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El modelo de gesti�n estatal para garantizar la atenci�n prioritaria de las personas con discapacidad en el Ecuador

 

The state management model to guarantee priority care for people with disabilities in Ecuador

 

O modelo de gest�o estatal para garantir a aten��o priorit�ria �s pessoas com defici�ncia no Equador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: cdbonito.fpd@unach.edu.ec

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 23 de octubre de 2024 *Aceptado: 11 de noviembre de 2024 * Publicado: �05 de diciembre de 2024

 

        I.            Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador.

      II.            Escuela Superior Polit�cnica de Chimborazo, Ecuador.

 

Resumen

El presente art�culo evalu� la implementaci�n de un modelo de gesti�n estatal para la atenci�n prioritaria de personas con discapacidad en el Ecuador, en base a un an�lisis simplificado a la Ley Org�nica de Discapacidades y los derechos de las personas con discapacidad, as� como los respectivos programas nacionales destinados a promover la igualdad de oportunidades y la inclusi�n social, demostrando con los resultados obtenidos un progreso significativo en la accesibilidad y la capacitaci�n de funcionarios, pero se identifican desaf�os en la implementaci�n efectiva de pol�ticas y la adecuada participaci�n ciudadana, sugiriendo a la vez recomendaciones para mejorar la gesti�n estatal para poder garantizar la atenci�n prioritaria de este sector vulnerable. Es as� que el presente art�culo cient�fico se desarroll� desde un enfoque centrado en el estudio de los derechos e inclusi�n social de las personas con discapacidad, para llevar a cabo este an�lisis, se aplic� un enfoque multidisciplinario que abarca aspectos legales, sociales y de pol�ticas p�blicas, examinando a detalle las diversas iniciativas implementadas por el Estado ecuatoriano en este �mbito, circunscribiendo el papel del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) y el Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades y Equidad de G�nero. Perfeccionando una exploraci�n exhaustiva de la ret�rica existente para contextualizar el marco legal e institucional relacionado con los derechos de las personas con discapacidad en Ecuador, incluyendo disposiciones legales, convenios internacionales ratificados por el pa�s y pol�ticas gubernamentales relevantes, llev�ndose a cabo un an�lisis cr�tico de las acciones espec�ficas emprendidas por el CONADIS y otras entidades estatales.

Palabras clave: Deficiencia; discapacidad; inclusi�n social; accesibilidad servicios; estatus.

 

Abstract

This article evaluated the implementation of a state management model for the priority care of people with disabilities in Ecuador, based on a simplified analysis of the Organic Law on Disabilities and the rights of people with disabilities, as well as the respective national programs aimed at promoting equal opportunities and social inclusion, demonstrating with the results obtained a significant progress in accessibility and training of officials, but identifying challenges in the effective implementation of policies and adequate citizen participation, while suggesting recommendations to improve state management in order to guarantee priority care for this vulnerable sector. Thus, this scientific article was developed from an approach focused on the study of the rights and social inclusion of people with disabilities. To carry out this analysis, a multidisciplinary approach was applied that covers legal, social and public policy aspects, examining in detail the various initiatives implemented by the Ecuadorian State in this area, circumscribing the role of the National Council for the Equality of Disabilities (CONADIS) and the National Plan for Equal Opportunities and Gender Equity. Perfecting an exhaustive exploration of the existing rhetoric to contextualize the legal and institutional framework related to the rights of people with disabilities in Ecuador, including legal provisions, international conventions ratified by the country and relevant government policies, carrying out a critical analysis of the specific actions undertaken by CONADIS and other state entities.

Keywords: Impairment; disability; social inclusion; accessibility of services; status.

 

Resumo

Este artigo avaliou a implementa��o de um modelo de gest�o estatal para a aten��o priorit�ria das pessoas com defici�ncia no Equador, com base numa an�lise simplificada da Lei Org�nica sobre Defici�ncia e dos direitos das pessoas com defici�ncia, bem como dos respetivos programas nacionais direcionados. promo��o da igualdade de oportunidades e da inclus�o social, demonstrando com os resultados obtidos progressos significativos na acessibilidade e forma��o dos funcion�rios, mas s�o identificados desafios na implementa��o eficaz das pol�ticas e na participa��o adequada dos cidad�os, sugerindo ao mesmo tempo recomenda��es para melhorar a gest�o estatal para garantir uma aten��o priorit�ria a este setor vulner�vel. Assim, este artigo cient�fico foi desenvolvido a partir de uma abordagem focada no estudo dos direitos e da inclus�o social das pessoas com defici�ncia Para realizar esta an�lise, foi aplicada uma abordagem multidisciplinar que abrange aspetos jur�dicos, sociais e de pol�ticas p�blicas, examinando detalhadamente. as diversas iniciativas implementadas pelo Estado equatoriano nesta �rea, circunscrevendo o papel do Conselho Nacional para a Igualdade das Defici�ncias (CONADIS) e do Plano Nacional para a Igualdade de Oportunidades e Equidade de G�nero. Aperfei�oar uma explora��o abrangente da ret�rica existente para contextualizar o quadro jur�dico e institucional relacionado com os direitos das pessoas com defici�ncia no Equador, incluindo disposi��es legais, conven��es internacionais ratificadas pelo pa�s e pol�ticas governamentais relevantes, realizando uma an�lise cr�tica das a��es espec�ficas realizadas pela CONADIS e outras entidades estatais.

Palavras-chave: Defici�ncia; inabilidade; inclus�o social; servi�os de acessibilidade; status.

 

Introducci�n

En Ecuador, al igual que en diversos pa�ses, las personas con discapacidad han enfrentado hist�ricamente cuantiosos retos para acceder a servicios b�sicos, atenci�n m�dica adecuada y oportunidades de participaci�n plena en la sociedad. La discapacidad, lejos de ser simplemente una condici�n m�dica, ha sido una barricada para el ejercicio pleno de los derechos humanos de este grupo vulnerable, mismos que �deben tener una prioridad especial y que deben ser velados por las leyes nacionales e internacionales.� (Canales-Mac�as, Rodr�guez Baque, & Ram�rez L�pez, 2023, p. 200-208).

