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Principio de justiciabilidad ante la protecci�n de derechos sociales: comparativa Ecuador, Colombia, y Brasil

 

Principle of justiciability in the protection of social rights: comparison of Ecuador, Colombia, and Brazil

 

Princ�pio da justiciabilidade na prote��o dos direitos sociais: compara��o entre Equador, Col�mbia e Brasil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: alissonsuquillo@gmail.com

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 23 de julio de 2024 *Aceptado: 18 de agosto de 2024 * Publicado: �04 de septiembre de 2024

 

        I.            Universidad Tecnol�gica Indoam�rica, Ambato, Ecuador.

      II.            Universidad Tecnol�gica Indoam�rica, Ambato, Ecuador.

 

Resumen

El principio de justiciabilidad es fundamental, ya que demuestra la capacidad para exigir el compromiso de los sistemas judiciales y estatales para garantizar el bienestar y cubrir las demandas de los ciudadanos. Sin embargo, su aplicaci�n y efectividad var�an considerablemente entre los pa�ses, lo que nos hace reflexionar sobre el rol del sistema judicial y la existencia de un modelo �acertado� de justiciabilidad. Este art�culo propone una comparativa detallada entre Ecuador, Colombia y Brasil. Desarrollando un estudio que permita entender los est�ndares id�neos para evitar la desnaturalizaci�n de la justiciabilidad. Adem�s, se considerar�n las caracter�sticas distintivas de cada contexto nacional. El an�lisis completo buscar� identificar componentes importantes que ampl�en el conocimiento y la comprensi�n de las tendencias comunes en la interpretaci�n y aplicaci�n de la justiciabilidad. El estudio explorar� similitudes y diferencias en la concepci�n general de ciertos t�rminos, pr�ctica y efectividad del principio, as� como los instrumentos jur�dicos empleados en cada pa�s. La investigaci�n se llevar� a cabo desde una perspectiva cualitativa, para lo cual, se examinar�n contenidos normativos, datos espec�ficos, doctrina, casos emblem�ticos que hayan sentado jurisprudencia relevante, pol�ticas p�blicas e incluso la influencia del factor econ�mico en relaci�n con las necesidades sociales. Con el objetivo de analizar y comparar c�mo estos pa�ses garantizan la protecci�n de los derechos sociales a trav�s de sus sistemas judiciales, identificar las similitudes y diferencias en sus marcos legales y jurisprudencias, apreciar la eficacia de los mecanismos de justiciabilidad en cada pa�s, y delimitar medidas que mejoren la operatividad de este principio.

Palabras clave: derechos sociales; justiciabilidad; influencia econ�mica; inversi�n estatal; mecanismos; pol�ticas p�blicas; tutela judicial efectiva.

 

Abstract

The principle of justiciability is fundamental, since it demonstrates the ability to demand the commitment of the judicial and state systems to guarantee the well-being and meet the demands of citizens. However, its application and effectiveness vary considerably between countries, which makes us reflect on the role of the judicial system and the existence of a �correct� model of justiciability. This article proposes a detailed comparison between Ecuador, Colombia and Brazil. Developing a study that allows us to understand the ideal standards to avoid the distortion of justice. In addition, the distinctive characteristics of each national context will be considered. The full analysis will seek to identify important components that expand knowledge and understanding of common trends in the interpretation and application of justiciability. The study will explore similarities and differences in the general conception of certain terms, practice and effectiveness of the principle, as well as the legal instruments used in each country. The research will be carried out from a qualitative perspective, for which normative content, specific data, doctrine, emblematic cases that have established relevant jurisprudence, public policies and even the influence of the economic factor in relation to social needs will be examined. With the objective of analyzing and comparing how these countries guarantee the protection of social rights through their judicial systems, identifying the similarities and differences in their legal frameworks and jurisprudence, appreciating the effectiveness of the justiciability mechanisms in each country, and delimiting measures that improve the operation of this principle.

Keywords:

social rights; Justiciability; economic influence; state investment; mechanisms; public policies; effective judicial protection.

 

Resumo

O princ�pio da justiciabilidade � fundamental, pois demonstra a capacidade de exigir o comprometimento dos sistemas judici�rio e estatal para garantir o bem-estar e atender �s demandas dos cidad�os. Contudo, a sua aplica��o e efic�cia variam consideravelmente entre pa�ses, o que nos faz refletir sobre o papel do sistema judicial e a exist�ncia de um modelo �correto� de justiciabilidade. Este artigo prop�e uma compara��o detalhada entre Equador, Col�mbia e Brasil. Desenvolver um estudo que permita compreender os padr�es ideais para evitar a desnaturaliza��o da justiciabilidade. Al�m disso, ser�o consideradas as caracter�sticas distintivas de cada contexto nacional. A an�lise completa procurar� identificar componentes importantes que ampliam o conhecimento e a compreens�o das tend�ncias comuns na interpreta��o e aplica��o da justiciabilidade. O estudo explorar� semelhan�as e diferen�as na concep��o geral de determinados termos, na pr�tica e efic�cia do princ�pio, bem como nos instrumentos jur�dicos utilizados em cada pa�s. A pesquisa ser� realizada sob uma perspectiva qualitativa, para a qual ser�o examinados conte�dos normativos, dados espec�ficos, doutrina, casos emblem�ticos que estabeleceram jurisprud�ncia relevante, pol�ticas p�blicas e at� mesmo a influ�ncia do fator econ�mico em rela��o �s necessidades sociais. Com o objetivo de analisar e comparar como estes pa�ses garantem a prote��o dos direitos sociais atrav�s dos seus sistemas judiciais, identificando as semelhan�as e diferen�as nos seus quadros jur�dicos e jurisprudenciais, apreciando a efic�cia dos mecanismos de justiciabilidade em cada pa�s e delimitando medidas que melhorem a funcionamento deste princ�pio.

Palavras-chave: direitos sociais; Justiciabilidade; influ�ncia econ�mica; investimento estatal; mecanismos; pol�ticas p�blicas; tutela jurisdicional eficaz.

 

Introducci�n

La trascendencia del principio de justiciabilidad en relaci�n con las necesidades y demandas sociales es un tema de vital importancia en el �mbito jur�dico contempor�neo. Este principio se erige como un mecanismo que otorga a los ciudadanos la posibilidad de exigir el cumplimiento o restituci�n de sus derechos, los cuales estar�n intr�nsecamente ligados a la dignidad humana. En pa�ses como Ecuador, Colombia y Brasil, la justiciabilidad se ha convertido en un pilar fundamental, respaldado por disposiciones constitucionales, otras normas, pol�ticas p�blicas y jurisprudencia relevante.

En Ecuador, la Constituci�n de la Rep�blica contempla el ejercicio de los derechos con base en principios, entre los cuales se encuentra el de justiciabilidad, de lo cual, se han creado normas y herramientas legales para proteger estos derechos y asegurar su adecuada aplicaci�n; sin embargo, persisten obst�culos y limitaciones sociales, estructurales e institucionales que dificultan su pleno ejercicio.

Por otro lado, en Colombia, la Corte Constitucional ha desempe�ado un papel crucial en la creaci�n de jurisprudencia significativa. A trav�s de macro-sentencias, se ha avanzado en el reconocimiento y atenci�n de los requerimientos sociales, buscando que los litigios individuales, resulten en soluciones colectivas (Cruz J. A., 2024). A pesar de estos avances, persisten problem�ticas sociales y econ�micas que afectan a una parte significativa de la poblaci�n, siendo evidente el estado de lasitud y desigualdad ciudadana.

Ahora bien, Brasil ha estado atravesando desaf�os que han llegado a desnaturalizar la figura de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos sociales, por falta de recursos y medios judiciales que amparen a la poblaci�n que realmente necesita la reivindicaci�n y atenci�n de estos derechos. No obstante, la implementaci�n de nuevos contenidos normativos a partir de la Constituci�n de 1988 ha permitido desarrollar nuevos y mejores mecanismos para efectivizar la atenci�n a las necesidades sociales.

