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La importancia de la prueba digital en los procedimientos penales en Ecuador
The importance of digital evidence in criminal procedures in Ecuador
A importncia das provas digitais nos processos penais no Equador
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Correspondencia: cesar.navas.47@est.ucacue.edu.ec
Ciencias Sociales y Polticas
Artculo de Investigacin
* Recibido: 17 de noviembre de 2024 *Aceptado: 06 de diciembre de 2024 * Publicado: 17 de enero de 2025
I. Universidad Catlica de Cuenca, Azuay, Ecuador.
II. Universidad Catlica de Cuenca, Azuay, Ecuador.
Resumen
La prueba digital ha emergido como un componente en los procedimientos penales modernos debido al crecimiento de delitos informticos y avances tecnolgicos. En Ecuador, aunque el Cdigo Orgnico Integral Penal (COIP) reconoce su validez, la ausencia de una regulacin especfica y adecuada limita su efectiva aplicacin en el sistema judicial. La falta de protocolos claros y los problemas tcnicos en autenticacin y cadena de custodia dificultan la validez y fiabilidad de la evidencia digital. Este problema destaca la necesidad urgente de reformar las normativas y procedimientos para alinearse con estndares internacionales, como la norma ISO 27002:2013. La implementacin de una metodologa basada en tecnologas de la informacin y comunicacin (TICS) para mejorar la gestin de pruebas digitales es esencial. Los objetivos incluyen identificar deficiencias en el COIP, analizar el uso y regulacin de la prueba digital en Ecuador y comparar los procedimientos nacionales con los estndares internacionales para garantizar una justicia precisa y efectiva.
Palabras Clave: prueba digital; derecho procesal penal; derecho probatorio; derecho digital; tecnologas de informacin y comunicacin.
Abstract
Digital evidence has emerged as a component in modern criminal procedures due to the growth of cybercrimes and technological advances. In Ecuador, although the Comprehensive Organic Penal Code (COIP) recognizes its validity, the absence of specific and adequate regulation limits its effective application in the judicial system. The lack of clear protocols and technical problems in authentication and chain of custody hinder the validity and reliability of digital evidence. This issue highlights the urgent need to reform regulations and procedures to align with international standards, such as ISO 27002:2013. The implementation of a methodology based on information and communication technologies (ICT) to improve the management of digital evidence is essential. Objectives include identifying deficiencies in the COIP, analyzing the use and regulation of digital evidence in Ecuador, and comparing national procedures with international standards to ensure accurate and effective justice.
Keywords: digital proof; criminal procedural law; evidentiary law; digital right; information and communication technologies.
Resumo
As provas digitais surgiram como um componente dos processos penais modernos devido ao crescimento dos crimes cibernticos e aos avanos tecnolgicos. No Equador, embora o Cdigo Penal Orgnico Integral (COIP) reconhea a sua validade, a ausncia de regulamentao especfica e adequada limita a sua aplicao efetiva no sistema judicial. A falta de protocolos claros e os problemas tcnicos na autenticao e na cadeia de custdia prejudicam a validade e a fiabilidade das provas digitais. Esta questo destaca a necessidade urgente de reformar regulamentos e procedimentos para se alinharem com as normas internacionais, como a ISO 27002:2013. A implementao de uma metodologia baseada em tecnologias de informao e comunicao (TIC) para melhorar a gesto de provas digitais essencial. Os objetivos incluem identificar deficincias no COIP, analisar o uso e a regulamentao de provas digitais no Equador e comparar os procedimentos nacionais com os padres internacionais para garantir uma justia precisa e eficaz.
Palavras-chave: prova digital; direito processual penal; direito probatrio; direito digital; tecnologias de informao e comunicao.
Introduccin
La prueba digital ha adquirido un papel central en los procedimientos penales contemporneos, particularmente en Ecuador, donde el aumento de los delitos informticos y la creciente dependencia de tecnologas digitales presentan un desafo significativo para el sistema judicial. Sin embargo, su incorporacin enfrenta obstculos debido a la ausencia de un marco normativo especfico que regule de manera clara su manejo, autenticidad y validez en los tribunales. A pesar de que el Cdigo Orgnico Integral Penal (COIP, 2023) y el Cdigo Orgnico General de Procesos (2015) reconocen la prueba digital como vlida, su implementacin se ve limitada por deficiencias en los procedimientos tcnicos, como la cadena de custodia y la autenticacin de las pruebas, lo que genera incertidumbre sobre su fiabilidad en los procesos judiciales.
Este problema es de vital importancia, ya que la falta de un uso adecuado y confiable de la prueba digital afecta la capacidad del sistema penal para responder eficazmente a los delitos, tanto tradicionales como cibernticos. La evidencia digital es esencial para probar conductas delictivas que involucran tecnologa, y su correcta aplicacin es fundamental para garantizar la justicia y la seguridad en el pas. La falta de regulacin precisa puede comprometer no solo la validez de la prueba en s, sino tambin derechos fundamentales, como la presuncin de inocencia y el debido proceso.
Uno de los casos ms notables donde la prueba digital fue decisiva es el caso "Sobornos 2012-2016". En este proceso, se utilizaron correos electrnicos y registros de transferencias bancarias para demostrar un esquema de sobornos que involucraba a altos funcionarios del gobierno y empresarios, incluyendo al expresidente Rafael Correa. La autenticidad e integridad de estas pruebas digitales fueron verificadas mediante peritajes informticos, lo que permiti su admisin en el juicio y contribuy a la condena de varios implicados. Otro ejemplo relevante es el caso de corrupcin en Petroecuador. Aqu, la evidencia digital, como correos electrnicos, mensajes de texto y registros de llamadas, fue crucial para demostrar la existencia de sobornos y corrupcin en la adjudicacin de contratos. Los fiscales utilizaron peritajes tcnicos para validar la autenticidad de los mensajes y rastrear la cadena de custodia de las pruebas digitales (Quichimbo et al., 2024).
En ese sentido, la prueba digital se enmarca en los conceptos de autenticidad, integridad y fiabilidad, los cuales son indispensables para su admisibilidad en los procesos judiciales. La autenticidad de la prueba digital se refiere a la capacidad de demostrar que los datos no han sido alterados desde su recoleccin, mientras que la integridad asegura que se ha mantenido la totalidad de los datos. Estas caractersticas son esenciales para que la prueba sea admisible en un juicio. La fiabilidad, por otro lado, est relacionada con la capacidad de garantizar que la evidencia puede ser reproducida y verificada por peritos independientes, lo cual es crucial para respetar el principio de contradiccin, que asegura que ambas partes en un proceso puedan cuestionar la prueba presentada.
Por su parte, Martnez (2022) subraya la necesidad urgente de que el derecho penal adapte sus enfoques tradicionales ante la revolucin tecnolgica. Segn su anlisis, la integracin de la prueba digital en los procedimientos judiciales no es una opcin, sino una necesidad impuesta por el avance de la tecnologa, tanto en los delitos informticos como en los delitos tradicionales, donde la evidencia digital juega un papel cada vez ms relevante. Sin embargo, esta transicin no est exenta de desafos, ya que plantea preguntas fundamentales sobre la validez de la prueba y el respeto a los derechos fundamentales de los procesados. Martnez argumenta que la rpida evolucin de la tecnologa exige que todos los actores involucrados en el sistema judicial, desde jueces hasta abogados y fiscales, se adapten a los nuevos retos que supone el manejo de la evidencia digital.
Precisamente, las estadsticas revelan la creciente importancia de la prueba digital en el sistema judicial ecuatoriano. Concretamente, entre enero y agosto de 2020, se registraron 5,048 denuncias por delitos informticos en Ecuador, en ese contexto, los tres principales delitos informticos fueron: (i) suplantacin de identidad: 2,162 casos (42.83%), (ii) falsificacin y uso de documento falso: 1,448 casos (28.68%), (iii), apropiacin fraudulenta por medios electrnicos: 1,033 casos (20.46%). Estos tres delitos representaron el 92% de todos los casos reportados, subrayando la importancia de la evidencia digital en la persecucin de estos crmenes (Sarmiento & Maldonado, 2024).
Por su parte, Gonzlez (2021) analiza cmo la revolucin digital ha generado nuevos retos para el derecho penal, especialmente en lo que se refiere a la prueba derivada de delitos informticos. Segn su estudio, la doctrina y jurisprudencia penal espaola establecen que para que una prueba sea lcita, debe ser presentada con todas las garantas procesales que permitan su contradiccin. Es aqu donde la pericia informtica adquiere un rol crucial. Los expertos en informtica forense son esenciales para confirmar o refutar la autenticidad y validez de la evidencia digital, actuando como garantes de que esta prueba ha sido obtenida y preservada adecuadamente. La intervencin de peritos especializados en tecnologa no solo asegura que la prueba cumpla con los requisitos de autenticidad e integridad, sino que tambin respalda la transparencia del proceso, al permitir que las partes puedan controvertir la prueba de manera efectiva.