La importancia de garantizar una atenci�n prioritaria y el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad no puede ser ensoberbecida. M�s que un imperativo moral, es una obligaci�n legal y un compromiso con los principios de igualdad y justicia social. En este sentido, tanto a nivel nacional como internacional, se han establecido marcos legales y normativos que buscan proteger y promover los derechos de las personas con discapacidad, comprendiendo que �el marco normativo a nivel internacional busca la protecci�n de los derechos de todas las personas en condici�n de discapacidad para que ellas gocen efectivamente de sus derechos.� (Leal & Mendoza Torres, 2024, p. 4918-4938) En el �mbito nacional, Ecuador ha dado pasos significativos hacia la garant�a de los derechos de las personas con discapacidad. La Constituci�n de 2008 reconoce a la discapacidad como una condici�n de vulnerabilidad y establece el principio de igualdad y no discriminaci�n. Adem�s, la Ley Org�nica de Discapacidades promulgada en el a�o 2012, establece medidas para la inclusi�n social, la accesibilidad universal y la no discriminaci�n.

A nivel internacional como se mencionaba, Ecuador es parte de importantes tratados y convenciones que protegen los derechos de las personas con discapacidad. Entre ellos, destaca la Convenci�n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por Ecuador en 2008, que reconoce la igualdad de oportunidades, la accesibilidad y la participaci�n plena y efectiva en la sociedad, sin embargo, a pesar de estos avances normativos, persisten numerosos desaf�os en la implementaci�n efectiva de pol�ticas y programas que garanticen la atenci�n prioritaria de las personas con discapacidad en Ecuador. En este contexto, resulta crucial explorar y proponer modelos de gesti�n estatal que permitan superar estas barreras y asegurar el pleno ejercicio de los derechos de este grupo vulnerable.

En este art�culo, se analiz� el modelo de gesti�n estatal para garantizar la atenci�n prioritaria de las personas con discapacidad en Ecuador, identificando desaf�os, oportunidades y posibles recomendaciones para mejorar la situaci�n actual y avanzar hacia una sociedad m�s inclusiva y equitativa, siendo �necesario dise�ar estrategias que promuevan la participaci�n activa y cr�tica de las poblaciones vulnerables, asegurando que estas estrategias sean pertinentes y respondan a las demandas actuales y futuras de la econom�a global del conocimiento.��(Macedo, 2023).

 

Los derechos de las personas con discapacidad

La discapacidad es un t�rmino que abarca diversas limitaciones que una persona puede experimentar en su funcionamiento f�sico, sensorial, intelectual o ps�quico, y que interfieren con su capacidad para participar plenamente en la sociedad. Es importante entrever la discapacidad como un fen�meno complicado como consecuencia de la interacci�n entre las caracter�sticas individuales del individuo y las barreras presentes en su entorno, �concibiendo que las personas con discapacidad siempre han tenido que enfrentase a numerosas limitaciones y restricciones lo que ha habituado que constituyan parte de una minor�a aislada y desmesuradamente circunspecta.� (Andrade, 2011, p. 9).

En Ecuador, las personas con discapacidad cuentan con respaldo legal a trav�s de la Constituci�n y la Ley Org�nica de Discapacidades. Estas normativas establecen medidas que aseguran igualdad de oportunidades e inclusi�n en diversos �mbitos como la educaci�n, el empleo, la salud, el transporte y la participaci�n en la esfera p�blica que �constituye ante todo un espacio de intercambio argumentativo muy diverso sobre asuntos de inter�s general.��(Flores S. R., 2023).

El adelanto en la legislaci�n de un pa�s se ve influenciado en parte por las necesidades que sus habitantes deben amparar. Consiguientemente, la organizaci�n gubernamental debe adaptarse en aspectos sociales, pedag�gicos, econ�micos, administrativos y, sobre todo, en el �mbito legal. Por lo que es oportuno exteriorizar que en atenci�n a lo determinado en el Art. 24 de la Convenci�n Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que entr� en vigor en el a�o 2008, misma que integra el bloque de constitucionalidad, es el Estado Ecuatoriano quien debe garantizar derechos inclusivos en todos y cada uno de los niveles, �encauzados a vigorizar plenamente el potencial humano y el acatamiento a la diversidad humana, apuntalando la creaci�n de oportunidades que condesciendan fructificar el talento �nico de las personas con discapacidad.� (Sentencia No. 1016-20-JP/21, p. 17).

Aunque la Constituci�n de la Rep�blica del 2008 enfatiza el concepto de "Sumak Kawsay� y a pesar de la existencia de leyes nacionales relacionadas con las personas con discapacidad, junto con los tratados, convenios y declaraciones internacionales suscritos por nuestra naci�n sobre este tema, es claro que los derechos de este grupo y otros grupos considerados prioritarios est�n siendo afectados directamente debido, principalmente, a la falta de observancia de la legislaci�n vigente.

Es as� que, el reconocimiento de la capacidad jur�dica de las personas con discapacidad, especialmente de aquellas con discapacidad intelectual, psicosocial y auditiva es fundamental, debido a que marca un hito hist�rico al permitirles participar plenamente en la gesti�n de sus propios bienes y recursos, superando as� siglos de exclusi�n, aun cuando �en una sociedad donde destaca el individualismo y el aislamiento, trabajar desde el colectivo puede constituir un elemento fundamental para la transformaci�n de los v�nculos sociales.� (Cara & Mor�n, 2021, p. 11-21).

 

La atenci�n prioritaria de las personas con discapacidad en el Ecuador

Antes de adentrarnos en el enfoque sustancial de estudio relacionado a la atenci�n prioritaria, es fundamental intuir la relevancia de este tema. La atenci�n prioritaria a personas con discapacidad es un derecho humano fundamental y una cuesti�n de justicia social. En Ecuador, como en muchos otros pa�ses, se han conseguido avances significativos, pero a�n persisten retos en cuanto a accesibilidad, inclusi�n y calidad de vida de las personas con discapacidad, es as� que la atenci�n prioritaria de las personas con discapacidad tambi�n conocida como acciones afirmativas, nos permiten justificar la inclusi�n de estas personas como un reto sustancial, pero tanto el gobierno como otras organizaciones han estado abordando las necesidades y derechos de aquellos individuos con discapacidad, enfoc�ndose en reconocer y valorar su contribuci�n social.

