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El principio de Supremac�a Constitucional en la Administraci�n de Justicia Ind�gena

 

The Principle of Constitutional Supremacy in the Administration of Indigenous Justice

 

O Princ�pio da Supremacia Constitucional na Administra��o da Justi�a Ind�gena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: johnn.mazon@unach.edu.ec

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 05 de enero de 2025 *Aceptado: 05 de febrero de 2025 * Publicado: �20 de marzo de 2025

 

        I.            Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador.

      II.            Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador.

Resumen

En un Estado Constitucional de Derechos y Justicia como el nuestro, la norma suprema que prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jur�dico es la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, por tanto, las normas y actos del poder p�blico deben mantener conformidad con sus disposiciones constitucionales, caso contrario carecer�n de eficacia jur�dica. En el contexto de la administraci�n de justicia ind�gena, este principio juega un papel fundamental en la articulaci�n entre el sistema jur�dico ind�gena y el sistema jur�dico estatal. En este sentido el manuscrito, tiene como prop�sito, analizar de manera jur�dica y cr�tica el principio de la supremac�a constitucional lo que permite determinar la aplicaci�n del mismo dentro de la administraci�n de justicia ind�gena; para ello se hace uso del m�todo inductivo, anal�tico jur�dico, descriptivo jur�dico; con un enfoque mixto; por los objetivos y la complejidad, la investigaci�n es pura, dogm�tica, documental, de dise�o no experimental; en donde la poblaci�n involucrada est� constituida por autoridades y dirigentes ind�genas con t�tulo de abogado, a quienes se les aplic� un cuestionario de siete preguntas modelo Likert, que han permitido determinar conocen la supremac�a de la Constituci�n, sin embargo, en la pr�ctica dentro de la administraci�n de justicia ind�gena, no se garantiza este principio.

Palabras clave: sistemas jur�dicos; principio jur�dico; imperio de la ley; derecho constitucional; administraci�n de justicia; procedimiento legal.

 

Abstract

In a Constitutional State of Rights and Justice such as ours, the supreme norm that prevails over any other in the legal system is the Constitution of the Republic of Ecuador. Therefore, the norms and acts of public power must comply with its constitutional provisions, otherwise they will lack legal effectiveness. In the context of the administration of indigenous justice, this principle plays a fundamental role in the articulation between the indigenous legal system and the state legal system. In this sense, the manuscript aims to legally and critically analyze the principle of constitutional supremacy, which allows determining its application within the administration of indigenous justice. To this end, the inductive, legal-analytical, and legal-descriptive methods are used; with a mixed approach; due to the objectives and complexity, the research is pure, dogmatic, documentary, and of non-experimental design. The population involved is made up of Indigenous authorities and leaders with legal degrees. A seven-question Likert-style questionnaire was administered to them. This allowed them to determine their awareness of the supremacy of the Constitution. However, in practice within the administration of Indigenous justice, this principle is not guaranteed.

Keywords: legal systems; legal principle; rule of law; constitutional law; administration of justice; legal procedure.

 

Resumo

Num estado constitucional de direitos e justi�a como o nosso, a lei suprema que prevalece sobre qualquer outro sistema jur�dico � a Constitui��o da Rep�blica do Equador. No contexto da administra��o da justi�a ind�gena, este princ�pio desempenha um papel fundamental na articula��o entre o ordenamento jur�dico ind�gena e o ordenamento jur�dico estadual. Neste sentido, o manuscrito tem como objetivo analisar de forma jur�dica e cr�tica o princ�pio da supremacia constitucional, o que permite determinar a sua aplica��o no �mbito da administra��o da justi�a ind�gena; Para tal, s�o utilizados os m�todos indutivo, anal�tico jur�dico e descritivo jur�dico; com uma abordagem mista; Devido aos seus objetivos e complexidade, a investiga��o � pura, dogm�tica, documental e n�o experimental no seu design; onde a popula��o envolvida � constitu�da por autoridades e l�deres ind�genas com forma��o em direito, aos quais foi aplicado um question�rio do tipo Likert com sete quest�es, o que nos permitiu determinar o seu conhecimento sobre a supremacia da Constitui��o; no entanto, na pr�tica, dentro da administra��o da justi�a ind�gena, este princ�pio n�o � garantido.

Palavras-chave: sistemas jur�dicos; princ�pio jur�dico; Estado de direito; direito constitucional; administra��o da justi�a; procedimento legal.

 

Introducci�n

La justicia ind�gena, como as� lo se�alaba el Art. 191 de la Constituci�n Pol�tica del Ecuador de 1998 y la Constituci�n de la Rep�blica de 2008, vigente a la fecha, se constituye como un sistema jur�dico reconocido por los instrumentos internacionales de derechos humanos y nuestro ordenamiento jur�dico constitucional mediante el cual, las comunidades, pueblos y nacionalidades ind�genas resuelven sus conflictos internos en base a sus procedimientos, valores, costumbres y tradiciones.

Esta forma de solucionar los problemas abor�genes no es nueva, la historia ecuatoriana se�ala que, las culturas m�s antiguas del Ecuador y que se ubicaron en la Regi�n Costa, como la Valdivia, Machalilla y Chorrera, aplicaban la mediaci�n o conciliaci�n, el di�logo y las pr�cticas espirituales para la resoluci�n pac�fica de conflictos. En efecto el Art. 171 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008), se�ala, �Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades ind�genas ejercer�n funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su �mbito territorial, con garant�a de participaci�n y decisi�n de las mujeres.�. Este mandato constitucional le otorga a la justicia ind�gena, autonom�a jurisdiccional; respeto a sus tradiciones y territorios; y, participaci�n de las mujeres en la toma de decisiones.

La justicia ind�gena conforme al Art. 57 numeral 10 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008), tiene facultad legal para practicar su derecho propio o consuetudinario, lo que implica se�alar, que la justicia ind�gena, se desarrolla de manera independiente y aut�noma dentro de su jurisdicci�n. Sin embargo, el art�culo Art. 171 y 424 de la norma constitucional, contradice a la esencia del derecho propio, porque los procedimientos y actos que se den dentro justicia ind�gena, no puede estar contrarios a la Constituci�n y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales y peor a�n vulnerar los derechos constitucionales, en particular de grupos vulnerables.

Garantizar el derecho propio o consuetudinario obliga al Estado ecuatoriano a respetar a sus tradiciones, costumbres y territorios. En efecto, la Constituci�n Pol�tica de 1998, en concordancia con el Convenio 160 de la Organizaci�n Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Ind�genas y Tribales, que el Ecuador ratific� el 15 de mayo de 1998, reconociendo los derechos colectivos y el derecho consuetudinario para la soluci�n de conflictos internos. Derechos estos que ser�an ratificados con la promulgaci�n de la Constituci�n de la Rep�blica de 2008.que en su Art. 57 reconoce 21 derechos colectivos.

