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Parmetros Procesales en la Ejecucin de Sentencias Constitucionales en Acciones de Proteccin
Procedural Parameters in the Execution of Constitutional Sentences in Protection Actions
Parmetros Processuais na Execuo de Sentenas Constitucionais em Aes Tutelares
Correspondencia: nmverac@ube.edu.ec
Ciencias Sociales y Polticas
Artculo de Investigacin
* Recibido: 16 de enero de 2025 *Aceptado: 28 de febrero de 2025 * Publicado: 11 de marzo de 2025
I. Abogado de los Tribunales y Juzgados de la Repblica del Ecuador, Universidad Tcnica Particular Loja (2017), Maestrante en Derecho Procesal, Universidad Bolivariana del Ecuador (2024), Ecuador.
II. Abogada de los Tribunales y Juzgados de la Repblica del Ecuador, Universidad de Guayaquil (2013), Magister en Derecho Constitucional (2023), Maestrante en Derecho Procesal, Universidad Bolivariana del Ecuador (2024), Ecuador.
III. Abogada de los Tribunales y Juzgados de la Repblica del Ecuador, Universidad de Guayaquil (1995), Docente, Universidad Bolivariana del Ecuador (2024), Ecuador.
Resumen
La accin de proteccin emerge como un instrumento jurdico clave para salvaguardar los derechos consagrados en la constitucin. Dicha accin est diseada para ser utilizada por individuos o entidades que sienten que sus derechos constitucionales han sido vulnerados, ya sea por individuos, empresas o incluso entidades gubernamentales. Sin embargo, a pesar de su noble propsito, la accin de proteccin ha enfrentado desafos, particularmente en la etapa de ejecucin, donde las sentencias no se cumplen adecuadamente. El objetivo principal de esta investigacin es analizar los parmetros procesales que regulan la ejecucin de sentencias constitucionales en acciones de proteccin, identificando las falencias normativas que dificultan su cumplimiento oportuno. La metodologa seleccionada se fundamenta en un anlisis conceptual, histrico y doctrinario, se busca identificar las causas subyacentes de la ejecucin defectuosa o nula y proponer soluciones que garanticen la eficacia de esta herramienta jurdica. Adems, se enfocar en cuestionar la eficacia actual y en examinar cmo dichas deficiencias afectan los derechos constitucionales y los derechos humanos en el Ecuador. Los resultados tras analizar la accin de proteccin en el sistema jurdico ecuatoriano, se detect que, a pesar de su importancia, enfrenta problemas significativos en su fase de ejecucin. La ausencia de un procedimiento especfico para esta fase resulta en retrasos y fallos en la ejecucin de sentencias, lo que socava los derechos constitucionales y humanos de las vctimas. Esta deficiencia en la ejecucin permite concluir la necesidad de revisar y fortalecer la herramienta jurdica, posiblemente a travs de una norma que regule con precisin este proceso, garantizando as una proteccin efectiva de los derechos de los ciudadanos.
Palabras clave: Sistema Jurdico; Accin De Proteccin; Derechos Constitucionales; Sentencias.
Abstract
The protection action emerges as a key legal instrument to safeguard the rights enshrined in the constitution. This action is designed to be used by individuals or entities that feel that their constitutional rights have been violated, whether by individuals, companies or even government entities. However, despite its noble purpose, the protection action has faced challenges, particularly at the execution stage, where sentences are not adequately complied with. The main objective of this research is to analyze the procedural parameters that regulate the execution of constitutional sentences in protection actions, identifying the normative deficiencies that hinder their timely compliance. The selected methodology is based on a conceptual, historical and doctrinal analysis, seeking to identify the underlying causes of defective or null execution and propose solutions that guarantee the effectiveness of this legal tool. In addition, it will focus on questioning the current effectiveness and examining how these deficiencies affect constitutional rights and human rights in Ecuador. The results after analyzing the protective action in the Ecuadorian legal system, it was detected that, despite its importance, it faces significant problems in its execution phase. The absence of a specific procedure for this phase results in delays and failures in the execution of sentences, which undermines the constitutional and human rights of the victims. This deficiency in the execution allows us to conclude the need to review and strengthen the legal tool, possibly through a norm that precisely regulates this process, thus guaranteeing effective protection of the rights of citizens.
Keywords: Legal System; Protective Action; Constitutional Rights; Sentences.
Resumo
A ao de proteo surge como um instrumento jurdico fundamental para salvaguardar os direitos constitucionalmente consagrados. Esta ao foi criada para ser utilizada por indivduos ou entidades que sintam que os seus direitos constitucionais foram violados, seja por indivduos, empresas ou at mesmo entidades governamentais. No entanto, apesar do seu propsito nobre, a ao de proteo tem enfrentado desafios, principalmente na fase de execuo, onde as sentenas no so adequadamente aplicadas. O principal objetivo desta investigao analisar os parmetros processuais que regulam a execuo de sentenas constitucionais em aes de proteo, identificando as deficincias normativas que obstam ao seu tempestivo cumprimento. A metodologia selecionada assenta numa anlise conceptual, histrica e doutrinal, procurando identificar as causas subjacentes execuo defeituosa ou nula e propor solues que garantam a eficcia deste instrumento jurdico. Alm disso, ir focar-se em questionar a eficcia actual e em examinar como estas deficincias afectam os direitos constitucionais e os direitos humanos no Equador. Os resultados da anlise da ao de proteo no ordenamento jurdico equatoriano revelaram que, apesar da sua importncia, esta enfrenta problemas significativos na sua fase de execuo. A ausncia de um procedimento especfico para esta fase resulta em atrasos e falhas na execuo das penas, o que atenta contra os direitos constitucionais e humanos das vtimas. Esta deficincia na implementao permite concluir que o instrumento legal necessita de ser revisto e fortalecido, possivelmente atravs de uma norma que regule precisamente este processo, garantindo assim a proteo efetiva dos direitos dos cidados.