Adicionalmente, surgen una serie de interrogantes que reflejan la necesidad de realizar una revisin profunda del marco jurdico en Ecuador respecto a la prueba digital. Uno de los principales desafos que enfrenta el sistema judicial ecuatoriano es la falta de protocolos estandarizados para la recoleccin y preservacin de la evidencia digital. La inexistencia de una normativa clara sobre cmo debe gestionarse esta evidencia genera un vaco que puede ser aprovechado por las defensas para cuestionar su validez en los tribunales. En los procesos penales, donde el principio de legalidad y la presuncin de inocencia son pilares fundamentales, cualquier duda sobre la autenticidad de la prueba puede comprometer todo el procedimiento, afectando gravemente la bsqueda de justicia (Porras, 2023).
Adems, el rpido avance de la tecnologa plantea la necesidad de una capacitacin constante para los operadores del sistema judicial. Jueces, fiscales, abogados y peritos deben mantenerse actualizados sobre las nuevas herramientas y mtodos para la recoleccin y anlisis de pruebas digitales. De lo contrario, existe el riesgo de que la evidencia sea manipulada o malinterpretada, lo que podra llevar a fallos judiciales injustos. En este sentido, es indispensable que el sistema judicial ecuatoriano no solo implemente reformas normativas, sino que tambin invierta en la formacin y especializacin de sus operadores en temas de tecnologa y derecho digital.
El problema de investigacin se centra en las limitaciones y desafos que enfrenta el sistema judicial ecuatoriano para garantizar la admisibilidad y validez de la prueba digital en los procesos penales. Si bien el COIP y el Cdigo Orgnico General de Procesos reconocen la validez de la evidencia digital, persisten deficiencias tcnicas y normativas, tales como la ausencia de protocolos estandarizados y procedimientos especficos que aseguren la autenticidad, integridad y fiabilidad de dicha prueba.
Conforme a ello, se plantea que el sistema judicial ecuatoriano podra mejorar la admisibilidad y validez de la prueba digital en los procesos penales mediante el establecimiento de un marco normativo claro y especfico, que incluya protocolos de autenticacin y cadena de custodia, as como la capacitacin continua de jueces, fiscales y peritos en tecnologa forense. A tales efectos, surge como pregunta de investigacin Cmo puede el sistema judicial ecuatoriano mejorar la admisibilidad y validez de la prueba digital en los procesos penales? Asimismo, el objetivo general de esta investigacin ser analizar los desafos actuales en la implementacin de la prueba digital en el sistema penal ecuatoriano y proponer soluciones para mejorar su admisibilidad y uso eficaz en los procedimientos judiciales.
Como primer objetivo especfico, se busca identificar las principales deficiencias tcnicas y normativas en el uso de la prueba digital en Ecuador. Por otro lado, se aspira analizar la aplicacin prctica de los protocolos relacionados con la autenticacin y la cadena de custodia de pruebas digitales, adems, como tercer objetivo, se plantea proponer reformas y buenas prcticas que fortalezcan la implementacin de la prueba digital en el sistema judicial del pas. Asimismo, se sugiere la creacin de protocolos tcnicos estndar para la recoleccin y preservacin de pruebas digitales, as como la implementacin de un sistema de certificacin para peritos informticos, inspirado en modelos internacionales como el de Espaa o Estados Unidos, donde la evidencia digital es gestionada de manera ms efectiva en los procesos judiciales.
Desarrollo
Concepto y caractersticas de la prueba digital
La prueba electrnica es cualquier tipo de dato (generado, almacenado o transmitido) que se haya obtenido mediante el uso de dispositivos electrnicos, que haya sido utilizado en un proceso judicial para sustentar hechos significativos. Esta informacin incluye una amplia gama de formatos, desde correos electrnicos, mensajes de texto, imgenes y videos, hasta archivos digitales y datos complejos almacenados en bases de datos. Incluso con el avance de las tecnologas en la nube, la evidencia puede incluir informacin almacenada en servidores remotos, lo que ha agregado una nueva capa de complejidad en trminos de jurisdiccin y acceso a la evidencia (Lpez, 2023).
La prueba electrnica se ha convertido en un elemento clave dentro del derecho procesal contemporneo, lo que refleja el creciente uso de las tecnologas digitales en la vida cotidiana y, en consecuencia, en las disputas judiciales. La prueba digital es una fuente importante de evidencia en el contexto de un mundo interconectado y en rpido crecimiento basado en dispositivos electrnicos, ya que proporciona un rastro detallado y verificable de interacciones, transacciones y eventos, que pueden desempear un papel primordial en la conclusin de disputas legales. Este tipo de evidencia no solo ha transformado la forma en que se llevan a cabo los litigios, sino que tambin ha creado nuevos problemas y posibilidades para el sistema judicial.
Con el auge de los dispositivos mviles y las redes sociales, las interacciones que antes se realizaban en persona o a travs de la correspondencia tradicional ahora ocurren en entornos digitales. Los mensajes de WhatsApp, los correos electrnicos, las publicaciones en redes como Facebook o Twitter, e incluso las grabaciones de cmaras de vigilancia digitalizadas o sistemas de videoconferencia, se han convertido en pruebas cruciales en casos civiles, penales y administrativos. La evidencia electrnica se ha convertido en una parte tan comn del proceso judicial que es casi imposible imaginar un proceso judicial sin algn tipo de evidencia digital (Vzquez, 2022).
La nocin de evidencia electrnica engloba varios tipos y fuentes. Las ms frecuentes son las imgenes y los videos digitales, que son recursos visuales que proporcionan un registro inmediato de eventos o contextos que son pertinentes para el caso. En la medida de los ejemplos (por ejemplo, lesin o accidente), una imagen o un video tomado por una cmara de seguridad puede ser muy importante no solo para la cronologa de los eventos, sino tambin para determinar la responsabilidad entre las partes.
Importancia de la prueba digital en el proceso penal
Como seala Martnez (2022), la era electrnica ha incrementado la demanda de aplicacin de la prueba digital para la prueba de los delitos, ya sea convencional o ciberntica. Esta realidad exige una revisin urgente de los enfoques tradicionales en el derecho penal, ya que la integracin de la prueba digital plantea cuestiones fundamentales sobre su validez y el respeto a derechos fundamentales como la legalidad y la presuncin de inocencia. Martnez destaca que todos los operadores jurdicos deben participar en el proceso de adaptacin a esta realidad tecnolgica tan rpidamente progresiva y disruptiva.
Por otro lado, Gonzlez (2021) ha analizado, en este sentido, los nuevos retos que plantea al derecho la revolucin digital en el mbito de la prueba de los delitos informticos. La investigacin seala que, en lo que respecta a la doctrina y jurisprudencia penal espaola, para que una prueba sea reconocida como lcita ha de demostrarse con las condiciones que garanticen su contradiccin. Las habilidades informticas son muy importantes en la evaluacin de la validez de estas pruebas y, en consecuencia, sirven como prueba crtica en el tribunal penal.
Por otra parte, Porras (2023), sostiene que gracias al rpido desarrollo de las tecnologas, se ha incorporado al ordenamiento jurdico colombiano un nuevo campo de soluciones probatorias. Si bien, mientras tanto, existe una regulacin para el uso de las tecnologas, la admisin de la prueba digital en los procesos judiciales an no ha sido regulada de manera clara. Esta ausencia de lineamientos y experticia ha puesto en juego los desafos de cmo los abogados y los administradores de justicia pueden evaluar esta prueba, pues su invalidez puede llevar a la vulneracin de derechos fundamentales y al descarte de pruebas relevantes.
Con el desarrollo de las tecnologas de la informacin y la comunicacin, el mbito del derecho penal ha cambiado drsticamente al otorgarle un papel cada vez ms importante a la prueba digital. Este acontecimiento tambin impone a los operadores judiciales la exigencia de reconfigurar sus herramientas de valoracin no solo en lo que respecta a la prueba ordinaria, sino a la prueba proveniente de medios electrnicos y digitales. Por tanto, la prueba digital se define como toda informacin electrnica creada y conservada en un formato digital de la que se pueden extraer datos y convertirlos en datos susceptibles de anlisis. Esta informacin es sometida a un examen especializado por parte de peritos, quienes elaboran un informe detallado que se incorpora al proceso judicial (Lpez, 2023).
La implementacin de la prueba digital en los procesos penales genera una serie de desafos que exigen un mtodo muy cuidadoso y detallado. Uno de los principales problemas es la obtencin de esta prueba. La prueba digital puede obtenerse por los siguientes medios, como por ejemplo en el caso de la observacin secreta, que pone en duda su fundamento jurdico y su admisibilidad en juicio. Es fundamental determinar si el procedimiento para llegar a ella se ajusta a las normas jurdicas y, en lo que respecta a los hechos, es compatible con los derechos fundamentales de las partes afectadas. Otro aspecto crtico es la admisibilidad de la prueba digital. Es imperativo establecer criterios para definir de forma clara y precisa el momento en que la prueba digital es vlidamente admisible en el proceso penal. Estos criterios deben garantizar que la prueba digital sea pertinente (es decir, relevante para el caso) y confiable (es decir, atribuible al acusado o con certeza de ser admisible en el tribunal) y que haya sido producida legalmente para no ser excluida del proceso judicial (Magro, 2020).
