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An�lisis de la legalidad de los Decretos Ejecutivos 500, 505, 513 y 519 y su impacto en la igualdad de oportunidades en el proceso electoral ecuatoriano de 2025

 

Analysis of the legality of Executive Decrees 500, 505, 513 and 519 and their impact on equal opportunities in the Ecuadorian electoral process of 2025

 

An�lise da legalidade dos Decretos Executivos 500, 505, 513 e 519 e do seu impacto na igualdade de oportunidades no processo eleitoral equatoriano de 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: juan.romeroh@ucacue.edu.ec

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 11 de enero de 2025 *Aceptado: 18 de febrero de 2025 * Publicado: �10 de marzo de 2025

 

        I.            Universidad Cat�lica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

      II.            Universidad Cat�lica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

 

Resumen

El presente art�culo analiza la legalidad de los Decretos Ejecutivos 500, 505, 513 y 519 emitidos por el presidente de la Rep�blica del Ecuador en el marco del proceso electoral 2025, los cuales se justifica la existencia de hechos que podr�an configurar la existencia de fuerza mayor y su consecuente eximente a cualquier tipo de infracci�n electoral. En este sentido, se recurre a un enfoque cualitativo, con el cual se determinar� si los argumentos constantes en los decretos cumplen los requisitos que la Corte Constitucional del Ecuador respecto de la fuerza mayor, as� como establecer su eventual infracci�n electoral.

Palabras clave: Fuerza mayor; igualdad de oportunidades; decretos ejecutivos; infracciones electorales.

 

Abstract

This article analyzes the legality of Executive Decrees 500, 505, 513 and 519 issued by the President of the Republic of Ecuador within the framework of the 2025 electoral process, which justify the existence of facts that could constitute the existence of force majeure and its consequent exemption from any type of electoral infraction. In this sense, a qualitative approach is used, with which it will be determined whether the arguments contained in the decrees meet the requirements of the Constitutional Court of Ecuador regarding force majeure, as well as establish its eventual electoral infraction.

Keywords: Force majeure; equal opportunities; executive decrees; electoral infractions.

 

Resumo

O presente artigo analisa a legalidade dos Decretos Executivos 500, 505, 513 e 519 emitidos pelo Presidente da Rep�blica do Equador no �mbito do processo eleitoral de 2025, que justificam a exist�ncia de factos que poderiam constituir a exist�ncia de for�a maior e a sua consequente isen��o de qualquer tipo de infra��o eleitoral. Neste sentido, ser� utilizada uma abordagem qualitativa, que permitir� determinar se os argumentos constantes dos decretos cumprem os requisitos do Tribunal Constitucional do Equador em rela��o � for�a maior, bem como estabelecer a sua eventual viola��o eleitoral.

Palavras-chave: For�a maior; igualdade de oportunidades; decretos executivos; viola��es eleitorais.

 

Introducci�n

Dentro del proceso electoral 2025, se han emitido varios Decretos Ejecutivos (500, 505, 513 y 519), mismos que han generado un intenso debate jur�dico, mismos que han cuestionado su validez y legalidad que podr�an implicar o derivar en posibles infracciones de car�cter electoral. La principal cr�tica ha girado en torno a que se pretende justificar varios hechos como fuerza mayor, al sostener que el Presidente de la Rep�blica no est� obligado a solicitar licencia impuesta a las Autoridades que buscan reelecci�n. Esta idea se fundamenta en el hecho de que, al ser un gobierno at�pico y excepcional, originado por la disoluci�n de la Asamblea Nacional no existir�a una norma jur�dica expresa y clara en el C�digo de la Democracia que le obligue a solicitar licencia. Algunas cr�ticas lo han tildado como un acto que vulnera el principio de igualdad de oportunidades dentro de un proceso electoral, indicando que de una u otra forma el candidato � presidente tendr�a una ventaja que ser�a injustificada. Al respecto, varias normas de car�cter nacionales e internacionales que obligan al Estado a generar condiciones de igualdad dentro del proceso electoral, disponiendo que los funcionarios p�blicos en ejercicio de sus competencias deben garantizar que el proceso electoral se desarrolle en igualdad de oportunidades.