Palavras-chave: Sistema Jurdico; Ao de Proteo; Direitos constitucionais; Frases.
Introduccin
La accin de proteccin es un mecanismo esencial dentro del sistema de garantas jurisdiccionales, destinado a restituir derechos constitucionales vulnerados por actos u omisiones de las autoridades pblicas o de particulares. En el ordenamiento jurdico ecuatoriano, la Constitucin de 2008 establece que las sentencias derivadas de estas acciones son de cumplimiento obligatorio e inmediato, con el fin de garantizar una tutela efectiva de los derechos fundamentales. Sin embargo, en la prctica, la ejecucin de estas resoluciones enfrenta mltiples obstculos que limitan su eficacia. Uno de los principales problemas es el incumplimiento de los plazos procesales establecidos, lo que genera retrasos injustificados en la restitucin de los derechos afectados y prolonga la situacin de vulnerabilidad de los demandantes. Esta problemtica se agrava debido a la ausencia de mecanismos especficos en la legislacin que regulen de manera estricta la fase de ejecucin y establezcan sanciones concretas para las autoridades responsables del incumplimiento.
El retardo en la ejecucin de sentencias de acciones de proteccin compromete seriamente la efectividad de este mecanismo constitucional y pone en entredicho el principio de celeridad en la administracin de justicia. En muchos casos, las resoluciones judiciales quedan sin materializarse en el tiempo oportuno, lo que genera incertidumbre jurdica y afecta la confianza de la ciudadana en el sistema judicial. Este incumplimiento no solo responde a una falta de claridad normativa, sino tambin a la carencia de medidas coercitivas que garanticen que las autoridades responsables ejecuten de manera efectiva las decisiones judiciales dentro de los plazos o trminos establecidos. Adems, la dispersin normativa y la falta de criterios uniformes en la aplicacin de la ley han generado inconsistencias en los procedimientos de ejecucin, dificultando an ms la tutela efectiva de los derechos vulnerados.
Ante esta problemtica, resulta indispensable una reforma a la Ley de Garantas Jurisdiccionales y Control Constitucional que elimine los vacos legales existentes y establezca parmetros procesales claros para la ejecucin de sentencias de acciones de proteccin. La reforma debe contemplar la incorporacin de mecanismos de seguimiento y control que aseguren el cumplimiento oportuno de las decisiones judiciales, as como sanciones efectivas para quienes incumplan los plazos o trminos procesales sin justificacin. De esta manera, se busca garantizar que la accin de proteccin cumpla con su propsito de salvaguardar derechos fundamentales de manera inmediata y efectiva, fortaleciendo la seguridad jurdica y el Estado de derecho.
En el contexto del sistema jurdico ecuatoriano, la accin de proteccin constituye una herramienta esencial para la defensa y tutela de los derechos constitucionales que hayan sido vulnerados. Este mecanismo, consagrado en el artculo 88 de la Constitucin de la Repblica del Ecuador, permite a cualquier persona acudir a los tribunales competentes en busca de una respuesta judicial gil y efectiva frente a actos u omisiones que lesionen derechos fundamentales. Desde su creacin, la accin de proteccin ha sido reconocida por su carcter expedito y vinculante, cualidades que la convierten en una garanta primordial para salvaguardar los principios fundamentales del Estado de derecho.
Sin embargo, a pesar de su importancia, la accin de proteccin enfrenta serias dificultades en su implementacin prctica, particularmente en la fase de ejecucin de sentencias. Este proceso, que debera garantizar la restitucin efectiva de los derechos vulnerados, se ve obstaculizado por la ausencia de un marco normativo claro que regule los trminos y procedimientos especficos para su cumplimiento. La inejecucin o ejecucin defectuosa de las sentencias genera un impacto negativo en el sistema judicial, no solo porque prolonga la indefensin de las vctimas, sino tambin porque erosiona la confianza en las instituciones encargadas de proteger los derechos constitucionales.
La problemtica asociada a la ejecucin de sentencias en acciones de proteccin no es un fenmeno aislado. Este desafo ha sido objeto de anlisis por parte de juristas nacionales e internacionales, quienes coinciden en que la falta de parmetros procesales y la ausencia de sanciones efectivas ante el incumplimiento constituyen obstculos significativos para garantizar la tutela judicial efectiva. En este sentido, se ha sealado que el derecho a obtener una reparacin integral cuando se han vulnerado derechos fundamentales es menoscabado por la carencia de un procedimiento gil y expedito que permita materializar las resoluciones judiciales de manera efectiva.
Es fundamental destacar que esta garanta representa un avance significativo del poder constituyente de 2008, ya que su objetivo principal fue prevenir arbitrariedades de cualquier tipo, tanto de la administracin pblica como de los particulares. Segn Arichavala et al. (2020), en su artculo titulado La accin de proteccin: Una va idnea para la tutela de derechos constitucionales?, afirman que: "La accin de proteccin, a diferencia del amparo constitucional previsto en la Constitucin de 1998, no es simplemente un proceso cautelar, sino uno de conocimiento" (p. 166).
En la actual Constitucin, la medida cautelar constitucional mantiene ese carcter, antes propio de la accin de amparo. Al ser un proceso de conocimiento, la accin de proteccin debe interponerse ante un juez, quien resolver la controversia con base en pruebas, principios, normas constitucionales, criterios de la Corte Constitucional y normativa pertinente.