Uno de estos derechos justamente propende a �conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que ser�n inalienables, inembargables e indivisibles.� (numeral 4). Con este mandato constitucional se garantiza a las comunidades, pueblos y nacionalidades ind�genas, el derecho a la propiedad incluso a recuperar sus tierras ancestrales que hayan perdido o abandonado por desconocimiento o vulneraci�n de sus derechos.

De igual forma, el texto constitucional garantiza, �la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospecci�n, explotaci�n y comercializaci�n de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente�. (Art. 57 numeral 7). De ah� que el Estado est� en la obligaci�n de establecer procesos de di�logos, participaci�n y consultas a las comunidades ancestrales y abor�genes, antes de tomar decisiones que puedan afectar sus derechos, territorios y a los recursos naturales que se encuentran en sus �reas.

En esa misma l�nea, el Art. 171 del texto constitucional prescribe, las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades ind�genas ejercer�n funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su �mbito territorial, con garant�a de participaci�n y decisi�n de las mujeres. Este mandato constitucional faculta a los pueblos ind�genas y a sus autoridades el aplicar la justicia ind�gena en base a su derecho propio, en su territorio comunitario o ancestral y con la participaci�n activa de la mujer en la toma de decisiones, aplicando normas y procedimientos propios para la soluci�n de sus conflictos internos, pero que no sean contrarios a la Constituci�n y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.

Seg�n Herrera (2025), este mandato constitucional, obliga a las autoridades abor�genes y a quienes administran justicia ind�gena a observar lo que se�ala la Constituci�n, en especial los art�culos 424 y 425, que hace alusi�n a la jerarqu�a de la norma y a la conformidad que deben tener las reglas y los actos del poder p�blico con las disposiciones constitucionales, de ah� que quienes administran tanto la justicia ordinaria como la justicia ind�gena deben realizar controles de constitucionalidad y convencionalidad con el fin de verificar si las normas, procedimientos, pr�cticas comunitarias, no afecten o vulneren los derechos constitucionales.

Con relaci�n a la participaci�n de las mujeres en la toma de decisiones dentro de la justicia ind�gena, Jara Cazares (2016), se�ala, la irrupci�n de occidente fractura las relaciones de g�nero en las comunidades ind�genas y porque no decirlo en el sector urbano entre personas diferentes a la etnia ind�gena, modificando lo dual y convertirlo en binario, lo jer�rquico en s�per- jer�rquico y que por tanto incidiendo en las relaciones de los sujetos.

La igualdad y equidad de g�nero, tambi�n se sustenta cuando el Art. 343 del C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial (2010), se�ala que las funciones jurisdiccionales a m�s de hacerlo con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho consuetudinario, dentro de su �mbito territorial, debe velar y garantizar la participaci�n y decisi�n de las mujeres; sin embargo, no se puede negar tambi�n en la pr�ctica, rezagos de discriminaci�n y patriarcado, de manera fundamental en el �mbito intrafamiliar.

Efectivamente en las comunidades, pueblos y nacionalidades ind�genas, las participaciones y opiniones en la toma de decisiones dentro de la comunidad es complementar�a, lo que significa que, todos los sujetos son importantes para la comunidad, no solo en el �mbito discursivo sino en el pr�ctico (Jara, 2016). En igual sentido Herrera (2025), se�ala que la importancia participativa de las mujeres en la toma de decisiones dentro fundamentalmente en las rondas comunitarias, en la captura del infractor y aplicaci�n de la justicia ind�gena.

Bajo este contexto, la investigaci�n tiene como objeto, analizar de manera jur�dica y cr�tica el principio de la supremac�a constitucional para determinar si se observa dentro de la administraci�n de justicia ind�gena, Para alcanzar el prop�sito, se realiza un estudio jur�dico y cr�tico del principio de la supremac�a constitucional y de la administraci�n de justicia ind�gena.

Justicia ind�gena: definici�n y caracter�sticas

Desde la visi�n del derecho positivo, con la promulgaci�n de la Constituci�n Pol�tica del Ecuador de (1998), la justicia ind�gena es conceptualizada como derecho consuetudinario; con la Carta Magna de 2008, se la denomina derecho propio; el C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial (2010), lo conceptualiza como justicia intercultural; la Fundaci�n Regional de Asesor�a en Derechos Humanos (INREDH, 2024) la llaman justicia por mano propia; desde la cosmovisi�n ind�gena lo nombran, como procedimiento para la resoluci�n de conflictos comunitarios.

Acogiendo todos los postulados legales del ordenamiento jur�dico ecuatoriano, que hacen alusi�n a la justicia ind�gena, a esta forma de resoluci�n de conflictos se puede definir como, sistema consuetudinario para la soluci�n de sus conflictos internos con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio. Desde la cosmovisi�n ancestral, dice Herrera (2025), es un ritual de sanaci�n del cuerpo y el alma para ahuyentar a los malos esp�ritus que le inducen al aborigen a cometer actos impuros que alteran la convivencia pac�fica y arm�nica en la comunidad.

Seg�n Herrera (2025), la justicia ind�gena o el procedimiento para la resoluci�n de conflictos comunitarios, tomando en cuenta el Art. 171 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008) y las opiniones de varias autoridades y directivos ind�genas, tiene las siguientes caracter�sticas legales y consuetudinarias

1.- Es un ritual de purificaci�n del cuerpo y el alma: En efecto para la cosmovisi�n ind�gena, seg�n Herrera (2025), lo que se denomina justicia ind�gena, es un ritual de purificaci�n del cuerpo y el alma. Bu�ay (2025), indica que nuestros taitas y mamas, dec�an que cuando un runa o una longa, se portaba mal dentro de la comunidad, era porque estaba pose�da de los malos esp�ritus que le incitan a cometer actos impuros que alteraba la paz y la convivencia en la familia y comunidad, para sanar este mal, hab�a que someterle al ritual de purificaci�n del cuerpo y el alma, que en la Regi�n Sierra por lo general consta de agua helada, l�tigo y ortiga; en cambio en la Regi�n Oriental, es una limpia que se realiza con alcohol, tabaco y aj�.