Desde una visi�n doctrinaria y jurisprudencial, la fuerza mayor �nica y exclusivamente puede configurarse cuando concurren de manera simult�nea un hecho ajeno a la voluntad de quien lo alega, sea imprevisible, irresistible y que el da�o sea producto de este hecho alegado. A m�s de ello la Corte Constitucional del Ecuador, ha se�alado que un hecho es considerado como fuerza mayor por sus circunstancias mas no por su declaraci�n en un decreto ejecutivo. Este art�culo tiene como objetivo analizar la legalidad de los Decretos Ejecutivos antes mencionados, determinando si estos guardan concordancia con los criterios doctrinarios y jurisprudenciales que han sido desarrollados entorno a la fuerza mayor. A trav�s de un an�lisis de enfoque cualitativo, basado en la revisi�n doctrinaria, jurisprudencial y de la normativa electoral aplicable, se determinar� si los hechos alegados por el primer mandatorio tienen la caracter�stica de ser una fuerza mayor. As� mismo en la eventualidad de no serlo establecer cu�les podr�an ser las consecuencias jur�dicas ante una eventual grave infracci�n a la normativa electoral.

 

El principio de igualdad de oportunidades en los procesos electorales

El art�culo 3 de la Carta Democr�tica Interamericana (2001) declara �Son elementos esenciales de la democracia representativa, (�) el acceso al poder y su ejercicio con sujeci�n al estado de derecho; la celebraci�n de elecciones peri�dicas, libres, justas (�) y la separaci�n e independencia de los poderes p�blicos (�)� (p. 11). Es decir, se deben desarrollar elecciones en igualdad de condiciones y oportunidades, evitando cualquier injerencia que vulnere la equidad en la competencia por el poder pol�tico.

En el marco normativo ecuatoriano, art�culo 1 del C�digo de la Democracia (2009) en concordancia con el art�culo 61 de la Constituci�n de la Rep�blica (2008) establece que los procesos electorales deber�n desarrollarse observando entre otros principios el de igualdad de oportunidades. Este principio garantiza que todos los actores pol�ticos y candidatos deben participar en condiciones equitativas, sin ventajas o restricciones que puedan incidir en la decisi�n del electorado.

Desde una perspectiva te�rica, Norberto Bobbio (2009) sostiene que el principio de igualdad de oportunidades es la base de la democracia social, puesto que a trav�s de este se garantiza que todas las personas puedan competir en igualdad de condiciones, garantizando que todos los ciudadanos tengan las mismas condiciones para participar en un proceso eleccionario.� Por su parte, Giovanni Sartori (2000) sostiene que, para que una competencia electoral sea equitativa no basta con garantizar la igualdad formal, sino se debe garantizar adem�s la igualdad material, eliminando desigualdades estructurales que beneficien unos actores sobre otros. Para ello, el Estado, a trav�s de sus diversas instituciones deben crear e implementar de manera efectiva mecanismos legales que regulen los procesos electorales y proh�ban una competencia desigual.

Desde una perspectiva jurisprudencial, el Tribunal Contencioso Electoral (2023) ha resaltado el principio de igualdad de oportunidades en procesos eleccionarios al se�alar que �Los candidatos tienen las mismas oportunidades de competir en una elecci�n, sin ventajas, ni desventajas injustificadas (�) esto implica el acceso equitativo a (�) tiempo y espacios en medios de comunicaci�n y utilizaci�n de espacios p�blicos (�)� (p.8). En este contexto, la igualdad de oportunidades busca garantizar que la voluntad del elector no se incline a favor de una determinada candidatura, puesto que una autoridad en funciones, tiene mayor convertir� medi�tica al marcando la l�nea comunicacional y la agenda pol�tica dentro de una jurisdicci�n determinada�(Tribunal Contencioso Electoral, 2023).

