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El procedimiento abreviado en la etapa de juicio, para disminuir la afectaci�n del principio de celeridad

 

The abbreviated procedure in the trial stage, to reduce the impact of the principle of speed

 

O procedimento abreviado na fase experimental, para reduzir o impacto do princ�pio da celeridade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: rene.garcia.42@est.ucacue.edu.ec

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 08 de noviembre de 2024 *Aceptado: 25 de diciembre de 2024 * Publicado: �17 de enero de 2025

 

        I.            Universidad Cat�lica de Cuenca, Cuenca, Azuay, Ecuador.

      II.            Universidad Cat�lica de Cuenca, Cuenca, Azuay, Ecuador.

Resumen

El C�digo Org�nico Integral Penal ha proscrito la posibilidad de tramitar y resolver el procedimiento abreviado en la etapa de juicio, limitando su aplicaci�n a las etapas previas. Esta restricci�n afecta al principio de celeridad, debido a que este procedimiento tiene como Norte aligerar los procesos penales, comprimiendo el tiempo, los recursos y la congesti�n judicial. Con la aplicaci�n de este procedimiento, se permite una resoluci�n m�s r�pida de casos al admitir la culpabilidad del procesado y negociar una pena reducida, lo cual coadyuva a una eficiencia judicial. En esta obra se ha propuesto reformar el art�culo 635 del COIP para permitir que tambi�n los Tribunales de Garant�as Penales puedan aplicar el procedimiento abreviado, lo que mejorar�a la celeridad procesal y reducir�a la carga de trabajo de los de estos �rganos de Justicia. El procedimiento abreviado se caracteriza por una negociaci�n entre el fiscal y el procesado, quien admite su culpabilidad, lo que facilita tener un fallo debidamente motivado, y as� se evita el viacrucis de un proceso ordinario.

Palabras clave: derecho p�blico; sanci�n penal; criminolog�a; oportunidad; procedimiento.

 

Abstract

The Comprehensive Organic Criminal Code has prohibited the possibility of processing and resolving the abbreviated procedure in the trial stage, limiting its application to the previous stages. This restriction affects the principle of speed, because this procedure aims to lighten criminal proceedings, compressing time, resources and judicial congestion. With the application of this procedure, a faster resolution of cases is allowed by admitting the guilt of the accused and negotiating a reduced sentence, which contributes to judicial efficiency. In this work, it has been proposed to reform article 635 of the COIP to also allow the Criminal Guarantees Courts to apply the abbreviated procedure, which would improve procedural speed and reduce the workload of these Justice Bodies. The abbreviated procedure is characterized by a negotiation between the prosecutor and the defendant, who admits his guilt, which makes it easier to have a duly motivated ruling, thus avoiding the ordeal of an ordinary process.

Keywords: public law; criminal sanction; criminology; chance; procedure.

 

 

 

Resumo

O C�digo Penal Org�nico Integral proibiu a possibilidade de processamento e resolu��o do procedimento abreviado na fase de julgamento, limitando a sua aplica��o �s fases anteriores. Essa restri��o afeta o princ�pio da celeridade, pois esse procedimento visa agilizar o processo penal, comprimindo tempo, recursos e congestionamento judicial. Com a aplica��o deste procedimento permite-se uma resolu��o mais r�pida dos casos, admitindo a culpa do arguido e negociando uma pena reduzida, o que contribui para a efici�ncia judicial. Neste trabalho foi proposta a reforma do artigo 635 da COIP para permitir tamb�m que os Tribunais de Garantias Criminais apliquem o procedimento abreviado, o que melhoraria a celeridade processual e reduziria a carga de trabalho destes �rg�os de Justi�a. O procedimento abreviado caracteriza-se por uma negocia��o entre o Minist�rio P�blico e o arguido, que admite a sua culpa, o que facilita uma decis�o devidamente motivada, evitando assim a prova��o de um processo ordin�rio.

Palavras-chave: direito p�blico; san��o criminal; criminologia; chance; procedimento.

 

Introducci�n

Con la entrada en vigor del C�digo Org�nico Integral Penal (COIP), la competencia de los Tribunales de Garant�as Penales para conocer y aplicar la instituci�n del procedimiento abreviado fue restringida, limitando su alcance a etapas procesales espec�ficas. Esto se encuentra establecido en el art�culo 635, numeral 2, del mencionado cuerpo normativo establece que la propuesta para la aplicaci�n del procedimiento abreviado, presentada por la o el fiscal, est� limitada al per�odo comprendido entre la audiencia de formulaci�n de cargos y la audiencia de evaluaci�n y preparatoria de juicio. Esto significa que, dentro de este intervalo procesal, el fiscal tiene la facultad de proponer esta alternativa como una v�a para resolver el caso de manera m�s expedita. (C�digo Org�nico Integral Penal,2014, art. 635 n�m. 2).

Esta disposici�n implica que el procedimiento abreviado qued� excluido de la etapa de juicio, limitando la oportunidad de recurrir a esta herramienta procesal en fases avanzadas del proceso penal. Dicha restricci�n ha sido objeto de debate, pues se considera que contraviene los principios de celeridad y eficiencia que deben regir el sistema de justicia, y que podr�a desaprovechar el potencial del procedimiento abreviado para agilizar la resoluci�n de casos en cualquier etapa del proceso, siempre bajo. las debidas garant�as procesales y el respeto de los derechos de las partes involucradas.

El art�culo citado en l�neas anteriores, hace referencia al marco procesal en el cual la o el fiscal puede presentar una propuesta, generalmente vinculada a un acuerdo, medida alterna o estrategia en el desarrollo del caso penal, delimitado entre dos momentos clave: la audiencia de formulaci�n de cargos y la audiencia de evaluaci�n y preparatoria de juicio.