En relaci�n con este argumento, el Programa de las Naciones Unidas (23 de Mayo de 2024) indica que �Seg�n el CONADIS, en el Ecuador se encuentran registradas m�s de 480.000 personas con discapacidad. El �ltimo censo de poblaci�n y vivienda registra m�s de un mill�n de personas de cinco a�os o m�s, con dificultades funcionales permanentes�, siendo esencial que en base a estos datos, en nuestro estado las personas con discapacidad no sean vistas �nicamente con un objeto de auxilio social sino como sujetos de derechos que sean incluidos en equivalencia de condiciones con el resto de habitantes, entendiendo implicitamente que la terminolog�a de �"sujeto del (o de) derecho" es t�cnica de la ciencia jur�dica de nuestros d�as para designar supremamente a los entes solo a los cuales es posible imputar derechos y obligaciones, o relaciones jur�dicas en terminolog�a tambi�n de nuestra �poca.� (Guzm�n, 1995, pp. 139-167).

Con este fundamento, se busca implementar una pol�tica integral de integraci�n social que no solo priorice a las personas con discapacidad, sino que tambi�n garantice sus derechos particulares, como acceso a la educaci�n, vivienda, empleo, entre otros, esenciales para su inclusi�n, en este sentido, el Gobierno Ecuatoriano ha trabajado en estrecha colaboraci�n con el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) para crear pol�ticas p�blicas que beneficien a las personas con discapacidad, a pesar de esto en la actualidad a�n no hay un detalle exacto �sobre los impactos de las pol�ticas p�blicas de las pensiones otorgadas, mecanismos de inserci�n laboral y desarrollo productivo de las personas con discapacidad." (Flores & Alava, 2020, p. 206-217).

El enfoque principal es mejorar la accesibilidad para que este grupo pueda utilizar los diferentes bienes y servicios disponibles. El objetivo es garantizar que todas estas medidas se adapten de manera �ptima a las necesidades de las personas con discapacidad. El objetivo de este proceso es estimular la colaboraci�n entre ministerios, instituciones y organizaciones en relaci�n con las modalidades adoptadas. Tambi�n se busca identificar de manera temprana las barreras que restringen la autonom�a y el desarrollo, con la meta de impulsar la independencia y el avance de las personas con discapacidad.

El Ministerio de Relaciones Laborales ha puesto en marcha programas para la inclusi�n en el �mbito laboral, mientras que el Banco de Fomento ha ofrecido servicios destinados a promover la inclusi�n productiva para aquellos interesados en iniciar sus propios negocios. Esto les facilitar� acceder a un mayor respaldo econ�mico, ya que el Estado tiene un papel fundamental en garantizar los derechos, siente la necesidad de impulsar medidas de prevenci�n, habilitaci�n, rehabilitaci�n y atenci�n constante para que estas personas sean consideradas como ciudadanos activos y emprendedores.

Se han implementado medidas afirmativas para enfrentar estas problem�ticas, las cuales son esenciales para reducir las desigualdades que impactan principalmente a los grupos m�s vulnerables. Una de las leyes m�s relevantes que abarca una diversidad de estas medidas es la Ley Org�nica de Discapacidades y por otra parte los Gobiernos Aut�nomos Descentralizados han iniciado una progresiva participaci�n, desarrollando e implementando pol�ticas que promueven la equidad y la creaci�n de servicios sociales de utilidad p�blica, facilitando la accesibilidad a trav�s de sistemas de protecci�n completos.Principio del formularioFinal del formularioPrincipio del formularioFinal del formulario

Las pol�ticas y programas del modelo de gesti�n estatal para garantizar la atenci�n prioritaria de las personas con discapacidad en el Ecuador

Los modelos de gesti�n estatal para abordar las necesidades de las personas con discapacidad var�an seg�n el contexto pol�tico, econ�mico y cultural de cada pa�s. Sin embargo, estos modelos suelen estar fundamentados en principios como el enfoque basado en derechos, que reconoce los derechos humanos de las personas con discapacidad, incluyendo la igualdad de oportunidades y la no discriminaci�n. Adem�s, suelen promover la accesibilidad universal, asegurando que los servicios, infraestructuras y programas estatales sean accesibles para todas las personas, independientemente de su tipo de discapacidad. Tambi�n suelen enfocarse en la participaci�n y empoderamiento de las personas con discapacidad, fomentando su participaci�n activa en la toma de decisiones que les afectan y su capacidad para reclamar y ejercer sus derechos. Por �ltimo, suelen requerir una coordinaci�n intersectorial, que permita una atenci�n integral de las personas con discapacidad a trav�s de la colaboraci�n entre diferentes �reas gubernamentales, como salud, educaci�n, trabajo, entre otros.

Interpretando esto, Ch�vez (2017) define a una discapacidad como �un fen�meno multifac�tico en el que se incluye la relaci�n del individuo con su medio social y que se manifiesta a trav�s de diversas deficiencias funcionales� (p. 113-119),� es as� que� dentro de las principales facetas en la vida de las personas con discapacidad nos encontramos con restricciones de movimiento que les impiden realizar determinadas actividades, limitaciones de participaci�n en la vida social y posibles secuelas emocionales o f�sicas, destacando que cada persona es �nica, y la discapacidad es solo una parte de su identidad. No hay una �nica caracter�stica que defina a todas las personas con discapacidad.

La incorporaci�n de individuos con discapacidad representa un desaf�o significativo en la sociedad actual. En este sentido, el Estado, por medio de sus organismos, ha emprendido acciones encaminadas a atender las demandas y derechos de este colectivo, destacando la importancia de su reconocimiento y valoraci�n. Adem�s, se ha orientado hacia la provisi�n de servicios de alta calidad destinados a fomentar su desarrollo personal y social.

El objetivo es establecer una pol�tica integral de inclusi�n social que no solo identifique a las personas con discapacidad como un grupo prioritario, sino que tambi�n les garantice derechos espec�ficos esenciales para su integraci�n, tales como acceso a la educaci�n, vivienda, atenci�n m�dica y empleo.

 

La inclusi�n y el acceso a los servicios b�sicos de las Personas con discapacidad

La integraci�n en la sociedad y la posibilidad de acceder a servicios esenciales son derechos fundamentales que todos deber�an disfrutar, sin importar sus habilidades o condiciones f�sicas. A pesar de ello, las personas con discapacidad siguen encontrando obst�culos significativos para acceder a servicios b�sicos como atenci�n m�dica, educaci�n, empleo y transporte. Este art�culo examina las formas en que la sociedad puede eliminar estas barreras y fomentar la total inclusi�n de las personas con discapacidad.