 

Marco normativo que garantiza la igualdad de oportunidades

Con el objetivo de evitar competencias desiguales y garantizar el principio de igualdad de oportunidades en los procesos electorales, el C�digo de la Democracia (2009) ha establecido mecanismos regulatorios para garantizar elecciones justas y equitativas mismas que incluyen: a) una promoci�n electoral igualitaria a trav�s se promocione las propuestas y planes de trabajo, b) el acceso de manera equitativa de promociones en medios de comunicaci�n, c) realizaci�n de debates obligatorios, entre otros. Evitando que un candidato goce de una ventaja en la exposici�n medi�tica y otros privilegios.

Adem�s, el art�culo 93 del C�digo de la Democracia (2009) se�ala que en las autoridades que se reelijan al mismo cargo deber�n hacer uso de licencia sin remuneraci�n desde el inicio de la campa�a electoral. Aspecto que tiene mucha l�gica puesto que una autoridad de elecci�n popular va a generar un impacto pol�tico dentro de sus actuaciones, en virtud que maneja una agenda pol�tica y comunicacional inherente a su cargo que no puede ser indiferente al proceso electoral.

Para garantizar la observancia de los mecanismos antes detallados, el art�culo 278 numeral 3 del C�digo de la Democracia (2009) establece sanciones administrativas para los servidores p�blicos en ejercicio de sus funciones, favorezcan a una candidatura determinada:�

Las infracciones electorales graves ser�n sancionadas con multas desde once salarios b�sicos unificados hasta veinte salarios b�sicos unificados, destituci�n y/o suspensi�n de derechos de participaci�n desde seis meses hasta dos a�os. Se aplicar�n a quienes incurran en las siguientes conductas (�) 3. Los servidores p�blicos que, en ejercicio de sus funciones, induzcan el voto a favor de determinada preferencia electoral (�). (p. 89).

Esta regulaci�n tiene como objetivo garantizar un proceso electoral imparcial, evitando que los servidores p�blicos utilicen recursos p�blicos y favorezcan a una determinada candidatura o tendencia pol�tica. En esta l�nea el Tribunal Contencioso Electoral (2023) ha precisado que cuando un candidato en funciones promueve obras o realiza actividades pol�ticas vinculadas a su cargo, y, no en calidad de ciudadano y/o candidato se configura una clara desventaja en el proceso electoral. Esto se ocasiona puesto que el ejercicio de su cargo de manera simult�nea con su candidatura genera una capacidad de influir en la percepci�n del electorado.

En definitiva, el marco jur�dico ecuatoriano establece reglas claras para evitar que un servidor p�blico use sus facultades en beneficio de una determinada l�nea pol�tica, garantizando que los procesos se desarrollen en igualdad de oportunidades. Sin embargo y como veremos, existen momento que una determinada acci�n u omisi�n cometida por un servidor p�blico puede ser eximida, es decir no puede ser sancionada.

Fuerza mayor como eximente de la responsabilidad administrativa

Dentro del �mbito de la responsabilidad administrativa existen determinadas circunstancias en las que un servidor p�blico indistintamente de su cargo, puede ser eximido del incumplimiento de una obligaci�n legal, esto se da cuando se presentan circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor.� El concepto de fuerza mayor es com�nmente empleado para poder justificar el incumplimiento de una obligaci�n debido a circunstancias imprevistas e irresistibles; sin embargo, es oportuno diferenciarlo del caso fortuito, puesto que pueden ser confundido como t�rminos sin�nimos cuando en la pr�ctica var�an. Seg�n Galeano (2021) el caso fortuito se refiere a una causa imprevista que no depende de la voluntad humana, com�nmente asoci�ndolo a un hecho de la naturaleza, mientras que la fuerza mayor se refiere aquellas circunstancias que, aunque pueden ser previstas una vez que se presentan, hacen que un acto sea imposible de evitar o resistir como conflictos b�licos, crisis econ�micas, entre otros.