La primera instancia formal, la audiencia de formulaci�n de cargos, marca el inicio del proceso penal al presentar los hechos imputados a la persona acusada, ofreciendo al fiscal la oportunidad de exponer la acusaci�n y plantear posibles acuerdos, como mecanismos de justicia restaurativa o negociaciones.

Por su parte, la audiencia de evaluaci�n y preparatoria de juicio es crucial, ya que en ella se revisan los elementos probatorios y se delimitan las cuestiones que se abordar�n durante el juicio, siendo este el �ltimo momento procesal para que el fiscal formalice cualquier propuesta antes de que el caso avance al juicio oral y p�blico. Este intervalo procesal aporta flexibilidad al sistema judicial al permitir que las partes exploren soluciones alternativas que pueden ahorrar tiempo y recursos, mientras garantizan que la defensa y el tribunal cuenten con suficiente tiempo para evaluar la viabilidad de las propuestas, respetando as� el debido proceso y los derechos del acusado. Asimismo, contribuye a la optimizaci�n del sistema judicial, facilitando la resoluci�n de casos sin necesidad de llegar a juicio y favoreciendo la descongesti�n del sistema.

Es necesario puntualizar que la aplicaci�n del procedimiento abreviado en el proceso penal es importante y m�s a�n en la etapa de juicio, toda vez que se podr�a resolver casos de una forma expedita, para evitar dilaciones y congestionamiento en los Tribunales de Garant�as Penales; en tal raz�n, se simplificar�a el proceso, facilitando la comprensi�n y participaci�n de las partes involucradas. Por otro lado, el Estado optimizar�a los recursos, reduciendo los costos judiciales. Algunos casos complejos se resolver�an de una manera f�cil, con reducci�n de tiempo y recursos; a m�s de aquello, la carga laboral de los Tribunales de Garant�as Penales se reducir�a sustancialmente, lo conlleva a que los jueces cumplan de una mejor manera su tarea de administrar justicia.

El procedimiento abreviado es una forma de terminaci�n anticipada del proceso penal, esta instituci�n tiene su origen en el sistema adversarial norteamericano, que es de vieja data. A esta instituci�n se la debe entender como aquel acto de negociaci�n entre el fiscal y el procesado sobre la pena, siempre y cuando �ste admite su participaci�n en el hecho imputado.

Doctrinariamente se ha desarrollado el concepto del procedimiento abreviado, en el siguiente sentido El procedimiento abreviado se configura como una herramienta procesal especial dentro del sistema penal, caracterizada por permitir la negociaci�n de sentencias entre las partes involucradas en el conflicto penal: el sujeto activo (el procesado) y el sujeto pasivo (la v�ctima o el Estado como representante). de la sociedad). Este mecanismo tiene como finalidad principal facilitar la resoluci�n del caso de manera r�pida y eficiente, sin necesidad de someterse al procedimiento ordinario, que suele ser m�s prolongado y costoso.

La normativa que regula este procedimiento concede un espacio para que las partes puedan llegar a un acuerdo, siempre dentro de los l�mites establecidos por la ley, lo que garantiza que la negociaci�n respeta los principios de legalidad, justicia y proporcionalidad. Este di�logo inicial entre las partes permite encontrar soluciones que satisfagan tanto los intereses de reparaci�n de la v�ctima como los derechos del procesado, promoviendo un equilibrio entre la celeridad procesal y el respeto de las garant�as fundamentales.

Al este permitir tipo de negociaciones directas, el procedimiento abreviado contribuye a descongestionar el sistema judicial, a reducir los costos asociados al litigio y garantizar una respuesta m�s �gil a las demandas de justicia. Sin embargo, su implementaci�n debe estar siempre supervisada y avalada por las autoridades judiciales competentes, para asegurar que los acuerdos alcanzados se ajusten al marco legal y a los principios del debido proceso.(Intriago & Molina, 2021). Por lo tanto, para los autores citados este es un procedimiento especial dentro del �mbito penal que se caracteriza por permitir la negociaci�n de sentencias entre las partes involucradas en el conflicto, es decir, entre el sujeto activo, quien comete el delito, y el sujeto pasivo, quien lo sufre.

Este mecanismo busca promover la resoluci�n �gil de ciertos casos mediante acuerdos que beneficien a ambas partes y contribuyan a descongestionar el sistema judicial. La normativa establece que esta negociaci�n inicial se realice directamente entre las partes, bajo el principio de autonom�a y dentro de los l�mites legales establecidos, garantizando que los acuerdos alcanzados respeten los derechos tanto del acusado como de la v�ctima. Este procedimiento tiene como objetivo facilitar la reparaci�n del da�o, reducir los costos procesales y fomentar soluciones que permitan la rehabilitaci�n y reintegraci�n social del infractor, asegurando al mismo tiempo la justicia y equidad en el proceso penal.�

De acuerdo a Chamba y Alexandre (2019) el procedimiento abreviado est� dise�ado como un mecanismo que busca garantizar la celeridad procesal, siendo una herramienta clave para agilizar los procesos penales y descongestionar el sistema judicial. Este procedimiento permite alcanzar una resoluci�n r�pida y eficiente de los casos, evitando las dilataciones que suelen caracterizar al juicio ordinario. El procedimiento abreviado se encuentra dise�ado como una herramienta procesal que busca garantizar la celeridad en la resoluci�n de los conflictos judiciales, reduciendo los tiempos y recursos necesarios para llegar a una sentencia. Consecuentemente, la instituci�n del procedimiento abreviado es aquella en la cual el fiscal puede cambiar su acusaci�n y acusar por un hecho que puede ser objeto de un reproche m�s leve; y, propone al juez, como consecuencia de la declaraci�n de culpabilidad del autor, la imposici�n de una pena reducida.