La evaluacin de la prueba digital representa otro desafo importante. Los jueces deben recibir una formacin integral para evaluar adecuadamente la prueba digital, tanto tcnica como legalmente. Comprender el proceso mediante el cual se ha obtenido, procesado y comunicado la prueba es fundamental para una interpretacin adecuada y para realizar una evaluacin justa e imparcial (Porras, 2023).
Regulacin especfica de la prueba digital en el COIP
Segn el COIP (2023) y el artculo 456, el trmino cadena de custodia se utiliza para ilustrar tanto los componentes materiales como las evidencias digitales utilizadas en la prueba. El objetivo de esta cadena es verificar la autenticidad de dichos elementos probatorios, verificando su identidad y manteniendo la condicin original de estos elementos durante toda la cadena de actividades, desde su recoleccin y traslado, manipulacin y anlisis, hasta su conservacin. Tambin es importante que se registren las condiciones y las personas que participan en cada etapa de la manipulacin de estos componentes (y, cuando sea posible, los cambios que realicen los custodios) para que la investigacin pueda optimizarse para diferentes contextos.
El procedimiento de cadena de custodia comienza y termina en el mismo lugar en que se recolecta o encuentra la evidencia, y solo puede cerrarse mediante orden de la autoridad competente. Este proceso abarca a diferentes actores, como los especialistas del personal del sistema de investigacin integral comisionada, los peritos en medicina legal y los profesionales de las ciencias forenses, los funcionarios especializados en trnsito y todas las personas en funciones pblicas o privadas, de alguna manera, vinculadas a estos elementos. Ello incluye tambin a los profesionales de la salud, como aquellos que puedan tener exposicin a potenciales evidencias relacionadas con la investigacin. El artculo 460 seala que el reconocimiento de la escena del delito es asunto de responsabilidad del fiscal acompaado de un equipo especializado. Este equipo podr estar integrado por expertos en investigacin, medicina forense, ciencias forenses o, cuando sea necesario, personal competente en materia de trnsito. Estos exmenes no se restringen al espacio fsico, sino que tambin incluyen el espacio digital, los servicios digitales, los medios electrnicos, as como la tecnologa, que son fundamentales para la investigacin. Este apartado se refiere al papel del mundo digital en las investigaciones criminales contemporneas, extendiendo la investigacin a los espacios virtuales.
Como lo indica el artculo 499, todo contenido digital ser admisible como prueba documental siempre que se ajuste a lo dispuesto en este Reglamento. Asimismo, el artculo 500 redefine el concepto de contenido digital, entendindolo como toda representacin informtica que permita reflejar hechos, datos o ideas de la realidad, susceptibles de ser procesados, almacenados o transmitidos a travs de tecnologas diseadas para el procesamiento informtico. En el marco de las investigaciones, el proceso de anlisis, evaluacin, recuperacin y presentacin de este contenido digital, almacenado en dispositivos o sistemas informticos, se realizar mediante tcnicas forenses digitales, con el fin de garantizar la integridad y autenticidad de la informacin obtenida.
En el caso de que el contenido digital se encuentre almacenado en sistemas dinmicos, en soportes de memoria y en aparatos tecnolgicos que sean centrales en las infraestructuras globales y locales de los sectores pblico o privado, la investigacin forense digital de dicho contenido deber realizarse in situ y en tiempo real. Esto garantiza la integridad de la muestra y es la base de una cadena de custodia que permite su posterior evaluacin y anlisis. Si la evidencia digital se encuentra almacenada en soportes no voltiles, se emplearn mtodos forenses digitales para recuperar la evidencia, preservndola en su totalidad y manteniendo la cadena de custodia.
Adems, durante una investigacin, registro o allanamiento, es primordial prestar especial atencin a cualquier dispositivo fsico utilizado para el almacenamiento, procesamiento o transmisin de informacin digital. Cada objeto deber ser cuidadosamente identificado y documentado de manera que se pueda determinar su posicin exacta (verificada mediante fotografas y un plano comentado del entorno). Luego deber ser trasladado con las mximas medidas de seguridad a un centro especializado, donde se le garantizar su proteccin y al mismo tiempo su disponibilidad para el proceso judicial.
Convenios Internacionales aplicables
El Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia (2001) y su Segundo Protocolo Adicional (2023) proporcionan un marco amplio y detallado para que los Estados miembros puedan gestionar adecuadamente la ciberdelincuencia y fortalecer la cooperacin internacional en la investigacin y el enjuiciamiento de dichos delitos. Este Convenio, que es lder en su campo, tiene por objeto ofrecer una forma de estructura clara y unificada que permita a los Estados signatarios actuar mediante mecanismos legislativos y operativos para contrarrestar las crecientes amenazas que surgen en el ciberespacio.
El artculo 14, parte del Ttulo 1, sobre disposiciones generales, analiza el mbito de aplicacin de los mecanismos de derecho en los procesos penales. La obligacin exige que los Estados signatarios establezcan las normas necesarias para otorgar de forma clara y crtica a sus organismos poderes adecuados para la investigacin de la ciberdelincuencia y capaces de relacionarse con las pruebas producidas en el mundo electrnico. Esta demanda de un buen marco legislativo se ve satisfecha por el aumento de la ciberdelincuencia, que es transnacional y, cuando corresponde, se ve facilitada por los sistemas y redes informticas utilizados para una variedad de delitos.
En consecuencia, la Convencin no slo se aplica a los delitos individuales enumerados en sus artculos 2 a 11 (por ejemplo, acceso ilcito a sistemas informticos, interferencia con datos y sistemas, produccin y distribucin de pornografa infantil), sino tambin a cualquier otro delito penal cometido mediante canales digitales o sistemas informticos, asegurando as el mximo alcance regulatorio. Adems, el archivo de pruebas electrnicas se aborda, segn el delito de que se trate, de una manera que garantiza que los procedimientos penales puedan basarse en pruebas materiales y adecuadas en la era digital.
Por otra parte, el Segundo Protocolo Adicional posterior a la Convencin, en particular el artculo 12, establece un enfoque de colaboracin directa entre las autoridades nacionales de los dos pases mediante equipos conjuntos de investigacin y la posibilidad de investigaciones conjuntas. Se trata de una parte vital de esta disposicin en el contexto de la ciberdelincuencia, ya que estos delitos suelen ser de naturaleza transnacional y, por lo tanto, se dirigen a ms de una jurisdiccin.
Al permitir la formacin de equipos conjuntos, el Protocolo busca permitir que los Estados trabajen juntos para coordinar la recopilacin de pruebas, intercambiar informacin y, en ltima instancia, procesar a los responsables de manera ms efectiva y rpida. Sin embargo, a los efectos de preservar la soberana del Estado y el derecho de las personas, se aplican restricciones y criterios al uso de la informacin y las pruebas obtenidas en el marco de dichos acuerdos de cooperacin.
El artculo 12 establece que el uso de las pruebas y la informacin proporcionadas por una Parte a otra puede restringirse o denegarse de conformidad con las condiciones acordadas en el acuerdo de cooperacin. Si no existen condiciones explcitamente definidas en el contrato, los Estados pueden explotar la informacin que se haya recopilado para los fines originalmente asignados, con o sin el permiso explcito de la Parte de la que se haya recibido la informacin, para la investigacin y el enjuiciamiento de otros delitos.
Esta autorizacin no es necesaria en el caso de que las normas bsicas del derecho del Estado receptor impongan el uso de la informacin para salvaguardar los derechos del acusado, es decir, una salvaguardia procesal. Adems, el Protocolo permitir cualquier aplicacin de la informacin, incluso en situaciones de emergencia, en cuyo caso la Parte receptora informar inmediatamente, sin demora, a quien emiti la informacin y a la autoridad competente. Esta tensin en la aplicacin de las pruebas tiene por objeto encontrar una solucin de compromiso entre la eficiencia de la coordinacin internacional y la garanta de la dignidad y los derechos de cada Estado.
Normas ISO
El Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia (2001) y su Segundo Protocolo Adicional (2023) proporcionan un marco amplio y detallado para que los Estados miembros puedan gestionar adecuadamente la ciberdelincuencia y fortalecer la cooperacin internacional en la investigacin y el enjuiciamiento de dichos delitos. Este Convenio, que es lder en su campo, tiene por objeto ofrecer una forma de estructura clara y unificada que permita a los Estados signatarios actuar mediante mecanismos legislativos y operativos para contrarrestar las crecientes amenazas que surgen en el ciberespacio.
El artculo 14, parte del Ttulo 1, sobre disposiciones generales, analiza el mbito de aplicacin de los mecanismos de derecho en los procesos penales. La obligacin exige que los Estados signatarios establezcan las normas necesarias para otorgar de forma clara y crtica a sus organismos poderes adecuados para la investigacin de la ciberdelincuencia y capaces de relacionarse con las pruebas producidas en el mundo electrnico. Esta demanda de un buen marco legislativo se ve satisfecha por el aumento de la ciberdelincuencia, que es transnacional y, cuando corresponde, se ve facilitada por los sistemas y redes informticas utilizados para una variedad de delitos.