Por otra parte, el concepto de jurisdiccin abierta en el marco de este tema, sealando que el proceso no finaliza con la emisin de la sentencia, sino que concluye con la ejecucin de todas las acciones necesarias para lograr la reparacin integral. As, la sentencia es un paso ms en el proceso, no el ltimo, priorizando a las personas por encima de los expedientes judiciales (vila, 2008, p. 106).
Pensar que un proceso judicial termina con la emisin de la sentencia es errneo, ya que esta marca el inicio de la fase de ejecucin. En la prctica, esta etapa enfrenta serios problemas jurdicos, pues el incumplimiento de las sentencias impide garantizar el principio de supremaca constitucional, que debe ser protegido por los operadores de justicia.
La ejecucin defectuosa o la inejecucin estn intrnsecamente relacionadas con el incumplimiento de las medidas reparatorias establecidas en las sentencias. Segn Ruiz (2019), una sentencia constitucional debe contener elementos como la ratio decidendi (motivo de la decisin), obiter dicta (observaciones del juez que respaldan la decisin principal), y el decisium, que indica si se acepta la pretensin y cmo deben cumplirse las medidas reparatorias. La falta de cumplimiento total o parcial constituye una vulneracin de derechos.
Fras y Villegas (2020) mencionan que el cumplimiento aparente ocurre cuando la autoridad encargada de ejecutar la sentencia declara haberla cumplido, aunque en la prctica no se haya restaurado integralmente el derecho vulnerado. Esto puede deberse a errores interpretativos o a estrategias para simular un cumplimiento efectivo. Ruiz (2019) tambin aborda el cumplimiento defectuoso, sealando que, frecuentemente, las personas o instituciones responsables de ejecutar sentencias constitucionales son ajenas al sistema judicial, lo que genera conflictos al implementar las medidas ordenadas.
En cuanto al cumplimiento tardo, este ocurre cuando no se ejecutan las medidas de reparacin dentro de los plazos establecidos en la sentencia, afectando directamente a los legitimados activos. La Accin de Proteccin (AP), regulada en el artculo 88 de la Constitucin de Ecuador, tiene como objetivo proteger de manera directa y eficaz los derechos constitucionales vulnerados, ya sea por actos u omisiones de autoridades pblicas no judiciales, polticas pblicas o particulares en ciertas circunstancias. Este instrumento es complementado por la Ley Orgnica de Garantas Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC), que ampla el alcance de la accin a derechos reconocidos en tratados internacionales, en virtud de la clusula abierta de derechos del artculo 11.7 de la Constitucin.
En el artculo 8 de la LOGJCC, se establece que los procesos constitucionales deben ser rpidos, sencillos y eficaces, aunque en la prctica, la fase de ejecucin contrasta con estas caractersticas, pues el cumplimiento efectivo de las sentencias depende de la voluntad del legitimado pasivo. El artculo 21 de la misma ley estipula que los procesos culminan nicamente con el cumplimiento integral de la sentencia.
Las medidas de reparacin integral incluyen una variedad de acciones que buscan restaurar el derecho violado y garantizar que no se repitan los hechos, tal como lo establece el artculo 18 de la LOGJCC y las caractersticas sealadas por la Corte Constitucional (2021) en la sentencia No. 202-19-JH/21. Debido a esto se considera oportuno en el presente estudio incorporar tres casos los cuales evidencian sentencias emitidas por la Corte Constitucional. En este contexto, el presente artculo tiene como objetivo general analizar los parmetros procesales que regulan la ejecucin de sentencias constitucionales en acciones de proteccin, identificando las falencias normativas que dificultan su cumplimiento oportuno. Para alcanzar este propsito, se plantean los siguientes objetivos especficos:
Examinar los factores jurdicos y procesales que inciden en el incumplimiento de los tiempos de ejecucin de sentencias de acciones de proteccin, con el fin de comprender las causas subyacentes del problema;
- Proponer una reforma a la Ley de Garantas Jurisdiccionales y Control Constitucional que elimine los vacos legales existentes y establezca sanciones concretas para los responsables de la dilacin en el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
- Contribuir al fortalecimiento del marco normativo y garantizar una administracin de justicia ms eficiente y efectiva en la tutela de los derechos fundamentales.
Desarrollo
Concepto y fundamento de la accin de proteccin
La accin de proteccin es un mecanismo jurisdiccional destinado a garantizar la tutela efectiva de derechos constitucionales cuando estos han sido vulnerados por actos u omisiones de autoridades pblicas o particulares. Su fundamento radica en el principio de supremaca constitucional y el derecho a la tutela judicial efectiva (Lara, 2021). Segn Pasaca (2024), la Corte Constitucional ha desarrollado estndares de motivacin que buscan fortalecer este mecanismo, asegurando que las decisiones judiciales sean adecuadamente justificadas y respondan a la proteccin de derechos fundamentales.
La accin de proteccin se erige como un recurso esencial dentro del Estado constitucional de derechos y justicia, diseado para ofrecer una respuesta rpida y efectiva ante vulneraciones. Su carcter expedito permite que las personas accedan a un remedio judicial inmediato sin necesidad de agotar vas ordinarias, siempre que se evidencie un riesgo inminente de afectacin a derechos fundamentales. Adems, en su funcin garantista, esta accin refleja el compromiso del ordenamiento ecuatoriano con la proteccin efectiva de la dignidad humana y el acceso a la justicia.
Desde una perspectiva doctrinaria, la accin de proteccin encuentra sustento en el bloque de constitucionalidad y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha establecido criterios para su interpretacin y aplicacin.