En este trabajo de investigaci�n surge la interrogante: �C�mo la imposibilidad de aplicar el procedimiento abreviado en la etapa de juicio afecta al principio de celeridad? Con esta base, el objetivo general radica en dise�ar la metodolog�a de aplicaci�n del procedimiento abreviado en la etapa de juicio, para que se plasme del principio de celeridad en los Tribunales de Garant�as Penales, dentro del marco de sus competencias, con sujeci�n al marco normativo vigente, gesti�n 2024.

Este art�culo est� formado por tres apartados el primero consiste en identificar como los actores fundamentales del procedimiento abreviado en la etapa de juicio conocen y aprueban esta instituci�n. El segundo punto hace alusi�n a determinar los requisitos para la aplicaci�n del procedimiento abreviado en la etapa de juicio. Finalmente se elaborar� la metodolog�a para la aplicaci�n del procedimiento abreviado por los Tribunales de Garant�as Penales y la vulneraci�n al principio de celeridad.

 

Marco te�rico

Los actores fundamentales del procedimiento abreviado en la etapa de juicio

Con el neoconstitucionalismo el Ecuador establece un amplio cat�logo de derechos, por otro lado; instaur� los mecanismos que garanticen su vigencia frente a posibles vulneraciones de estos por parte de los poderes p�blicos e inclusive de particulares. Por lo tanto, debe buscar la soluci�n al mismo por cualquier medio, siendo el de �ltima ratio la soluci�n planteada por Derecho Penal, para que el Estado ejerza el ius punendi, cuyo limitante por el debido proceso, que doctrinariamente se considera �(�) es un aporte del Derecho Penal. Ahora bien, como esas regla, principios, garant�as y derechos se consagran en esas declaraciones de derechos que, luego, pasan a integrar los textos constitucionales, se extienden a todas las normas jur�dicas� (Oyarte, 2022, p�g. 6).� En este contexto, el derecho penal contribuye de manera significativa al desarrollo y consolidaci�n de los principios, garant�as y derechos fundamentales que protegen a las personas en el �mbito jur�dico. Estos elementos, inicialmente formulados en el contexto del Derecho Penal, adquieren un car�cter universal cuando son incorporados en las declaraciones de derechos que, a su vez, pasan a formar parte de los textos constitucionales.

Este proceso de integraci�n extiende su aplicaci�n a todas las ramas del derecho, asegurando que las normas jur�dicas en su conjunto se fundamenten en estos principios y garant�as. De este modo, el aporte del Derecho Penal trasciende su �mbito espec�fico, consolid�ndose como una base esencial para la protecci�n de los derechos humanos y la estructura del orden jur�dico en general. Ahora bien, conforme se ha argumentado, dentro de los procedimientos como soluci�n de conflictos tenemos al procedimiento abreviado, entendido en t�rminos de la Corte Constitucional como:

En primer lugar, es preciso enfatizar que los procedimientos abreviados siguen siendo, por su naturaleza, procesos penales en los cuales el objetivo principal es la determinaci�n del cometimiento de conductas tipificadas como delitos y la atribuci�n de responsabilidades individuales y las penas correspondientes (Sentencia No. 189-19-JH y acumulados/21, 2021)

De acuerdo a la sentencia citada en l�neas anteriores, es fundamental subrayar que los procedimientos abreviados, pese a su estructura simplificada, mantienen su esencia como procesos penales orientados a la determinaci�n de la existencia de conductas que se encuentren tipificadas como delitos. Su prop�sito central es establecer, con base en los hechos y las pruebas, la responsabilidad penal individual de los involucrados y aplicar las penas que correspondan conforme a la ley.

Aunque estos procedimientos se caracterizan por su celeridad y eficiencia, no prescinden de las garant�as fundamentales que rigen el debido proceso. De acuerdo con la Sentencia No. 189-19-JH y acumulados/21 (2021), este mecanismo conserva su funci�n de impartir justicia, respetando los derechos de las partes y contribuyendo a una administraci�n m�s eficiente del sistema penal. Es necesario precisar que la competencia para sustanciar y resolver el procedimiento abreviado es otorgada a los Tribunales de Garant�as Penales, esto acorde al C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial, que describe: �Los tribunales Penales son competentes para: 2. Sustanciar y resolver el procedimiento penal abreviado, cuando les sea propuesto�.

Por otro lado, el legislador ha determinado en el C�digo Org�nico Integral Penal en su art�culo 635 numeral 2, que el momento procesal para proponer el procedimiento abreviado es desde la audiencia de formulaci�n de cargos hasta la audiencia de evaluaci�n y preparatoria de juicio; develando que, en este cuerpo normativo, el procedimiento abreviado no puede ser propuesto en la etapa de juicio, consecuentemente los Tribunales de Garant�as Penales no tuvieran competencia para su sustanciaci�n y resoluci�n.

Lo aseverado denota un problema de antinomias, que el autor Oyarte (2022), considera:

Puede ocurrir que, al resolver, se descubran varias normas aplicables a los hechos y que resulten ser contradictorias. En este evento se debe aplicar las normas de soluci�n de antinomias: competencia, jerarqu�a, especialidad y norma posterior, aunque si se trata de normas que reconocen garant�as se deber�, aplicar, siempre, la m�s favorable (p. 428).