Es innegable que el principio de justiciabilidad es fundamental y demuestra la capacidad y el compromiso de los sistemas judiciales y estatales para garantizar el bienestar de los ciudadanos. A pesar de ello, su aplicaci�n y efectividad a�n enfrentan desdenes en los contextos legislativos y sociales de cada pa�s, es ah� cuando nos cuestionamos �cu�l es el rol m�s constructivo del poder judicial ante las demandas sociales? Y con base a la comparativa, �existe entonces alg�n modelo correcto de justiciabilidad?

Para abordar estas interrogantes, se propone realizar una comparativa detallada del principio de justiciabilidad en la protecci�n de derechos sociales en Ecuador, Colombia y Brasil. Este an�lisis explorar� similitudes y diferencias en la concepci�n, aplicaci�n y efectividad del principio, as� como los instrumentos jur�dicos empleados en cada pa�s. Se examinar�n las disposiciones constitucionales, sentencias con jurisprudencia relevante, incluso se denotar� la necesidad de pol�ticas p�blicas, inversi�n estatal e influencia del factor econ�mico en relaci�n con las demandas sociales. El objetivo es contribuir al debate acad�mico y jur�dico para comprender cu�l ser�a el est�ndar ideal de justiciabilidad, con base a los resultados y que medidas optimas podr�an implementarse en cada pa�s.

 

Desarrollo

Derechos sociales y justiciabilidad en relaci�n con la concepci�n de cada pa�s

En un principio, debemos entender qu� son los Derechos Sociales y pues b�sicamente, estos gozan de naturaleza colectiva y progresista, dado que son conexos a las condiciones de vida adecuadas para todos los individuos, as� como el acceso a servicios esenciales. Por lo cual, estos, son contemplados dentro de la categor�a de los derechos humanos, puesto que incluyen una amplia gama de aspectos sociales, como lo es la esfera laboral, educativa, salud, ambiente sano, seguridad social, vivienda, alimentaci�n y �mbito cultural.

Por lo que evidentemente, el desarrollo de este tema de Derechos Sociales ha dado apertura a dos aristas; y, de acuerdo con Mar�a Suarez (2009, p�g. 66) quien manifiesta que hay dos enfoques al respecto, �uno que insiste en considerarlos simples orientaciones de la acci�n de los Estados, y el otro, que, al ser apreciados como derechos humanos, permite exigirlos ante el Estado en t�rminos jur�dicos y pol�ticos�.

En efecto, el exigir el cumplimiento, reconocimiento y protecci�n de los Derechos econ�micos, sociales y culturales no es solo una formalidad figurada, sino es parte de validarlos frente a la sociedad. Por lo que, entonces no deber�an ser determinados como un mero mecanismo de orientaci�n estatal, sino m�s bien, como un componente reivindicatorio. Puesto que, poseen una significancia profunda, cuyo origen se remonta a la Declaraci�n Universal de Derechos Humanos, y se hace �nfasis en el esfuerzo nacional para efectivizar satisfactoriamente los derechos econ�micos, sociales y culturales.

Asimismo, un 16 de diciembre de 1966 con la Resoluci�n 2200 XXI la Asamblea General de la ONU, aprueba el Pacto Internacional de los Derechos econ�micos, sociales y culturales, dando origen a un hito crucial en la consagraci�n de estos a nivel internacional, siendo axiom�ticos los avances caracter�sticos para el desarrollo y trascendencia universal, a un nivel de influir en la concepci�n de dichos derechos, para que sean considerados como fundamentales dentro de la legislaci�n de cada pa�s. Por ende, fue significativo definir t�cnicamente los Derechos econ�micos, sociales y culturales a la par de desarrollar medios de exigibilidad y justiciabilidad, porque era necesario permitir a las personas hacer valer sus derechos y reclamar reparaci�n en caso de eminente vulneraci�n.

Es as� que, en el an�lisis particular respecto a la concepci�n de los Derechos Sociales en cada pa�s, se observa ciertas cuestiones notables. En el caso de Ecuador, dentro de la Constituci�n de 2008, se opt� por una perspectiva que prescinde de la clasificaci�n tradicional de derechos.� E igualmente, se introdujo el concepto de Sumak Kawsay, que se entiende como el Buen Vivir. Este enfoque hol�stico se aparta de la visi�n convencional del desarrollo estatal, la cual se centraba exclusivamente en el crecimiento econ�mico; en su lugar, se priorizan los derechos fundamentales relacionados con el bienestar integral de las personas y la justicia social. Esto se traduce en un mayor �nfasis en la inclusi�n y protecci�n de derechos sociales que est�n estrechamente vinculados con la prosperidad social de los individuos.

Los derechos sociales en Colombia tienen su fundamento en una amalgama de fuentes, que incluyen la legislaci�n nacional, la influencia de los instrumentos internacionales, y por qu� no, mencionar al activismo de la sociedad civil. Y desde la promulgaci�n de la Constituci�n Pol�tica de Colombia en 1991, se han realizado reformas y actualizaciones pertinentes para responder a las demandas colectivas. Conjuntamente, la Corte Constitucional de Colombia ha logrado establecer est�ndares para proteger y garantizar estos derechos, mediante la promulgaci�n de decisiones y sentencias, que consagran jurisprudencia relevante.

Por otro lado, en el contexto brasile�o, la Constituci�n de la Rep�blica Federativa de Brasil ha conferido a los derechos sociales la condici�n de universales, indivisibles e interdependientes. Estos avances se remontan a la Constituci�n de 1988, en ese sentido, los derechos sociales son considerados derechos fundamentales, protegidos por la Constituci�n y respaldados por un marco normativo s�lido, lo que implica una importante responsabilidad del Estado en su cumplimiento, ejercicio y garant�a.

Siendo evidente, que tanto Ecuador, Colombia y Brasil reconocen a los Derechos econ�micos, sociales y culturales, cada uno de ellos desde su concepci�n dogm�tica y legal, adem�s de evidenciar que, los derechos sociales se vinculan con varios principios, entre ellos, el de universalidad, progresividad, exigibilidad, y el que es nuestro eje de an�lisis, el de justiciabilidad. Y esto ocurre porque aquel principio denota la capacidad de exigir y de hacer valer un derecho ante el sistema judicial, pues indudablemente, si la sociedad cuenta con herramientas podr� efectivizar estas cuestiones y obtener la protecci�n que inste sus derechos.

 

Concepci�n del principio de justiciabilidad, y su trascendencia en los sistemas estatales

La palabra justiciabilidad tuvo mayor auge a trav�s de la evoluci�n del Derecho, aunque claro, su origen se remonta a varios a�os de antig�edad. Justiciabilidad deriva del verbo transitivo ajusticiar o justiciar que en su forma m�s elemental implica hacer justicia, y que en un modelo de legalidad se logra por una v�a institucional, particularmente mediante los mecanismos judiciales (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2009).

En relaci�n a aquello, entendemos que los derechos son justiciables porque reflejan el cobijo de las leyes; en ese sentido, evidenciamos la importancia de que exista esta figura, de lo contrario, los derechos solamente ser�an palabras escritas en una norma, sin mayor impacto en la vida de las personas. Como punto de partida, podemos indicar que, en 1948 con la Declaratoria Universal de Derechos Humanos, se empiezan a denotar cimientos importantes, porque se considera que los derechos dignifican el decoro humano; y, por lo tanto, requieren de protecci�n, con el fin de apuntar hacia el progreso social y el respeto universal y efectivo de los derechos.