Desde una perspectiva doctrinaria cl�sica Dromi (2004) se�ala que, en el �mbito p�blico, la fuerza mayor com�nmente es empleada para abordar la responsabilidad contractual, sin embargo, existen ocasiones que su aplicaci�n pueden presentarse dentro del campo de la responsabilidad extracontractual, extendi�ndose en consecuencia a otro tipo de obligaciones. Para este autor la fuerza mayor se relaciona a sucesos que, aunque pudieron ser previstos, estos no pudieron ser evitados debido a una fuerza que los torno en irresistibles, como naufragios, guerras, inundaciones.

Este mismo autor (2004) �nsita que para que se configure un suceso de fuerza mayor deben concurrir los siguientes requisitos: a) ser externo, es decir no depende de la voluntad de la persona y/o instituci�n,� b) imprevisible, puesto que no pudo ser previsto dentro de criterios de una adecuada planificaci�n y debida diligencia, c) inevitable, en raz�n que no se pudo evitar, inclusive si se emplean todas las medidas posibles, y, d) actual, en raz�n que debieron ocurrir en el momento preciso que se alega.

Las altas cortes de nuestro pa�s siguiendo las corrientes doctrinarias han generado criterios relevantes que abordan la fuerza mayor. En este sentido, la Corte Nacional de Justicia (2021) ha definido a la fuerza mayor como un hecho que es ajeno a la voluntad de las partes, resaltando que este es en todo caso imprevisible e irresistible. Complementariamente, la Corte Constitucional del Ecuador (2021) ha precisado que, para que un hecho sea considerado como fuerza mayor deben concurrir simult�neamente los siguientes requisitos:

Que el hecho o suceso que se invoca como constitutivo del caso fortuito o fuerza mayor sea inimputable o provenga de una causa ajena a la voluntad de las partes, en el sentido que estas no hayan contribuido en su ocurrencia; b. Que el hecho o suceso sea imprevisible, es decir, que no se haya podido prever dentro de c�lculos ordinarios o normales; c. Que el hecho o suceso sea irresistible, o sea, que no se haya podido evitar, ni a�n en el evento de oponerle las defensas id�neas para lograr tal objetivo; y d. Que los da�os ocurridos se deban causalmente a la ocurrencia del hecho o suceso. (p. 11)

Decretos ejecutivos y la fuerza mayor

Los Decretos Ejecutivos, seg�n lo se�ala Intriago (2022), son ordenes o mandatos emitidos por el Poder Ejecutivo, particularmente por el Presidente de la Rep�blica, con el objetivo de regular o decidir sobre asuntos dentro de sus competencias constitucionales. Estos pueden ser car�cter administrativo para ordenar la gesti�n del ejecutivo y el personal a su cargo, o, regulatorios para ejercer su facultad reglamentaria. En todo caso, al momento que son emitidos deben respetar los l�mites constitucionales. En el contexto de las elecciones generales 2025, se han emitido Decretos Ejecutivos sui generis, ya que el Presidente de la Rep�blica, al postularse para la reelecci�n, no solicitado licencia conforme lo dispone el C�digo de la Democracia. En su lugar, argumentando fuerza mayor mediante la emisi�n de varios decretos justificaba una ausencia temporal a su cargo, teniendo como objetivo evitar una eventual sanci�n electoral por la ejecuci�n de actividades proselitistas de campa�a.

Por ejemplo, en el Decreto Ejecutivo 500 (2025) el Presidente de la Rep�blica sustenta la configuraci�n de fuerza mayor al indicar que, debido a la naturaleza de su cargo, no puede evitar de manera absoluta su presencia en eventos oficiales. Esta situaci�n se agrava por falta de claridad en el Consejo Nacional Electoral (CNE), que, en su comunicado de fecha 06 de enero de 2025, no explica expresamente si el Presidente est� obligado a solicitar una licencia para campa�a. Ante este escenario imprevisible e irresistible se declar� una ausencia temporal desde las 17:00 del 09 de enero de 2025 hasta las 16:59 del domingo 12 de enero de 2025.