En consecuencia, la Convencin no slo se aplica a los delitos individuales enumerados en sus artculos 2 a 11 (por ejemplo, acceso ilcito a sistemas informticos, interferencia con datos y sistemas, produccin y distribucin de pornografa infantil), sino tambin a cualquier otro delito penal cometido mediante canales digitales o sistemas informticos, asegurando as el mximo alcance regulatorio. Adems, el archivo de pruebas electrnicas se aborda, segn el delito de que se trate, de una manera que garantiza que los procedimientos penales puedan basarse en pruebas materiales y adecuadas en la era digital.
Por otra parte, el Segundo Protocolo Adicional posterior a la Convencin, en particular el artculo 12, establece un enfoque de colaboracin directa entre las autoridades nacionales de los dos pases mediante equipos conjuntos de investigacin y la posibilidad de investigaciones conjuntas. Se trata de una parte vital de esta disposicin en el contexto de la ciberdelincuencia, ya que estos delitos suelen ser de naturaleza transnacional y, por lo tanto, se dirigen a ms de una jurisdiccin.
Al permitir la formacin de equipos conjuntos, el Protocolo busca permitir que los Estados trabajen juntos para coordinar la recopilacin de pruebas, intercambiar informacin y, en ltima instancia, procesar a los responsables de manera ms efectiva y rpida. Sin embargo, a los efectos de preservar la soberana del Estado y el derecho de las personas, se aplican restricciones y criterios al uso de la informacin y las pruebas obtenidas en el marco de dichos acuerdos de cooperacin.
El artculo 12 establece que el uso de las pruebas y la informacin proporcionadas por una Parte a otra puede restringirse o denegarse de conformidad con las condiciones acordadas en el acuerdo de cooperacin. Si no existen condiciones explcitamente definidas en el contrato, los Estados pueden explotar la informacin que se haya recopilado para los fines originalmente asignados, con o sin el permiso explcito de la Parte de la que se haya recibido la informacin, para la investigacin y el enjuiciamiento de otros delitos.
Esta autorizacin no es necesaria en el caso de que las normas bsicas del derecho del Estado receptor impongan el uso de la informacin para salvaguardar los derechos del acusado, es decir, una salvaguardia procesal. Adems, el Protocolo permitir cualquier aplicacin de la informacin, incluso en situaciones de emergencia, en cuyo caso la Parte receptora informar inmediatamente, sin demora, a quien emiti la informacin y a la autoridad competente. Esta tensin en la aplicacin de las pruebas tiene por objeto encontrar una solucin de compromiso entre la eficiencia de la coordinacin internacional y la garanta de la dignidad y los derechos de cada Estado.
La continua evolucin de las tecnologas y el auge de nuevos tipos de delitos cibernticos, como la ciber extorsin y los fraudes electrnicos, ha llevado al desarrollo de procedimientos forenses especficos para diferentes tipos de dispositivos y plataformas. Por ejemplo, en el caso de los telfonos mviles Android, se estn creando protocolos de investigacin detallados que incluyen la recoleccin de datos de aplicaciones, comunicaciones en redes sociales, historial de navegacin, entre otros, que pueden ser clave para resolver delitos relacionados con el crimen digital. Estos procedimientos no solo actualizan las metodologas tradicionales de anlisis forense, sino que tambin incorporan nuevas herramientas tecnolgicas para adaptarse a los cambios rpidos en el panorama digital (Banegas & Andrade, 2022).
Adems, el avance hacia la digitalizacin de la evidencia en otros mbitos, como la recoleccin de datos en la nube o el anlisis de grandes volmenes de datos (big data), plantea nuevos desafos en trminos de preservacin, anlisis y interpretacin de la evidencia. El marco normativo debe estar en constante actualizacin para abordar estos retos y garantizar que las metodologas forenses continen siendo eficaces y legalmente vlidas. De este modo, la norma ISO/IEC 27037:2012 y otros estndares relacionados no solo facilitan el trabajo de los peritos forenses y los investigadores, sino que tambin aseguran que la justicia se administre de manera transparente y conforme a los principios del debido proceso.
La norma ISO/IEC 27041:2015 (2015) cumple un papel central en el mbito de la gestin de evidencia digital, ya que establece pautas detalladas para documentar y validar los mtodos de anlisis empleados en el manejo de dicha evidencia. La norma tiene como propsito no solo orientar sobre los aspectos tcnicos de la investigacin digital, sino tambin fortalecer la credibilidad de estos procesos en un entorno judicial donde cada mtodo debe ser defendible y reproducible.
Al proporcionar una estructura estndar, la ISO/IEC 27041:2015 asegura que cualquier anlisis realizado sobre evidencia digital puede ser replicado por otros expertos y supervisado en detalle, lo cual es esencial para evitar errores y prejuicios que podran comprometer los resultados. Esta capacidad de replicacin y defensa de los mtodos empleados es vital en litigios, pues permite que la evidencia sea aceptada con confianza en tribunales, manteniendo as su peso y fiabilidad. Adems, la normativa establece una serie de requisitos y recomendaciones para la correcta documentacin, garantizando que todos los pasos y decisiones del proceso de anlisis estn registrados de manera rigurosa, lo cual refuerza la transparencia y la trazabilidad de los hallazgos.
La ISO/IEC 27042:2015 (2015), por su parte, ofrece un enfoque exhaustivo en el anlisis e interpretacin de la evidencia digital. Esta norma establece un conjunto de procedimientos orientados a guiar a los expertos en todas las etapas de una investigacin digital, desde la identificacin inicial de la evidencia hasta su adecuada presentacin en juicio. En un contexto donde la cadena de custodia es fundamental, esta norma se centra en mantener la integridad de la evidencia durante todo el proceso, asegurando que cada paso est documentado y que todos los involucrados sigan procedimientos estandarizados.
Esto no solo permite que los hallazgos sean slidos, sino que tambin ayuda a evitar posibles ataques o cuestionamientos en juicio, ya que toda la evidencia se analiza con base en mtodos rigurosos y bien definidos. Al establecer una metodologa clara, la norma tambin facilita la comprensin de los hallazgos por parte de jueces y abogados que quizs no tengan experiencia tcnica, lo cual es crucial para que la evidencia digital sea utilizada de forma efectiva en los procesos judiciales.
En cuanto a la norma ISO/IEC 27043:2015 (2015), esta se ocupa del proceso global de investigacin forense digital, definiendo un marco amplio que permite entender y estandarizar la forma en que se deben llevar a cabo las investigaciones que implican evidencia digital. Su enfoque integral incluye directrices para abordar no solo los aspectos comunes de una investigacin digital, sino tambin cmo enfrentar situaciones excepcionales que puedan surgir durante el proceso.
La norma tambin ha contribuido a desarrollar un proceso investigativo gil y escalable, que se acomode a los requerimientos de un mundo jurdico conectado. De esta manera, no solo se asegura la calidad de la evidencia digital, sino que tambin se promueve la interaccin entre agencias o jurisdicciones, mejorando as la distribucin de la informacin y aumentando las posibilidades de una buena investigacin a escala internacional.
La norma ISO/IEC 27037:2012 (2012) constituye la referencia fundamental en la gestin de la evidencia digital, y en ella se basan todos los trabajos que se realizan en este campo. Esta norma proporciona una serie de protocolos especficos para la gestin de la evidencia digital que abordan etapas importantes, entre ellas la identificacin, recoleccin, extraccin y proteccin de dicha evidencia. Estos principios no solo definen las bases de la investigacin digital, sino que tambin aseguran que cualquier proceso relacionado con la recoleccin y uso de evidencia digital sea formal y riguroso, cumpliendo con los estndares internacionales.
Por otra parte, las directrices generales que proporciona la norma ISO/IEC 27037:2012:2012 no slo se aplican a la evidencia digital, sino que tambin incluyen los procedimientos para la adquisicin de evidencia no digital, aspecto que es importante para el anlisis de la evidencia digital. La norma tiene como objetivo ofrecer orientacin a quienes tienen el control sobre la gestin de la evidencia digital, por ejemplo, los primeros intervinientes en la respuesta a la evidencia digital (DEFR), los especialistas en evidencia digital (DES), otro personal de respuesta a incidentes y los directores de laboratorios forenses. El objetivo es garantizar que estas personas acten de acuerdo con las mejores prcticas reconocidas mundialmente, asegurando que la investigacin se lleve a cabo de manera sistemtica e imparcial, al tiempo que se preserva la autenticidad e integridad de la evidencia.
Cabe mencionar que la norma no cubre explcitamente el rea de acciones legales y/o disciplinarias por el tratamiento inaceptable de la evidencia digital. Especficamente, declara que el cumplimiento de la ley y la reglamentacin nacional aplicable debe garantizar su aplicacin, y no anula las especificaciones jurisdiccionales del rgano rector de cualquier estado. Si bien la norma puede servir como gua prctica para los especialistas en evidencia digital durante las investigaciones, no profundiza en aspectos legales como la admisibilidad, el peso probatorio, la relevancia o las limitaciones legales que rigen el uso de la evidencia digital en los tribunales. No obstante, proporciona una referencia que permite compartir evidencia digital entre jurisdicciones, por lo que los procesos descritos pueden modificarse de acuerdo con la normativa de cada pas.