Por otro lado, el art�culo 8 de Declaraci�n Universal de Derechos Humanos es claro al mencionar que, las personas deben contar con los recursos judiciales efectivos que amparen los derechos reconocidos por la Constituci�n y leyes conexas. Es as�, que, a trav�s de dichas bases, se ha podido ir reforzando y vigorizando el principio de justiciabilidad en la realidad de cada pa�s. En Ecuador, Colombia y Brasil se ha reconocido este principio; sin embargo, nuestro trabajo es analizar su aplicaci�n y funcionalidad real en cada uno de ellos.

 

Tutela efectiva a los casos de vulnerabilidad de derechos sociales

Ahora bien, la efectividad de la tutela de los derechos sociales en casos de vulnerabilidad constituye un tema de gran relevancia en los sistemas judiciales de Ecuador, Colombia y Brasil. Notoriamente, la legislaci�n de estos pa�ses comparte el compromiso de garantizar la protecci�n de los derechos fundamentales y la lucha por brindar una vida digna a sus ciudadanos.

No obstante, la implementaci�n y aplicaci�n de medidas efectivas para los Derechos sociales en situaciones de vulnerabilidad, puede variar, y es sustancial comprender qu� papel juega la tutela efectiva a los casos de lasitud de derechos sociales. Porque no �nicamente basta tener acceso a recursos legales adecuados, sino que tambi�n depende mucho de la capacidad del sistema judicial para resolver las problem�ticas de manera objetiva y oportuna.� Debido a que, la simple existencia del poder judicial no es suficiente para garantizar la justicia, puesto que es necesario que el mismo sea accesible, imparcial y eficiente.

En este sentido, el Estado desempe�a un papel crucial en la materializaci�n de la tutela judicial efectiva. Inconcusamente, el hecho de recurrir al �rgano de justicia es un derecho sustancial, que todo ciudadano debe gozar y ejercer, independientemente de cualquier condici�n. Por lo que, la esfera estatal tiene el compromiso de asegurar la aptitud y calidad de los operadores judiciales, accesibilidad y disponibilidad de los instrumentos legales pertinentes. Esta labor implica el suministro de recursos financieros, la asignaci�n de personal especializado, as� como la eliminaci�n activa de las barreras y segregaciones que pudieran obstaculizar el recurrir a la justicia para aquellos sectores de la poblaci�n que se encuentren en situaci�n de desventaja o inequidad.

 

 

 

Tutela judicial efectiva: un enfoque te�rico y su relaci�n con el principio de justiciabilidad

Al respecto, Rafael Oyarte (2016) explora el concepto de tutela judicial efectiva, indicando que implica la posibilidad de acceder a la administraci�n de justicia y que con ello se salvaguarden derechos e intereses. Enfatiza la importancia de que dicho requerimiento sea resuelto y procesado con pleno respeto a los derechos de todas las partes involucradas, con el fin de que exista una sentencia motivada y que la misma sea debidamente ejecutada.

A raz�n de lo ya manifestado, en t�rminos t�cnicos y jur�dicos la tutela judicial engloba un conjunto de diligencias emprendidas a trav�s de los �rganos judiciales, con el prop�sito de asegurar el pleno ejercicio y resoluci�n de controversias legales. Por lo cual, al respecto, la Corte Constitucional del Ecuador (2015) alude que este derecho est� sujeto a tres elementos: a) acceder al sistema judicial; b) que el proceso sea tramitado en tiempo prudente; y, c) eficacia y ejecuci�n de sentencias.

Adem�s, cabe recalcar que es la responsabilidad del Estado asegurar el acceso a la justicia, especialmente en casos donde se vean afectados derechos fundamentales de grupos endebles. En s�ntesis, la tutela judicial efectiva denota el conjunto de procedimientos y medidas destinadas a asegurar el acceso integral a la justicia, desprovisto de impedimentos, con el fin de salvaguardar derechos, a trav�s de los medios y las garant�as eficientes y oportunos.

Esta noci�n conlleva la instauraci�n de un sistema judicial imparcial, transparente y eficaz, que permita a los sujetos el pleno ejercicio de sus prerrogativas legales, y obtener una adecuada respuesta ante controversias o exigencias. En ese sentido, tomando en cuenta que, por un lado, la tutela judicial efectiva es un derecho que confiere la posibilidad de hacer uso del sistema de justicia; por otro lado, el principio de justiciabilidad implica que los individuos puedan exigir el cumplimiento de sus derechos y requerir reparaci�n en casos de violaci�n.

Entonces, dicho derecho y principio se complementan, ya que, garantizan una coraza legal y el ejercicio efectivo de derechos sin barreras o limitaciones. Es decir que, es sumamente necesario la tutela efectiva y la consolidaci�n de principios conexos, pues as�, los ciudadanos cuentan con protecci�n legal, y se impulsa al Estado luchar contra desigualdades materiales y sociales.

 

 

 

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Comparativa de los mecanismos de justiciabilidad de derechos sociales en los tres pa�ses

Con el surgimiento del Protocolo de San Salvador y la Convenci�n Americana de Derechos Humanos, se ha visto la necesidad de que cada pa�s cuente con los instrumentos judiciales adecuados. En espec�fico el art�culo 25 del Pacto de San Jos� establece que toda persona tiene derecho a un recurso b�sico, accesible y r�pido, y que aquel pueda ser resuelto por los jueces o tribunales competentes.

Pues, el aparataje judicial est� dise�ado con el objetivo de brindar amparo directo contra actos violatorios de derechos fundamentales que est�n reconocidos por la Constituci�n, la ley o los convenios internacionales. En ese sentido, se ha elaborado un cuadro comparativo conciso con el prop�sito de identificar herramientas jur�dicas que tienen los ciudadanos a su alcance.

 

Tabla 1

Cuadro Comparativo Sobre las Herramientas Jur�dicas

Fuente: (Asamblea Nacional, 2008; Asamblea Nacional Constituyente, 1991; Assembleia Nacional Constituinte, 1988)

Cabe mencionar que, cada pa�s ha ido desarrollando medidas que garanticen el acceso equitativo a la justicia. Adem�s, la existencia de las medidas constitucionales para hacer efectivo el principio de justiciabilidad ante demandas sociales en Ecuador, Colombia y Brasil reviste de gran importancia, sobre todo en el fortalecimiento y protecci�n de los derechos sociales. Las acciones constitucionales, como la acci�n de protecci�n, acci�n de tutela, mandado de injun��o, y acci�n civil p�blica, representan herramientas jur�dicas poderosas que permiten a los individuos y sobre todo a grupos vulnerables, reclamar la reivindicaci�n de sus derechos sociales frente a situaciones perjudiciales.

 

El rol m�s constructivo del poder judicial en atenci�n a las demandas sociales

En pa�ses en desarrollo, como lo es Ecuador, Colombia y Brasil los juzgados, tribunales y las Cortes de justicia tienen un rol crucial en la protecci�n y reconocimiento de los derechos sociales al interpretar y aplicar la legislaci�n nacional e internacional vinculante. Aunque claro, cada Estado enfrenta desaf�os �nicos en su sistema.Final del formulario

El Estado ecuatoriano ha reconocido visiblemente en su Constituci�n que todos los derechos son justiciables y que a trav�s de las garant�as jurisdiccionales pueden ser exigidos. En este contexto, la acci�n de protecci�n se ha convertido en un medio fundamental para adecuar reclamos y demandas sociales, para su justiciabilidad. Esto ha resultado en la activaci�n del aparataje judicial como un recurso efectivo para salvaguardar los derechos sociales de los ciudadanos e igualmente de consolidarse est�ndares esenciales para el bienestar de las personas.

De acuerdo con datos proporcionados por la Corte Constitucional en su rendici�n de cuentas, las estad�sticas muestran que el n�mero de causas ingresadas a esta instancia, por medio de la acci�n de protecci�n �nicamente en el a�o 2023 alcanz� un total de 5.126 casos, de los cuales 8 se han transformado en jurisprudencia (Corte Constitucional del Ecuador, 2023). Aunque objetivamente la realidad no solo se concentra en las cifras, sino en el desarrollo jurisprudencial vinculante, esto implica que los an�lisis y decisiones tomadas por el Pleno establezcan precedentes para casos futuros, lo que brinda coherencia y consistencia al proceso judicial, as�, esta pr�ctica fortalece la certeza jur�dica.