2.- Utiliza elementos de la naturaleza para la purificaci�n: Para la sanaci�n del cuerpo y el alma, nuestros abor�genes utilizan especialmente elementos que existen en la Pachamama, como la ortiga que �es una planta utilizada desde tiempos ancestrales en el tratamiento de enfermedades f�sicas y espirituales en las poblaciones rurales, sus usos se han transmitido oralmente de generaci�n en generaci�n.� (Magallanes & Chipana, 2022).; el agua helada, que seg�n, la Biblioteca Nacional de Medicina (NLM, 2022) de Estados Unidos, tomar una ducha o sumergirse en agua fr�a genera efectos positivos en la salud de las personas; y el l�tigo, que es un utensilio que se lo puede observar en la �poca de los grandes imperios como Roma, que se utilizaba para castigar a quien comet�a una falta de lealtad o ment�a.

3.- No es administrada por jueces o magistrados con conocimiento en Derecho: La misma Constituci�n de la Rep�blica se�ala que quien administra justicia ind�gena en las comunidades, pueblos y nacionalidades abor�genes, son las autoridades con participaci�n de la mujer. Por lo general son los lideres, ancianos, sabios, longevos, taitas y mamas. Seg�n Herrera (2025), a las autoridades ind�gena, se les puede ubicar en cuatro niveles, autoridades familiares, comunitarias, religiosas y de designaci�n o elecci�n; dentro de las autoridades familiares est�n, loa taitas, la mamas, los hermanos mayores y los padrinos; las comunitarias son los ancianos, sabios, los m�s fuertes y l�deres; en el �mbito religioso est�n los curacas, shamanes y pastores; y, los de designaci�n o elecci�n son quienes son nombrados por la comunidad, pueblo o nacionalidad ind�gena. Para Mullo (2025), las autoridades son de elecci�n y tambi�n se dividen en cuatro niveles, las que representan a la comunidad de un cant�n; las que representan a un cant�n como por ejemplo la COCAN Corporaci�n de Organizaciones Campesinas de Alaus�; las que representan a la provincia como por ejemplo la COMICH Confederaci�n del Movimiento Ind�gena de Chimborazo; y, las que representan a nivel de pa�s, como la CONAIE Confederaci�n de Nacionalidades Ind�genas del Ecuador

4.- Se base en sus tradiciones ancestrales, derecho, normas y procedimientos propios: Esta es una de las caracter�sticas principales de la justicia ind�gena, que a decir de Herrera (2025), es el obst�culo para que no exista un reglamento general que regule la aplicaci�n de la justicia consuetudinaria, porque cada comunidad, pueblos y nacionalidad, inclusive cada comuna ind�gena, tiene sus propias costumbres, tradiciones y formas de resolver sus conflictos internos, por ejemplo para los Coltas la infidelidad es una antivalor que debe ser sancionado, en cambio para los Shuar es algo natural y normal.

5.- Procede dentro de su �mbito territorial: Cuando se hace referencia a los territorios ocupados por los ind�genas, Herrera (2025), se�ala que hay que diferenciar, entre los territorios comunitarios y los territorios ancestrales. Los territorios comunitarios comprenden el espacio f�sico donde se ubican las personas que pertenecen a las comunas, comunidades y pueblos ind�genas y es aqu� donde se aplica la llamada justicia ind�gena que est� garantizada y limitada por la Constituci�n y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos; en cambio, los territorios ancestrales, donde se ubican las nacionalidades ind�genas y pueblos contactados, son territorios que est�n bajo el dominio de los nativos y que la resoluci�n de los problemas internos, se realiza sin injerencia de ninguna norma o instituci�n perteneciente al derecho positivo.�

6.- Existe la participaci�n de las mujeres: La Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008), en su Art. 171, ordena a las autoridades ind�genas a considerar la participaci�n de la mujer en la toma de decisiones, por lo que se ha podido observar dentro del proceso consuetudinario, es m�nima, empero, en la aplicaci�n de esta forma de hacer justicia, si se evidencia la participaci�n de las f�minas ind�genas; es decir, en el ba�o de purificaci�n.��

7.- No debe ser contraria a la Constituci�n y a los derechos humanos: De igual forma, el Art. 171 prescribe, �las autoridades aplicar�n normas y procedimientos propios para la soluci�n de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constituci�n y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.�. Reforzando aquello, el Art. 286 numeral 6 del C�digo de la Funci�n Judicial, se�ala, �garantizar la defensa p�blica especializada para las mujeres, ni�os, ni�as y adolescentes, v�ctimas de violencia, nacionalidades, pueblos, comunidades y comunas ind�genas.�, En este contexto, la aplicaci�n de la justicia ind�gena no puede vulnerar los derechos humanos y fundamentales de los ajusticiados, especialmente de las mujeres, ni�os, ni�as y adolescentes, v�ctimas de violencia. Sin embargo y a pesar de existir estas normas nacionales e internacionales, en los territorios comunitarios y ancestrales se aplica el principio de igualdad, sin embargo, depende tambi�n de la infracci�n cometida.

8.- Tiene reconocimiento internacional: Las principales normas internacionales que garantizan y reconocen a la justicia ind�gena como una forma propia de administrar justicia en la jurisdicci�n aborigen son, Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Ind�genas y Tribales (1989); Declaraci�n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind�genas (2007); y, Declaraci�n Americana sobre los Derechos de los Pueblos Ind�genas (2016), normas internacionales, que reconocen los derechos de los pueblos ind�genas y garantizan la resoluci�n de sus conflictos a aplicando sus propios procedimientos, normas y costumbres.

9.- Las decisiones de la justicia ind�gena est�n sujetas al control de constitucionalidad: Esto significa que, si una persona o comunidad considera que una decisi�n de la justicia ind�gena viola sus derechos constitucionales, puede presentar una acci�n extraordinaria de protecci�n ante la Corte Constitucional. El art�culo 171 de la Constituci�n reconoce la justicia ind�gena, pero al establecer que sus decisiones estar�n sujetas al control de constitucionalidad y Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional, establece el procedimiento para la presentaci�n de acciones de protecci�n contra decisiones de la justicia ind�gena.

10.- Las decisiones de la justicia ind�gena est�n sujetas al control de convencionalidad: El control de convencionalidad implica que las decisiones de la justicia ind�gena deben respetar los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, como la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos, entre otros. Esto significa que, si una persona o comunidad considera que una decisi�n de la justicia ind�gena viola derechos humanos reconocidos en estos tratados, puede presentar una acci�n ante la justicia ordinaria, pudiendo incluso acudir finalmente ante organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos

11.- Existen mecanismos de coordinaci�n y cooperaci�n entre la jurisdicci�n ind�gena y la jurisdicci�n ordinaria: La coordinaci�n y cooperaci�n entre la jurisdicci�n ind�gena y la jurisdicci�n ordinaria en Ecuador deben estar enfocados en el respeto de los derechos de los pueblos ind�genas y la coexistencia de ambos sistemas jur�dicos. Estos mecanismos se vuelven esenciales para evitar conflictos y garantizar una administraci�n de justicia intercultural y respetuosa de los derechos de todas las personas.