De acuerdo a lo expuesto con anterioridad, la soluci�n para este conflicto de antinomias es f�cil, se aplicar�a la norma del C�digo Org�nico� Integral Penal, en raz�n que fue promulgada con posterioridad a la norma del C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial; pero la soluci�n planteada en este trabajo va m�s all�, debido a que se propone una reforma del art�culo� 635 numeral 2 del C�digo Org�nico� Integral Penal; para que el procedimiento abreviado pueda ser planteado tambi�n en la etapa de juicio hasta antes de la audiencia de juicio, lo que dotar�a de competencia a los Tribunales de Garant�as Penales, esto bajo el argumento que de esta forma se plasme el principio de econom�a procesal en esta etapa.

Al respecto doctrinariamente se ha se�alado que, cuando el proceso judicial se prolonga m�s all� de un plazo razonable por causas atribuibles al �rgano jurisdiccional, se vulnera el derecho fundamental del imputado a un juicio r�pido y justo, tal como lo consagra el principio de celeridad procesal. Esta demora no solo genera una afectaci�n directa al acusado, quien enfrenta una incertidumbre prolongada y una posible limitaci�n de otros derechos fundamentales, sino que tambi�n compromete la legitimidad del Estado para ejercer su poder punitivo.

La dilaci�n injustificada en el proceso judicial pone en cuesti�n la capacidad del sistema de justicia para garantizar la tutela efectiva de los derechos, erosionando la confianza p�blica en las instituciones. Adem�s, al no actuar con diligencia, el Estado incumple con su deber de asegurar un equilibrio entre la necesidad de impartir justicia y la protecci�n de los derechos procesales del imputado. En estos casos, la demora puede ser vista como una forma de castigo anticipado, lo que contradice los principios de presunci�n de inocencia y debido proceso.

En �ltima instancia, cuando se verifica esta falta de celeridad, el Estado enfrenta un dilema �tico y jur�dico, ya que pierde autoridad moral para imponer sanciones penales, dado que su propia ineficiencia ha contribuido a una situaci�n de injusticia procesal. Este contexto subraya la importancia de implementar mecanismos que garanticen plazos razonables en los procedimientos y eviten que las fallas del sistema comprometan los derechos de los individuos y la legitimidad del aparato punitivo estatal (Arbul�, 2017, p. 55). En este sentido, se hace indispensable establecer el tr�mite e identificar los actores fundamentales del procedimiento abreviado en la etapa de juicio que conocen y aprueban esta instituci�n.

El legislador a establecido que el procedimiento abreviado es un procedimiento especial, que lo debemos entender como:

Al hablar de procedimiento abreviado se conoce que �ste regula exclusivamente la imposici�n de la pena; mediante un acuerdo preexistente entre el fiscal y el procesado, con la finalidad de acelerar el proceso e imponer la pena privativa de libertad. Mas sin embargo en la actualidad se ha venido presentando el hecho de que los casos que son admitidos a este tr�mite lleven consigo la aplicaci�n inmediata de imponer una pena sugerida sin tomar en consideraci�n los par�metros fijados en la norma. (Gamboa, 2023)

El procedimiento abreviado se caracteriza por regular espec�ficamente la imposici�n de la pena a trav�s de un acuerdo preexistente entre el fiscal y el procesado, cuyo prop�sito principal es acelerar el tr�mite judicial y llegar de manera expedita a la imposici�n de una pena privativa de libertad. Este mecanismo se sustenta en la colaboraci�n entre las partes y en la renuncia de ciertos derechos procesales, como el juicio oral y p�blico, con el fin de optimizar los recursos del sistema judicial. Sin embargo, en la pr�ctica actual, se ha observado una tendencia preocupante respecto a la aplicaci�n de este procedimiento, ya que los casos admitidos bajo esta modalidad suelen concluir con la imposici�n inmediata de una pena previamente sugerida, muchas veces sin atender estrictamente los par�metros y l�mites establecidos por la norma.

Este fen�meno, se�alado por Gamboa (2023), plantea cuestionamientos sobre el respeto a los principios de proporcionalidad, legalidad y justicia en el marco de estos acuerdos, subrayando la necesidad de revisar y garantizar que las decisiones tomadas bajo este procedimiento cumplan con los est�ndares legales y �ticos requeridos.

Atentos a lo establecido, se�alaremos que para que opere esta salida alternativa la propuesta de la o el fiscal podr� presentarse desde la audiencia de formulaci�n de cargos hasta la audiencia de juicio. Por lo tanto, tambi�n gozar�a de competencia los Tribunales de Garant�as Penales para la tramitaci�n del procedimiento abreviado, la o el Fiscal al cumplir con su mandato constitucional de ejercer la acci�n penal p�blica, cumple un rol fundamental en el procedimiento abreviado.

Requisitos para la aplicaci�n del procedimiento abreviado en la etapa de juicio

La propuesta que impulsa esta obra es tan sencilla y de f�cil aplicaci�n, en tal motivo, los requisitos para la procedencia de esta salida alternativa se mantendr�an conforme se encuentra ya normado en el C�digo Org�nico Integral Penal en su art�culo 635.

El rol del �rgano de acusaci�n oficial es importante, toda vez que, la o el Fiscal tiene la obligaci�n de acreditar todos estos requisitos, y el Tribunal de Garant�as Penales una vez que verifique objetivamente el cumplimiento de las mentadas reglas librar� la sentencia correspondiente. Respecto de las reglas la doctrina considera que �De acuerdo a los presupuestos que exige la norma, para la aplicaci�n de este procedimiento se da en un contexto donde previamente existi� la movilizaci�n del Ministerio P�blico en el marco de una investigaci�n fiscal, que den certeza que el hecho existi� y re�ne los presupuestos de punibilidad� (P�rez Z�rate, 2024).