Las personas con discapacidad frecuentemente se enfrentan a desaf�os al intentar acceder a servicios de atenci�n m�dica apropiados, ya sea por la ausencia de instalaciones accesibles o por la discriminaci�n por parte del personal m�dico. Es esencial establecer pol�ticas de salud inclusivas que aseguren la accesibilidad f�sica y proporcionen capacitaci�n adecuada al personal para abordar las necesidades particulares de este grupo.

A pesar de los progresos en la normativa de numerosas naciones para fomentar la educaci�n inclusiva, las personas con discapacidad a�n encuentran dificultades para acceder a una educaci�n de alto nivel. Se necesita una mayor inversi�n en recursos y formaci�n para asegurar que todas las instituciones educativas sean accesibles y que se proporcione el respaldo adecuado para que los estudiantes con discapacidad puedan participar activamente en el proceso de aprendizaje.

La proporci�n de desempleo entre las personas con discapacidad contin�a siendo notablemente superior a la de la poblaci�n en general. Resulta fundamental impulsar pol�ticas laborales inclusivas que promuevan la contrataci�n de individuos con discapacidad y que ofrezcan adaptaciones razonables en el entorno laboral para asegurar su plena integraci�n.

 

El Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades y Equidad de G�nero

El gobierno de Ecuador ha colaborado estrechamente con el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) en la formulaci�n de diversas pol�ticas p�blicas destinadas a mejorar la accesibilidad a bienes y servicios para las personas con discapacidad. Estas medidas se han dise�ado con el objetivo principal de adaptarse de manera �ptima a las necesidades de este grupo vulnerable.

Los Gobiernos Aut�nomos Descentralizados han ido progresivamente ampliado su participaci�n, desarrollando e implementando pol�ticas destinadas a fomentar la equidad y proporcionar servicios sociales de inter�s y utilidad colectiva. �En este sentido, han impulsado la accesibilidad mediante sistemas integrales de protecci�n, contribuyendo as� a la inclusi�n y el bienestar de la sociedad en su conjunto�. (Espinoza, 2018, p. 3).

Este proceso implica una colaboraci�n intersectorial, en la que participan todos los ministerios, instituciones y organizaciones relevantes, con el fin de identificar oportunamente las barreras que obstaculizan la autonom�a y el desarrollo de las personas con discapacidad. En este sentido, se han implementado servicios de inclusi�n laboral a trav�s del Ministerio de Relaciones Laborales, as� como servicios de inclusi�n productiva a trav�s del Banco de Fomento, dirigidos a aquellos que desean emprender sus propios negocios, lo que les permitir� mejorar su situaci�n econ�mica. Este enfoque intersectorial busca abordar de manera integral los desaf�os que enfrenta este grupo vulnerable, involucrando a todas las entidades pertinentes en la b�squeda de soluciones efectivas.

Dado que el Estado es fundamental en la protecci�n de los derechos, ha asumido la responsabilidad de promover la prevenci�n, habilitaci�n, rehabilitaci�n y atenci�n constante a las personas con discapacidad, con el objetivo de facilitar su integraci�n como ciudadanos productivos y emprendedores. Para lograr este prop�sito, se han implementado acciones afirmativas, las cuales son medidas necesarias destinadas a eliminar situaciones de desigualdad. Una de las principales regulaciones que abarca una variedad de acciones afirmativas es la Ley Org�nica de Discapacidades.

Como lo establece la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, un Estado de derecho tiene la responsabilidad de implementar pol�ticas de prevenci�n de discapacidades y promover la igualdad de oportunidades y la integraci�n social de las personas con discapacidad (Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, Art. 47) siendo el papel primordial del Estado en la atenci�n a este grupo vulnerable el de prevenir las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurar la equiparaci�n de oportunidades para este sector vulnerable.

 

Concepto de discapacidad y modelos de gesti�n estatal

Es importante entender que la discapacidad de una persona es considerada como �una situaci�n heterog�nea que influye en su interacci�n, misma que puede originarse desde aspectos f�sicos y ps�quicos que pueden llegar a afectar su convivencia en sociedad.� (Padilla, 2010, p. 381-414). Partiendo de esto nos encontramos con varias contextualizaciones que nos condescienden entender una discapacidad, no obstante, la cuesti�n se complica al analizar el concepto de discapacidad, �dado que ni la normativa comunitaria ni el convenio internacional ofrecen una definici�n precisa, en este sentido, la discapacidad debe interpretarse como una inhabilidad significativa y persistente que restringe la capacidad de un individuo� (Insua, 2023, pp. 85-131) , es as� que el presente art�culo nos permite observar c�mo se trata este asunto fundamentalmente en Ecuador, en donde nos encontramos con normativa vigente, pol�ticas p�blicas y m�todos de integraci�n que por regla general se aplican como mecanismos de necesidad para cumplir y no como estrategias para cambiar una perspectiva social en la que cada individuo vea con naturalidad el hecho de interrelacionarse con personas que poseen alg�n tipo de discapacidad y viceversa.

Desde el hecho hist�rico de que una discapacidad parte de una problem�tica individual que se entiende como un fen�meno multidimensional, un �continuun� del funcionamiento humano que se hace visible en relaci�n con situaciones espec�ficas de la vida (Hollenweger, 2015, p. 4), es importante destacar que en nuestro pa�s desde el a�o 2013 ya existe un modelo de gesti�n para la atenci�n inclusiva de personas con discapacidad, modelo de gesti�n impulsado por el Ministerio de Inclusi�n Econ�mica y Social , orientado a buscar el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de todas aquellas personas que conviven en condici�n de discapacidad, buscando intentar entender el cuidado como un bien p�blico dentro de la gesti�n de la pol�tica p�blica para individuos con discapacidad, en donde el reconocimiento efectivo de sus derechos es esencial para lograr generar servicios p�blicos que permitan mejorar su calidad de vida, entendiendo que conforme a estudios del CONADIS este tipo de antenci�n al tema de discapacidad en el Ecuador se inicia en la d�cada del 40 y 60, d�ndose un cambio radical en el fortalecimiento para coordinar acciones que permitan impulsar derechos con la creaci�n de la Ley de Discapacidades.