En este sentido, Naranjo (2022) resalta la importancia de una motivacin judicial adecuada para evitar arbitrariedades y garantizar la materializacin de los derechos vulnerados. La Corte ha enfatizado que la accin de proteccin no solo debe restituir el derecho vulnerado, sino tambin garantizar la no repeticin del acto lesivo, fortaleciendo as la seguridad jurdica y el estado de derecho.
Regulacin de la accin de proteccin en el ordenamiento jurdico ecuatoriano
La accin de proteccin est regulada en la Constitucin de la Repblica del Ecuador y en la Ley Orgnica de Garantas Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esta accin procede cuando no existen otros mecanismos idneos para la restitucin del derecho vulnerado. Chicaisa y Michell (2023) analizan el proceso de admisibilidad de esta accin, destacando la necesidad de una interpretacin garantista para evitar restricciones indebidas al acceso a la justicia.
Adems, la Corte Constitucional ha establecido una serie de precedentes que orientan la aplicacin de esta accin, precisando los requisitos de procedencia, los mbitos de proteccin y las condiciones en que los jueces pueden conceder medidas de restitucin de derechos. En este sentido, la Corte ha enfatizado que la accin de proteccin debe interpretarse de manera flexible y garantista, priorizando la efectiva reparacin de los derechos vulnerados.
Un aspecto fundamental de la regulacin es la determinacin de las partes procesales y su rol dentro del procedimiento. As, se establece que pueden presentar esta accin tanto personas naturales como jurdicas que consideren afectados sus derechos, y que el Estado tiene la obligacin de garantizar su efectiva tramitacin y resolucin.
Por otro lado, Pino et al. (2022) sealan que la accin de proteccin tambin se encuentra sujeta a principios como la celeridad procesal, lo que implica que los jueces deben resolver estos casos en trminos breves para evitar dilaciones innecesarias que puedan agravar la vulneracin denunciada. En este contexto, tambin se ha discutido la necesidad de capacitar a los jueces en materia de derechos humanos y constitucionales para garantizar una aplicacin adecuada de este mecanismo.
Principios procesales aplicables a la ejecucin de sentencias constitucionales
Los principios de celeridad, eficacia, y obligatoriedad rigen la ejecucin de las sentencias constitucionales. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha desarrollado lineamientos que buscan garantizar la materializacin de los derechos reconocidos (Naranjo, 2022). La motivacin adecuada de las decisiones judiciales juega un papel clave en este proceso, asegurando que las sentencias sean claras y ejecutables.
Adicionalmente, el principio de inmediatez establece que la ejecucin de la sentencia debe realizarse sin demoras injustificadas, garantizando la pronta restitucin del derecho vulnerado. El principio de eficacia implica que las medidas dispuestas deben ser idneas y suficientes para lograr la reparacin integral de los afectados. Segn Pino et al. (2022), este principio tambin abarca la supervisin del cumplimiento de la sentencia y la posibilidad de adoptar medidas coercitivas en caso de incumplimiento.
Otro principio relevante es el de progresividad, el cual sugiere que las sentencias deben interpretarse y ejecutarse de manera que fortalezcan la proteccin de derechos en el tiempo. En este contexto, la jurisprudencia ha enfatizado la necesidad de medidas de no repeticin y garantas institucionales para evitar nuevas vulneraciones.
El principio de responsabilidad implica que los funcionarios encargados de ejecutar las sentencias deben rendir cuentas en caso de incumplimiento o retardos injustificados. Vargas (2023) menciona que la ausencia de sanciones efectivas ha sido un factor que contribuye a la ineficacia en la ejecucin de sentencias de accin de proteccin, lo que afecta directamente la tutela judicial efectiva.
Plazos y obligaciones en la ejecucin de sentencias de acciones de proteccin
La ejecucin de las sentencias derivadas de acciones de proteccin debe realizarse en plazos breves, garantizando la restitucin efectiva de los derechos vulnerados. Segn Vargas Saquicela (2023), la inobservancia de estos plazos constituye una de las principales problemticas en la tutela judicial efectiva, generando obstculos para la proteccin oportuna de los derechos.
La Corte Constitucional ha establecido que el cumplimiento de las sentencias debe ser inmediato y supervisado por el juez de primera instancia, quien tiene la obligacin de adoptar medidas necesarias para garantizar la ejecucin. Este control incluye la potestad de requerir informes peridicos sobre el cumplimiento de lo ordenado y, en caso de incumplimiento, sancionar a las autoridades responsables.
Dentro de las obligaciones derivadas de una sentencia de accin de proteccin se incluyen la restitucin del derecho vulnerado, la reparacin integral del dao causado y la adopcin de garantas de no repeticin. Pino et al. (2022) sealan que, para asegurar el cumplimiento de estas obligaciones, es fundamental la coordinacin entre las distintas entidades del Estado y la implementacin de mecanismos administrativos y judiciales que permitan su ejecucin efectiva.
Por otro lado, la falta de cumplimiento dentro de los plazos establecidos puede generar responsabilidad administrativa, civil o incluso penal para las autoridades involucradas. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte ha desarrollado criterios sobre la responsabilidad de los funcionarios pblicos, estableciendo que el incumplimiento de una sentencia de accin de proteccin puede configurar una violacin grave al derecho a la tutela judicial efectiva.
En la prctica, se han identificado deficiencias en el seguimiento y fiscalizacin de la ejecucin de sentencias, lo que ha llevado a que muchas resoluciones queden sin aplicacin efectiva. Por ello, se ha propuesto fortalecer los mecanismos de control judicial y establecer sanciones ms rigurosas para quienes obstruyan el cumplimiento de estas decisiones (Vlez, 2023).