El papel del �rgano de acusaci�n oficial, representado por la o el Fiscal, adquiere una relevancia en este contexto, ya que tiene la responsabilidad de demostrar, de manera objetiva y fundamentada, que se cumplen los requisitos legales exigidos. La correcta acreditaci�n de estos elementos es indispensable, ya que permite al Tribunal de Garant�as Penales verificar de manera imparcial si las condiciones establecidas por la norma han sido satisfechas, lo que conlleva a la emisi�n de una sentencia acorde a las disposiciones legales.

Respecto a las reglas que regulan este procedimiento, la doctrina destaca la importancia de contar con una investigaci�n fiscal previa conducida por el Ministerio P�blico. Seg�n P�rez Z�rate (2024), esta investigaci�n es esencial para confirmar la existencia del hecho delictivo y asegurar que el mismo cumple con los presupuestos de punibilidad establecidos por la ley. Es decir, el proceso no solo se basa en la simplificaci�n del tr�mite judicial, sino tambi�n en la certeza de que el hecho ocurri� y que se ajusta a los criterios normativos que justifican la imposici�n de una pena.

En este sentido, esta salida alternativa se presenta como una herramienta eficaz para agilizar el sistema penal, siempre y cuando se respete el marco normativo y se garantice una aplicaci�n rigurosa y transparente de las reglas establecidas. La intervenci�n diligente del Fiscal y el control objetivo del Tribunal aseguran que este procedimiento no se desvirt�e, manteniendo un equilibrio entre la eficiencia procesal y la protecci�n de los derechos de las partes involucradas.

Metodolog�a para la aplicaci�n del procedimiento abreviado por los Tribunales de Garant�as Penales y la vulneraci�n al principio de celeridad

En cuanto al procedimiento que se debe seguir para el conocimiento y resoluci�n de esta instituci�n jur�dica, el �rgano de Acusaci�n Oficial plantear� al sujeto procesal-procesado y a su defensa t�cnica sea esta privada o p�blica acogerse al procedimiento abreviado, deber� exponer la calificaci�n jur�dica de los hechos, la calidad de su participaci�n, la pena y la reparaci�n integral. Sobre este tema la Corte Constitucional del Ecuador, se�ala:

La Fiscal�a no puede obtener el consentimiento para la aplicaci�n del procedimiento abreviado sobre la base de amenazas o presiones relacionadas con la existencia de supuestos elementos de convicci�n o de posibles esfuerzos adicionales para garantizar una sentencia condenatoria agravada en el caso de que se llegue a una fase de juicio. (Sentencia No. 189-19-JH y acumulados/21, 2021)

La Fiscal�a tiene la obligaci�n de actuar dentro del marco de la legalidad y respetar los principios �ticos que rigen el ejercicio de la acci�n penal. En este sentido, el consentimiento para la aplicaci�n del procedimiento abreviado debe ser libre, informado y exento de cualquier tipo de coacci�n o presi�n indebida. De acuerdo con la Sentencia No. 189-19-JH y acumulados/21 (2021), no es admisible que la Fiscal�a utilice amenazas o insinuaciones relacionadas con la existencia de supuestos elementos de convicci�n o la posibilidad de realizar mayores esfuerzos para obtener una sentencia condenatoria m�s severa en caso de que el proceso avance a juicio.

El procedimiento abreviado tiene como finalidad agilizar el proceso penal y optimizar los recursos judiciales, pero esto solo es v�lido si se garantiza la voluntariedad y la transparencia del consentimiento del acusado. Cualquier presi�n que condicione su aceptaci�n distorsiona el prop�sito de esta herramienta y pone en riesgo la integridad del sistema judicial. En este contexto, la actuaci�n de la Fiscal�a debe ajustarse estrictamente a los est�ndares legales y �ticos, garantizando que el procedimiento abreviado sea una alternativa justa y equitativa para todas las partes involucradas.

Por otro lado, el profesional del derecho que ejerce la defensa del procesado, deber� poner en su conocimiento la posibilidad de someterse al procedimiento abreviado, debiendo explicar de forma clara y sencilla en qu� consiste y las consecuencias de la aplicaci�n de este proceso especial.

Ahora bien, para que lo mencionado se plasme en una realidad este convenio o negociaci�n deber� constar en un acta suscrita por el fiscal, el procesado y su defensor, documento en el que se detallar� la negociaci�n, el relato f�ctico pactado, el anuncio de los elementos de convicci�n que van a dar sustento factico y en los que se basa la participaci�n del procesado, la pena negociada, la reparaci�n integral, se deber� detallar los bienes que se incauten y que pasa el Estado a ser su titular, y dem�s mecanismos; y, el acto de aceptaci�n� se har� constar que fue de manera libre, voluntaria e informada, todo lo cual no obsta que se pueda plasmar de mamera oral en la audiencia,� haciendo gala al principio de oralidad, desarrollado por el constituyente as�: �La sustanciaci�n de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevar� a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentraci�n, contradicci�n y dispositivo�. (Constituci�n de la Rep�blica, 2008, art. 168 num. 3)

El documento en comento deber� ser presentado conjuntamente con el pedido que el fiscal exhibir� al juez, solicitando d�a y hora para la audiencia de procedimiento abreviado. Es de marcar riele que la pena negociada ser� fruto de un examen exhaustivo de los hechos imputados y aceptados y la verificaci�n de circunstancias agravantes y atenuantes, as� como la reincidencia; y, se har�n constar las penas privativas y no privativas de libertad, como a las penas que restringen los derechos de propiedad.