 

Revisi�n de la literatura sobre modelos exitosos de gesti�n estatal para la atenci�n prioritaria de personas con discapacidad a nivel internacional y sus posibles adaptaciones al contexto ecuatoriano

Antiguamente, culturas arcaicas como la de Esparta consideraban que las personas con discapacidad deb�an ser eliminadas, ya que cre�an que esta condici�n era una forma de castigo divino. Con el transcurso del tiempo, las personas con discapacidad no fueron eliminadas, pero s� sufrieron marginaci�n y repetidamente se las relacion� con mendigos y enfermos. En tiempos modernos, despu�s de dos guerras mundiales y conflictos como los de Corea y Vietnam, la discapacidad fue principalmente vista como un problema m�dico y de rehabilitaci�n. Se procuraba asistir y rehabilitar a las personas con discapacidad con el objetivo de integrarlas a trav�s de tratamientos. Actualmente, el enfoque social de la discapacidad busca concienciar sobre los derechos de las personas con discapacidad, argumentando que estas no pueden desarrollarse ni disfrutar de las mismas oportunidades que los dem�s debido a que la sociedad no proporciona ni se ajusta adecuadamente para satisfacer sus necesidades.

La Ley Brasile�a de Inclusi�n de Personas con Discapacidad, conocida tambi�n como el Estatuto da Pessoa con Deficiencia, es una legislaci�n fundamental para la protecci�n de los derechos de las personas con discapacidad en Brasil. Aprobada en 2015, esta ley representa un avance significativo en t�rminos de inclusi�n y garant�a de derechos para este grupo poblacional. La ley abarca diversos �mbitos fundamentales para la vida de las personas con discapacidad, incluyendo la salud, la educaci�n, el trabajo, el transporte, la accesibilidad, entre otros.

En Per�, a partir del a�o 2021, las personas con discapacidad pueden acceder a un Plan de Igualdad de Oportunidades regulado por la Resoluci�n Ministerial Nro. 119-2016-MIMP. Este plan busca mejorar y ampliar los servicios proporcionados por entidades p�blicas y privadas a individuos con capacidades especiales, asegurando que tengan un acceso completo y efectivo a sus derechos dentro de la sociedad.

El plan tiene como finalidad definir objetivos y metas en aspectos fundamentales como el acceso a servicios de salud, educaci�n inclusiva, oportunidades laborales, una vida digna, protecci�n social, entornos f�sicos que permitan una movilidad segura y eficiente, y el reconocimiento pleno de sus derechos en igualdad de condiciones respecto al resto de la sociedad. Per� define objetivos y criterios para seguir de cerca y supervisar el Plan de Igualdad de Oportunidades dirigido a grupos vulnerables, garantizando de esta manera que las pol�ticas p�blicas se implementen correctamente, entendiendo que �desarrollar las capacidades radica en aumentar algunas condiciones - mejor desempe�o, lograr valor a�adido, fomentar nuevo talento � en el lugar donde interact�an, para que apliquen toda su capacidad� (Rueda, 2013, p�g. 689).

En Espa�a se implement� la Estrategia Espa�ola sobre la Discapacidad 2022-2030, aprobada el 3 de mayo de 2022, con el prop�sito de asegurar que las personas con discapacidad puedan acceder, disfrutar y ejercer plenamente sus derechos humanos. Esta estrategia tiene como objetivo crear una sociedad inclusiva y sin barreras, fomentando la equidad y la participaci�n de todos para garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad y sus familias. Los principios esenciales de este enfoque incluyen el respeto a la dignidad, la no discriminaci�n conforme a los tratados de derechos humanos, la plena y efectiva participaci�n e inclusi�n en la sociedad, el reconocimiento de la diversidad, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad y la igualdad de g�nero.

El gobierno espa�ol busca implementar iniciativas que proporcionen formaci�n, respaldo y asistencia a las familias (en colaboraci�n con entidades sociales de discapacidad). Estas iniciativas est�n dise�adas para fomentar el desarrollo de habilidades y competencias adecuadas desde la infancia, alineadas con un enfoque basado en los derechos. El objetivo es reducir la sobreprotecci�n al implicar a las familias como aliadas, promoviendo de este modo la autonom�a personal, la participaci�n en la sociedad, la inclusi�n social y la independencia de sus familiares con discapacidad.

A lo largo de la historia, las personas con discapacidad han enfrentado discriminaci�n, y a nivel global se ha enfocado en cerrar las brechas sociales, econ�micas y culturales para lograr una inclusi�n genuina de este grupo prioritario. En Ecuador, existen programas y modelos que buscan la igualdad para las personas con discapacidad, aunque a�n no se ha alcanzado completamente su implementaci�n ni se les ha dado el seguimiento adecuado como en otros pa�ses. Es esencial revisar las leyes y adaptar modelos exitosos, como el de Brasil, para asegurar los derechos de las personas con discapacidad. En Per�, se est� trabajando para mejorar los servicios ofrecidos tanto por entidades p�blicas como privadas. La implementaci�n de estos enfoques requiere una coordinaci�n efectiva entre el gobierno, las organizaciones sociales y la sociedad en general, con el fin de garantizar la efectiva implementaci�n de pol�ticas p�blicas inclusivas y el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en Ecuador.

 

Metodolog�a

Se ha aplicado la metodolog�a de enfoque de m�todo cuantitativo, ya que fue beneficioso para obtener una comprensi�n integral de la situaci�n, de la revisi�n documental y an�lisis de Pol�ticas se ha realizado una revisi�n exhaustiva de la legislaci�n nacional y las pol�ticas gubernamentales relacionadas con la atenci�n prioritaria a las personas con discapacidad en Ecuador, adem�s se analiz� cr�ticamente c�mo se establecen los marcos legales, normativos y c�mo se traducen en pol�ticas y programas espec�ficos.

Para esto se aplicaron encuestas a una muestra representativa de personas con discapacidad, con las mismas se indag� sobre la percepci�n de la atenci�n recibida, los servicios disponibles, las barreras existentes y las necesidades no cubiertas, estas se dise�aron y llevaron a cabo con encuestas a nivel nacional y regional para recopilar datos cuantitativos sobre la percepci�n de la atenci�n prioritaria a las personas con discapacidad por parte de diversos actores, como personas con discapacidad, familiares, cuidadores, profesionales de la salud y funcionarios gubernamentales.