Comparacin con otros sistemas jurdicos en materia de ejecucin de sentencias constitucionales
La ejecucin de sentencias constitucionales vara significativamente entre diferentes sistemas jurdicos. Mientras que en Ecuador la ejecucin de las sentencias de acciones de proteccin enfrenta problemas de cumplimiento y supervisin (Vargas, 2023), en otros pases existen mecanismos ms robustos para garantizar su efectividad.
En Alemania, por ejemplo, la ejecucin de sentencias constitucionales es supervisada directamente por el Tribunal Constitucional Federal, lo que garantiza un control ms estricto sobre el cumplimiento de las resoluciones. En contraste, en Ecuador, la responsabilidad recae en jueces ordinarios, quienes muchas veces carecen de los recursos o la autoridad suficiente para garantizar su implementacin efectiva.
En Colombia, la Corte Constitucional ha desarrollado el mecanismo de "rdenes estructurales", mediante el cual se establecen mandatos especficos a las entidades involucradas para garantizar la ejecucin de las decisiones. Este modelo ha permitido una mayor efectividad en la materializacin de los derechos reconocidos en las sentencias. En Ecuador, a pesar de la existencia de la figura de la reparacin integral, la implementacin sigue siendo deficiente debido a la falta de seguimiento adecuado por parte de los rganos judiciales y administrativos (Pino et al., 2022).
Otro ejemplo relevante es el caso de Espaa, donde el Tribunal Constitucional cuenta con la potestad de declarar la nulidad de actos contrarios a sus decisiones y puede ordenar medidas de cumplimiento directo. En Ecuador, aunque la Corte Constitucional puede emitir sentencias de obligatorio cumplimiento, en la prctica su ejecucin se ve obstaculizada por la burocracia y la falta de sanciones efectivas contra el incumplimiento (Vlez, 2023).
Por lo tanto, si bien Ecuador ha avanzado en la proteccin constitucional de los derechos a travs de la accin de proteccin, la comparacin con otros sistemas demuestra la necesidad de fortalecer los mecanismos de ejecucin de sentencias. La adopcin de modelos exitosos, como el seguimiento judicial obligatorio y la imposicin de sanciones efectivas, podra mejorar la eficacia de las decisiones constitucionales en el pas.
El Ecuador enfrenta retos en la ejecucin de sentencias de accin de proteccin que tambin se observan en otros pases de la regin. En contraste, sistemas como el colombiano han desarrollado mecanismos ms rigurosos para el cumplimiento de fallos constitucionales, incluyendo sanciones efectivas para los funcionarios incumplidores (Pino et al., 2022).
Uno de los principales problemas en la efectividad de la accin de proteccin es el retardo en la ejecucin de las sentencias. Manosalvas Silva (2024) destaca que las demoras afectan la finalidad de la tutela judicial efectiva y generan desconfianza en la institucionalidad judicial. Factores como la falta de seguimiento y voluntad poltica agravan esta situacin.
La falta de normas claras sobre los procedimientos de ejecucin de sentencias constitucionales genera incertidumbre jurdica y permite la dilacin de su cumplimiento. Erazo Cobos (2022) analiza cmo la ausencia de criterios uniformes en la motivacin de sentencias afecta el derecho a la defensa y la seguridad jurdica.
El xito de la accin de proteccin depende no solo de la emisin de sentencias favorables, sino tambin de su efectiva ejecucin. Velez Caldern (2023) advierte que la falta de mecanismos de control y sanciones para quienes incumplen las sentencias dificulta su materializacin, debilitando la proteccin de derechos constitucionales.
Casos relevantes y jurisprudencia sobre incumplimiento de sentencias de acciones de proteccin
El anlisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador permite comprender la evolucin y aplicacin de la tutela judicial efectiva en el pas. Para este estudio se han seleccionado tres sentencias relevantes que reflejan la importancia de la accin de proteccin y la accin extraordinaria de proteccin en la salvaguarda de derechos constitucionales y en el control de los actos del poder pblico. Estas sentencias abordan cuestiones fundamentales como la separacin de poderes, la motivacin en las decisiones judiciales y la seguridad jurdica en el contexto del derecho laboral y administrativo.
La primera sentencia, 1-25-IN/25, analiza la inconstitucionalidad de los Decretos Ejecutivos 500 y 505, evidenciando la incompatibilidad de la figura del encargo de la Presidencia de la Repblica con el artculo 146 de la Constitucin. Esta decisin reafirma la importancia del principio de legalidad y la estabilidad en la funcin ejecutiva.
La segunda sentencia, 95-18-EP/24, se centra en la vulneracin del derecho al debido proceso y la motivacin en una accin de proteccin. En este caso, la Corte Constitucional no solo repara la afectacin del debido proceso, sino que tambin profundiza en los derechos de igualdad, educacin y reafirmacin de identidad de gnero, estableciendo un precedente significativo en materia de derechos fundamentales.
Finalmente, la tercera sentencia, 1788-24-EP/25, aborda el problema de la desnaturalizacin de la accin de proteccin, destacando la importancia de la seguridad jurdica y el correcto uso de las garantas jurisdiccionales. En este fallo, la Corte no solo revierte las decisiones judiciales que afectaron la correcta aplicacin de la accin de proteccin, sino que tambin ordena investigaciones y sanciones para los jueces y abogados involucrados en el abuso del derecho.
Estas tres sentencias ejemplifican distintos aspectos del control constitucional en Ecuador y proporcionan un marco de anlisis para evaluar la efectividad de la tutela judicial en la proteccin de derechos y el respeto al Estado de derecho.