Uno de los elementos ms crticos en el manejo de la evidencia digital es la Cadena de Custodia (CoC), que define los requisitos marco mnimos que se deben seguir para confiar de manera adecuada y vlida en la evidencia. Estos abarcan la asignacin de un identificador de objeto nico para cada pieza de evidencia, la descripcin exacta de quin, cundo y dnde se accede a la evidencia, y el registro estricto del movimiento de la evidencia de un lugar a otro, y todas las operaciones involucradas. Es muy recomendable que todas las alteraciones a la evidencia digital se documenten cuidadosamente, incluyendo el nombre de la persona que realiza el cambio y una explicacin concisa y racional del cambio que se ha implementado, preservando la trazabilidad e integridad de la evidencia durante todo el proceso.
La obtencin y manejo de pruebas digitales representan un pilar fundamental en el desarrollo de investigaciones forenses y judiciales en la actualidad, dado el auge de la tecnologa y su impacto en la comisin de delitos. La transformacin digital ha expandido la forma en que los crmenes son cometidos, documentados y rastreados, haciendo que las pruebas digitales se conviertan en elementos esenciales en los procesos judiciales modernos. Para que estas evidencias cumplan con su propsito, es indispensable aplicar buenas prcticas que aseguren su validez y admisibilidad en los tribunales. La credibilidad de una prueba digital no depende nicamente de su contenido, sino de un tratamiento exhaustivo y riguroso que garantice su integridad y autenticidad en todas las etapas del proceso de recoleccin y anlisis.
La prueba electrnica en el derecho comparado
Colombia
En Colombia, la introduccin de la prueba digital en los procesos judiciales ha ido cambiando paulatinamente, debido al desarrollo de las TIC y a un contexto normativo ms amplio. Desde las primeras codificaciones del Cdigo de Procedimiento Civil, hasta definiciones ms instrumentalizadas en la legislacin posterior, la prueba digital ha adquirido legitimidad como elementos admisibles para sustentar hechos y resoluciones judiciales. La Ley 527 de 1999 marc un paso decisivo al definir los mensajes de datos, es decir, toda informacin generada, transmitida, recibida o almacenada electrnicamente, creando as las bases para su reconocimiento formal como prueba. Esta normatividad allan el camino para que los correos electrnicos, los mensajes instantneos y otros registros digitales fueran admitidos en los procesos judiciales.
Posteriormente el Cdigo General del Proceso, aprobado mediante la Ley 1564 de 2012, unific la regulacin de la prueba electrnica. Este cuerpo normativo establece en sus artculos 269 y 272 las condiciones bajo las cuales las partes pueden impugnar estos medios de prueba, exigiendo la acreditacin de su autenticidad mediante informes periciales o mecanismos tcnicos fehacientes. Adems, el artculo 247 contempla la valoracin de esta prueba por parte del juez, quien deber evaluar tanto su contenido como las circunstancias de su obtencin. En la prctica, tales artculos permiten, por ejemplo, hacer uso de una captura de pantalla de una conversacin de WhatsApp, de contenidos en redes sociales y del propio correo electrnico, como prueba, siempre que se pueda rastrear su integridad y su origen.
Otro factor que ha contribuido al auge del uso de la prueba electrnica en el pas ha sido el desarrollo de la jurisprudencia. La Corte Constitucional en 2020 adopt la definicin de prueba electrnica que fue propuesta por Federico Bueno de Matta, quien dice que la prueba electrnica consta de un componente material y un componente informativo. El primero es lo que generalmente se conoce como hardware, es decir, la mquina en la que se produce o almacena la prueba, como una computadora o un telfono celular. El segundo se refiere al software (metadatos y archivos electrnicos discretos que, a travs de interfaces informticas, comparten informacin sobre la naturaleza y caractersticas reales de la prueba). Esta definicin ampla el rango en el que la prueba electrnica ha sido definida por el GARP ms all de aquellos formatos fcilmente identificables, y adems se integra con algunas especificaciones tcnicas para garantizar la confiabilidad y precisin.
La revolucin jurdica despeg en 2020 a raz de la crisis sanitaria de la enfermedad por coronavirus-19, que no solo abri las posibilidades de la tecnologa en el sistema jurdico, sino que lo revolucion. En este contexto, y mediante el Decreto Legislativo 806 de 2020, se establecieron reglas especficas sobre la digitalizacin del acceso a la justicia en lo que respecta a la presentacin de pruebas, en forma electrnica. La implementacin de esta norma vino de la mano no solo de permitir la continuidad de los procesos durante la crisis, sino tambin de fortalecer la prueba digital como una de las lneas centrales de trabajo del sistema jurdico colombiano, garantizando un mejor desempeo y acceso al trabajo.
El manejo de la prueba electrnica en Colombia est regulado por una serie de normas. Adems de la Ley 527 de 1999 y el Cdigo General del Procedimiento, el Cdigo de Procedimiento Penal de 2004 confirma su papel en la etapa de investigacin penal y el proceso penal. Todas estas leyes y el desarrollo de la jurisprudencia no slo permiten el uso de este tipo de pruebas, sino que exigen procedimientos rigurosos para autentificarlas y probarlas, en un esfuerzo por mitigar el desafo de hacer valer tales derechos fundamentales en una sociedad digitalizada.
Se plantea los mensajes de datos en el artculo 424, prrafo 7, como una prueba, esta contribucin responde a la creciente demanda de avanzar hacia la incorporacin del pasado del sistema de justicia penal, as como de la tecnologa de comunicacin y registro de informacin. A la luz de esta regulacin, los mensajes de datos se consideran prueba documental, lo que significa que su manejo y evaluacin se relaciona con los documentos fsicos de manera similar a un documento en papel. Este mtodo trata de demostrar que los medios electrnicos no son menos vlidos y confiables que sus contrapartes en soporte fsico siempre que cumplan con los siguientes criterios (Yepes et al., 2022).
Para que un mensaje de datos sea recibido y analizado con valor probatorio, debe ser proporcionado de manera que conserve tanto la presentacin como el contenido del mensaje. Esto implica que el archivo o documento electrnico no debe incluir modificaciones o contaminaciones que puedan afectar la autenticidad. Adems, su texto debe ser especfico y suficientemente bien descrito para permitir al juez reunir mejor las pruebas concluyentes para construir una imagen fiel del caso. En otras palabras, no es suficiente que el mensaje de datos realmente exista; debe ser suficientemente completo o ntegro y suficientemente neutral o libre de ambigedad para permitir un anlisis minucioso y separado a los efectos del proceso penal.
Por esa razn, la prueba electrnica plantea interrogantes en torno a la autenticidad, la privacidad individual y de las partes y la justicia procesal, respectivamente. Dicha prueba debe ser utilizada y reclamada con prudencia por los jueces y los abogados con asistencia tcnica, y por lo tanto de acuerdo con los principios del debido proceso y la equidad. Por tanto, la aceptacin de la prueba digital en el proceso judicial, as como su utilizacin, no es slo una aplicacin de estatus, la provisin de una perspectiva correspondiente a las exigencias del mundo contemporneo, sino tambin el deseo de crear un mejor sistema de justicia en el contexto moderno.
Espaa
Una distincin importante entre el proceso penal como campo y sus principios radica en la estructuracin y valoracin de la prueba, que se justifica sustancialmente como tal. En primer lugar, el derecho a guardar silencio, encontramos el principio de presuncin de inocencia que es la ley procesal que rige el proceso penal. Este principio trae la nocin fctica de que el acusado debe ser considerado culpable si el acusador no puede probar su culpabilidad ms all de una duda razonable, con la consiguiente absolucin. El principio de inocencia desempea un papel importante en la proteccin del individuo frente a la acusacin perjuriosa, adems de transferir la carga de la prueba del acusador. Por esa razn, es un componente clave de la decisin en el proceso y en el proceso de generacin y preparacin de la sentencia.
Existe otro principio que est estrechamente vinculado a esta cuestin, a saber, el principio de inmunidad del acusado frente a las confesiones, que garantiza el derecho del acusado a permanecer en silencio y a no implicarse durante el proceso penal. Esta idea est estrechamente relacionada con la perspectiva de la prueba de oficio, es decir, la capacidad del juez de hacer algo para garantizar el proceso de investigacin de la verdad de las cosas. Se contrasta con los procesos dispositivos en los que las partes son las principales responsables de la produccin y gestin de la prueba.
La posicin primordial que se otorga al Poder Judicial en los procesos penales y el juicio se basa en los numerosos esquemas elaborados para proteger los derechos constitucionales y legales del acusado y, a su vez, garantizar la imparcialidad y la transparencia del proceso. Adems, la valoracin de la prueba en el mbito penal se lleva a cabo con base en el principio de libre apreciacin o valoracin en conciencia. En la medida en que el juez, en lugar de limitarse a lo convencional, tiene que forjar su eleccin razonada por s solo, esta es una buena ocasin para enfatizar el punto de que la eleccin en el anlisis del caso debe basarse nicamente en la razn y la racionalidad.