12.- La justicia de paz no prevalece sobre la justicia ind�gena: En Ecuador, la justicia de paz y la justicia ind�gena son dos sistemas jur�dicos distintos reconocidos por la Constituci�n. La justicia de paz se enfoca en resolver conflictos comunitarios y vecinales a trav�s de la equidad y extrajudicial, mientras que la justicia ind�gena se basa en el derecho consuetudinario de los pueblos ind�genas para resolver conflictos internos dentro de sus comunidades; la justicia de paz no prevalece sobre la justicia ind�gena, porque la� Constituci�n reconoce la justicia ind�gena como un sistema jur�dico propio, con sus propias autoridades, normas y procedimientos, sus decisiones tienen el mismo valor que las decisiones de la justicia ordinaria, siempre y cuando no violen la Constituci�n y los derechos humanos.

La supremac�a de la Constituci�n en la administraci�n de justicia ind�gena:� La Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador de 2008 reconoce y garantiza la jurisdicci�n ind�gena como un sistema propio de justicia con sus propias autoridades, normas y procedimientos. Este reconocimiento constitucional ha significado un paso importante para el fortalecimiento de los derechos colectivos de los pueblos ind�genas y para la interculturalidad en el sistema jur�dico ecuatoriano.

Con el reconocimiento constitucional de la justicia ind�gena en el Ecuador existen dos sistemas jur�dicos para resolver los conflictos entre las personas, por un lado, la justicia ordinaria, que se basa en el derecho positivo, los principios constitucionales y legales para resolver los casos judiciales y la justicia ind�gena a trav�s de la cual solucionan sus conflictos internos con base en sus tradiciones ancestrales, normas, procedimientos y derecho propio, dentro de su �mbito territorial, con garant�a de participaci�n y decisi�n de las mujeres.

Sin embargo y a pesar que la justicia ind�gena, constitucionalmente garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades ind�genas resolver sus conflictos internos a trav�s de su derecho propio, las tradiciones, norma y procedimientos ancestrales, no pueden ser contrarios a las disposiciones constitucionales y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. Es decir, la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador pone l�mites a la forma ancestral para resolver los problemas comunitarios.

En efecto, el principio de supremac�a constitucional establecido en el Art. 424 de la Constituci�n de la Rep�blica, se�ala que, �La Constituci�n es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jur�dico.�, por lo que todas las normas incluidas las ancestrales y los actos del poder p�blico deben mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, caso contrario carecen de eficacia jur�dica. Por otra parte, las decisiones y procedimientos que se den dentro de la administraci�n de justicia ind�gena, deben respetar los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.

En esa l�nea, la Corte Constitucional tomando en consideraci�n la supremac�a de la Constituci�n y para que el procedimiento consuetudinario, mantenga conformidad con las disposiciones constitucionales, en la Sentencia 1-12-EI/21, formul�, cinco criterios que facilitan la identificaci�n de un caso como conflicto interno, estos son: (i) que afecte el entramado de relaciones comunitarias; (ii) que tenga una implicaci�n en la armon�a y en la paz de la comunidad; (iii) que ocasione una afectaci�n en la convivencia de sus miembros o entre quienes habiten en ella; (iv) que altere o distorsione relaciones entre sus integrantes; y, finalmente, (v) que se advierta que la comunidad, mediante sus tradiciones y Derecho propio, ha conocido y resuelto casos como el que se discute.

En igual sentido y haciendo prevalecer la supremac�a de la Constituci�n y evitando que los procedimientos de la administraci�n de justicia ind�gena vayan en contra del texto constitucional y de los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales, fueron expedidas las sentencias de 11 de septiembre del 2014, No. 006-2014-SCCN-CC; No. 113-14-SEP-CC, de 30 de julio del 2014 y No. 008-15-SCN-CC, a trav�s de las cuales determina que al involucrarse protecci�n de derechos que atenten contra la integridad de la vida� (aborto, asesinato, homicidio, feminicidio, etc.) es la justicia ordinaria la que debe actuar, es decir, debe ser investigado por la Fiscal�a General del Estado y sancionado por jueces ordinarios, aun en casos en que los presuntos involucrados o responsables sean ciudadanos pertenecientes a comunidades, pueblos y nacionalidades ind�genas y as� los hechos ocurran dentro de una comunidad, pueblo o nacionalidad ind�gena.

Aquello conlleva a establecer que el principio de supremac�a de la Constituci�n en la administraci�n de justicia ind�gena, busca un equilibrio entre el respeto a las tradiciones ind�genas y la protecci�n de los derechos fundamentales, garantizando que nadie sea discriminado o tratado injustamente, independientemente de su origen o cultura. Para lograr este prop�sito, en el Art. 171 de la Constituci�n de la Rep�blica (2008), se�ala que, �La ley establecer� los mecanismos de coordinaci�n y cooperaci�n entre la jurisdicci�n ind�gena y la jurisdicci�n ordinaria.� Y concordantemente el Art. 346 de la C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial, establece que, �El Consejo de la Judicatura determinar� los recursos humanos, econ�micos y de cualquier naturaleza que sean necesarios para establecer mecanismos eficientes de coordinaci�n y cooperaci�n entre la jurisdicci�n ind�gena y la jurisdicci�n ordinaria.�.

Mecanismos para garantizar la supremac�a constitucional en la justicia ind�gena: En Ecuador conforme al Art. 425 de la Constituci�n de la Rep�blica (2008), el orden jer�rquico de aplicaci�n de las normas es el siguiente: La Constituci�n; los tratados y convenios internacionales; las leyes org�nicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los dem�s actos y decisiones de los poderes p�blicos. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarqu�a, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores p�blicos, lo resolver�n mediante la aplicaci�n de la norma jer�rquica superior.

Veintimilla (2012), define a los mecanismos constitucionales como �medios o procesos que deben considerar para la administraci�n de justicia efectiva.� Por su parte, Yumbay y Pacari (2019), se�alan que, los mecanismos de coordinaci�n tienen la finalidad, el relacionar, vincular, unir esfuerzos o medios para fortalecer la justicia ind�gena y la justicia ordinaria; y, los mecanismos de cooperaci�n son herramientas y estrategias que se utilizan para lograr una administraci�n de justicia eficiente y eficaz que no vulnere los derechos constitucionales y humanos, dentro de la jurisdicci�n ordinaria e ind�gena.