Una vez que se ha judicializado lo referido, el juzgador, dentro de las veinte y cuatro horas siguientes el juzgador convocar� a los sujetos procesales a fin de que se evacue la audiencia oral, p�blica y contradictoria, para de ser el caso aceptar o rechazar el procedimiento abreviado. Si es aceptado, se dictar� la sentencia condenatoria debidamente motivada.

En la audiencia respectiva expondr� el o la Fiscal, obligatoriamente se preguntar� a la persona procesada su aquiescencia con el procedimiento planteado en forma libre y voluntaria, explicando de forma detallada los t�rminos y consecuencias del acuerdo que este podr�a significarle. De ser el caso la v�ctima podr� concurrir a la diligencia, tendr� derecho a ser escuchada por el magistrado.

Una vez que se verific� la presencia de las partes procesales, el representante de Fiscal�a General del Estado esgrimir� de forma clara y precisa los hechos de la investigaci�n con el sustento jur�dico. Luego, se escuchar� al procesado para que exprese su admisi�n al procedimiento.

El �rgano Jurisdiccional dictar� su resoluci�n de acuerdo con las reglas prestablecidas, que incluir� el estudio sobre los hechos y participaci�n aceptada por el procesado, la calificaci�n jur�dica realizada por la Fiscal�a y la procedencia de la aplicaci�n del procedimiento abreviado. Si el magistrado establece que la calificaci�n jur�dica del hecho punible, la pena negociada y la reparaci�n integral, son sensatos y tienen relaci�n directa con los elementos de convicci�n, librar� el fallo con la aplicaci�n de la pena sugerida y reparaci�n integral, de esta sentencia se podr� apelar.

Por otro lado, si la o el juzgador considera que el acuerdo, no est� acorde a los requisitos establecidos por el legislador, o que se vulnera los derechos de la persona procesada, de la v�ctima o que de alguna forma es contrario a la Constituci�n o instrumentos internacionales, el juzgador est� en la obligaci�n de no aceptar el procedimiento abreviado y en el mismo acto ordenar� que el proceso se sustancie de manera ordinaria.

Se ha esgrimido que no permitir conocer y resolver el procedimiento abreviado en la etapa de juicio conculca el principio de celeridad, principio que se lo debe entender como un principio fundamental del debido proceso, el cual los procesos penales deben ser resueltos de manera r�pida y eficiente, para evitar dilaciones innecesarias que retrasen la obtenci�n de una resoluci�n definitiva. Este principio tiene como objetivo garantizar que los derechos de las partes se resuelvan dentro de un plazo razonable, asegurando el acceso a la justicia de manera oportuna. Sobre el tema el constituyente ha establecido que:

Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeci�n a los principios de inmediaci�n y celeridad; en ning�n caso quedar� en indefensi�n. El incumplimiento de las resoluciones judiciales ser� sancionado por la ley. (Constituci�n de la Rep�blica, 2008, Art. 75)

El derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva constituye un pilar fundamental del Estado de Derecho, garantizando que toda persona pueda acudir al sistema judicial para la defensa de sus derechos e intereses, sin restricciones econ�micas ni barreras que limiten su capacidad para hacerlo. Este acceso debe estar regido por los principios de inmediaci�n y celeridad, los cuales aseguran que el proceso judicial sea directo, eficiente y libre de dilaciones injustificadas. La imparcialidad en la resoluci�n de los conflictos es esencial para mantener la confianza en el sistema judicial, y el compromiso con la justicia expedita contribuye a evitar que los procesos se conviertan en una carga injusta para las partes.

Adem�s, el mandato de que nadie puede quedar en estado de indefensi�n implica que el sistema judicial debe garantizar a todas las personas los medios necesarios para hacer valer sus derechos, ya sea mediante asistencia legal gratuita o medidas que protejan a las partes m�s vulnerables. Este principio fortalece la equidad dentro del proceso y protege contra cualquier abuso de poder o negligencia.

El incumplimiento de las resoluciones judiciales constituye una violaci�n al principio de autoridad y a la obligatoriedad de las decisiones emanadas del sistema judicial. Por ello, la ley establece sanciones espec�ficas para garantizar que las sentencias sean respetadas y ejecutadas, protegiendo as� la eficacia de la justicia y la seguridad jur�dica.

No aplicar el procedimiento abreviado en la etapa de juicio, afectar�a a la� agilidad en la tramitaci�n de las causas, que debe ser tramitado sin demoras indebidas, los sujetos procesales deben actuar con prontitud y diligencia para evitar que los casos se prolonguen innecesariamente y sean resueltos en un plazo razonable,� lo que denota su importancia para evitar que las partes procesales sufran una injusticia debido a la demora y solo de esta forma se proteger�a el derecho de las partes a obtener una resoluci�n de manera pronta, evitando que la justicia se vuelva inaccesible por los retrasos procesales.

Consecuentemente, con la reforma legal propuesta, al establecer que los Tribunales de Garant�as Penales tambi�n gozar�an de competencia para tramitar y resolver el procedimiento abreviado se respetar� el principio de celeridad que es esencial para garantizar el acceso a la justicia y la efectividad de los derechos procesales, y est� consagrado en diversas normativas y sistemas judiciales, en especial en sistemas jur�dicos que buscan evitar la congesti�n de los tribunales y la impunidad derivada de procesos largos y complicados.

 

Metodolog�a

En el presente trabajo de investigaci�n, se ha adopt� un dise�o no experimental, dado que no se manipul� intencionadamente ninguna variable, sino que se analizaron fen�menos tal y como se presentan en la realidad. El enfoque utilizado es cualitativo, fundamentado en el empleo de fuentes bibliogr�ficas, referencias te�ricas y jurisprudenciales. Estas herramientas permitieron realizar un an�lisis exhaustivo y profundo sobre la aplicaci�n del procedimiento abreviado en la etapa de juicio, en aras de minimizar la afectaci�n al principio de celeridad en los Tribunales de Garant�as Penales.