Por otro lado, los desaf�os persistentes que enfrenta el poder judicial en Colombia incluyen la falta de recursos suficientes y la disparidad socioecon�mica. Por lo que, a lo largo de este tiempo, el sistema ha ido buscando estructurar una independencia judicial y brindar igualdad de acceso a la justicia para todos los ciudadanos.

Como lo mencionan Laura Otero y Michelle Fern�ndez (2020, p�g. 51) la Corte Constitucional colombiana en las �ltimas dos d�cadas ha desempe�ado un rol activo en la judicializaci�n de las pol�ticas p�blicas, particularmente en las pol�ticas sociales. Lo cierto es que, la justicia, las normas, e incluso las pol�ticas p�blicas act�an como garante del cumplimiento efectivo de las necesidades sociales. En este contexto, la Corte Constitucional ha intervenido en numerosos casos en los que se cuestiona la efectividad o la violaci�n de los derechos sociales garantizados por la Constituci�n.

En 2023, la Corte Constitucional de Colombia recibi� un total de 742.882 Acciones de Tutela y 614 de ellas fueron seleccionadas para revisi�n (Corte Constitucional de la Rep�blica de Colombia, 2024), lo que refleja la alta demanda de protecci�n de derechos fundamentales por parte de los ciudadanos. Entre estos datos, se evidencio que los derechos sociales mayormente demandados fueron salud con el 22,7%, educaci�n con el 7,5% y seguridad social con el 7,0%. A raz�n de esto, la jurisprudencia resultante de dichas revisiones ha sido perentoria para garantizar la salvaguardia efectiva de los derechos, puesto que, aquello asegura la futura interpretaci�n y aplicaci�n de la ley.

En cuanto a Brasil, la capacidad del sistema judicial para abordar demandas sociales a trav�s de decisiones judiciales es fundamental, por lo cual, es esencial que se alce la voz y se utilicen acciones legales para exigir la regularizaci�n y reforzamiento de normativa frente a las necesidades urgentes y demandas sociales diarias. El Conselho Nacional De Justi�a (Justi�a em n�meros 2024) ofrece datos estad�sticos relevantes sobre Brasil, destacando que entre las demandas est�n los mandados de injun��o y a��o civil p�blica que llegan al Consejo Nacional de Justicia y son tramitados en juzgados especiales.

Reflejando casos como: asistencia por incapacidad temporal con un 5,14%; jubilaci�n por incapacidad permanente 2,94%; prestaci�n de asistencia a persona con discapacidad 2,80%; salario por maternidad 2,35%; derechos al consumir con 5,08%. Siendo estos, conexos a los derechos sociales. Aunque al d�a de hoy ciertos sectores muestran brechas sociales significativas que resultan en condiciones precarias para una parte considerable de la poblaci�n, es precisamente en este contexto donde el Estado juega un rol crucial, al igual que el poder judicial.

Ambas esferas deben prestar especial atenci�n a ese grupo de individuos que carece de acceso adecuado a servicios b�sicos, para as� ir facilitando y otorgando a las personas las condiciones primordiales de vida. Se puede aludir que, la activaci�n del aparato judicial se muestra como medio efectivo para salvaguardar derechos sociales, siendo evidente el incremento en el n�mero de casos.

De all� la importancia de un sistema judicial robusto que garantice la coherencia y la interpretaci�n adecuada de la ley, a raz�n de que, estos esfuerzos son elementales para promover la justicia social y dar el amparo ante la desprotecci�n o falta de atenci�n por parte de las esferas estatales.

Idealmente, deber�a ser innecesario recurrir con frecuencia a los tribunales y Cortes de justicia para exigir el cumplimiento de derechos, dado que esto deber�a ser consumado de manera integral por otros medios, por ejemplo, con la implementaci�n id�nea de pol�ticas p�blicas. No obstante, es de gran valor que los individuos dispongan de mecanismos y acciones legales que faciliten la justiciabilidad de sus derechos.

 

Comparativa: operatividad y efectos de la justiciabilidad en Ecuador, Colombia y Brasil

El acceso a la justicia es un derecho universal que corresponde a todos, por ende, debemos tener claro que el acceder a un sistema judicial es la capacidad de las personas, en particular de los grupos pobres y desfavorecidos, de buscar y obtener una reparaci�n a trav�s de los sistemas de justicia formales e informales, de conformidad con los principios y est�ndares de Derechos Humanos (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2012).

La b�squeda de justicia est� vinculada a la exploraci�n de soluciones a problemas que impactan significativamente la vida, el bienestar y los derechos de los ciudadanos, especialmente las necesidades sociales. Analizar y comparar la jurisprudencia de Ecuador, Colombia y Brasil permite identificar convergencias y divergencias en la interpretaci�n y aplicaci�n judicial de estos derechos, enriqueciendo la comprensi�n del tema.

Este contraste, basado en el estudio de casos pr�cticos de cada pa�s, destaca elementos diferenciadores y proporciona una visi�n completa y matizada de la funcionalidad y efectividad del sistema judicial. As�, podemos reflexionar sobre posibles medidas para optimizar procedimientos, recursos y soluciones. En este sentido, estudiaremos tres sentencias espec�ficas para determinar cu�l sistema brinda mayor atenci�n a las necesidades sociales y produce resultados m�s eficientes en la aplicaci�n del principio de justiciabilidad.

Tiene lugar a este an�lisis, la sentencia 615-14-JP/23 de la Corte Constitucional del Ecuador, emitida en 2023, que dio lugar a la revisi�n de un proceso presentado por los padres adoptivos de la ni�a Dom�nica Paola Bustamante Rengel. Los recurrentes interpusieron una Acci�n de Protecci�n, en la cual se manifest�, que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cancel� sin justificaci�n la pensi�n de Montep�o que Dom�nica Bustamante recib�a tras el fallecimiento de su madre biol�gica. Por otro lado, la instituci�n antes mencionada, en lo posterior justific� su decisi�n en la permutaci�n filial, y analizaba la posibilidad de una doble pensi�n en caso de fallecimiento de los padres adoptivos.

De acuerdo con los criterios de la Corte, evidentemente fue vulnerado el derecho a la seguridad social, y la entidad no consider� la legalidad del acto, y menor el inter�s superior del ni�o. Se concluy� con que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no prioriza dichos principios, no consider� alternativas y tampoco tom� en cuenta que las prestaciones son intangibles e inembargables; adem�s, la instituci�n bas� y justific� su decisi�n en suposiciones hipot�ticas. Por tanto, la Corte muestra un precedente important�simo, pues, dictamin� que no es loable suspender la pensi�n de montep�o si el progenitor fallecido cumpl�a con los requisitos legales, incluso si el ni�o es adoptado posteriormente. En virtud de aquello, la Corte orden� que se ofrezcan disculpas p�blicas y difundir la sentencia entre sus empleados.

Cabe destacar que, previo a esta revisi�n ya hubo el desarrollo de un proceso y all� la Corte Provincial de Azuay determin� como medida de reparaci�n para la ni�a que se deb�a restituir el derecho a percibir la pensi�n de montep�o, y fue algo que revalid� la Corte Constitucional ecuatoriana, no obstante, al momento de cumplir con esta disposici�n no fue ejecutada de inmediato, sino que el monto total de dicha obligaci�n se cumpli� 8 a�os despu�s, y obviamente hay que reconocer que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no cuenta con los recursos suficientes para asumir en la inmediatez este tipo de obligaciones, y �aquello vulnera derechos? �Hay responsabilidad estatal e institucional ante estas problem�ticas?