De manera similar, en el Decreto Ejecutivo 505 (2025), el Presidente fundamenta la fuerza mayor alegando tres escenarios: i. Conforme el art�culo 42 de la Ley Org�nica de la Funci�n Legislativa faculta a la Asamblea Nacional otorgar una licencia, pero considera que puede ser negada; ii. Dado a que su gobierno proviene de un proceso electoral anticipad, sostiene que existe incertidumbre sobre la solicitud obligatoria de la licencia para campa�a; y, iii. La necesidad de acudir al debate electoral y otras actividades que le vinculan al electorado. Estas situaciones han ocasionado una situaci�n irresistible que le obligan ausentarse desde las 18h00 del jueves 16 de enero de 2025 hasta las 22h00 del d�a domingo 19 de enero de 2025. En esta misma l�nea el Decreto Ejecutivo 513 (2025) el Presidente de la Rep�blica justifica la situaci�n de fuerza mayor indicando: i. Insiste en que la situaci�n normativa ha generado una imposibilidad en el presidente de la rep�blica de tomar licencia durante la campa�a electoral; ii. Esta falta de adecuaci�n de los supuestos jur�dicos y facticos del presidente/candidato con la figura de la licencia ha generado una situaci�n irresistible configurando una fuerza mayor. En consecuencia, declara una ausencia temporal desde las 06h00 del d�a viernes 24 de enero de 2025 hasta las 06h00 del d�a lunes 27 de enero de 2025.

Finalmente, en el Decreto Ejecutivo 519 (2025), el Presidente de la Rep�blica justifica su concurrencia de fuerza mayor alegando que en el 21 de mayo de 2024 mediante oficio T.248-SGJ-24-0232, consulto a la Procuradur�a General del Estado si los dignatarios que opten por la reelecci�n inmediata al mismo cargo deben solicitar licencia, considerando que quien opte por postularse ha sido electo por una circunstancia extraordinaria como lo es elecciones anticipadas, y, al haberse abstenido dicha instituci�n conforme consta el oficio n�mero 07381 de 20 de junio de 2024, situaci�n ha generado una situaci�n imprevisible e irresistible, que le obliga a ausentarse temporalmente desde las 06h00 del d�a viernes 31 de enero de 2025 hasta las 06h00 del d�a 3 de febrero de 2025.

Si bien estos Decretos Ejecutivos, buscaban justificar una eximente de responsabilidad a trav�s de la fuerza mayor, la Corte Constitucional del Ecuador (2025) expresamente ha detallado: La causa de fuerza mayor no se configura por la sola emisi�n de un decreto ejecutivo, pues esta depende de la ocurrencia de cuestiones de hecho que imposibiliten temporalmente a la autoridad ejercer su cargo y cumplir con las funciones constitucionales que le correspondan. De tal manera que, seg�n ha determinado esta Corte, su existencia y real ocurrencia est� ligada a los hechos que la configuran y no a su declaraci�n a trav�s de un decreto ejecutivo. (p. 13). Este marco te�rico resalta que el principio de igualdad de oportunidades es crucial para la materializaci�n de un proceso electoral transparente y que el establecimiento de infracciones electorales garantiza la equidad en la contienda pol�tica. No obstante, existen circunstancias extraordinarias, en las cuales se invoca a la fuerza mayor a trav�s de Decretos Ejecutivos, lo cual plantea un debate sobre su validez y su impacto en una eventual responsabilidad administrativa � electoral.

 

Metodolog�a

El presente art�culo es de tipo no experimental en raz�n que no se presentaron variables, adem�s tiene un enfoque cualitativo fundament�ndose te�ricamente a trav�s de la revisi�n de literatura acad�mica sobre la tem�tica. La profundidad es descriptiva � explicativo, puesto que se analizan decretos ejecutivos con una revisi�n de criterios de tratadistas y doctrinarios, as� como tambi�n jurisprudenciales. Los m�todos empleados es el inductivo � deductivo, permitiendo de premisas particulares llegar a premisas generales. Otro m�todo fue el anal�tico sint�tico, puesto que separamos la informaci�n obtenida y reconstruimos a trav�s de una s�ntesis; el m�todo dogm�tico jur�dico permiti� abordar la parte formal - positiva, y la t�cnica fue revisi�n bibliogr�fica � documental.