Tal y como se recoge en el artculo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la referida libertad de valoracin se reconoce tambin en la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia, expresada en la Sentencia 31/1981, de 28.07, donde la valoracin debe realizarse sobre la base de la interpretacin regular y lgica de la prueba que se practica. Se entiende por material electrnico de prueba todo material con posibilidad fundamental de ser aportado a un tribunal para su tramitacin como prueba electrnica o en soporte. Este tipo de prueba se califica como fundamental para la investigacin de los delitos en la era de la cuarta revolucin industrial, por ser cualquier prctica, registro, acta, dato o informacin captada en soporte electrnico que pueda ser pertinente para el establecimiento de hechos en el curso de un proceso penal.
En este sentido, la prueba electrnica puede ser de muy diversa ndole, segn la naturaleza en que se haya incorporado al proceso y el carcter legal de su introduccin (como prueba documental, pericial o testimonial, segn el caso) y segn el soporte en que se presente y el carcter de su introduccin en el momento de su presentacin. Sin embargo, es importante destacar que el modo principal de generacin de evidencia se deriva de la naturaleza misma de estos medios tecnolgicos, lo que enfatiza el papel de la tecnologa en la produccin de evidencia en un mundo moderno y postindustrial.
En consecuencia, la prueba electrnica tambin presenta grandes dificultades para la posible afectacin de derechos fundamentales. Algunas actuaciones gubernamentales pueden realizarse por va electrnica, siempre que se mantengan dentro de los lmites constitucionalmente permisibles para garantizar el respeto de los derechos individuales. El registro penal que incluye la incautacin de dispositivos informticos o la interceptacin de telecomunicaciones, que se utiliza con frecuencia en la obtencin de pruebas electrnicas, afecta a la esfera de la intimidad personal que la Constitucin Espaola define en el artculo 18.1. Cualquier intromisin en este derecho debe, en principio, ser autorizada por una decisin judicial o por el consentimiento de la persona afectada, salvo en casos de necesidad que justifiquen la actuacin policial, siempre que se cumpla el necesario test de proporcionalidad que se ajuste a la sentencia del Tribunal Supremo 115/2913.
Adems, estas acciones tambin pueden afectar a otras libertades de derechos humanos, por ejemplo, la libertad de secreto de las comunicaciones (artculo 18.3 CE) y la libertad de inviolabilidad del domicilio (artculo 18.2 CE), especialmente si los dispositivos utilizados estn situados en el recinto ms protegido por la ley: el domicilio particular. De manera similar, en el campo de la proteccin de datos personales, la autodeterminacin informativa, reconocida en el artculo 18.4 CE, cobra un primer plano, ya que la informacin contenida en los dispositivos electrnicos es sensible y su procesamiento cumple fines legales, permisibles y razonables. En consecuencia, la regulacin de la relacin entre la efectividad de la investigacin y la proteccin de los derechos constitucionales clave sigue siendo una cuestin aguda de la prctica del proceso penal moderno.
Metodologa
La investigacin adopt un enfoque cualitativo, orientado a comprender y analizar de manera profunda la regulacin y aplicacin de la prueba digital en los procesos penales en Ecuador. Este enfoque permiti interpretar la normativa vigente, identificar sus deficiencias y proponer mejoras basadas en el anlisis de textos legales y doctrinarios. El estudio se desarroll a un nivel descriptivo, ya que se enfoc en detallar y caracterizar el tratamiento jurdico de la prueba digital en el Cdigo Orgnico Integral Penal (COIP) de Ecuador, adems de describir los procedimientos actuales para la gestin de evidencia digital y compararlos con los estndares internacionales.
Para abordar los objetivos planteados, se emplearon los mtodos comparativos, inductivo-deductivo y dogmtico jurdico. El mtodo comparativo se utiliz para contrastar la normativa ecuatoriana sobre la prueba digital con los estndares internacionales, especialmente con la norma ISO 27002:2013, lo que permiti identificar brechas y oportunidades de mejora en la legislacin nacional. Por su parte, el mtodo inductivo facilit la recoleccin y el anlisis de informacin especfica sobre la aplicacin de la prueba digital en el contexto ecuatoriano, mientras que el mtodo deductivo posibilit interpretar y aplicar principios generales del derecho y estndares internacionales para proponer soluciones normativas. El mtodo dogmtico jurdico, en cambio, se centr en el anlisis terico y sistemtico de las normas legales, doctrinas y jurisprudencia relacionadas con la prueba digital en Ecuador, evaluando la coherencia y suficiencia de la normativa vigente, identificando vacos legales y proponiendo ajustes pertinentes.
La tcnica utilizada para la recopilacin de informacin fue la revisin bibliogrfica, que consisti en el anlisis de fuentes documentales relevantes como libros, artculos cientficos, legislacin nacional e internacional, doctrina y jurisprudencia vinculada a la prueba digital. Esta tcnica proporcion el sustento terico y legal necesario para comprender el estado actual de la normativa ecuatoriana y sus desafos. El instrumento de recoleccin empleado fue el fichaje, mediante el cual se organiz y sistematiz la informacin recopilada. Las fichas bibliogrficas permitieron registrar de manera ordenada los datos extrados de las fuentes consultadas, lo que facilit un anlisis crtico y comparativo. Se elaboraron fichas textuales, de resumen y de comentario, lo que posibilit una interpretacin integral de los textos legales y doctrinarios revisados.
El procedimiento de investigacin incluy la seleccin de fuentes relevantes, la elaboracin de fichas bibliogrficas, el anlisis comparativo entre la normativa nacional y los estndares internacionales, la interpretacin jurdica a travs del mtodo dogmtico y la sntesis de resultados. Esto permiti formular conclusiones y recomendaciones orientadas a mejorar la regulacin y aplicacin de la prueba digital en Ecuador.
Resultados
Las normas que regulan la prueba digital en el contexto del ordenamiento jurdico ecuatoriano, contenidas principalmente en el Cdigo Orgnico General de Procesos, constituyen un buen esfuerzo de su ordenamiento jurdico por integrar la aplicacin de sus procedimientos a los nuevos cambios y desafos que plantea el actual mundo altamente informatizado. Este rgano gubernamental crea normas especiales para la admisin y consideracin de la prueba digital, que se est convirtiendo en la norma en los procesos judiciales a medida que aparecen nuevas tecnologas de comunicacin y distribucin de informacin. La prueba electrnica en los procesos civiles y penales en el Ecuador se expresa en un conjunto de reglas para determinar la relacin, la fiabilidad y el respeto al debido proceso, de acuerdo con la Constitucin del Ecuador que garantiza el derecho de defensa y el acceso a la justicia.
El COGEP establece adems condiciones precisas de admisibilidad de la prueba digital, pues como se establece, ninguna prueba, incluida la digital, puede ser admitida sin ser pertinente y adecuada al caso presentado. Esto significa que el juez tiene que garantizar que la prueba digital sea admisible al caso en las circunstancias fcticas y que, en ausencia de buenas razones para hacerlo, la prueba no est contaminada por datos irrelevantes o intromisin en los derechos privados de las partes. Sin embargo, una de las condiciones previas ms fundamentales para la decisin sobre su admisibilidad es su legalidad, es decir, que se hayan tomado en cuenta las normas legales sobre la proteccin de la privacidad y los datos personales. Cualquier medio de violacin de las leyes estadounidenses mediante la obtencin de referencias virtuales, por ejemplo, correo electrnico, redes sociales, etc., tiene consecuencias negativas en la admisibilidad de dicha prueba, restablecer la responsabilidad legal de la parte al presentarla como legalmente vinculante para restablecer el derecho de las personas infringidas.
En la jurisprudencia ecuatoriana, la relevancia del uso de la prueba digital est directamente asociada al derecho de defensa, derecho constitucional que garantiza a los diferentes actores del proceso todos los recursos necesarios para defender sus derechos e intereses. En el contexto de la prueba digital, esto significa que las partes tienen permitido presentar e impugnar este tipo de prueba, siempre y cuando sea autntica y no haya sido manipulada. No es difcil ver, ya que por la naturaleza misma de la prueba digital los hechos pueden ser fcilmente manipulados y distorsionados, que la imparcialidad tambin se ver afectada por esto. En consecuencia, la legislacin establece que la prueba digital requiere pasar por un proceso de verificacin para demostrar que la prueba ha sido preservada en el estado en que fue creada y no ha sido manipulada de manera que la vuelva inadmisible.