Y la respuesta es que s�, ya que lamentablemente los litigios individuales buscan soluciones espec�ficas, pero el sistema ecuatoriano a�n es precario a nivel institucional y econ�mico para otorgar reivindicaciones individualizadas. Por eso, los gobernantes deben priorizar la inversi�n en pol�ticas p�blicas efectivas, capacitar adecuadamente al personal institucional y distribuir recursos para atender las necesidades del pueblo. Esto ayudar�a a mitigar problemas de ra�z y evitar el atropello a los derechos de los ciudadanos. Aunque este ideal es una utop�a, el crecimiento del pa�s debe ser tanto econ�mico como social.

Ahora, �qu� ocurre en el contexto brasile�o? Respecto a este pa�s se ha de analizar c�mo la pandemia motiv� a la eminente defensa de derechos, exigencia de servicios, y el planteamiento de una demanda ciudadana. Duramente Brasil ven�a atravesando situaciones alarmantes y preocupantes con la reducci�n de inversiones p�blicas y la recesi�n econ�mica, y los m�s perjudicados acababan siendo los ciudadanos de una clase socioecon�mica baja y media baja.

Las luchas constantes se intensificaron con la Enmienda Constitucional 95/2016 una medida de austeridad que aparentemente congelaba el presupuesto p�blico contado desde ese entonces y en adelante veinte a�os, lo cual evidentemente pondr�a en riesgo el mantenimiento y expansi�n del Sistema �nico de Salud. Y esto se aviv� a�n m�s con la situaci�n del sistema de salud en tiempo de pandemia, (Iervolino, 2020) en respuesta a esta crisis, el 18 de marzo de 2020, entre organizaciones y movimientos sociales, se present� una acci�n ante el Supremo Tribunal Federal exigiendo m�s recursos financieros para cumplir con derechos constitucionales y sociales, as� como dar la inversi�n correspondiente del sector p�blico especialmente el de salud.

Y en su contenido, la demanda solicitaba la suspensi�n inmediata de la Enmienda Constitucional 95/2016, argumentando que los l�mites impuestos a los gastos p�blicos en educaci�n, salud, asistencia social y otros dotaba como resultado la vulneraci�n de derechos fundamentales. Se supone que los gobernantes deben tener claro sus objetivos de servir y prestar servicios que coadyuven al desarrollo de una vida digna. No obstante, aquello no ocurre pues, ante estos escenarios el poder judicial representa a menudo el �ltimo foro de esperanza de los ciudadanos para preservar sus vidas y la realizaci�n de su dignidad (Duarte & Vidal, 2020).�

Al respecto, ya existi� previo an�lisis de inconstitucionalidad de la Enmienda por parte del Supremo Tribunal Federal de Brasil, de dicho acto normativo se ha sentado jurisprudencia y doctrina, lo cual, nos muestra que esta no ha sido una lucha reciente, y de all� la raz�n de la eminente judicializaci�n de derechos. Cabe mencionar que, el Supremo Tribunal Federal reafirm� la constitucionalidad de la enmienda, pero tambi�n destac� la necesidad de garantizar el financiamiento adecuado para el sistema de salud, especialmente en situaciones de emergencias sanitarias. Esto implic� que, aunque se mantenga el l�mite de gastos, el Estado debe asegurar recursos suficientes para proteger el derecho a la salud de la poblaci�n.

Los m�s afectados en estos casos son poblaci�n en situaci�n de vulnerabilidad, pacientes cr�nicos, personas de escasos recursos, y por qu� no incluir, al sistema de salud p�blica. Pues sin recursos no se puede satisfacer las necesidades de los ciudadanos, en efecto, es descabellado e irracional reducir recursos de sistemas p�blicos tan necesarios, Brasil, lo hizo. Este an�lisis revela que las necesidades colectivas no se est�n abordando adecuadamente, ya que, los ciudadanos deben recurrir a la justiciabilidad para poder exigir y gozar, en mayor o menor medida, sus derechos sociales.�

Hay que considerar, que el enfrentarse a un proceso judicial no solo genera un gasto adicional para los individuos, sino que tambi�n provoca demoras significativas en la ejecuci�n de sus derechos fundamentales. Siendo errores pol�ticos de los gobernantes, ante la insuficiencia de recursos, la incapacidad para satisfacer necesidades sociales m�nimas y los escasos est�ndares de calidad en servicios, sumado a ello, la falta de financiaci�n adecuada, lo que deja entrever la falta de preocupaci�n o atenci�n a estas problem�ticas relacionadas a los derechos sociales.

En s�ntesis, se evidencia que la individualizaci�n de litigios y soluciones no produce resultados apacibles, y que aquello tambi�n conlleva la continuidad de la vulneraci�n de derechos y la insatisfacci�n de necesidades. Basado en ello, el sistema colombiano ha cambiado su enfoque, y se idealiza un sistema en el cual, aunque las necesidades de cada ciudadano son particulares, estas pueden ser abordadas mediante soluciones colectivas que traten las problem�ticas de manera m�s efectiva, enfocadas no solo a corto, sino tambi�n a largo plazo.

Dentro de este contenido, se ha mencionado el t�rmino de las �macro-sentencias� pero entonces �qu� es dicha figura? Propiamente esto hace referencia a, las intervenciones judiciales en casos estructurales, que se caracterizan por operar en situaciones que afectan a un n�mero amplio de personas, cuya violaci�n de derechos involucra a varias entidades (Lalinde, 2019). En este caso analizaremos lo correspondiente a la sentencia SU032/22 de la Corte Constitucional de la Rep�blica de Colombia, emitida en el a�o 2022, que trata sobre el derecho a la educaci�n y los efectos de la pandemia COVID-19.

Cabe mencionar que en este proceso la Corte Constitucional de Colombia revis� tres acciones de tutela interpuestas de manera independiente en favor de dos ni�os y un adolescente. Los fundamentos para activar dichas acciones fueron que las entidades demandadas, responsables de garantizar el acceso a la educaci�n e internet, no implementaron las medidas necesarias durante la pandemia para asegurar el ejercicio efectivo de este derecho. En consecuencia, los ni�os y adolescentes no pudieron asistir a clases virtuales debido a la falta de equipos inform�ticos y conexi�n a internet.

Las familias afectadas eran de escasos recursos y no contaban con ingresos para cubrir las necesidades de un equipo tecnol�gico ni pod�an financiar el servicio de internet, lo que result� en una escolarizaci�n precaria. Lo cual resultaba en la falta de acceso, as� como, el abandono de la escolarizaci�n. Lo que demuestra que en ese escenario de emergencia hubo un descuido al sistema educativo, y eso sin mencionar otros derechos que posiblemente fueron vulnerados o desatendidos.

En vista de lo anterior, la Corte instituy� que el gobierno, trabaje de manera conjunta con el Ministerio de Educaci�n, las unidades estructurales territoriales y la Secretar�a de Educaci�n, con la finalidad de que se desarrolle un r�gimen de evaluaci�n, que compruebe las secuelas, efectos y huellas de la epidemia COVID-19 en el �mbito educativo a nivel nacional y territorial, incluy�ndose en esta valoraci�n no solo alumnos, sino tambi�n profesores (Corte Constitucional de la Rep�blica de Colombia, 2022). Adem�s, se orden� al Gobierno Nacional establecer una Comisi�n encargada de presentar recomendaciones para reducir las disparidades educativas resultado de la pandemia, mediante la implementaci�n de ciertas medidas.