 

Resultados

Obligatoriedad de licencia en gobiernos anticipados

El art�culo 3 de la Carta Democr�tica Interamericana (2021) se�ala que el acceso y el ejercicio del poder debe ser ejercida con sujeci�n al Estado de Derecho, as� como tambi�n todo proceso electoral ser� libre y justo, lo que implica respetar el ordenamiento jur�dico y la separaci�n de poderes. En el Ecuador, el art�culo 61 de la Carta Fundamental y el art�culo 1 del C�digo de la Democracia (2009), determina claramente que los procesos electorales deben desarrollarse observando el principio de igualdad de oportunidades, el cual manda que todos los actores pol�ticos participen en condiciones equitativa, sin ventajas y restricciones que puedan incidir en la decisi�n del electorado.

Dado que, conforme el art�culo 147 numeral 1 de la Constituci�n de la Rep�blica, el Presidente est� obligado a cumplir y hacer cumplir la Constituci�n y la Ley y tratados internacionales, se entiende que la primera autoridad del Estado tiene un deber constitucional, legal y �tico a no intervenir en el proceso electoral peor a�n si este se encuentra candidatizado a la reelecci�n. En este sentido, resulta coherente exigir que el Presidente que desee ser reelecto, solicite licencia conforme lo determina el art�culo 93 del c�digo de la Democracia, a efectos de evitar un conflicto de inter�s que lesione el principio de igualdad de oportunidades. Se ha precisado por parte de la Presidencia de la Rep�blica que al no existir una disposici�n legal expresa que le obligue a un gobierno electo como producto de la disoluci�n de la Asamblea Nacional (elecci�n anticipada o extraordinaria) a sacar licencia, este no est� obligado, situaci�n que consideramos imprecisa por las reflexiones que vamos analizar.

Lo anterior descrito no puede ser considerado como un hecho inimputable e imprevisible puesto que las Autoridades conocen ampliamente el ejercicio de sus atribuciones y sab�an que una norma jur�dica se debe aplicar de manera integral y sistem�tica, observando en este caso existen disposiciones nacionales e internacionales que le impon�an como Jefe de Estado garantizar un proceso imparcial. En consecuencia, la inexistencia de una norma no puede ser considerado como un pretexto para vulnera el principio de igualdad de oportunidades.� El hecho no es irresistible puesto que no le sobrevino de manera sorpresiva, sino por lo contrario fue de pleno conocimiento del Primer Mandatario, de hecho, hasta realiz� consultas a otras dependencias del Estado. Finalmente, la ausencia de norma jur�dica no es la que causa da�o al principio de igualdad de oportunidades, sino evidentemente es la permanencia en su cargo sin solicitar licencia a la cual legal y �ticamente se encuentra obligado.

La falta de pronunciamiento de la Procuradur�a General del Estado como fuerza mayor

El se�or Presidente de la Rep�blica mediante oficio n�mero T. 248-SGJ-24-0232, de 21 de mayo de 2024, consult� a la Procuradur�a General del Estado (PGE), sobre la aplicabilidad del inciso segundo del art�culo 93 del C�digo de la Democracia. En particular, solicito aclarar si, tras la disoluci�n de la Asamblea Nacional, las autoridades electas deb�an solicitar licencia obligatoria para participar en el proceso electoral, considerando adem�s la sentencia interpretativa nro. 002-10-SIN-CC, emitida por la Corte Constitucional del Ecuador. La PGE en fecha 20 de junio de 2024, mediante oficio n�mero oficio No. 07381, respondi� que se absten�a de emitir un criterio puesto estim� que la consulta al relacionarse a una sentencia interpretativa deb�a ser atendida por la Corte Constitucional del Ecuador. Ante este hecho, en vez de acudir a la instancia competente, el Presidente de la Rep�blica decidi� no continuar con el proceso.

