuada aplicaci�n de las normas sustantivas que regulan el sistema de rehabilitaci�n y reinserci�n de adolescentes infractores puede tener consecuencias jur�dicas severas. Estas consecuencias se manifiestan en varios niveles, desde la violaci�n de derechos humanos hasta la ineficacia del sistema de justicia juvenil. El derecho a un trato humano y digno es fundamental, tal como lo consagra la Constituci�n de Ecuador y los tratados internacionales de derechos humanos, la Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o. La falta de implementaci�n de normas que aseguren condiciones adecuadas de vida, alimentaci�n, atenci�n m�dica y educaci�n para los adolescentes en conflicto con la ley constituye una violaci�n de estos derechos, lo cual puede acarrear sanciones tanto a nivel internacional como nacional contra el Estado ecuatoriano.

A continuaci�n, se presentan algunos de los principales efectos jur�dicos:

Zamble y Quinsey (2001) subrayan que entender los factores que influyen en la reincidencia criminal es crucial para dise�ar intervenciones efectivas en la rehabilitaci�n de j�venes infractores. Resaltan la necesidad de enfoques personalizados que consideren las circunstancias individuales de cada joven.

Las normas sustantivas est�n dise�adas con el prop�sito de asegurar que los adolescentes infractores reciban el apoyo necesario para su rehabilitaci�n y posterior reintegraci�n en la sociedad. La falta de cumplimiento de estas normas puede interpretarse como una negligencia en la protecci�n del derecho a la rehabilitaci�n, lo cual tiene un impacto significativo en las oportunidades de estos j�venes para reintegrarse de manera exitosa. Esta falta de cumplimiento no solo afecta a los individuos directamente involucrados, sino que tambi�n mina la efectividad del sistema de justicia juvenil en su totalidad, al no cumplir con su funci�n principal de reformar y reintegrar a los adolescentes infractores.

En relaci�n con la responsabilidad civil y penal, el Estado puede enfrentar consecuencias significativas si no cumple con sus obligaciones de proteger y rehabilitar a los adolescentes infractores. Las familias de estos j�venes podr�an presentar demandas por da�os y perjuicios debido a la presunta negligencia estatal, mientras que los funcionarios p�blicos implicados podr�an ser objeto de sanciones administrativas y penales. Adem�s, existe la posibilidad de acciones legales internacionales, donde organizaciones de derechos humanos podr�an llevar al Estado ecuatoriano ante tribunales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, argumentando que la falta de acci�n o medidas insuficientes en la implementaci�n de normativas sustantivas constituye una violaci�n de los derechos humanos, lo cual podr�a resultar en condenas y la obligaci�n de reparar a las v�ctimas.

Calle Tapia (2023) analiza c�mo las pr�cticas de justicia restaurativa pueden mejorar la reintegraci�n social de los j�venes infractores. Se�ala que estos enfoques no solo reducen la reincidencia, sino que tambi�n fortalecen los lazos comunitarios y promueven la reparaci�n del da�o causado.

El derecho a un trato humano y digno est� garantizado tanto por la Constituci�n de Ecuador como por tratados internacionales. La omisi�n en aplicar normas que aseguren condiciones adecuadas de vida, alimentaci�n, atenci�n m�dica y educaci�n representa una violaci�n directa de estos derechos. Esta situaci�n no solo podr�a acarrear sanciones internacionales y nacionales contra el Estado, sino tambi�n una p�rdida de confianza en el sistema por parte de la sociedad, si percibe que no logra rehabilitar y reintegrar adecuadamente a los adolescentes infractores.

La reincidencia delictiva es otro efecto preocupante de una rehabilitaci�n inadecuada y una reintegraci�n deficiente. Esto no solo compromete la seguridad p�blica, sino que tambi�n cuestiona la efectividad del sistema de justicia juvenil en su conjunto. Es esencial que se revise y reforme el marco legal para asegurar que responda de manera efectiva a las necesidades de estos j�venes, abordando las causas inferiores de la delincuencia juvenil como la pobreza y la supresi�n social.

Adem�s de la coordinaci�n interinstitucional, es crucial asignar recursos adecuados para respaldar los programas de rehabilitaci�n y reintegraci�n. La falta de financiamiento suficiente puede limitar la capacidad de los centros de internamiento para ofrecer servicios de calidad y cumplir con las normativas sustantivas establecidas. Es imprescindible que el Estado destine recursos adecuados para la formaci�n del personal, el desarrollo de infraestructuras adecuadas y la implementaci�n de programas socioeducativos efectivos, de modo que se traduzcan en pr�cticas que realmente beneficien a los adolescentes infractores.