El COGEP tambin subraya que la prueba digital efectivamente exhibida tiene que ser de fcil comprensin y fcil aceptacin por el tribunal, dos directrices que tienen como objetivo permitir a los jueces y abogados comprender estos aspectos, ya que en muchos casos no tienen los conocimientos tcnicos suficientes para operar tales sistemas. La comprensibilidad obligatoria y suficiente significa que los documentos, imgenes, archivos de audio y video y otras pruebas electrnicas relacionadas deben presentarse en una presentacin ordenada y fcilmente comprensible de sus elementos. Sin embargo, no es sorprendente que tambin se pueda hablar de la necesidad de verificabilidad, como permitir garantizar que la prueba pueda ser examinada para verificar su fuente, su autor y el contenido mismo. Con este requisito, se garantiza que, despus de la creacin de cualquier pieza de prueba digital, exista un seguimiento a travs del cual se puedan rastrear los procesos de generacin, almacenamiento y transmisin y que se asegure una relacin entre la prueba presentada y los hechos considerados en el proceso.
Uno de los requisitos ms importantes en la evaluacin de la validez de la prueba digital es la capacidad de compararla con las herramientas utilizadas en su creacin o adquisicin. Esto tambin significa que muchas veces se deben proporcionar los originales de los dispositivos, o de los sistemas que produjeron la evidencia digital, para autenticarlos. En concreto, cuando se proporciona una anotacin, no slo necesitamos una captura de pantalla de un mensaje de texto o de un correo electrnico, sino tambin una prueba del dispositivo que utilizamos para entregar esa evidencia (para evitar dudas sobre la validez de la evidencia) y que no haya sido modificado. Esta precaucin est dirigida a los probables intentos que son generalizados en el entorno digital por el grado de manipulacin de documentos digitales que permite, aunque riesgosos en lo que respecta a la admisibilidad judicial de los documentos.
Sin embargo, la cantidad de desafos que Ecuador necesita abordar para implementar adecuadamente el COGEP en relacin con la evidencia digital an es sustancial, incluso despus de estos cambios legales regionales y nacionales. Uno de ellos se refiere al problema de la falta de continuidad en la formacin de los operadores de justicia, incluidos jueces y abogados, que necesitan desarrollar habilidades especiales para evaluar la evidencia digital en funcin de su autenticidad, reproducibilidad y relevancia. Observando la naturaleza de la primera pregunta de investigacin y la complejidad y variabilidad de la produccin de evidencia digital, derivada de la rpida evolucin de la tecnologa y la gran cantidad de dispositivos y aplicaciones, se ha observado que el desafo de mantener actualizado el conocimiento y adoptar nuevas tcnicas de anlisis no es fcil de abordar, sin proporcionar un esquema de capacitacin continua ad hoc para el campo.
La falta de reglas claramente definidas para la presentacin y extraccin de evidencia digital es la segunda falla de los tribunales ecuatorianos. La falta de ciertos estndares para la admisibilidad y autenticacin de este tipo de evidencia plantea el riesgo de falta de certeza en la evaluacin de la regulacin por parte de varios tribunales y podra afectar la seguridad jurdica. La elaboracin y definicin de procedimientos que sean confiables en todas las etapas, desde la recoleccin de evidencia, incluidos todos sus tipos, hasta su intercambio, est bien justificada para garantizar que todos estos elementos puedan emparejarse y, a su vez, garantizar que el proceso de manipulacin de la evidencia no ocurra en esta rea, y que garantizar entonces una mayor transparencia del procedimiento, evitando cualquier ilegalidad.
Existen en el mundo numerosos instrumentos y tratados internacionales que tienen como objetivo definir estndares para el almacenamiento, recoleccin y gestin de evidencia digital, entre ellos el Convenio de Budapest, un acuerdo internacional destinado a fomentar la cooperacin y establecer estndares para la recoleccin y salvaguarda de evidencia digital y la lucha contra los delitos informticos. Debido a que Ecuador an no se ha adherido a estos estndares internacionales, estos presentan desventajas en el contexto de los delitos digitales, que al ser mayoritariamente transnacionales, requieren tanto de financiamiento como de cooperacin, y de la aplicacin de una legislacin similar para lograr un buen efecto disuasorio. A diferencia de otros Estados de la regin que ya se han convertido en partes contratantes del Convenio de Budapest, Ecuador es un Estado que presenta una particularidad, pues actualmente se encuentra en un proceso de actualizacin de su legislacin para adquirir una calidad efectiva y segura a la hora de evaluar la evidencia digital similar a otras jurisdicciones.
Alineado con los principios generales, la norma internacional exige la cadena de custodia, la autenticidad y la integridad de las pruebas digitales, medidas que corresponden aproximadamente a las disposiciones de la COGEP pero que pueden implementarse de manera diferente segn las jurisdicciones. La cadena de custodia, que asegura que las evidencias digitales no sean manipuladas en cualquier momento de su recopilacin o traslado, es un principio bsico que garantiza la integridad y el escrutinio cientfico de la evidencia. La autenticidad y la integridad por otro lado permite verificar que la prueba digital en cuestin es efectivamente la prueba correspondiente a los hechos que se quieren demostrar para evitar un montaje que contagie al juicio.
Por ltimo, en comparacin con otros pases de la regin que han ratificado el Convenio de Budapest y tienen slidas regulaciones en materia digital en general y en pruebas digitales en particular, Ecuador se encuentra en un ligero retraso normativo que podra impactar no slo la calibracin del sistema judicial, sino tambin los casos en que puedan existir delincuentes digitales o cualquier otra situacin que Este rezago evidencia la necesidad que tiene el pas de modernizar su legislacin en esta materia y esforzarse en lograr la implementacin de estndares internacionales que hagan crecer la seguridad y confiabilidad de los datos digitales asegurando que el sistema judicial del pas se adapte a las condiciones de la era digital y la promocin de acceso a la justicia en el pas.
Propuesta
El sistema judicial ecuatoriano se encuentra en un punto crtico en cuanto a la integracin efectiva de la prueba digital en los procesos penales. Esta necesidad ha sido impulsada por el crecimiento de los delitos informticos y la relevancia cada vez mayor de las tecnologas digitales en las conductas delictivas tradicionales. Sin embargo, existen limitaciones sustanciales en el marco normativo, las capacidades tcnicas de los operadores de justicia y la infraestructura tecnolgica disponible, lo que compromete la admisibilidad, validez y efectividad de las pruebas digitales. Para abordar esta problemtica, es fundamental llevar a cabo una serie de reformas normativas y estructurales, as como implementar buenas prcticas que garanticen la incorporacin efectiva de estas evidencias en el sistema judicial del pas.
En primer lugar, es necesario analizar las deficiencias normativas. Aunque el Cdigo Orgnico Integral Penal (COIP) reconoce la validez de la prueba digital, no proporciona una regulacin especfica que establezca protocolos claros sobre su autenticacin, cadena de custodia y presentacin en juicio. Esto crea vacos legales que dificultan su admisibilidad, ya que las partes procesales pueden cuestionar la fiabilidad y la integridad de la evidencia presentada. Adems, la ausencia de lineamientos estandarizados permite interpretaciones divergentes entre los operadores judiciales, lo que afecta la uniformidad en los fallos y genera incertidumbre jurdica. Es esencial que el sistema judicial ecuatoriano desarrolle normativas especficas inspiradas en estndares internacionales como las normas ISO/IEC 27037, 27041 y 27042, las cuales ofrecen directrices detalladas para la gestin, anlisis y validacin de pruebas digitales. Estas normativas pueden ser adaptadas al contexto ecuatoriano para garantizar su efectividad en la lucha contra delitos complejos.
La cadena de custodia es otro aspecto crtico que requiere atencin urgente. Segn el COIP, la cadena de custodia debe garantizar la autenticidad e integridad de las pruebas desde su recoleccin hasta su presentacin en juicio. Sin embargo, en la prctica, muchas evidencias digitales no son manejadas conforme a protocolos tcnicos rigurosos, lo que abre la posibilidad de alteraciones o manipulaciones que podran invalidarlas. Por ejemplo, en casos emblemticos como los de corrupcin en Petroecuador o el caso "Sobornos 2012-2016", la falta de protocolos claros para preservar la integridad de los correos electrnicos y registros electrnicos utilizados como evidencia digital fue un tema de debate. Esto evidencia la necesidad de implementar procedimientos estandarizados que documenten de manera rigurosa cada etapa del manejo de la evidencia digital, desde su extraccin hasta su almacenamiento y anlisis.
Adems de las deficiencias normativas y tcnicas, se observa una carencia significativa de capacitacin entre los operadores judiciales. Los jueces, fiscales y abogados suelen carecer de formacin especializada en informtica forense y manejo de pruebas digitales, lo que limita su capacidad para evaluar adecuadamente la autenticidad, relevancia y validez de estas evidencias. Este problema se agrava en un contexto donde las tecnologas digitales evolucionan rpidamente, presentando nuevos desafos en trminos de seguridad y anlisis. La implementacin de programas de capacitacin continua en tecnologa forense, legislacin sobre delitos digitales y normas internacionales de manejo de evidencia es esencial para fortalecer las competencias de los operadores de justicia y garantizar un uso adecuado de las pruebas digitales en los procesos penales.