Dentro de nuestro an�lisis esta abstenci�n no puede ser considerado como inimputable al Presidente, por las siguientes reflexiones; la obligatoriedad de solicitar licencia le corresponde a el como titular de la funci�n ejecutiva (servidor p�blico) quien debe actuar con autonom�a y conforme los principios rectores del estado de derecho, debiendo garantizar el principio de igualdad de oportunidades en el proceso electoral.� Una vez que conoci� la abstenci�n de la PGE, el Presidente pod�a activar otras v�as para resolver todo tipo de duda, pudiendo acudir a la Corte Constitucional del Ecuador.

En cuanto a la imprevisibilidad, la obligatoriedad de solicitar una licencia ya estaba prevista en el ordenamiento jur�dico, debiendo en consecuencia el primer mandatario adoptar todas las medidas para no poner en riesgo los principios democr�ticos, especialmente el de igualdad de oportunidades que imperan dentro de un proceso electoral. Asimismo, la abstenci�n de la PGE no puede ser calificada como un hecho irresistible, ya que el mandatario contaba con tiempo suficiente para activar mecanismos de consulta (consulta entendida en mayo 2024) a la Corte Constitucional del Ecuador u otra instancia. Finalmente, la afecci�n del principio de igualdad de oportunidades dentro del proceso, no se afecta con la ausencia de pronunciamiento de la PGE, sino por la decisi�n del Jefe de Estado en continuar en funciones dentro del proceso electoral.

Asistencia a debates electorales: �Evento imprevisible?

El art�culo 202.2 del C�digo de la Democracia (2009), dispone expresamente que, en las elecciones para Presidente de la Rep�blica, tanto en primera como en segunda vuelta se deber�n realizar debates de car�cter obligatorio, esto con el objetivo de que los candidatos puedan presentar y contrarrestar sus programas y propuestas de gobierno. Por lo tanto, la participaci�n en el debate no puede ser considerado como un hecho ajeno a la voluntad del candidato, puesto que el al momento de aceptar su candidatura sab�a que deb�a acudir obligatoriamente a un debate presidencial. Tampoco puede ser considerado como un hecho imprevisible e irresistible, puesto que estos son eventos previamente programados y agendados por el CNE como parte de un calendario electoral, con el objetivo de que todos los candidatos puedan definir sus agendas y estrategias de campa�a. Finalmente, el da�o causado al principio de igualdad de oportunidades no lo vulner� la obligatoriedad del debate sino la no solicitud de licencia del candidato.

Naturaleza del cargo presidencial: �Es inevitable su participaci�n en eventos oficiales?

El Presidente de la Rep�blica, conforme el art�culo 147 de la CRE, tiene que cumplir varias competencias y participar en varios eventos que son inherentes a su cargo. Es necesario diferenciar entre actos derivados de sus funciones (indelegables) y eventos que pueden ser delegados o reprogramados. Como hemos podido revisar, el C�digo de la Democracia, determina que una autoridad que pretenda ser reelecta debe solicitar licencia para poder realizar actividades de campa�a, esto para evitar confusiones o avisos en el ejercicio de su posici�n pol�tica. De no realizarlo, oscurecer�a la l�nea divisora entre sus atribuciones institucionales y su rol de candidato, hecho que afecta el principio de igualdad de oportunidades. Invocar los eventos y funciones propias del presidente de la rep�blica como justificativo de una supuesta fuerza mayor no es adecuado puesto que; la candidatura es una decisi�n que lo realiza en autonom�a de voluntad; existen mecanismos legales para obtener una licencia y poder realizar actos de campa�a sin afectar el principio de igualdad de oportunidades; los eventos presidenciales pueden ser reprogramados o delegados.