Y, por �ltimo, se dispuso al Gobierno Nacional que, ��se formule una pol�tica p�blica de prevenci�n ante situaciones de cat�strofes o calamidades p�blicas derivadas, entre otras, de pandemias u otros fen�menos naturales que permitan adoptar con oportuna anticipaci�n medidas para evitar y resolver problemas excepcionales� (Corte Constitucional de la Rep�blica de Colombia, 2022, p�g. 99). Bajo este cobijo judicial, la Corte busca hacer efectivo el principio de justiciabilidad, y que esos derechos no se vean nuevamente vulnerado

Las buenas decisiones se ven en los resultados, en este caso, se dispone al gobierno la eminente necesidad, planeaci�n y ejecuci�n de una pol�tica p�blica que satisfaga las demandas y necesidades sociales de este tipo. Funcionando como herramienta preventiva, pues, la Corte se orienta hacia un an�lisis a largo plazo, en lugar de optar por soluciones individuales que podr�an ser limitadas y no sostenibles. Y fehacientemente es preferible promover y realizar inversiones estrat�gicas en pol�ticas p�blicas, que pueden actuar como mecanismos de mitigaci�n de problemas, antes de que se conviertan en crisis mayores.

Algo bien dise�ado y ejecutado puede abordar problemas sociales de manera integral, esto permite proporcionar un verdadero amparo a los individuos y as� proteger y promover la cohesi�n social. El enfoque que est� manejando Colombia tiene el potencial de generar resultados m�s efectivos en la pr�ctica. Lo que nos lleva a reflexionar sobre lo m�s efectivo a implementar para que la justiciabilidad no se vea desnaturalizada, y su aplicaci�n conlleve soluciones comunes que abordan y prevengan realmente los problemas que obstaculizan el desarrollo integral de los derechos sociales y fundamentales de los ciudadanos.

Tomando en cuenta que, estos derechos incluyen el acceso a servicios b�sicos y esenciales para el bienestar social y colectivo. Por ello, es evidente, que se necesita un enfoque renovado que dimensione soluciones mucho m�s efectivas, que no solo se cumplan para remediar un da�o espec�fico, sino m�s bien, lo ideal ser�a que esa sujeci�n sea social, y en beneficio de todos. Pues se han admitido derechos econ�micos y sociales para buscar cambios en las condiciones de acceso y de disfrute de los derechos, derechos para mitigar las desigualdades sociales (Cruz A. , 2017).

 

Influencia del Factor Econ�mico en la Atenci�n a las Necesidades Sociales

Si bien, hemos analizado lo referente al sistema judicial, tambi�n es importante tener claro que, los derechos sociales requieren de inversiones significativas por parte del Estado, para poder ser garantizados en la pr�ctica. Es por ello, que, la implementaci�n de pol�ticas p�blicas y dem�s mecanismos necesarios en cualquier pa�s, es un proceso din�mico y multifac�tico que busca abordar los desaf�os sociales, econ�micos y pol�ticos que enfrenta una naci�n.

Como ya hemos manifestado, los derechos sociales son intr�nsecos a los derechos humanos y el progreso social, es por esa misma raz�n, que los gobiernos tienen la responsabilidad de destinar una parte importante de sus recursos, para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.� Seg�n afirmaciones de la Organizaci�n de las Naciones Unidas (2021), la desigualdad es considera como un factor que ocasiona grandes contrariedades en nuestro actual siglo, claramente, este no es un fen�meno nuevo o surgente, pero, la realidad es que las disparidades en varios aspectos han ido en considerable crecimiento, lo cual obviamente ha generado secuelas significativas para el progreso de la humanidad.

Y all� tambi�n radica la importancia del acceso a la justicia y la lucha por la igualdad de condiciones en derechos sociales. Lo que implica no solo proporcionar recursos y servicios legales adecuados, sino tambi�n abordar barreras como la discriminaci�n, la falta de informaci�n y el menoscabo de asistencia jur�dica a grupos vulnerables o en condici�n de pobreza.� En tal sentido, es importante analizar c�mo el factor econ�mico est� conexo a la plena satisfacci�n de las necesidades y demandas sociales, de acuerdo a la realidad de Ecuador, Colombia y Brasil.

 

Desaf�os socioecon�micos en Ecuador, Colombia y Brasil: An�lisis de las principales problem�ticas y la importancia de la inversi�n estatal

En el caso de Ecuador, se ha aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, y dentro de los ejes focalizados est� la base social con la finalidad de dar una mejor�a a las condiciones de vida de la poblaci�n ecuatoriana, y que a trav�s de la planificaci�n se pueda prosperar y fortalecer los servicios p�blicos, y el acceso a educaci�n, salud, empleo, vivienda, etc. Al respecto, en el ciclo de la planificaci�n se formulan programas, proyectos y pol�ticas espec�ficas para: abordar problem�ticas; y, establecer objetivos, estrategias, metas e indicadores medibles (Secretar�a Nacional de Planificaci�n, 2024).

Los �ndices de pobreza y el d�ficit en los distintos servicios p�blicos conllevan a una calidad de vida precaria, perpetuando el ciclo de desigualdad y marginaci�n social. Sumado a esto, la falta de inversi�n p�blica, que contin�a perpetuando el ciclo de desigualdad, falta de oportunidades y marginaci�n social. Dentro de las problem�ticas de mayor preocupaci�n Estatal, se encuentra: salud, nutrici�n, educaci�n, empleo, y garant�a de derechos referentes a nuestro tema de an�lisis.

Por ende, la estrategia econ�mica del gobierno, reflejada en la proforma presupuestaria de este a�o, busca mitigar las disparidades econ�micas y sociales para fomentar el desarrollo y el bienestar general de los ciudadanos. En ese sentido, se visiona que el Presupuesto General del Estado correspondiente a USD 35.536,04 millones estar� distribuido a cubrir demandas sociales en: un 8,67% para transferencia a Seguridad Social; un 4,36% distribuido a desarrollo social como lo son bonos, pensiones, ayudas sociales, etc.; un 0,12% a desarrollo urbano y vivienda. Es crucial propender las condiciones de vida de los ecuatorianos y que los recursos sean utilizados de manera �ptima.

Pues, a m�xima inversi�n p�blica, mayor satisfacci�n y prosperidad social. Siendo trascendental que el presupuesto general del Estado en Ecuador se distribuya equitativamente en la ejecuci�n de planes nacionales y pol�ticas p�blicas destinadas a mejorar el bienestar de todos los ciudadanos. Este enfoque no solo fortalece todos esos escenarios que necesitan de atenci�n para un desarrollo inclusivo y sostenible en el pa�s.

En el caso de Colombia, es importante analizar el Informe de Presupuesto General de la Naci�n. De lo cual, concebimos, que el enfoque presupuestario del pa�s busca funcionar como un mecanismo fundamental para la concreci�n de los objetivos delineados en el Plan Nacional de Desarrollo, actuando como un catalizador para fomentar la ejecuci�n eficiente de pol�ticas p�blicas. Con ello, se prioriza la estabilidad macroecon�mica y la sostenibilidad fiscal, garantizando as� la coherencia entre las metas de desarrollo y los recursos disponibles (Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, 2024).

Todo esto, a trav�s de una cuidadosa planificaci�n y asignaci�n de recursos, la programaci�n presupuestal busca optimizar el uso de fondos p�blicos, maximizando su impacto en la progresi�n econ�mica y la prosperidad social de Colombia. En este Estado, tambi�n se ha elaborado un Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y ha sido sustancial, ya que proporciona una hoja de ruta estrat�gica que orienta las pol�ticas p�blicas hacia metas claras y compartidas de progreso econ�mico, social y ambiental. Los gobiernos deben comprometerse con su elaboraci�n y ejecuci�n porque representa un ejercicio de gobernanza responsable y participativa, que involucra a diversas visiones o ejes que han venido siendo de extrema preocupaci�n.

En virtud de esto, es elemental tener claras las necesidades de la poblaci�n y los modos de distribuci�n de recursos. Los ejes m�s importantes que ha contemplado dicho plan son: Brindar mayor atenci�n a factores ambientales y �reas especiales, en la b�squeda de garantizar el derecho al agua; seguridad humana y justicia social con la finalidad de ofrecer a los ciudadanos una vida digna y dar primordial atenci�n a derechos y libertades fundamentales; derecho a la alimentaci�n; convergencia regional con el fin de acabar con las brechas socioecon�micas (Departamento Administrativo de la Funci�n P�blica, 2023).