Los resultados fueron obtenidos en base a una b�squeda para la validaci�n y retroalimentaci�n de los hallazgos por parte de las personas con discapacidad, organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes para garantizar la preeminencia y credibilidad de los mismos, esto con la utilizaci�n de cuestionarios elaborados a partir de una revisi�n bibliogr�fica y adaptados al contexto ecuatoriano, garantizando la confidencialidad de los datos e informaci�n de las personadas que han sido participes, reconociendo algunas limitantes del estudio, como el alcance geogr�fico, la representatividad de la muestra y los posibles sesgos, obteniendo resultados que permiten elaborar las conclusiones s�lidas y recomendaciones objetivas entorno a la tem�tica tratada.

 

Resultados y Discusi�n

PREGUNTA 1: �Las actividades realizadas por el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) garantizan los derechos de las personas con discapacidad?

 

TABLA 1: Derechos de las personas con discapacidad

NOTA: Esta tabla muestra si el Consejo Nacional para las igualdades garantiza los derechos de las personas con discapacidad.

Discusi�n de resultados: Al hablar del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) nos entramos con un organismo encargado de asegurar el completo ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, adem�s de garantizar la plena vigencia de los mismos siempre y cuando vayan acorde a las disposiciones establecidas en la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, as� como tambi�n en los tratados y convenios ratificados por el pa�s en materia de derechos de personas con discapacidad y principalmente en lo que dispone la Ley Org�nica de Discapacidades, en este sentido es importante destacar la importancia de la aplicaci�n de medidas de acciones afirmativas que permitan la equiparaci�n de sus oportunidades, siendo fundamental la lucha constante contra los prejuicios y estereotipos nocivos, promoviendo la toma de conciencia social y de esta manera lograr sensibilizar a la sociedad, a pesar de que �existe un sistema de marginalidad y discriminaci�n a la poblaci�n con discapacidad, a pesar del abordaje usual de la dignidad humana e igualdad de los individuos ante la Ley.��(Encarnaci�n, Rosero Mart�nez, & M�ndez Cabrita, 2022).

Ante lo expuesto y acorde a los resultados obtenidos de la investigaci�n existen porcentajes discrepantes entre la opini�n que manejan las autoridades respecto al hecho de que el (CONADIS) garantiza los derechos de las personas con discapacidades y la opini�n que maneja parte de este sector vulnerable, con lo que evidenciamos con notoriedad que existe una margen de confusi�n entre lo que las autoridades deben entregar como garant�a fehaciente de cumplimiento de derechos y lo que las personas con discapacidad deben recibir, como manifiesta Nogueira Alcal� (2003)� Los derechos humanos son el coraz�n de la Constituci�n y el fundamento de un Estado de derecho. El Estado no solo debe proteger estos derechos, sino tambi�n crear las condiciones necesarias para que las personas con discapacidad puedan ejercerlos plenamente. Al hacerlo, contribuye a la construcci�n de un orden p�blico basado en la justicia y la dignidad humana. (Alcal�, 2003, p. 1-54) Los hallazgos de esta investigaci�n ponen de manifiesto la necesidad urgente de implementar medidas m�s efectivas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en Ecuador, entre los principales el derecho a la igualdad y a la no discriminaci�n, derecho a la autonom�a y a la adopci�n de decisiones, derecho a la privacidad, derecho al trabajo y al empleo, derecho a la educaci�n, derecho a un nivel de vida adecuado y a la protecci�n social, derecho a la salud, participaci�n en la vida pol�tica y p�blica, entre otros derechos y �mbitos de actuaci�n.

 

PREGUNTA 2.- �Las pol�ticas y programas del modelo de gesti�n estatal garantizan la atenci�n prioritaria de las personas con discapacidad en el Ecuador?

 

TABLA 2: Pol�ticas y programas del modelo de gesti�n estatal

NOTA: Esta tabla muestra si las pol�ticas y programas del modelo de gesti�n estatal garantiza la atenci�n prioritaria.

 

Discusi�n de resultados: La tabla presentada evidencia una discrepancia significativa entre la percepci�n de las personas con discapacidad y las autoridades respecto a la garant�a de atenci�n prioritaria en las pol�ticas y programas estatales, es probable que, a pesar de la existencia de pol�ticas y programas, su implementaci�n a nivel pr�ctico sea limitada o deficiente, lo que impide que las personas con discapacidad accedan a los servicios y beneficios prometidos, a pesar de que �a las personas con discapacidad la Constituci�n les reconoce, adem�s de los derechos comunes de toda persona, derechos espec�ficos como son la atenci�n especializada en las entidades p�blicas y privadas que presten servicios de salud para sus necesidades espec�ficas� (Miranda, 2024, p. 36), entre otros, estos no se ven reflejados en una correcta aplicaci�n,� �asimismo, en el modelo social de la discapacidad se hace un hincapi� especial en el papel fundamental que tienen los apoyos en la mejora del funcionamiento humano� (Piccininni, 2023, p. 37)� entendiendo que en el Ecuador acceder a una atenci�n prioritaria podr�a significar �acoger y poner en marcha medidas que consigan, de manera real y preventiva, la inclusi�n laboral y social de todas las personas con discapacidad.� (Ortega, 2024, p. 115-151).

En el Ecuador actualmente existe un Modelo de Gesti�n para la Atenci�n inclusiva de personas con discapacidad, mismo que contiene los enfoques, procesos y metodolog�as que se encaminan directamente al desarrollo de las capacidades de quienes poseen una condici�n de discapacidad, por otra parte en el pa�s se han desarrollado doce pol�ticas para la igualdad en discapacidades enfocadas en la sensibilizaci�n, participaci�n, prevenci�n, salud, educaci�n, trabajo, accesibilidad, turismo, cultura, arte, deportes y recreaci�n, protecci�n y seguridad social, legislaci�n y justicia, vida libre de violencia y una pol�tica conducida al enfoque de discapacidades en la pol�tica p�blica; partiendo de esto y concomitantemente con los resultados obtenidos se logra evidenciar que estas pol�ticas y modelo de gesti�n no son conocidas a profundidad por los principales actores sean estos beneficiarios de derechos y obligados a ejecutarlos, por lo que se nota con claridad en principio que aparentemente para las autoridades estas pol�ticas y modelo de gesti�n permiten efectivamente garantizar la atenci�n prioritaria, mientras por otro lado muchas de las personas que poseen alguna discapacidad no acogen como positiva una gesti�n estatal que permita mejorar en algo su condici�n de vida.