Bajo estos argumentos, surge justamente la pregunta de investigaci�n, �Cu�les son esos mecanismos legales y consuetudinarios para garantizar la supremac�a constitucional en la justicia ind�gena? Para dar respuesta a este interrogante, se debe analizar, el �Protocolo para la aplicaci�n del di�logo intercultural en la Funci�n Judicial� y la �Gu�a de mecanismos de coordinaci�n y cooperaci�n entre autoridades de la justicia ind�gena y justicia ordinaria en procesos interjurisdiccionales, lo que, sumado al an�lisis de los criterios emitidos en las entrevistas dirigidas a autoridades ind�genas nos permiten establecer que los mecanismos legales y consuetudinarios para garantizar la supremac�a constitucional en la justicia ind�gena, son:

1.- Control de constitucionalidad: Conforme al Art. 429 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008), la Corte Constitucional es el m�ximo �rgano de control, interpretaci�n y de administraci�n de justicia constitucional, por tanto, le corresponde a este organismo, efectuar de oficio y de modo inmediato el control de constitucionalidad de las resoluciones emitidas por la justicia ordinaria� y de las decisiones de la jurisdicci�n, con el fin de garantizar la supremac�a ante estos dos sistemas jur�dicos.

2.- Control de convencionalidad: Seg�n la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el control de convencionalidad es la herramienta que permite a los Estados concretar la obligaci�n de garant�a de los derechos humanos en el �mbito interno, a trav�s de la verificaci�n de la conformidad de las normas y pr�cticas nacionales, con la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y su jurisprudencia. En el �mbito interno, el control de convencionalidad es el que deben realizar los agentes del Estado y, principalmente, pero no exclusivamente, los operadores de justicia (jueces, fiscales, defensores, autoridades ind�genas) para analizar la compatibilidad de las normas internas con la CADH.

3.- Garant�as Jurisdiccionales: Las garant�as jurisdiccionales en Ecuador son los mecanismos legales que protegen los derechos de los ciudadanos en los tribunales. Se encuentran establecidas en la Constituci�n ecuatoriana y en la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional. Son recursos constitucionales que permite a las personas que se consideran afectadas por una resoluci�n sentencia o decisiones, acudir ante las autoridades legales para que revise la decisi�n y, de ser el caso, la anule, al respecto la Corte Constitucional ha se�alado que, las garant�as jurisdiccionales, tienen como objetivo principal la tutela y reparaci�n integral de los derechos contemplados en la Constituci�n de manera expedita y sumaria.

4.- Gu�a de mecanismos de coordinaci�n y cooperaci�n entre autoridades de la justicia ind�gena y justicia ordinaria en procesos interjurisdiccionales: Seg�n la Resoluci�n 053-2023, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, esta gu�a tiene como objetivo, establecer adecuadas herramientas para la coordinaci�n y cooperaci�n arm�nica de la justicia ind�gena y justicia ordinaria en relaci�n con las formas de derecho propio de pueblos y nacionalidades, a trav�s de procesos respetuosos de valoraci�n interjurisdiccional que permitan promover los derechos colectivos, fortalecer la justicia intercultural para la soluci�n de los conflictos. Esta gu�a est� dirigida a operadores de la justicia ordinaria y autoridades de la justicia ind�gena, que act�en en procesos y/o conflictos en los cuales se requiere activar mecanismos de coordinaci�n y cooperaci�n interjurisdiccional.

5.- Di�logo intercultural: El dialogo intercultural es una estrategia para mejorar las relaciones entre los operadores de justicia ordinaria y las autoridades de la justicia ind�gena. Con el objetivo de buscar puntos de encuentro y garantizar el respeto de los derechos y la Constituci�n. Seg�n la Funci�n Judicial (2023), el dialogo intercultural, es un instrumento que desarrolla el principio de interculturalidad para efectuar el di�logo intercultural en los procesos judiciales a nivel nacional; as� como los lineamientos que pueden ser considerados en la interpretaci�n constitucional respecto de la protecci�n de los derechos de libertad e integridad desde un enfoque intercultural en los procesos penales y garant�as jurisdiccionales especialmente relativa al h�beas corpus, lo que permitir� a los operadores de justicia aplicar la perspectiva intercultural como garant�a del acceso a la justicia a miembros de comunidades, pueblos y nacionalidades.( Protocolo para la aplicaci�n del di�logo intercultural en la Funci�n Judicial, 2023).

6.- Capacitaci�n y formaci�n: Este mecanismo de coordinaci�n y cooperaci�n, busca fortalecer la capacitaci�n y formaci�n de las autoridades de la justicia ind�gena en derechos humanos y derecho constitucional para que puedan aplicar la justicia ind�gena de acuerdo con la Constituci�n. En ese sentido, Herrera (2025), se�ala que, en varias comunidades y nacionalidades ind�genas del Ecuador, nuestros abor�genes desconocen sobre el contenido de la Constituci�n de la Rep�blica, de la Ley, de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y este desconocimiento est� provocando que se est�n cometiendo actos que van en contra de los derechos fundamentales y humanos.

7.- Participaci�n ciudadana: La participaci�n ciudadana como estrategia para mejorar las relaciones funcionales y operativas entre la jurisdicci�n ind�gena y ordinaria, promueve la participaci�n de todos los involucrados en la vigilancia y control de la justicia ind�gena para garantizar que se respeten los derechos y la Constituci�n. En este sentido, el Consejo de Participaci�n Ciudadana y Control Social, deber�a realizar una investigaci�n in situ para escuchar los criterios y opiniones de los operadores de la justicia ordinaria y de la justicia ind�gena, para formular pol�ticas p�blicas, que permitan trasparentar y controlar no solo la actuaci�n y resoluciones de los administradores de justicia ordinaria, sino tambi�n de las autoridades ind�genas.

 

Metodolog�a

La unidad de an�lisis se ubica en la Rep�blica del Ecuador, en la provincia de Chimborazo, espec�ficamente en los cantones, Riobamba, Colta y Guamote. Para ello se aplic� el m�todo inductivo, anal�tico jur�dico, descriptivo jur�dico, porque la investigaci�n parte de un estudio general del principio de supremac�a de la Constituci�n, para luego analizar cada uno de sus caracter�sticas y describir su influencia en la administraci�n de justicia ind�gena; el enfoque es mixto, porque combina informaci�n cualitativa y datos cuantitativos para obtener una comprensi�n m�s completa y profunda del objeto de estudio; por los objetivos y la complejidad, la investigaci�n es pura, dogm�tica, documental, de campo, jur�dica anal�tica y jur�dica descriptiva, porque el estudio de varias teor�as, el an�lisis de la norma, jurisprudencia, costumbres y tradiciones, permite crear y describir nuevas teor�as del objeto de estudio; es de dise�o no experimental, pues observa y analiza al problema jur�dico tal como ocurre en su entorno natural, sin manipular o controlar las variables, esto significa estudiar al principio de supremac�a de la Constituci�n y sus efectos en la administraci�n de justicia ind�gena sin aplicar procedimientos experimentales.