El Presupuesto General de la Naci�n para el a�o fiscal 2024 fue asignado en un total de $502.6 billones de pesos colombianos, con el objetivo de impulsar el desarrollo econ�mico y social de Colombia mediante una gesti�n financiera prudente y orientada hacia resultados tangibles. Y en atenci�n a derechos sociales la distribuci�n presupuestaria registra: 17.3% educaci�n; 15.1% salud y seguridad social; 10,9% trabajo; 3,7 inclusi�n social; 2,4 vivienda y territorio, 0,4 cultura. De esto, vislumbramos que se busca dar mayor atenci�n e inversi�n a salud y educaci�n.

En esta misma l�nea de investigaci�n, las principales pol�ticas de derechos sociales vigentes han sido: por un trabajo decoroso; desarrollo socioecon�mico; econ�mica cultural; ciencia, innovaci�n y tecnolog�a; salud; seguridad alimentaria y nutricional; educaci�n; inclusi�n social a personas con discapacidad; econom�a circular; salud mental (Secretar�a de Planeaci�n, 2024). Las pol�ticas p�blicas a nivel distrital son el resultado de la estructuraci�n y colaboraci�n de diversas entidades y sectores, cada uno con sus propios enfoques y objetivos espec�ficos.

Estas pol�ticas est�n dise�adas con la finalidad de satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos dentro del marco legal establecido. Tomando en cuenta que, las macro-sentencias han buscado ir estableciendo la creaci�n y aplicaci�n de pol�ticas p�blicas. De tal modo, se promover� la eficiencia en la gesti�n de recursos y la maximizaci�n del impacto social de Colombia. Entonces surge la reflexi�n acerca de la necesidad de que el gobierno adopte un rol m�s proactivo, asegurando una �ptima distribuci�n de recursos que priorice pol�ticas y reformas que fortalezcan de manera m�s efectiva.

En el contexto socioecon�mico de Brasil, la pobreza representa una manifestaci�n inequ�voca de las disparidades estructurales y de la falta de pol�ticas inclusivas. Los estratos m�s desfavorecidos de la poblaci�n se erigen como s�mbolos palpables de la desigualdad sist�mica y de la apat�a institucional, siendo relegados a los m�rgenes de la sociedad. Como lo ilustran Calpello, Falc�o, & Costa (2015, p�g. 16) la sociedad brasile�a ha entendido que el crecimiento econ�mico no necesariamente resulta en la reducci�n de la pobreza y las desigualdades, sino m�s bien, la urgente necesidad de una intervenci�n firme y efectiva por parte del gobierno.

Las personas de escasos recursos son un segmento demogr�fico que enfrenta desaf�os acuciantes en acceso a servicios b�sicos e incluso a oportunidades educativas y laborales dignas, perpetuando as� un ciclo de privaci�n y marginaci�n. Ante la clara necesidad del pueblo brasile�o, surgi� una urgencia imperiosa de abordar los problemas de las brechas socioecon�micas. Siendo importante la formulaci�n de planes nacionales por parte de los gobiernos, el dise�o estrat�gico y funcional de pol�ticas p�blicas y una distribuci�n efectiva de recursos econ�micos y presupuestarios. Este enfoque integral nos muestra que las soluciones no solo deben aliviar la situaci�n inmediata, sino m�s bien, promover una mejora sostenible y equitativa a largo plazo.

Considerando que, un plan nacional para un pa�s es un conjunto integral de estrategias, pol�ticas y acciones dise�adas y coordinadas por el gobierno central con el objetivo de promover el crecimiento, productividad y competitivas del pa�s. Al indagar respecto a este pa�s, se ha encontrado el Plan Plurianual Brasil 2024-2027 planteado por el Gobierno Federal de Brasil, en el cual se identifican cuestiones prioritarias y transversales.

Entre el listado de las principales preocupaciones est� dar mayor atenci�n: lucha contra el hambre, reducci�n de desigualdades, educaci�n b�sica, salud, trabajo, empleo, ingresos, programas de aceleraci�n de crecimiento socioecon�mico y cuestiones clim�ticas y ambientales. El desarrollo social y garant�a de derechos en el Plan Plurianual de Brasil se centra en m�ltiples objetivos estrat�gicos. Estos incluyen abordar la inseguridad alimentaria, pobreza, ampliar el acceso a la salud p�blica a trav�s del Sistema �nico de Salud. Adem�s, se busca mejorar el acceso y la calidad de la educaci�n, preparando a los ciudadanos para desaf�os profesionales en un entorno tecnol�gicamente cambiante.

El Plan Plurianual de Brasil proyectado se estructura en tres ejes principales: 1) Desarrollo social y garant�a de derechos, centrado en mejorar las condiciones de vida y asegurar el acceso equitativo a servicios b�sicos, sus objetivos estrat�gicos incluyen la reducci�n de la desigualdad social y la promoci�n de la inclusi�n social. 2) Desarrollo econ�mico y sostenibilidad socioambiental y clim�tica, este eje busca fortalecer la infraestructura nacional y fomentar pr�cticas empresariales responsables. 3) Defensa de la democracia y reconstrucci�n del Estado y la soberan�a, dirigido a fortalecer las instituciones democr�ticas y garantizar la autonom�a nacional (Ministerio de Planificaci�n y Presupuesto; Secretar�a Nacional de Planificaci�n, 2023). Final del formulario

Para promover el bienestar social y garantizar derechos fundamentales se ha planificado programas: Bolsa Familia; el fortalecimiento del Sistema �nico de Asistencia Social (SUAS); inclusi�n de familias vulnerables; mejoras en la atenci�n primaria y especializada de salud; avances en educaci�n b�sica, profesional y superior; promoci�n del derecho a la cultura y derechos juveniles (Presidencia de la Rep�blica; Secretar�a General; Secretar�a Nacional de Participaci�n Social; Ministerio de Planificaci�n y Presupuesto; Secretar�a Nacional de Planificaci�n, 2023).

La importancia de estas �reas estrat�gicas en el contexto brasile�o radica en su capacidad para enfrentar desaf�os cr�ticos y promover un desarrollo sostenible e inclusivo. Obviamente para llevar a cabo todas estas proyecciones es necesario contar con recursos, en ese sentido la Ley N� 14.822, de 22 de enero de 2024, define los ingresos del pa�s brasile�o para el periodo 2024 en R$ 5.566.284.810.373,00 reales, con un enfoque particular en los ingresos totales estimados de la Seguridad Social, que ascienden a R$ 1.341.117.552.325,00 reales. Por otro lado, durante los cuatro a�os de ejecuci�n de este Plan se estima que el gasto total alcanzar� 13,2 billones de reales (Ministerio de Planificaci�n y Presupuesto; Secretar�a Nacional de Planificaci�n, 2023)

Del total de fondos asignados, el 83% del presupuesto se ha destinado al eje centrado en el progreso social y la garant�a de derechos. Asimismo, el eje enfocado en el desarrollo econ�mico, la sostenibilidad socioambiental y clim�tica, ha recibido el 16% de los recursos, mientras que el tercer eje, dedicado a la defensa de la democracia y la reconstrucci�n del Estado y la soberan�a, ha sido asignado un 0,5% de los fondos disponibles (Ministerio de Planificaci�n y Presupuesto; Secretar�a Nacional de Planificaci�n, 2023, p�g. 2013).