 

PREGUNTA 3.- �El Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades y Equidad de G�nero garantiza la inclusi�n de las Personas con Discapacidad?

 

TABLA 3: La inclusi�n de las Personas con Discapacidad

NOTA: Esta tabla muestra si el Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades y Equidad de G�nero garantiza la Inclusi�n de las personas con Discapacidad.

 

Discusi�n de resultados: Al tratar acerca del Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades y Equidad de G�nero en el Ecuador se evidencia un desaf�o importante para lograr una sociedad m�s igualitaria, la estrategia precitada sirve como instrumento que permite planificar un futuro con espacios un poco m�s incluyentes en el que definitivamente es importante e indispensable fortalecer el rumbo para la exigibilidad de derechos, en este plan existente en nuestro pa�s notamos una aplicaci�n de un enfoque m�s acercado a la igualdad de g�nero, el cuidado humano y la sostenibilidad de la vida, en el que a profundidad no se inmiscuye con solvencia el tema de las personas con discapacidad, lo que desde un enfoque de estudio nos permite identificar inclusi�n en este plan, ya que si hablamos de equidad de g�nero, dentro de la misma tambi�n existe gran poblaci�n de mujeres que poseen alg�n tipo de discapacidad, en donde es clave hablar de g�nero y discapacidad, la Agenda Nacional para la Igualdad de G�nero 2021-2025 validada por la Subsecretar�a de Planificaci�n Nacional, Direcci�n de Planificaci�n y Pol�tica P�blica de la Secretar�a Nacional de Planificaci�n (2022), nos ayuda a comprender que �se busca que las mujeres diversas superen la pobreza accediendo a trabajos en igualdad de condiciones que los hombres� (p. 1-15).

Con lo mencionado y bajo un estricto an�lisis del resultado obtenido en relaci�n a esta interrogante se logra evidenciar una tendencia en la cual las autoridades consideran que El Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades y Equidad de G�nero garantiza la inclusi�n de las Personas con Discapacidad cuando los involucrados directos que son las personas con discapacidad en su gran mayor�a opinan lo contrario, determin�ndose de esta manera que efectivamente en este plan no se incluye con precisi�n a este sector vulnerable a pesar de consider�rsele como principal grupo a ser inclusivo dentro de la sociedad, a pesar de que el plan pueda establecer objetivos y lineamientos claros para la inclusi�n, su implementaci�n a nivel pr�ctico podr�a ser insuficiente o presentar obst�culos, �principalmente reflejados en las significativas brechas que existen entre las personas con discapacidad y aquellas sin discapacidad en distintas esferas como la participaci�n en la comunidad o el acceso a la atenci�n sanitaria y a la educaci�n.� (Bietti, 2023, p. 7).

 

PREGUNTA 4.- �El Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades y Equidad de G�nero garantiza el acceso a los servicios b�sicos de las Personas con Discapacidad?

 

TABLA 4: Acceso a los servicios B�sicos de las Personas con Discapacidad

NOTA: Esta tabla muestra si el Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades y Equidad de G�nero garantiza el acceso a los servicios b�sicos

 

Discusi�n de resultados: Considerando que 7 de cada 100 personas posee alguna dificultad funcional para realizar sus actividades cotidianas, como lo indica el Instituto de Estad�sticas y Censos al 26 de enero de 2024, instituci�n que arroja datos importantes respecto al acceso a servicios b�sicos de las personas en general un 84.2% de la poblaci�n tiene acceso a servicio de agua por red p�blica, el 97.5% a electricidad cuesti�n que es muy probable que haya presentado una amplia variante debido a los tan llamados apagones que han azotado al pa�s �ltimamente, acceso a alcantarillado el 65.8% y servicio de recolecci�n de basura un el 88.8%, actualmente nuestro pa�s tiene un enfoque cuyo eje principal es la b�squeda de una nueva forma de convivencia ciudadana, la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008), dice, �El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democr�tico, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de rep�blica y se gobierna de manera descentralizada� (p. 8), por lo tanto, bajo esta premisa es indispensable que dentro de un Estado constitucional de derechos se priorice el acceso a servicios primordiales como agua, luz, tel�fono e incluso servicio de internet que hoy por hoy es indispensable para garantizar una vida digna de cada ciudadano, m�s a�n de las personas con discapacidad o quienes hoy en d�a deber�an ser considerados como ciudadanos con discapacidad.

Bajo este contexto y relacionando lo analizado con los resultados obtenidos en base a si en realidad El Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades y Equidad de G�nero garantiza el acceso a los servicios b�sicos de las Personas con Discapacidad, con resultados en los que se evidencia claramente que este plan existente en nuestro pa�s no es garant�a s�lida que permita el acceso a servicios b�sicos de todos los ciudadanos, toda vez que muchos de los actores no se sienten conformes con el manejo que realiza el Estado para promover garant�as que favorezcan el acceso a servicios b�sicos de la poblaci�n en general y con menor raz�n con un contexto encaminado a beneficiar de este acceso a las personas con discapacidad, considerando adem�s que de cierta forma otra problem�tica �es que las personas con discapacidad han sido vistas fundamentalmente como un grupo social que demanda recursos al resto de la sociedad y al Estado, perdi�ndose de vista que tienen potenciales y capacidades que la sociedad impide que se aprovechen.� (Francke & Cordero, 2005, p. 2)

 

PREGUNTA 5.- �Las actividades realizadas por el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) permiten mejorar la calidad de vida de las Personas con Discapacidad?