En el mbito de infraestructura tecnolgica, el sistema judicial ecuatoriano enfrenta limitaciones que obstaculizan el manejo eficaz de las pruebas digitales. La falta de herramientas modernas para recolectar, analizar y almacenar evidencia digital dificulta su utilizacin en los tribunales. Es fundamental que el Estado invierta en la adquisicin de software y hardware especializados, as como en la creacin de laboratorios de informtica forense que operen bajo estndares internacionales. Estas instalaciones permitiran realizar anlisis tcnicos rigurosos que garanticen la integridad de la evidencia y faciliten su admisin en los procesos judiciales.
La creacin de unidades especializadas dentro del sistema judicial y las fiscalas es otra medida necesaria para fortalecer el manejo de las pruebas digitales. Estas unidades, integradas por expertos en informtica forense, podran desempear un rol clave en la recoleccin, anlisis y presentacin de evidencias digitales, as como en la asesora tcnica a los operadores de justicia en casos complejos. Su creacin no solo mejorara la calidad del manejo de pruebas digitales, sino que tambin promovera la transparencia y la confianza en el sistema judicial.
En el mbito internacional, la adhesin de Ecuador al Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia sera un paso estratgico para mejorar la cooperacin internacional en la investigacin y el enjuiciamiento de delitos cibernticos. Este convenio establece un marco comn para la recoleccin y manejo de pruebas digitales, as como para la colaboracin entre pases en la lucha contra delitos transnacionales. Su implementacin permitira a Ecuador beneficiarse de buenas prcticas internacionales y fortalecer su capacidad para enfrentar los desafos que plantea la evidencia digital en un mundo globalizado.
Por ltimo, la promocin de buenas prcticas en el manejo de pruebas digitales es fundamental para garantizar su validez y admisibilidad en los tribunales. Esto incluye la implementacin de protocolos claros para la recoleccin y preservacin de evidencias, el uso de tecnologas avanzadas para el anlisis forense y la creacin de sistemas de certificacin para peritos especializados. Estas medidas contribuiran a mejorar la calidad y la fiabilidad de las pruebas digitales, asegurando que cumplan con los estndares de autenticidad, integridad y reproducibilidad necesarios para su admisin en juicio.
Conclusiones
La prueba digital ha puesto en escena como una cuestin esencial en la configuracin del nuevo derecho penal del siglo XXI, se destaca en el ambiente de los delitos informticos, en donde la accin delictual ocurre y siempre deja alguna huella en el ciberespacio. Esta clase de evidencia no solo testimonia un desarrollo tecnolgico de cmo administrar Justicia, sino que, al actualizarse, se ha convertido en una herramienta con un componente tico prctico para asegurar que los procesos y trmites judiciales sean relevantes y correctos. Su importancia se basa en la caracterstica de su capacidad de ofrecer datos concretos, accesibles y de alta precisin los cuales son valiosos en el desenlace de casos difciles, donde las evidencias ordinarias no son adecuadas o no estn disponibles.
Pero al mismo tiempo, se encuentran en esta investigacin algunos riesgos que se asocian con su aplicacin en el ambiente del derecho en Ecuador. Un desafo relacionado es el inexiste de una normative adecuada que permita regular de forma efectiva la recoleccin, custodia, anlisis y presentacin de esta evidencia en el marco judicial. Los vicios que presenta la normativa actual hacen imposible asegurar la autenticidad e integridad de la prueba digital y como tal su credibilidad y validez en los juzgados. No solo estas carencias restringen al sistema de justicia para no procesar delitos relativo a tecnologas modernas, sino que tambin crea posibilidad de cuestionamientos y nulidades en los casos judiciales y produce inseguridad jurdica. Por lo tanto, surge la realidad y/o especificidad de llevar adelante reformas legales que permitan adecuar la normativa nacional con las normativas internacionales ms vanguardistas y con las mejores prcticas a nivel internacional en torno a los temas referidos probidad digital.
La formacin de los actores judiciales son otro de los aspectos esenciales para enfrentar esta problemtica. Por un lado, la comprensin adecuada de la prueba digital necesita conocimiento tcnico en campos como la forense y tecnologas de informacin de cuyo entramado tradicional de jueces, fiscales y abogados. Por falta de profesionalidad, uno puede volver a los datos equivocado o hasta descartar pruebas importantes en los procesos legales. As que resulta esencial disear y poner en prctica cursos de capacitacin que preparen a los operadores de justicia para que puedan ejercer las habilidades requeridas para manejar, analizar e interpretar la evidencia digital con eficiencia. As, se lograran mayor trasparencia y confianza en el sistema judicial, en un mundo que es tan digital y va a requerir una justicia eficiente para la solucin de conflictos.
Por lo tanto, este estudio aporta al saber de la especialidad del derecho penal al ofrecer un diagnstico acerca de la realidad de la prueba digital en el Ecuador y recomendaciones para su desarrollo. Cuando se investiga las consecuencias de la revolucin tecnolgica en el campo legal, no solo se arrojan luces a las falencias que prevalecen, sino tambin propuestas a cmo abordar dichos desafos. Este enfoque integral configura el marco que futuros estudios y cambios disearn un sistema de justicia capaz de responder eficaz a las exigencias del clima digital. Al mismo tiempo, frecuentemente sirve como base para otros pases de la regin, los cuales tambin experimentan semejantes problemas, y as, ayuda al desarrollo discusin ms general de la temtica de modernizacin del derecho penal en el contexto del mundo.
Por lo tanto, los objetivos establecidos al inicio de esta investigacin se han logrado con cierta medida de satisfaccin. Entre ellos, la determinacin de las lagunas de la actual reglamentacin, la evaluacin crtica de la funcin de la prueba digital en los procesos judiciales y las alternativas para su mejoramiento. Tales respuestas adems de fortalecer el campo de conocimiento son igualmente convenientes para su aplicabilidad a partir de las recomendaciones que proveen soluciones realistas para mejorar el acceso a la justicia en el Ecuador. Por ende, el estudio no slo responde con la finalidad, sino que tambin posicionar al estudio como un banco de soluciones para producir cambio estructural en el sistema judicial egresando al requisito que una sociedad cada vez ms guiada por le tecnologa digital requiere.
En tal sentido, es fundamental que el sistema normativo de Ecuador, cuya actualizacin se encuentra en proceso sea modificado y ajustado a las innovaciones tecnolgicas y a los modelos normativos internacionales en materia de prueba digital. Lo anterior implica la elaboracin de leyes especiales que regulen la recopilacin, conservacin, anlisis y presentacin del material digital y garantizar su legalidad, integridad y certeza. Asimismo, estas reformas deben incluir criterios tcnicos que permitan la definicin de protocolos, tales como, las cadenas de custodia digital slidas y la metodologa del anlisis forense bien establecido a nivel mundial. Esta adecuacin normativa mejorara notoriamente la seguridad jurdica y eliminara cualquier posibilidad de exclusin o impugnacin de pruebas en los rganos jurisdiccionales.
Por lo tanto, se sugiere implementar un programa nacional de capacitacin permanente dirigido a jueces, fiscales, abogados y otros actores de la justicia con especial aplicacin tcnica y jurdica en la prueba digital. Esta formacin supuestamente debe disear mdulos especficos en relacin a la informtica forense, procesos de adquisicin de datos tecnolgicos y los protocolos locales e internacionales correspondiente. Es por ello que la capacitacin debe ser diseada de tal manera que permita que los actores del sistema judicial no solo conozcan los aspectos tcnicos de la evidencia digital, sino tambin las implicancias legales con el propsito de que pueda haber una debida evaluacin durante los distintos procesos judicial.
Asimismo, se plantea la formacin de estructuras especiales dentro del sistema judicial y las fiscalas estipuladas por especialistas en tecnologas de la informacin e informtica forense. Estas unidades seran tcnicamente acreditas para apoyar en la recopilacin y en el anlisis de la evidencia digital adems para apoyar a los operadores de justicia en casos difciles con relacin a delitos digitales o pruebas tecnolgicas complejos. Esta especializacin institucional ayudara a asegurar un mejor y ms adecuado control de las pruebas digitales allegados y rendidos asegurando un mejor control y confusin al sistema judicial.
El otro factor clave consiste en inversin en maquinaria tecnolgica para equiparar el sistema judicial con recursos eficaces para recoleccin y capacitacin digital con una mayor precisin. Este se produce a travs de la compra de software y la adquisicin de equipos especializados con la capacidad de llevar sistemas de manejo de informacin electrnica que faciliten los trmites legales de forma segura. Lo que se hace necesario es utilizar la tecnologa no solo como medio y fin, sino como una herramienta que permita garantizar que dicha prueba digital sea sometida a los mejores niveles tcnicos y ticos posibles.
Por ello, se debe propiciar la colaboracin internacional en temas de regulacin y gestin de la prueba digital. Inscribiendo acuerdos e integracin con organismos internacionales junto con pases ms experimentados en este campo ayudara al Ecuador en obtener buenas prcticas y mejores tecnologas. Adems, el activo compromiso en las conferencias internacionales sobre cibercrimen y antecedentes digitales brindara al pas mayores opciones para abordar los desafos relacionados con la integracin a la economa global y los delitos informticos.
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