La poblaci�n involucrada est� constituida por autoridades y dirigentes ind�genas con t�tulo de abogado, seleccionados a trav�s del muestreo no probabil�stico dirigido a 20 profesionales del Derecho de los cantones Riobamba, Colta y Guamote, a quienes se les aplic� un cuestionario de siete preguntas modelo Likert; la informaci�n recopilada en los instrumentos de investigaci�n, ha sido procesada utilizando t�cnicas para la cuantificaci�n de la informaci�n; inform�ticas para la obtenci�n de tablas, frecuencias y porcentajes exactos; y, para el an�lisis y discusi�n de resultados, se emple� t�cnicas l�gicas como la inducci�n, el an�lisis y la s�ntesis.�

 

Resultados y Discusi�n

Pregunta 1: �Las autoridades ind�genas tienen autonom�a absoluta para administrar justicia?

 

Tabla 1: Autoridades ind�genas

Nota: Esta tabla permite conocer si las autoridades ind�genas tienen autonom�a absoluta para administrar justicia.

 

Discusi�n de resultados: La Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008), en su Art. 171, se�ala, las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades ind�genas ejercer�n funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su �mbito territorial. Lo que implica se�alar, que quienes est�n facultados para administrar justicia ind�gena, lo pueden aplicar dentro de los territorios comunitarios y ancestrales.

El mismo texto constitucional, establece que las autoridades aplicar�n normas y procedimientos propios para la soluci�n de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constituci�n y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. Esto significa, que los administradores de justicia ind�gena, deben observar que sus pr�cticas, procedimientos y normas, est�n acorde a las disposiciones constitucionales y de derechos humanos.

Finalmente, la Corte Constitucional del Ecuador, en Sentencias, No. 006-2014-SCCN-CC de 11 de septiembre del 2014; No. 113-14-SEP-CC, de 30 de julio del 2014; No. 008-15-SCN-CC, se�ala que la administraci�n de justicia ind�gena tiene jurisdicci�n y competencia para conocer y resolver todo tipo de conflictos internos, excepto los que se relacionan con la vida. En otras palabras, dice Pe�afiel (2016), en los casos que atenten contra la vida de toda persona, la resoluci�n es facultad exclusiva y excluyente del sistema del derecho penal ordinario, aun en los casos en que los presuntos involucrados y los presuntos responsables sean ciudadanos pertenecientes a comunidades, pueblos y nacionalidades ind�genas, as� los hechos ocurran dentro de una comunidad, pueblo o nacionalidad ind�gena.

Bajo estos fundamentos, se puede concluir se�alando que, las autoridades ind�genas NO tienen autonom�a absoluta para administrar justicia, porque sus decisiones deben estar conforme a los que se�ala principalmente la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial, Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional, C�digo Org�nico Integral Penal y la Jurisprudencia de la Corte Constitucional. Por tal raz�n, el 70% de dirigentes y autoridades ind�genas con t�tulo de abogado, encuestados, tienen raz�n al se�alar que, las autoridades ind�genas NO tienen autonom�a absoluta para administrar justicia.

Pregunta 2: �La justicia ind�gena est� subordinada a la Constituci�n?

 

Tabla 2: Subordinaci�n de la justicia ind�gena

Nota: Esta tabla refleja los resultados que permiten determinar si la justicia ind�gena est� subordinada a la Constituci�n

 

Discusi�n de resultados: Seg�n el criterio del 40% de dirigentes y autoridades ind�genas con t�tulo de abogado, la justicia ind�gena SI est� subordinada a la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador porque as� se establece en el Art. 424 de la norma constitucional; mientras que el 40% se�ala que NO, porque la misma Constituci�n, faculta a las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades ind�genas a ejercen funciones jurisdiccionales, con base su derecho propio.

En efecto, el Art. 171 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008), se�ala que, las autoridades ind�genas resolver�n sus conflictos internos con base su derecho propio. Esto significa que los administradores de justicia tienen potestad para resolver un conflicto interno en base a sus costumbres, tradiciones, valores, normas, procedimientos propios; empero, estos elementos no pueden ser contrarios a la Constituci�n y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.

Por otra parte, el Art. 424 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, establece que la Constituci�n es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jur�dico. Las normas y los actos del poder p�blico deber�n mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecer�n de eficacia jur�dica. Por tal raz�n, la justicia ind�gena, sus procedimientos, sus decisiones, deben estar en concordancia con las disposiciones constitucionales, para que tengan legalidad, caso contrario, serian nulas de absoluta, nulidad.

Pregunta 3: �Conoce que es la supremac�a de la Constituci�n?

 

Tabla 3: Supremac�a de la Constituci�n

Nota: Esta tabla permite conocer si los encuestados conocen los que es la supremac�a de la Constituci�n.

 

Discusi�n de resultados: El cien por ciento de los entrevistados refieren conocer sobre la supremac�a constitucional, aquello se establece justamente por su formaci�n profesional de abogados y que en efecto en el Ecuador, sus or�genes se remontan a la Primera Constituci�n del Estado Independiente de Ecuador en 1830, que en su Art. 69 obliga a los funcionarios a prestar juramento de fidelidad a la Constituci�n y a las leyes; en lo posterior en la Constituci�n de 1896, en el Art. 132, se establece que la Constituci�n es la Suprema Ley de la Rep�blica, y cualesquiera leyes secundarias, decretos, reglamentos, �rdenes, disposiciones o tratados p�blicos que estuvieren en contradicci�n, o se apartaren de su texto, no surtir�n efecto alguno. Seg�n Holgu�n, (2003), la f�rmula se repite infaltablemente en las siguientes Cartas constitucionales: en 1906 (art. 6), en 1929 (art. 161), en 1945 (art. 163), en 1946 (art. 193) en 1967 (art. 257), en la Nueva de 1978 (art. 137) y en la actual, de 1998, que refuerza la declara-ci�n de la supremac�a constitucional, en los art�culos 272, 273 Y 274, asegurando, adem�s, los variados mecanismos para hacer efectivo este principio.

Se puede se�alar entonces, que la Supremac�a de la Constituci�n en el Ecuador, nace con la Rep�blica y se ha mantenido a lo largo de la vida republicana de nuestro pa�s. De ah� que la supremac�a de la Constituci�n juega un papel fundamental respecto del efectivo respeto de los derechos y libertades, y supone la preeminencia de �stos frente al poder, en efecto, conforme al Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, la supremac�a obliga a las normas y los actos del poder p�blico ha subordinarse a las disposiciones constitucionales para que sean legales y causen efecto jur�dico.