Contreras (2022) sostiene que la efectividad de los programas de rehabilitaci�n para j�venes infractores depende en gran medida de su capacidad para ofrecer un ambiente seguro y de apoyo, destacando la importancia de un enfoque comprensivo y multidisciplinario.

La participaci�n activa de la comunidad tambi�n desempe�a un papel crucial en la reintegraci�n exitosa de los adolescentes infractores. Programas comunitarios que involucren a familias, organizaciones locales y voluntarios pueden proporcionar un soporte esencial para estos j�venes. Mediante tutor�as, mentor�as y actividades extracurriculares, estos programas ayudan a los adolescentes a desarrollar habilidades sociales y laborales fundamentales. Adem�s, la sensibilizaci�n comunitaria sobre la importancia de la reintegraci�n y el apoyo a los j�venes infractores puede reducir la estigmatizaci�n y crear un entorno m�s inclusivo y comprensivo. La colaboraci�n estrecha entre el Estado y la comunidad es esencial para establecer un sistema de rehabilitaci�n que verdaderamente promueva la transformaci�n positiva y la reintegraci�n exitosa de los adolescentes infractores.

 

Metodolog�a

El enfoque de esta investigaci�n es cualitativo y cr�tico- propositivo, centrado en el an�lisis y revisi�n de textos acad�micos, art�culos publicados por medios de comunicaci�n, datos estad�sticos y principalmente informes realizados en las visitas a los Centros de Adolescentes Infractores a la par de esto se trabaj� en la revisi�n de la estructura de este tipo de sistemas de rehabilitaci�n dentro del pa�s, y las normas nacionales e internacionales que tienen influencia directa con el tema de an�lisis.

Se inici� con la recopilaci�n de datos de diversas fuentes incluidas las de los p�rrafos anteriores, seguido de esto se realiz� un an�lisis cr�tico, enfocado principalmente en el manejo actual de los centros de adolescentes infractores, y todo lo que engloba el sistema de rehabilitaci�n y reinserci�n de los adolescentes, finalmente se analiz� el planteamiento inicial, la informaci�n obtenida y con cada una de estas etapas se lleg� a una conclusi�n final.

 

 

Discusi�n

Los principales puntos de discusi�n dentro del desarrollo de este art�culo son:

• La eficacia de la normativa existente y su aplicaci�n en el sistema que se maneja dentro de los centros de adolescentes infractores, a la par del estudio de la existencia o no de mecanismos de supervisi�n y evaluaci�n implementados por las autoridades estatales para asegurar el cumplimiento de la normativa, en este mismo sentido el an�lisis de la frecuencia y rigurosidad de las inspecciones y auditor�as y la revisi�n de propuestas para mejorar el monitoreo y la rendici�n de cuentas en los centros de rehabilitaci�n.
• De forma general el an�lisis de la eficacia de los programas de rehabilitaci�n existentes en el pa�s y como esto influye en las tasas de reincidencia en el cometimiento de delitos por parte de los adolescentes, de forma espec�fica la evaluaci�n de la calidad de los programas de rehabilitaci�n en t�rminos de contenido educativo, formaci�n vocacional y apoyo psicol�gico, la importancia de los enfoques individualizados y adaptados a las necesidades espec�ficas de cada adolescente, y la comparaci�n con programas de rehabilitaci�n exitosos en otros pa�ses y lecciones que pueden ser aplicadas en Ecuador.
• Seguimiento y an�lisis de la factores socioecon�micos y familiares que influyen en la efectividad de la rehabilitaci�n, adem�s del estudio de las estrategias existentes a trav�s de las cuales se busquen abordar las desigualdades socioecon�micas y proporcionar un entorno de apoyo para los adolescentes al regresar a sus comunidades, y la importancia de la colaboraci�n entre los centros de rehabilitaci�n, las familias y las comunidades para facilitar la reintegraci�n.
• Evaluaci�n de las pol�ticas p�blicas orientadas a la prevenci�n del delito juvenil y su relaci�n con los programas de rehabilitaci�n, an�lisis de las propuestas para integrar pol�ticas de prevenci�n m�s efectivas que aborden las causas subyacentes del comportamiento delictivo en adolescentes y la importancia de un enfoque hol�stico que combine prevenci�n, rehabilitaci�n y reinserci�n social.