El nivel de profundidad de la investigaci�n es descriptivo, ya que se centr� en identificar, organizar y explicar los conocimientos previos sobre la instituci�n del procedimiento abreviado. Este nivel permiti� evidenciar sus caracter�sticas principales y ofrecer un panorama integral de su impacto en el sistema judicial, con especial atenci�n a la problem�tica de la celeridad procesal.

En cuanto a los m�todos aplicados, se enfatiz� el m�todo inductivo-deductivo. Este permiti� transitar desde el an�lisis de premisas particulares hacia la formulaci�n de ideas generales, y viceversa. Inicialmente, se abordaron conceptos y definiciones generales del derecho penal y procesal penal, para posteriormente enfocarse en las particularidades de la aplicaci�n del procedimiento abreviado en la etapa de juicio. Adem�s, se utiliz� el m�todo dogm�tico-jur�dico, que consiste en el an�lisis del derecho positivo vigente y sus aspectos formales, evaluando las normativas y principios que rigen esta figura procesal.��������

La t�cnica principal empleada fue la revisi�n bibliogr�fica, que consisti� en recopilar, clasificar y analizar fuentes te�ricas y documentales relacionadas con el tema de estudio. Para ello, se utiliz� como instrumento el fichaje, que permiti� sistematizar y organizar la informaci�n relevante, garantizando un abordaje riguroso y estructurado.

En s�ntesis, la metodolog�a de esta investigaci�n combina un enfoque cualitativo, con m�todos anal�ticos y t�cnicos, que aseguraron una comprensi�n integral del procedimiento abreviado y su impacto en la celeridad de los Tribunales de Garant�as Penales, consolidando los hallazgos y propuestas del estudio.

 

Resultados

Este estudio ha permitido desarrollar la importancia de la aplicaci�n de la instituci�n del procedimiento abreviado en la etapa de juicio, denotando su val�a para la descongesti�n de los Tribunales de Garant�as Penales, lo cual llevar�a a una prestaci�n m�s �ptica y adecuada en la administraci�n de justicia.

Es necesario precisar que en el procedimiento abreviado se debe respetar el estado constitucional de inocencia, as� lo sostiene la Corte Constitucional ecuatoriana:

Tambi�n es necesario tener presente que, en el procedimiento abreviado, no se contempla la posibilidad de que el estado constitucional de inocencia de la persona procesada sea desvirtuado con pruebas aportadas por la Fiscal�a, como titular de la acci�n penal p�blica, en una audiencia de juzgamiento. Sin embargo, eso no implica que la persona procesada que acepte someterse a un procedimiento penal abreviado no goce de la garant�a constitucional de que se presuma su estado de inocencia, hasta la determinaci�n de su responsabilidad penal en una sentencia ejecutoriada. (Sentencia No. 189-19-JH y acumulados/21, 2021)

En el procedimiento abreviado, es importante considerar que no se prev� la posibilidad de desvirtuar el estado constitucional de inocencia de la persona procesada mediante la presentaci�n y valoraci�n de pruebas en una audiencia de juzgamiento, responsabilidad que recae en la Fiscal�a como titular de la acci�n penal p�blica. No obstante, esto no significa que quien decide acogerse a esta modalidad procesal pierda la garant�a constitucional de ser presumido inocente. Este derecho permanece intacto hasta que su responsabilidad penal sea determinada de manera definitiva y formal a trav�s de una sentencia ejecutoriada. (Sentencia No. 189-19-JH y acumulados/21, 2021).

Esto resalta que el procedimiento abreviado no elimina la presunci�n de inocencia, sino que modifica la din�mica del proceso al prescindir de una etapa de juzgamiento tradicional, en la cual usualmente se presentan y eval�an pruebas. La aceptaci�n voluntaria del procedimiento implica un reconocimiento t�cito de los hechos imputados, pero este reconocimiento no anula la necesidad de una decisi�n judicial que declare formalmente la responsabilidad penal, respetando siempre los principios constitucionales y garantizando que el proceso mantenga su legitimidad y justicia.

Desde la perspectiva de las partes procesales, el procedimiento abreviado se evidencia como una alternativa m�s �gil y eficiente frente al proceso penal ordinario. En primer lugar, la v�ctima se beneficia al obtener el resultado esperado, concretado en una reparaci�n integral reconocida a trav�s de un fallo judicial debidamente motivado, que satisface su derecho a la justicia y a la reparaci�n. Por otro lado, la Fiscal�a General del Estado cumple con su rol como titular de la acci�n penal p�blica, demostrando resultados efectivos que contribuyen al inter�s social. Para el procesado, este procedimiento ofrece la posibilidad de recibir una sentencia pronta y oportuna, evitando as� el desgaste f�sico, emocional y econ�mico asociado al procedimiento ordinario. Adem�s, se le garantiza una pena reducida, como incentivo previsto en la normativa.

Desde el punto de vista estatal, los beneficios del procedimiento abreviado son evidentes tanto en t�rminos humanos como econ�micos. Se logra una optimizaci�n de los recursos judiciales y una descongesti�n de los Tribunales de Garant�as Penales, lo que refuerza el sistema de justicia al hacerlo m�s eficiente y accesible. Estos beneficios subrayan la importancia de permitir la aplicaci�n del procedimiento abreviado en la etapa de juicio, objetivo que demanda una reforma normativa espec�fica en el C�digo Org�nico Integral Penal (COIP).