 

TABLA 5: El CONADIS permite mejorar la calidad de vida de las Personas con Discapacidad

NOTA: Esta tabla muestra si el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) permiten mejorar la calidad de vida de las Personas con Discapacidad

 

Discusi�n de resultados: El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) tiene como fundamento principal la ejecuci�n de varios ejes, los mismos que se enmarcan en la prevenci�n de discapacidades y salud, educaci�n y formaci�n a lo largo de la vida, protecci�n integral� y seguridad social, trabajo y empleo, accesibilidad, movilidad y vivienda, acceso a la justicia y vida libre de violencia, acceso a la informaci�n, desarrollo tecnol�gico e innovaci�n, fomento de la participaci�n, situaciones de riesgo y emergencias humanitarias y un eje de turismo accesible, arte, cultura y deporte, ejes que en su totalidad no se cumplen o no se evidencia notoriamente su cumplimiento, en base a los resultados obtenidos se logra demonstrar disconformidad por parte de las personas con discapacidad, se�alando que el CONADIS no garantiza totalmente un mejoramiento en la calidad de vida de este sector vulnerable, entendi�ndose por vulnerabilidad a �las caracter�sticas de una persona o grupo y su situaci�n, que influencian su capacidad de anticipar, lidiar, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza� (Piers Blaikie, 2004, p. 1-496).

Por otra parte, y con los resultados obtenidos directamente de cierto grupo de autoridades nos encontramos ante un lineamiento concreto que asegura que efectivamente el CONADIS permite mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, a pesar de aquello se nota que con estos resultados que para las autoridades todo aparentemente est� bien encaminado en su aspiraci�n de otorgar un adecuado servicio a este sector cuando quiz� en la pr�ctica no se cumple a cabalidad, ahora bien ante estos resultados nos encontramos con una discrepancia notable entre las percepciones de las personas con discapacidad y las autoridades sobre el impacto de las acciones de este organismo en la mejora de su calidad de vida, considerando a sobremanera el hecho de que �la historia de la humanidad ha sido testigo de c�mo las personas con limitaciones, discapacidad, barreras de aprendizaje o diferenciales han sido excluidas rechazadas y marginadas por los miembros de su propio grupo social.� (Garz�n, 2021, p. 15).

 

PREGUNTA 6.- �Las pol�ticas y programas del modelo de gesti�n estatal permiten el goce efectivo del principio de igualdad de oportunidades?

 

TABLA 6: El modelo de gesti�n estatal permite el goce efectivo del principio de igualdad de oportunidades.

NOTA: Esta tabla muestra si las pol�ticas y programas del modelo de gesti�n estatal permiten el goce efectivo del principio de igualdad de oportunidades.

 

Discusi�n de resultados: La igualdad de oportunidades es un ideal dif�cil de alcanzar, debido a que la construcci�n de sociedades m�s justas y equitativas es un proceso gradual y complejo, es ah� donde el modelo de gesti�n estatal juega un papel fundamental para reducir desigualdades, en nuestro pa�s nos encontramos ante una constante vulneraci�n de derechos en todos los niveles y sectores, al tratar de las personas con discapacidad esto no es una excepci�n, ya que la poblaci�n en general no tiene un nexo determinante para garantizar su igualdad de oportunidades, con menor factor accesible las personas de que pertenecen a los grupos vulnerables, circunstancias que se evidencian con los resultados obtenidos en el presente trabajo, en donde se clarifica una tendencia a que por parte de las autoridades se mantiene una base de personas que aseguran que efectivamente existen pol�ticas y programas que permiten el goce efectivo del principio de igualdad de oportunidades, sigui�ndose la tendencia en la cual gran porcentaje de personas con discapacidad est�n en desacuerdo con esto, siendo su principal obst�culo la discriminaci�n que no es m�s que �dar un trato distinto a las personas que en esencia son iguales y gozan de los mismos derechos; ese trato distinto genera una desventaja o restringe un derecho a quien lo recibe.� (Comisi�n Nacional de Derechos Humanos M�xico, 2012, p. 1-23).

La encuesta realizada a personas con discapacidad y autoridades en el Ecuador sobre si el modelo de gesti�n estatal permite el goce efectivo del principio de igualdad de oportunidades arroja resultados interesantes y a la vez preocupantes, dentro de los principales hallazgos nos encontramos con una prevalencia de desacuerdo, discrepancias entre grupos y ausencia de un consenso positivo, resultando como posibles explicaciones a esto que las personas con discapacidad enfrentan barreras estructurales y sociales que limitan su acceso a oportunidades en diversos �mbitos como la educaci�n, empleo y salud, entre otros aspectos importantes las personas con discapacidad e incluso las mismas autoridades desconocen los derechos que les asisten y los mecanismos para hacerlos valer, �lo controversial de la gesti�n para personas con discapacidad es que existe inversi�n y pol�ticas p�blicas, y no se alcanza el escenario jur�dico establecido� (Chico & Pascucci Stelluto, 2019, p. 85-97), por lo que es fundamental que el Estado, la sociedad civil y las propias personas con discapacidad trabajen de manera conjunta para superar las barreras existentes y construir una sociedad m�s inclusiva.

 

Conclusiones

�         Tras el an�lisis, podemos concluir que, a pesar de existir normativa vigente en el Ecuador, esta no se cumple a cabalidad, pues, los Derechos de las personas con discapacidad o que poseen alg�n tipo de discapacidad a�n siguen siendo objeto de vulneraci�n, misma que por acci�n u omisi�n se inicia desde las mismas entidades gubernamentales y sus m�s altas esferas, lo que evita que se desarrolle la condici�n de igualdad de oportunidades y todo lo contrario, en muchos de los casos enmarcados a una realidad que limita a estos sectores a ser dependientes del Estado y no autodependientes de s� mismos, esto por la existencia de un sistema que no permite que lo que est� hecho ley se ejecute a cabalidad en la pr�ctica.

�         Importancia de la inclusi�n social y laboral: Se ha evidenciado la necesidad de promover activamente la inclusi�n social y laboral de las personas con discapacidad como parte esencial de un modelo de gesti�n estatal efectivo. La investigaci�n ha resaltado que el acceso a oportunidades educativas y laborales contribuye significativamente al bienestar y la autonom�a de las personas con discapacidad, por lo que es fundamental implementar pol�ticas y programas que fomenten su participaci�n activa en la sociedad.

�         Requerimiento de recursos adecuados y capacitaci�n del personal: Se ha concluido que es indispensable garantizar la asignaci�n adecuada de recursos financieros, humanos y materiales para mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios de atenci�n a las personas con discapacidad en Ecuador. Adem�s, se ha destacado la importancia de proporcionar capacitaci�n especializada al personal de salud, educaci�n y servicios sociales para brindar una atenci�n sensible a las necesidades espec�ficas de este grupo poblacional.

 

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