 

Conclusiones o Resultados

Es imperativo que las pol�ticas de rehabilitaci�n de adolescentes infractores en Ecuador se fundamenten en un enfoque basado en derechos humanos. Este enfoque garantiza el respeto a la dignidad y al desarrollo integral de los j�venes, promoviendo su reintegraci�n exitosa en la sociedad. La cooperaci�n entre entidades estatales, locales y la sociedad civil es esencial para mejorar las condiciones de vida de estos adolescentes y fomentar su plena inclusi�n social. Sin una adecuada protecci�n y respeto de sus derechos, estos j�venes corren el riesgo de reincidir en actividades delictivas, perpetuando un ciclo de marginalizaci�n y exclusi�n.

Los Centros de Adolescentes Infractores en Ecuador, ofrecen una variedad de talleres que pueden contribuir positivamente a la rehabilitaci�n y al desarrollo de habilidades de los adolescentes, enfrentan desaf�os significativos relacionados con la escasez de personal capacitado, materiales y mantenimiento de equipos. Asimismo, la perpetuaci�n de roles tradicionales de g�nero en los talleres dirigidos a mujeres requiere una atenci�n particular para asegurar una formaci�n inclusiva y equitativa. La coordinaci�n con instituciones p�blicas y acad�micas constituye una fortaleza que debe ser expandida, y la creaci�n de m�s alianzas y convenios puede mejorar la sostenibilidad y calidad de los talleres ofrecidos. En este mismo sentido, los programas educativos y las actividades culturales y deportivas en los CAI son esenciales para la rehabilitaci�n y reintegraci�n de los adolescentes. Garantizar una educaci�n de calidad y una variedad de actividades enriquecedoras es crucial para su desarrollo personal y social, as� como para su futuro fuera del sistema de justicia juvenil. Es fundamental abordar las brechas existentes, como la falta de docentes y recursos, para asegurar que todos los adolescentes tengan igual acceso a estas oportunidades.

Se concluye el presente an�lisis con la determinaci�n de que la ineficacia del sistema de rehabilitaci�n y reinserci�n de adolescentes infractores afecta de manera directa a los a los mismos a tal grado que produce la reincidencia delictiva, lo cual no solo compromete la seguridad p�blica, sino que tambi�n deteriora la percepci�n del sistema de justicia juvenil. Si la sociedad observa que el sistema falla en su misi�n de rehabilitar y reinsertar a estos j�venes, la estigmatizaci�n y exclusi�n de los mismos se incrementa, dificultando a�n m�s su reintegraci�n social. Este contexto subraya la necesidad urgente de revisar y reformar el sistema de justicia juvenil para asegurar su efectividad y aceptaci�n social.

Adem�s, el incumplimiento de las normas sustantivas por parte del Estado ecuatoriano en la protecci�n y rehabilitaci�n de estos adolescentes puede acarrear graves repercusiones legales y sociales. A nivel internacional, organizaciones de derechos humanos podr�an demandar al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resultando en posibles condenas y obligaciones de reparaci�n de da�os. Internamente, el Estado tambi�n podr�a enfrentar sanciones administrativas y penales, as� como demandas por da�os y perjuicios presentadas por las familias de los adolescentes afectados.

 

Recomendaciones

Para mejorar la eficacia de los programas de rehabilitaci�n en los CAI, es esencial fortalecer las alianzas con instituciones p�blicas, acad�micas y la sociedad civil. La creaci�n de m�s convenios y colaboraciones puede mejorar la sostenibilidad y calidad de los talleres ofrecidos, asegurando una educaci�n de calidad y actividades enriquecedoras para el desarrollo personal y social de los adolescentes. Abordar las brechas existentes, como la falta de docentes y recursos, es crucial para garantizar que todos los j�venes tengan igual acceso a estas oportunidades, promoviendo su reintegraci�n exitosa y reduciendo el riesgo de reincidencia.