El an�lisis hist�rico demuestra que, bajo el C�digo de Procedimiento Penal, los Tribunales de Garant�as Penales ten�an competencia para tramitar esta figura jur�dica en la etapa de juicio. Sin embargo, con la entrada en vigencia del COIP, el legislador elimin� esta posibilidad, utilizando una t�cnica legislativa errada que ha limitado innecesariamente el alcance del procedimiento abreviado. Esta decisi�n ha generado cr�ticas de la doctrina penal, que en su mayor�a aboga por la reincorporaci�n de esta alternativa en la etapa de juicio, debido a los beneficios que ofrece tanto para los sujetos procesales (v�ctima y procesado) como para la sociedad en general. Los doctrinarios coinciden en que esta herramienta promueve la celeridad procesal, la econom�a de recursos y el respeto de los derechos de las partes, siempre bajo la observancia estricta del debido proceso.

Imputar al Estado la tardanza en la resoluci�n de los procesos penales constituye una acusaci�n grave, ya que afecta no solo los derechos fundamentales de las partes procesales, sino tambi�n los intereses de la sociedad, que depende de una justicia �gil y efectiva para mantener el orden y la confianza en las instituciones. La prohibici�n actual de aplicar el procedimiento abreviado en la etapa de juicio contraviene el principio de celeridad procesal al prolongar innecesariamente la duraci�n de los procesos judiciales, generando mayores costos y desgaste para todas las partes involucradas.

Ante esta problem�tica, se propone una reforma al art�culo 635 del COIP para permitir la aplicaci�n del procedimiento abreviado hasta antes de la audiencia de juicio. Esta reforma no solo garantizar�a una mayor eficiencia en el manejo de los casos penales, sino que tambi�n fortalecer�a la econom�a procesal, asegurando una justicia m�s r�pida y accesible, en pleno respeto a los derechos de las partes y a los principios constitucionales que rigen el sistema penal.

 

Conclusiones

Con la entrada en vigor del C�digo Org�nico Integral Penal (COIP), la aplicaci�n del procedimiento abreviado qued� estrictamente limitada a las etapas procesales previas al juicio. Seg�n lo dispuesto en el art�culo 635 del COIP, el fiscal �nicamente puede presentar la propuesta para este procedimiento entre la audiencia de formulaci�n de cargos y la audiencia de evaluaci�n y preparatoria de juicio, excluyendo de manera expl�cita su aplicaci�n durante la etapa de juicio. Esta restricci�n ha generado cr�ticas en la doctrina y cuestionamientos sobre su impacto en la celeridad y eficiencia del sistema judicial.

El procedimiento abreviado es reconocido como una herramienta procesal clave para optimizar los tiempos y recursos del sistema penal. Su implementaci�n permite una resoluci�n expedita de los casos, descongestionando los Tribunales de Garant�as Penales, reduciendo la carga laboral de los jueces y facilitando la participaci�n activa y eficiente de las partes procesales. Al acortar los plazos y simplificar el proceso, este mecanismo contribuye a un sistema judicial m�s �gil, econ�mico y accesible.

El marco normativo actual establece que, para que el procedimiento abreviado sea v�lido, deben cumplirse requisitos esenciales. Entre estos, se incluye la aceptaci�n expresa de los hechos imputados por parte del procesado, la aprobaci�n de la estrategia por su defensor, y la limitaci�n de la pena a imponer, que debe ajustarse a los par�metros establecidos por la ley. En este contexto, el fiscal desempe�a un rol fundamental, ya que es quien propone el procedimiento y verifica que se cumplan todas las condiciones necesarias para garantizar su legalidad y validez.

a investigaci�n plantea la necesidad de una reforma legislativa para extender la posibilidad de aplicar el procedimiento abreviado a la etapa de juicio. Esta propuesta permitir�a aprovechar los beneficios de esta salida alternativa incluso en las fases avanzadas del proceso, promoviendo una mayor eficiencia judicial y reforzando el principio de celeridad. La metodolog�a para aplicar el procedimiento abreviado en juicio deber�a basarse en una negociaci�n clara y transparente entre el fiscal, el procesado y su defensor, garantizando que las partes involucradas comprendan y acepten los t�rminos del acuerdo, siempre respetando los derechos constitucionales.

El texto enfatiza que la demora injustificada en los procesos judiciales no solo afecta los derechos fundamentales del procesado, como el derecho a un juicio r�pido y justo, sino que tambi�n erosiona la legitimidad del Estado para ejercer su poder punitivo. La exclusi�n del procedimiento abreviado en la etapa de juicio representa un obst�culo para la administraci�n eficiente de justicia y contradice el principio de celeridad procesal. Por ello, incluir esta posibilidad en el marco normativo ayudar�a a garantizar una justicia m�s eficaz y acorde con las necesidades sociales actuales.

En conclusi�n, la investigaci�n resalta que permitir la aplicaci�n del procedimiento abreviado en la etapa de juicio no solo mejorar�a significativamente la eficiencia del sistema judicial, sino que tambi�n reducir�a los tiempos procesales, garantizar�a el respeto por los derechos de las partes involucradas y fortalecer�a la confianza en la administraci�n de justicia.

 

 

Referencias

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4.      C�digo Org�nico Integral Penal. (2014). Registro Oficial 180.

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8.      P�rez Z�rate, R. (2024). Motovacion de las sentencias definitivas en el procedimineto abreviado a nivel nacional. Revista Jur�dica de investigaci�n de ciencias jur�dicas y sociales, 1. doi:https://orcid.org/0000-0002-1994-236X

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