Materiales y mtodos
El presente estudio se desarroll bajo un enfoque cualitativo, dado que busca analizar y comprender los problemas normativos y procesales que afectan la ejecucin de sentencias constitucionales en acciones de proteccin. Este enfoque permiti examinar la normativa vigente, interpretar su aplicacin en el mbito judicial y proponer reformas que optimicen el proceso de ejecucin de dichas sentencias.
Para alcanzar los objetivos propuestos, se emplearon diferentes mtodos de investigacin:
Mtodo cientfico: Se utiliz para estructurar el estudio de manera sistemtica, formulando hiptesis sobre las causas del incumplimiento de los plazos procesales y contrastndolas con la normativa y casos analizados.
Mtodo emprico: Se aplic mediante la revisin de casos judiciales y la recopilacin de informacin de actores clave, lo que permitir conocer el impacto real del incumplimiento de las sentencias en la garanta de derechos.
Adems, se aplicarn mtodos jurdicos especficos, que permitirn abordar la investigacin desde un anlisis profundo del derecho:
Mtodo exegtico-jurdico: Se enfocar en el estudio literal y textual de la normativa vigente en Ecuador respecto a la accin de proteccin y la ejecucin de sentencias constitucionales. A travs de este mtodo, se analizarn las disposiciones de la Constitucin, la Ley Orgnica de Garantas Jurisdiccionales y Control Constitucional, as como los reglamentos y resoluciones judiciales que regulan la ejecucin de sentencias en este mbito.
Mtodo de derecho comparado: Se utilizar para examinar la regulacin y aplicacin de la ejecucin de sentencias constitucionales en otros sistemas jurdicos, con el fin de identificar buenas prcticas que puedan servir de referencia para la propuesta de reforma normativa en Ecuador. Se analizarn modelos normativos de pases con sistemas constitucionales similares, identificando diferencias y similitudes en la garanta de la tutela efectiva de los derechos.
Mtodo hermenutico jurdico: Este mtodo permitir interpretar la normativa vigente, considerando su contexto, finalidad y aplicacin prctica en el mbito judicial. Se analizarn sentencias y resoluciones de rganos constitucionales para determinar cmo se han abordado los problemas en la ejecucin de acciones de proteccin y qu criterios jurisprudenciales han sido utilizados para su resolucin.
En cuanto al tipo de investigacin, se desarroll un estudio descriptivo y exploratorio. Descriptivo porque caracteriz las falencias normativas y procesales en la ejecucin de sentencias de acciones de proteccin, y exploratorio porque permiti identificar posibles soluciones a la problemtica, incluyendo la viabilidad de una reforma legal.
La poblacin de estudio estuvo conformada por diferentes sentencias emitidas por la Corte Constitucional. De esta poblacin, se tom una muestra intencional no probabilstica compuesta por tres casos de sentencias emitidos por la Corte Constitucional, los cuales denotan veredictos que deben ejecutarse, aunque hasta la emisin del presente artculo se desconoce la forma de hacerlo.
Las tcnicas e instrumentos de recoleccin de datos incluyeron el anlisis documental de la legislacin vigente, jurisprudencia y doctrina constitucional, estos instrumentos permitirn obtener una visin integral del problema y fundamentar la propuesta de reforma normativa.
Asimismo, como mtodo emprico, se ha extrado informacin sobre la Rendicin de cuentas de la Corte Constitucional, sobre el seguimiento y verificacin de las sentencias dictadas por el Mximo Organismo constitucional, en el ao 2023; pudiendo indicarse lo siguiente:
Tabla 1. Mximo Organismo constitucional, en el ao 2023
|
Autos de seguimiento |
102 |
|
Ejecucin de actividades de seguimiento |
230 |
Nota: Elaboracin propia
Con lo anterior, se puede afirmar que la Corte Constitucional hace un seguimiento de la ejecucin de las sentencias dictadas por dicho organismo, sin embargo, tampoco se encuentra clarificado el procedimiento de ejecucin de las mismas, lo cual es un inconveniente para cumplir con lo resuelto de manera clere y concreta, tomndose en consideracin las caractersticas particulares de las acciones constitucionales.
A continuacin, se presentan unos extractos de las sentencias en estudio:
1. Sentencia 1-25-IN/25 Jueza ponente: Karla Andrade Quevedo
La Corte Constitucional acepta la accin pblica de inconstitucionalidad planteada en contra del Decreto Ejecutivo 500 y, por existir unidad normativa, tambin del Decreto Ejecutivo 505, expedidos por el presidente de la Repblica, al considerar que la figura del encargo de la Presidencia de la Repblica a travs de la expedicin de un decreto ejecutivo es incompatible con el artculo 146 de la Constitucin.
2. Sentencia 95-18-EP/24 Jueza ponente: Alejandra Crdenas Reyes.
La Corte Constitucional acepta la accin extraordinaria de proteccin presentada en contra de la decisin expedida por la Sala nica de la Corte Provincial de Justicia de la Provincia de Santa Elena en el marco de una accin de proteccin. La Corte Constitucional encuentra la vulneracin del derecho al debido proceso en la garanta de la motivacin en la sentencia de apelacin. Adicionalmente, analiza el mrito del caso, acepta la accin de proteccin, y declara que tanto la institucin educativa, como la Direccin Distrital del Ministerio de Educacin vulneraron los derechos a la igualdad material, al libre desarrollo de la personalidad, a la educacin en el componente de adaptabilidad, al inters superior del nio y al derecho de C.L.A.G.1 a ser escuchada en su proceso de reafirmar su identidad de gnero.