Es vital reformar y ampliar la capacitaci�n del personal que trabaja en los CAI, incluyendo a educadores, psic�logos, trabajadores sociales y el personal de seguridad. La capacitaci�n debe enfocarse en metodolog�as pedag�gicas modernas, enfoques de justicia restaurativa, y en el respeto y promoci�n de los derechos humanos. Adem�s, el Estado debe garantizar que estos centros cuenten con los recursos materiales necesarios para implementar programas efectivos de rehabilitaci�n y educaci�n. Esto incluye la mejora de infraestructuras, la dotaci�n de materiales educativos y recreativos, y la provisi�n de servicios de salud adecuados. Asegurar un entorno seguro y propicio para la rehabilitaci�n contribuir� significativamente a la reintegraci�n exitosa de los adolescentes en la sociedad.

 

Propuesta

Es crucial fortalecer la capacitaci�n del personal en los Centros de Adolescentes Infractores para asegurar un trato profesional y humanitario hacia los adolescentes infractores. La inversi�n en formaci�n continua de los funcionarios permitir� mejorar la implementaci�n de programas socioeducativos y garantizar la aplicaci�n efectiva de las normas sustantivas, asegurando as� una rehabilitaci�n m�s eficaz y respetuosa de los derechos humanos, de igual forma es crucial involucrar a las familias en el proceso de rehabilitaci�n y reintegraci�n de los adolescentes infractores. Implementar programas que ofrezcan apoyo y orientaci�n a las familias puede fortalecer los lazos familiares, creando un entorno de apoyo que facilite la reintegraci�n social de los j�venes. Este enfoque integral no solo tiene el potencial de disminuir la reincidencia, sino tambi�n de mejorar los resultados a largo plazo.

Para mejorar la rehabilitaci�n y reintegraci�n de adolescentes infractores en Ecuador, es esencial adoptar un enfoque integral que atienda tanto sus necesidades individuales como sociales. Proponemos fortalecer la capacitaci�n continua del personal en los Centros de Atenci�n Integral, enfoc�ndonos en �reas como derechos humanos, psicolog�a juvenil y m�todos pedag�gicos contempor�neos. La integraci�n de las familias en este proceso es crucial; por lo tanto, se deben implementar programas que proporcionen apoyo y orientaci�n familiar, as� como organizar talleres de terapia familiar dentro y fuera de los CAI.

Adem�s, la transparencia y la rendici�n de cuentas son elementos clave. Es necesario establecer mecanismos de supervisi�n por parte de entidades independientes y fomentar la participaci�n activa de la sociedad civil para asegurar el cumplimiento de normativas y proteger los derechos de los adolescentes. Mejorar la infraestructura y los recursos en los CAI tambi�n es fundamental, asegurando el suministro adecuado de materiales educativos y recreativos, y estableciendo alianzas con instituciones p�blicas, acad�micas y privadas para garantizar un apoyo continuo.

El desarrollo de programas socioeducativos y culturales juega un papel vital en la educaci�n y desarrollo integral de estos j�venes. Estos programas deben incluir tanto actividades educativas formales como no formales, promoviendo la igualdad de g�nero y la inclusi�n social. Es imperativo adaptar el marco legal y las pol�ticas p�blicas a las necesidades espec�ficas de los adolescentes infractores, revisando y actualizando la normativa vigente, y desarrollando pol�ticas que aborden las causas subyacentes de la delincuencia juvenil, como la pobreza y la exclusi�n social.

La implementaci�n de estas acciones estrat�gicas, respaldadas por una colaboraci�n s�lida entre diversas instituciones y un compromiso firme con los derechos humanos, ser� fundamental para mejorar significativamente la rehabilitaci�n y reintegraci�n de los adolescentes infractores en Ecuador. Esto no solo contribuir� a su desarrollo personal, sino que tambi�n promover� la construcci�n de una sociedad m�s justa y equitativa.

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Referencias

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      4.            Cillero, M. (2012). Justicia penal juvenil y derechos humanos. Santiago: Editorial Jur�dica.

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  14.            Zapata, L. (2018). Pol�ticas p�blicas y reintegraci�n juvenil. Cali: Editorial del Pac�fico.

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  16.            Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional de Ni�os, Adolescentes y Adultos Mayores (CNII). "Adolescentes cumplen sus condenas en centros deteriorados". Primicias. 12 de diciembre de 2022. Disponible en: https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/adolescentes-cumplen-condenas-centros-deteriorados/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 2024 por los autores. Este art�culo es de acceso abierto y distribuido seg�n los t�rminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribuci�n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).