La Constituci�n ocupa el lugar m�s alto en la pir�mide jer�rquica de las normas jur�dicas, todas las dem�s leyes, reglamentos, decretos y actos de los poderes p�blicos deben estar en conformidad con la Constituci�n, teor�a que seg�n los resultados de la investigaci�n es conocida por el 100% de las autoridades y dirigentes ind�genas con t�tulo de abogados y que se aspira difundan dentro de sus comunas y comunidades, para garantizar el respeto a los derechos fundamentales y humanos, no solo en la aplicaci�n de la justicia ind�gena, sino en toda la estructura, social, pol�tica, cultural y educativa.

Pregunta 4: �Conoce si existe un control de constitucionalidad de las resoluciones que se emiten dentro de la justicia indigna?

 

Tabla 4: Mecanismos Legales

Nota: Esta tabla permite determinar si existe un control de constitucionalidad de las resoluciones que se emiten dentro de la justicia indigna.

 

Discusi�n de resultados: Conforme a la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008), el control de constitucionalidad de las resoluciones o decisiones de la justicia ind�gena, es una facultad de la Corte Constitucional, este control se realiza para verificar que las decisiones de la justicia ind�gena est�n de acuerdo con la Constituci�n. Empero, al ejercer las autoridades ind�genas funciones jurisdiccionales, para administrar justicia dentro de su �mbito territorial, corresponde a ellos tambi�n realizar el control de constitucionalidad de las resoluciones emitidas en la administraci�n de justicia consuetudinaria.

Conforme a los resultados de la investigaci�n el 25% de directivos y autoridades indignas con t�tulo de abogados, se�alan que NO conocen si existe un control de constitucionalidad de las resoluciones que se emiten dentro de la justicia ind�gena, porque en varias comunidades, no permiten que las autoridades de la justicia ordinaria o de la Corte Constitucional ingresen u opinen dentro del proceso consuetudinario. En cambio, el 75% de los encuestados se�alan que, SI existe un control de constitucionalidad de las resoluciones que se emiten dentro de la justicia indigna, si bien es cierto no en territorio, empero con las resoluciones que se han emitido los jueces de primera y segunda instancia y las sentencias de las acciones extraordinarias emitidas por los Jueces de la Corte Constitucional, en las cuales, se ha verificado la violaci�n o no de derechos fundamentales, humanos o las garant�as b�sicas del debido proceso.

Pregunta 5: �Conoce si existe un control de convencionalidad de las resoluciones que se emiten dentro de la justicia indigna?

 

Tabla 5: Control de convencionalidad

Nota: Esta tabla permite determinar si existe un control de convencionalidad de las resoluciones que se emiten dentro de la justicia indigna.

 

Discusi�n de resultados: El control de convencionalidad, es un mecanismo que permite verificar la compatibilidad de las normas y actos jur�dicos internos con los tratados internacionales de derechos humanos. En el caso de la justicia ind�gena, implica analizar si sus resoluciones respetan los derechos consagrados en la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados aplicables.

El control de convencionalidad contribuye a fortalecer el Estado de derecho y la protecci�n de los derechos humanos en el contexto del pluralismo jur�dico; promueve el di�logo intercultural, el respeto a la diversidad cultural y jur�dica; y, garantiza que las decisiones de la justicia ind�gena sean compatibles con los est�ndares internacionales de derechos humanos, evitando posibles violaciones. En este sentido, se puede se�alar que el control de convencionalidad a las resoluciones que se emiten dentro de la justicia indigna el corresponde principalmente a la Corte Constitucional, sin embargo, no le exime de responsabilidad a los jueces, organismos de la justicia ordinaria y autoridades de la justicia ind�gena.

Conforme a los resultados se evidencia que el 75% de los directivos y autoridades ind�genas con t�tulo de abogado, desconocen si existe un control de convencionalidad de las resoluciones que se emiten dentro de la justicia indigna. Esto implica, hacer un llamado a la escuela judicial y a las autoridades ind�genas, para que elaboren un plan de capacitaci�n sobre el control de constitucionalidad y convencionalidad de las decisiones de la justicia ind�gena, para que mencionadas resoluciones sean compatibles con las disposiciones constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos.

Pregunta 6: �En el sistema de justicia ind�gena, proceden las garant�as jurisdiccionales establecidas en la Constituci�n?

 

Tabla 6: Sistema de justicia ind�gena

Nota: Esta tabla permite saber si el sistema de justicia ind�gena, proceden las garant�as jurisdiccionales establecidas en la constituci�n.

 

Discusi�n de resultados: Las garant�as jurisdiccionales son mecanismos legales que buscan proteger los derechos de las personas frente a posibles vulneraciones, estas garant�as juegan un papel fundamental en la protecci�n de los derechos constitucionales, Seg�n el Art. 87 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008), las garant�as jurisdiccionales y las medidas cautelares tienen como objeto de evitar o hacer cesar la violaci�n o amenaza de violaci�n de un derecho.

En concordancia a la disposici�n constitucional citada, el Art. 6 de la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional, las garant�as jurisdiccionales tienen como finalidad la protecci�n eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constituci�n y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. En este sentido, y siendo que, los derechos humanos, son universales y a la vez intr�nsecos, todas las personas somos titulares de aquellos, por lo que, en el sistema de justicia ind�gena, las garant�as jurisdiccionales establecidas en la Constituci�n no pueden ser una excepci�n.

Bajo estos fundamentos, el 100% de las autoridades y dirigentes ind�genas con t�tulo de abogado, tienen raz�n al se�alar que en el sistema de justicia ind�gena proceden las garant�as jurisdiccionales establecidas en la Constituci�n.

Pregunta 7: �Propondr�a alg�n cambio en la Constituci�n que permita garantizar el ejercicio de la justicia ind�gena en el Ecuador?

 

Tabla 7: Reformas a la Constituci�n

Nota: En esta tabla permite observar si se requiere realizar alg�n cambio en la Constituci�n que permita garantizar el ejercicio de la justicia ind�gena en el Ecuador.

 

Discusi�n de resultados: En la presidencia del Crnl. Lucio Guti�rrez Borb�a, se propuso elaborar un manual que regule la aplicaci�n de la justicia ind�gena, empero, por la multiplicidad de costumbres que existente entre comunidades, pueblos y nacionalidades, la tarea no fue f�cil y todo qued� en letra muerte. Actualmente varios organismos ind�genas como la Federaci�n Nacional de Organizaciones Campesinas, Ind�genas y Negras FENOCIN, pueblos ind�genas como los Saraguros y Salasacas, han creado reglamentos para regular la justicia ind�gena, sin embargo, esto solo procede en el �mbito de las competencias de cada comunidad, pueblo y nacionalidad, no existe un reglamento general y aprobado por la Asamblea Nacional.