3. Sentencia 1788-24-EP/25 Jueza ponente: Karla Andrade Quevedo.
La Corte Constitucional acepta la accin extraordinaria de proteccin presentada en contra de las sentencias de primera y segunda instancia dentro de una accin de proteccin al verificar que los jueces accionados vulneraron el derecho a la seguridad jurdica porque desnaturalizaron la garanta jurisdiccional al desconocer su objeto y utilizarla como un mecanismo para declarar derechos laborales colectivos a favor de servidores pblicos sujetos a la Ley Orgnica de Empresas Pblicas y modificar su rgimen laboral. Adicionalmente, la Corte declara el error inexcusable de los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ros que dictaron la sentencia de mayora en el recurso de apelacin y remite el expediente a la Fiscala General del Estado para que inicie la investigacin correspondiente y determine si existen los elementos para configurar el delito de prevaricato. Adems, remite el expediente a la Contralora General del Estado para que inicie un examen especial con el fin de determinar las responsabilidades a que hubiere lugar y declara el abuso del derecho por parte de los apoderados judiciales de la parte accionante y sus abogados defensores.
Resultados
El principio de supremaca constitucional exige que las decisiones de la Corte Constitucional sean de cumplimiento obligatorio e inmediato. Sin embargo, en la prctica, la ejecucin de estas sentencias enfrenta obstculos que generan incertidumbre jurdica y afectan la tutela efectiva de los derechos fundamentales. A continuacin, se analizan tres sentencias en las que se ha identificado dificultades en su ejecucin, ya sea por falta de mecanismos coercitivos, vacos normativos o resistencia institucional.
En la Sentencia 1-25-IN/25, la Corte Constitucional declar la inconstitucionalidad de los Decretos Ejecutivos 500 y 505, al considerar que la figura del encargo de la Presidencia de la Repblica a travs de un decreto ejecutivo es incompatible con el artculo 146 de la Constitucin. A pesar de la claridad de la decisin, la ausencia de un mecanismo que garantice la ejecucin inmediata de esta clase de fallos ha permitido que persistan interpretaciones que dilatan su aplicacin en la prctica. La falta de ejecucin efectiva de este tipo de sentencias pone en riesgo la estabilidad del sistema democrtico y la seguridad jurdica en la administracin pblica.
En la Sentencia 95-18-EP/24, la Corte Constitucional determin que la decisin de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena vulner el derecho al debido proceso, as como otros derechos fundamentales de C.L.A.G., al desconocer su identidad de gnero en un proceso educativo. Aunque la Corte orden medidas correctivas dirigidas a la institucin educativa y al Ministerio de Educacin, la falta de un sistema de seguimiento efectivo impide verificar si estas entidades han cumplido con la disposicin constitucional. En casos similares, la resistencia institucional y la ausencia de sanciones concretas dificultan la materializacin de los derechos reconocidos en sede constitucional.
En la Sentencia 1788-24-EP/25, la Corte Constitucional evidenci una vulneracin a la seguridad jurdica por parte de jueces que, al resolver una accin de proteccin, modificaron un rgimen laboral colectivo sin respetar los lmites de la garanta jurisdiccional. La Corte determin la existencia de error inexcusable, orden la remisin del expediente a la Fiscala General del Estado para investigar un posible prevaricato y a la Contralora General para determinar responsabilidades administrativas. Sin embargo, la ejecucin de estas decisiones depende de la celeridad y voluntad de las instituciones encargadas de investigar y sancionar, lo que podra generar dilaciones o incluso el incumplimiento de las medidas correctivas ordenadas.
Estas sentencias, son actuales y por la incidencia en la sociedad han sido analizadas, en su fase de ejecucin, para tener ms variables al momento de analizar el tema en discusin de este artculo cientfico. Realmente, en los actuales momentos es difcil determinar si efectivamente las sentencias van a tener un cabal cumplimiento, ya que, la misma Corte Constitucional, al no delimitar cules son los pasos o procedimiento a seguir, delega a una serie de instituciones pblicas, el realizar diferentes actuaciones, en el marco de sus funciones para que efectivamente se resarzan los derechos constitucionales que han sido vulnerados por el Estado.
Discusin
La falta de ejecucin oportuna de las sentencias constitucionales en acciones de proteccin representa una vulneracin grave a los derechos fundamentales y un debilitamiento del Estado de derecho. Para abordar esta problemtica, es necesario implementar una serie de reformas normativas y mecanismos administrativos que aseguren el cumplimiento efectivo de los fallos de la Corte Constitucional. A continuacin, se proponen medidas concretas para mejorar la ejecucin de las sentencias en el mbito constitucional:
1. Reforma a la Ley Orgnica de Garantas Jurisdiccionales y Control Constitucional
Se recomienda una modificacin estructural a la Ley Orgnica de Garantas Jurisdiccionales y Control Constitucional, incorporando disposiciones especficas que eliminen los vacos normativos y establezcan procedimientos claros para la ejecucin de sentencias. Esta reforma debe incluir:
Definicin de plazos perentorios para el cumplimiento de las decisiones de la Corte Constitucional, evitando dilaciones injustificadas.
Mecanismos de supervisin y rendicin de cuentas, a travs de un sistema de seguimiento obligatorio que permita evaluar el nivel de cumplimiento de cada sentencia.
Claridad en las competencias de las entidades responsables, delimitando sus obligaciones en el cumplimiento de las resoluciones constitucionales.