La distribuci�n equitativa de los recursos de un Estado y la atenci�n integral a las necesidades sociales son fundamentales para optimizar las circunstancias de vida de las personas. Al asignar los recursos de manera justa, se garantiza que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios esenciales como salud, educaci�n, vivienda y seguridad, independientemente de su situaci�n econ�mica. Una atenci�n integral a las necesidades sociales asegura que se aborden de manera efectiva los problemas complejos que afectan a las comunidades, creando un entorno en el que todos puedan prosperar y contribuir al bienestar general de la sociedad.

 

 

Discusi�n

Durante largo tiempo los derechos sociales ocupan una posici�n secundaria dentro de los sistemas jur�dicos nacionales e internacionales de protecci�n de los derechos humanos (G�ngora, 2006). Y es que, a trav�s del an�lisis comparativo de Ecuador, Colombia y Brasil, se observa que este principio fundamental para garantizar los derechos sociales llamado justiciabilidad, enfrenta desaf�os significativos en su desarrollo y aplicaci�n debido a diversos factores legislativos, econ�micos, pol�ticos y sociales.

Frente a ciertas problem�ticas sociales, las personas han tenido que recurrir a la justiciabilidad de estos derechos, lo que nos lleva a reflexionar sobre el rol m�s constructivo del poder judicial ante las demandas sociales y la eminente existencia de un modelo eficaz y eficiente para dicho principio. El an�lisis y recolecci�n de datos, nos permite estudiar contenidos netamente relevantes, espec�ficamente en lo que refiere a similitudes y diferencias en la concepci�n, pr�ctica y efectividad del principio de justiciabilidad en los tres pa�ses, as� como los instrumentos jur�dicos y herramientas legales empleadas en cada uno de ellos.

Las observaciones indican que el dise�o investigativo fue adecuado para explorar la operatividad de la justiciabilidad en los tres pa�ses. Se controlaron las variables contextuales mediante el estudio de la norma, doctrina, sentencias emblem�ticas y datos espec�ficos de cada naci�n. Sin embargo, las limitaciones econ�micas, pol�ticas y sociales sugieren la necesidad de un enfoque m�s estructurado y coordinado para mejorar la justiciabilidad de los derechos sociales.

En Ecuador, los litigios individuales suelen centrarse en obtener soluciones particulares, pero el sistema estatal en varias esferas sigue siendo d�bil, sumado a ello, la escasez de recursos, la ineficiencia institucional y la falta de desarrollo y ejecuci�n de pol�ticas p�blicas, lo que obliga a los ciudadanos a recurrir al sistema judicial para hacer valer sus derechos. Lo mismo ocurre con Brasil, la investigaci�n revela que las necesidades colectivas no se abordan adecuadamente, y los ciudadanos tienen que ir ante el sistema de justicia, entonces eso hace que se genere un gasto adicional al tiempo y bolsillo del brasile�o, cuando lo recomendable ser�a una gesti�n m�s eficaz, sin dejar en descobijo a los m�s necesitados, y aquellos que no pueden acceder al sistema de justicia.

En Colombia, el enfoque ha cambiado y ha buscado instaurar las denominadas macro-sentencias. Este enfoque trata las problem�ticas de manera integral y efectiva, proporcionando un verdadero amparo a los individuos y promoviendo la cohesi�n social. Pues con el rol judicial, se ha dado impulso a la creaci�n, planeaci�n y ejecuci�n de pol�ticas p�blicas lo cual resulta m�s eficiente para maximizar positivamente el impacto social. Este modelo tiene el potencial de generar resultados en la pr�ctica y podr�a servir de referencia para otros pa�ses.

La hip�tesis que hizo germinar esta investigaci�n, finalmente nos permite comprender que, no existe un modelo perfecto, sino, �nicamente existen medios que dan en consumaci�n mejores resultados. Por lo que, los tres pa�ses deben implementar cambios objetivos y tangibles, pero en espec�fico Ecuador y Brasil deben optimar recursos y adoptar un enfoque similar al de Colombia, ya que, si bien el gobierno no aborda estas problem�ticas de manera integral, que mejor que el sistema judicial sea un verdadero amparo ante la desprotecci�n gubernamental.

Para fortalecer la justiciabilidad de los derechos sociales, es crucial optimizar recursos y desarrollar soluciones integrales que aborden las necesidades individuales, pero priorizar a�n m�s las colectivas. Esto implica no solo resolver litigios de manera puntual, sino tambi�n implementar pol�ticas p�blicas sostenibles que aseguren un progreso continuo y el bienestar social a largo plazo. El sistema judicial no solo debe ser una �ltima instancia, sino tambi�n un mecanismo activo y presente para garantizar que los derechos de los ciudadanos no sean vulnerados mientras se espera que las pol�ticas p�blicas surtan efecto.

Aunque esos son los ideales, la pr�ctica requiere un equilibrio realista entre pol�ticas p�blicas proactivas y un sistema judicial fuerte y accesible. Si bien estas estrategias mejorar�an los est�ndares de calidad de vida y el progreso colectivo de los ciudadanos, resulta ingenuo pensar que los gobiernos siempre actuar�n de manera proactiva y eficiente. Pues, la implementaci�n de pol�ticas p�blicas efectivas a menudo enfrenta obst�culos significativos, como la corrupci�n, la falta de voluntad pol�tica y la ineficiencia administrativa.

 

Conclusi�n

La justiciabilidad de los derechos sociales muestra una diversidad significativa en Ecuador, Colombia y Brasil, el an�lisis revela que, aunque los tres pa�ses han desarrollado marcos legales robustos y mecanismos de justiciabilidad para la protecci�n de los derechos sociales, existen diferencias significativas en su implementaci�n y eficacia. Mientras que Colombia muestra una jurisprudencia m�s avanzada y que ha denotado resultados �ptimos, Brasil enfrenta desaf�os debido a restricciones presupuestarias y marcos normativos que limitan la justiciabilidad. Ecuador, por su parte, ha logrado avances importantes, aunque la propia esfera estatal todav�a enfrenta ciertos d�ficits, por ende, no hay la debida respuesta a las demandas sociales, como deber�a de ser.

El ejercitar en la pr�ctica la justiciabilidad de derechos y llevar a la realidad nacional de cada pa�s puede resultar complejo, pero es necesario trabajar y ajustar las estrategias a las necesidades espec�ficas de Ecuador, Colombia y Brasil, es necesaria la comprensi�n integral de los desaf�os y recursos disponibles, para as� considerar los puntos clave, y potenciar la capacidad de generar soluciones sostenibles y objetivas para los problemas emergentes.

Basado en la comparativa realizada, no existe un modelo �nico o infalible de justiciabilidad, y que aquel sea capaz de ajustarse universalmente a todos los contextos. Porque la verdad es que, cada pa�s enfrenta desaf�os sociales �nicos y tiene limitaciones econ�micas y obst�culos institucionales distintos. La clave est� en combinar la fuerza del poder judicial, con un compromiso gubernamental realista y eficiente, asegurando que los derechos se traduzcan en mejoras tangibles y duraderas para la sociedad.

La investigaci�n ha demostrado que el sistema colombiano, aunque no perfecto, presenta un enfoque moderno y eficiente en la justiciabilidad de derechos sociales. Este sistema no solo ofrece un mecanismo robusto para que los ciudadanos exijan y obtengan el reconocimiento de sus derechos, sino que tambi�n establece precedentes judiciales que impulsan la implementaci�n de pol�ticas p�blicas. La fortaleza de Colombia radica en su capacidad para integrar decisiones judiciales con planes estrat�gicos realistas y un presupuesto adecuado, garantizando as� una protecci�n efectiva y sostenible de los derechos sociales.

Pero, entonces, el rol m�s constructivo del poder judicial ante las demandas sociales radica en su capacidad de actuar como garante de derechos y catalizador de cambios estructurales. Porque debe ser un pilar central en la protecci�n y promoci�n de los derechos sociales, capaz de lograr un impacto positivo y sostenido. Aunque claro, aquello se logra trabajando conjuntamente con las dem�s esferas estatales.

 

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