El art�culo 100 de la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional (2009), el Presidenta o Presidente de la Rep�blica, la ciudadan�a y la Asamblea Nacional, tienen facultad de presentar proyectos de enmienda o reforma constitucional ante la Corte Constitucional, para lo cual, se deber� anexar un escrito en el que se sugiera el procedimiento a seguir, y las razones de derecho que justifican esta opci�n. En otras palabras, las autoridades ind�genas o cualquier aborigen, podr�a proponer enmienda o reforma constitucional que permita garantizar el ejercicio de la justicia ind�gena en el Ecuador.

En efecto, el 16 de diciembre de 2020 ingres� a la sede de la Corte Constitucional en la ciudad de Guayaquil una solicitud presentada por el se�or Manuel de Jes�s Pe�afiel Falcon�, presidente de la organizaci�n �Corte de Justicia Ind�gena Iberoamericana�, la cual abarca dos temas: (i) garantizar a trav�s de �pol�ticas p�blicas� el respeto a las decisiones de justicia ind�gena por las instituciones y autoridades p�blicas; y ii) el establecimiento de sanciones a los funcionarios que desconozcan las decisiones de la justicia ind�gena.

Lo citado y las respuestas dadas por los entrevistados (80%), denota justamente que la justicia ind�gena como forma para resolver los conflictos internos dentro del territorio comunitarios y ancestrales, es un tema muy complejo de tratar.

 

Conclusiones

La justicia ind�gena es un sistema jur�dico subordinado a las disposiciones constitucionales y resoluciones internacionales en derechos humanos. Es decir, para que las decisiones que se tomen dentro de la administraci�n de justicia ind�gena provoquen eficacia jur�dica, estas deben guardar conformidad con aquellas, por tanto, si bien las autoridades ind�genas gozan de autonom�a al administrar justicia, esta autonom�a no es absoluta, pues deber� estar enmarcada en preceptos constitucionales y tratados internacionales vigentes en el Ecuador.

El principio de supremac�a constitucional es un elemento fundamental para garantizar la aplicaci�n de la justicia ind�gena y el respeto a los derechos fundamentales y humanos, pilar fundamental del Estado constitucional de derechos y justicia. En efecto, a trav�s de diversos mecanismos y acciones legales, se busca fortalecer la interculturalidad en el sistema jur�dico ecuatoriano y garantizar el respeto de los derechos de los pueblos ind�genas observando la supremac�a de la Constituci�n; sin embargo, en la pr�ctica, dentro de la administraci�n de justicia ind�gena, el principio de supremac�a constitucional se ve limitado, por lo que se puede se�alar que las autoridades ind�genas no est�n realizando un debido control de constitucionalidad y convencionalidad al momento de emitir las resoluciones y decisiones consuetudinarias, lo que produce conflictos entre la justicia ind�gena y ordinaria.

 

 

Referencias

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      3.            Ecuador. Constituci�n Pol�tica. 1998. https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/0061.pdf

      4.            Ecuador. Constituci�n de la Republica. 2008. https://www.lexis.com.ec/biblioteca/constitucion-republica-ecuador

      5.            Ecuador. C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial. 2009. https://www.oas.org/ext/Portals/33/Files/Member-States/Ecu_intro_text_esp_3.pdf

      6.            Ecuador. Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional. 2009. https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_org2.pdf

      7.            Ecuador. C�digo Org�nico Integral Penal. 2014. https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/03/COIP_act_feb-2021.pdf

      8.            Entrevista. Herrera Acosta, C. (5 de febrero de 2025). Justicia ind�gena. Riobamba, Ecuador.

      9.            Entrevista. Bu�ay, L. (7 de febrero de 2025). Justicia ind�gena. Alaus�, Ecuador.

  10.            Entrevista. Mullo, L. (10 de febrero de 2025). Justicia ind�gena. Riobamba, Ecuador.

  11.            Ecuador. Funci�n Judicial. (2023). Protocolo para la aplicaci�n del di�logo intercultural en la Funci�n Judicial. https://www.funcionjudicial.gob.ec/resources/pdf/resoluciones/2023/053-2023.pdf

  12.            Ecuador. Corte Constitucional. (2020). Dictamen No. 6-20-RC/21. CASO No. 6-20-RC. https://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOic1MDEwNGQ0ZS02Y2U4LTQwZjktYmMyYS0xNDMyYTA3MDUzODIucGRmJ30=

  13.            Fundaci�n Regional de Asesor�a en Derechos Humanos, (INREDH, 2024). La �justicia por mano propia� no es justicia. https://inredh.org/la-justicia-por-mano-propia-no-es-justicia/

  14.            Jara Cazares, F. C. (2016). La mujer en el ejercicio de la justicia ind�gena. Experiencias de las mujeres kichwa Saraguro-Loja (Master's thesis, Universidad Andina Sim�n Bol�var, Sede Ecuador). https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/5036/1/T1994-MEC-Jara-La%20mujer.pdf

  15.            Holgu�n, J. L. (2003). Supremac�a de la Constituci�n y tratados internacionales. Foro: revista de derecho, (1), 239-247.

  16.            Magallanes Ali, D. M., & Chipana Mendoza, G. J. (2022). Usos de la ortiga (Urtica L.) en la comunidad Contorno Arriba, municipio de Viacha. Revista Estudiantil Agro-Vet, 6, 36.

  17.            National Geographic. (2023). Ba�arse con agua fr�a ofrece beneficios para la salud �mito o realidad? https://www.nationalgeographicla.com/ciencia/2023/11/banarse-con-agua-fria-ofrece-beneficios-para-la-salud-mito-o-realidad

  18.            Organizaci�n de las Naciones Unidas. (ONU, 1998). Convenio 169 de la Organizaci�n Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Ind�genas y Tribales. file:///C:/Users/SYSTEMarket/Downloads/wcms_345065%20(1).pdf

  19.            Vintimilla, Jaime. (2012). Justicia comunitaria en los Andes de Per� y Ecuador, Ley Org�nica de cooperaci�n y coordinaci�n entre la justicia ind�gena y la jurisdicci�n ordinaria ecuatoriana �Un mandato Constitucional necesario o una norma que limita a la justicia ind�gena? file:///D:/LEXTN-v6-Vintimilla-150609-PUBCOM.pdf.

  20.            Vintimilla, Jaime. (2012). Justicia comunitaria en los Andes de Per� y Ecuador, Ley Org�nica de cooperaci�n y coordinaci�n entre la justicia ind�gena y la jurisdicci�n ordinaria ecuatoriana �Un mandato Constitucional necesario o una norma que limita a la justicia ind�gena? file:///D:/LEXTN-v6-Vintimilla-150609-PUBCOM.pdf.

 

 

 

 

 

 

 

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