Consecuencias jur�dicas del posible incumplimiento de la normativa electoral

Como hemos analizado previamente y conforme lo ha se�alado la Corte Constitucional, la configuraci�n de la fuerza mayor depende de la concurrencia de los hechos ajenos a la voluntad de quien lo alega, ser imprevisibles, irresistibles y mas no a su descripci�n en un acto administrativo. Tras el an�lisis realizado podemos concluir que los Decretos Ejecutivos materia del presente art�culo no justifican una eximente de responsabilidad administrativa. En este contexto, el Presidente de la Rep�blica habr�a incurrido en la infracci�n electoral contemplada en el art�culo 248 numeral 3 del C�digo de la Democracia, misma que acarrea varias consecuencias legales que van desde sanciones pecuniarias hasta la inhabilitaci�n para el ejercicio de cargos p�blicos conforme lo determine el �rgano competente (Tribunal Contencioso Electoral). Finalmente, y no menos importante es el impacto institucional de este incumplimiento, pues a m�s de generar un proceso electoral que no se realiza en igualdad de condiciones debilitan la confianza de los ciudadanos en las instituciones responsables de promover y garantizar los principios democr�ticos.

 

Conclusiones

Los conceptos doctrinarios y jurisprudenciales sobre la fuerza mayor mismos que implican la concurrencia de hechos ajenos a la voluntad, imprevisibles, irresistibles y con relaci�n directa del da�o causado, se encuentran claramente determinados en el ordenamiento jur�dico del Ecuador. Estos conceptos junto con las sentencias jurisprudenciales presentadas por la Corte Constitucional del Ecuador, constituyen est�ndares o par�metros que permiten evaluar si un hecho puede ser considerado como un asunto de fuerza mayor.�

Al analizar detenidamente el contenido de los Decretos Ejecutivos 500, 505, 513, 519, podemos concluir que ninguno de ellos demuestran conforme a derecho la concurrencia de hechos que puedan ser considerados como fuerza mayor; la presunta ausencia de una norma expresa, falta de pronunciamiento de la PGE, temor del pronunciamiento de la Asamblea Nacional, ejercicio p�blico de sus obligaciones inherentes a sus funciones o la obligaci�n legal como candidato de participar en un debate, no pueden ser considerados como hechos de fuerza mayor. En este mismo sentido, es necesario tener en consideraci�n lo se�alado por la Corte Constitucional del Ecuador a trav�s de su sentencia n�mero 1-25-IN/25, la cual determina que la fuerza mayor no es configurada por la emisi�n de un Decreto Ejecutivo, sino por lo contrario depender� por la concurrencia de los hechos que causen una imposibilidad.

En otro contexto, dado a que los hechos constante en los Decretos Ejecutivos y han sido alegados como fuerza mayor, las actuaciones realizadas por el Presidente de la Rep�blica podr�an vulnerar al principio de igualdad de oportunidades, encuadr�ndose en el art�culo 248 numeral 3 del C�digo de la Democracia, debiendo el Tribunal Contencioso Electoral, iniciar el respectivo proceso y establecer la sanci�n correspondiente; debiendo tener presente este Tribunal que a m�s de no configurarse un hecho de fuerza mayor, se debe dejar un precedente de separaci�n de poderes y respeto irrestricto a los procesos democr�ticos, libres de injerencias y que se desarrollen en condiciones iguales. Para finalizar, el presente trabajo dejo en evidencia la necesidad de fortalecer las instituciones del Estado para controlar, supervisar y evitar que estos hechos puedan ocurrir nuevamente; puesto que la omisi�n o silencio podr�an generar la configuraci�n de gobiernos autoritarios que a m�s de vulnerar derechos y principios democr�ticos puedan vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos.

 

Referencias

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  11.            Presidencia de la Rep�blica. (23 de Enero de 2025). Decreto Ejecutivo 513. Guayaquil, Guayas, Ecuador: Presidencia de la Rep�blica.

  12.            Presidencia de la Rep�blica del Ecuador. (16 de enero de Enero de 2025). Decreto Ejecutivo 505. Quito, Pichincha, Ecuador: Presidencia de la Rep�blica.

  13.            Presidencia de la Rep�blica del Ecuador. (2025). Decreto Ejecutivo 519. Quito: Presidencia de la Rep�blica del Ecudor.

  14.            Sartori, G. (2000). Democrazia: Cosa E. Milano: Superbur Saggi.

  15.            Tribunal Contencioso Electoral. (24 de Abril de 2023). Causa nro. 316-2023-TCE. Quito: Tribunal Contencioso Electoral.

 

 

 

 

 

 

 

 

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