Principio de justiciabilidad ante la protección de derechos sociales: comparativa Ecuador, Colombia, y Brasil

Alisson Dayana Suquillo Lescano, Ricardo Hernán Salazar Orozco

Resumen


El principio de justiciabilidad es fundamental, ya que demuestra la capacidad para exigir el compromiso de los sistemas judiciales y estatales para garantizar el bienestar y cubrir las demandas de los ciudadanos. Sin embargo, su aplicación y efectividad varían considerablemente entre los países, lo que nos hace reflexionar sobre el rol del sistema judicial y la existencia de un modelo “acertado” de justiciabilidad. Este artículo propone una comparativa detallada entre Ecuador, Colombia y Brasil. Desarrollando un estudio que permita entender los estándares idóneos para evitar la desnaturalización de la justiciabilidad. Además, se considerarán las características distintivas de cada contexto nacional. El análisis completo buscará identificar componentes importantes que amplíen el conocimiento y la comprensión de las tendencias comunes en la interpretación y aplicación de la justiciabilidad. El estudio explorará similitudes y diferencias en la concepción general de ciertos términos, práctica y efectividad del principio, así como los instrumentos jurídicos empleados en cada país. La investigación se llevará a cabo desde una perspectiva cualitativa, para lo cual, se examinarán contenidos normativos, datos específicos, doctrina, casos emblemáticos que hayan sentado jurisprudencia relevante, políticas públicas e incluso la influencia del factor económico en relación con las necesidades sociales. Con el objetivo de analizar y comparar cómo estos países garantizan la protección de los derechos sociales a través de sus sistemas judiciales, identificar las similitudes y diferencias en sus marcos legales y jurisprudencias, apreciar la eficacia de los mecanismos de justiciabilidad en cada país, y delimitar medidas que mejoren la operatividad de este principio.


Palabras clave


derechos sociales; justiciabilidad; influencia económica; inversión estatal; mecanismos; políticas públicas; tutela judicial efectiva.

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DOI: https://doi.org/10.23857/pc.v9i9.7948

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