2. Creacin de una Unidad de Ejecucin de Sentencias Constitucionales
Es fundamental establecer una Unidad dentro de la Corte Constitucional o en una entidad autnoma encargada de verificar el cumplimiento de las sentencias. Esta unidad debe contar con facultades para:
Emitir informes peridicos sobre el grado de ejecucin de las sentencias.
Requerir informacin a las instituciones responsables de ejecutar los fallos.
Recomendar sanciones en caso de incumplimiento.
3. Sanciones para el incumplimiento de sentencias constitucionales
La falta de cumplimiento de los fallos constitucionales debe conllevar sanciones proporcionales a la gravedad del incumplimiento. Para ello, se propone:
Incluir en la ley disposiciones que tipifiquen el incumplimiento de sentencias constitucionales como una falta administrativa grave, sujeta a sanciones disciplinarias, econmicas o incluso penales.
Habilitar la intervencin de la Procuradura General del Estado para iniciar procesos de destitucin o sancin contra los funcionarios responsables de la inejecucin de sentencias.
Permitir que la Corte Constitucional, en casos de incumplimiento reiterado, pueda ordenar la ejecucin directa del fallo a travs de medidas extraordinarias.
4. Creacin de un mecanismo de ejecucin directa
Actualmente, la ejecucin de sentencias depende de la voluntad y accin de diferentes organismos pblicos, lo que genera retrasos y obstrucciones. Se recomienda facultar a la Corte Constitucional para que, en casos de incumplimiento, pueda ordenar directamente la ejecucin de las medidas correctivas sin intermediacin de otras entidades.
5. Fortalecimiento del control judicial sobre la ejecucin de sentencias
Es necesario que los jueces de primera instancia y las cortes provinciales cuenten con mayores herramientas para exigir la ejecucin de los fallos de la Corte Constitucional.
Se debe establecer la obligacin de realizar audiencias de control de ejecucin en casos de acciones de proteccin, con la comparecencia de las entidades responsables del cumplimiento de la sentencia.
6. Creacin de un Registro Pblico de Sentencias No Ejecutadas
Con el objetivo de generar transparencia y garantizar el derecho a la informacin, se recomienda la creacin de un registro pblico de sentencias constitucionales que no han sido ejecutadas en los plazos establecidos. Este registro permitira:
Visibilizar a las instituciones que incumplen los fallos constitucionales.
Brindar a la ciudadana mecanismos de seguimiento y presin para exigir el cumplimiento de las decisiones.
Generar estadsticas que permitan evaluar el nivel de efectividad de las acciones de proteccin en el pas.
Conclusin
La falta de ejecucin de las sentencias constitucionales representa una amenaza al principio de tutela efectiva de los derechos fundamentales y a la seguridad jurdica. Para evitar que las decisiones de la Corte Constitucional se conviertan en meros pronunciamientos sin efectos reales, es imprescindible adoptar reformas normativas y mecanismos de supervisin que garanticen su cumplimiento obligatorio e inmediato. La creacin de sanciones efectivas, unidades especiales y parmetros claros que servirn para el cumplimiento efectivo y eficaz de las sentencias en acciones constitucionales.
Las sentencias constitucionales emitidas en el marco de las acciones de proteccin constituyen un mecanismo fundamental para garantizar la tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin embargo, su falta de ejecucin en los tiempos establecidos refleja serias deficiencias en el cumplimiento de las decisiones judiciales, lo que pone en riesgo el principio de seguridad jurdica y el acceso efectivo a la justicia. El anlisis de los factores jurdicos y procesales que inciden en esta problemtica ha permitido identificar que la ausencia de mecanismos de supervisin adecuados, la falta de sanciones efectivas para los responsables del incumplimiento y la imprecisin de ciertos preceptos normativos generan un ambiente de impunidad en el que los fallos constitucionales pueden ser ignorados o retrasados sin consecuencias claras.
En este contexto, se evidencia la necesidad de una reforma a la Ley Orgnica de Garantas Jurisdiccionales y Control Constitucional con el fin de eliminar los vacos legales que permiten la inejecucin de sentencias. La propuesta debe incluir disposiciones que establezcan plazos perentorios para el cumplimiento de los fallos, mecanismos de control institucional y sanciones concretas para aquellos funcionarios que incumplan o dilaten la ejecucin de resoluciones constitucionales. La reforma tambin debe contemplar la posibilidad de que la Corte Constitucional adopte medidas extraordinarias para garantizar la materializacin de sus decisiones, evitando que las instituciones responsables obstaculicen su aplicacin.
El fortalecimiento del marco normativo en materia de ejecucin de sentencias constitucionales contribuir a la consolidacin de un sistema de justicia ms eficiente y efectivo en la proteccin de los derechos fundamentales. La implementacin de mecanismos de control y seguimiento, como un registro pblico de sentencias no ejecutadas y la creacin de una unidad especializada en la Corte Constitucional, permitir transparentar el grado de cumplimiento de los fallos y garantizar que las instituciones pblicas cumplan con su obligacin de respetar y hacer cumplir las decisiones judiciales.
La ejecucin efectiva de las sentencias constitucionales es un elemento esencial para la consolidacin del Estado de derecho y la proteccin de los derechos de los ciudadanos. La falta de cumplimiento oportuno de los fallos judiciales no solo debilita la credibilidad del sistema de justicia, sino que perpeta situaciones de vulneracin de derechos que deberan haber sido corregidas mediante la accin de proteccin. Por ello, resulta imperativo adoptar reformas normativas que eliminen los vacos legales, establezcan sanciones efectivas y refuercen los mecanismos de supervisin para garantizar que las decisiones de la Corte Constitucional sean cumplidas de manera oportuna y efectiva.
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