����������������������������������������������������������������������������������

 

 

Las medidas cautelares personales como garant�a de comparecencia durante la tramitaci�n del recurso de apelaci�n en el proceso penal ecuatoriano

 

Personal precautionary measures as a guarantee of appearance during the processing of appeals in Ecuadorian criminal proceedings

 

Medidas cautelares pessoais como garantia de comparecimento durante o processamento de recursos em processos penais equatorianos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: dianafer2012@hotmail.com

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 26 de abril de 2025 *Aceptado: 18 de mayo de 2025 * Publicado: �25 de junio de 2025

 

        I.            Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Pichincha, Ecuador.

 

Resumen

El presente art�culo examina el papel que desempe�an las medidas cautelares personales en el proceso penal ecuatoriano como mecanismos esenciales para garantizar la comparecencia del procesado durante la tramitaci�n del recurso de apelaci�n. En particular, se analiza el impacto del efecto no suspensivo del recurso de apelaci�n previsto en el C�digo Org�nico Integral Penal (COIP) y c�mo este interact�a con medidas como la prisi�n preventiva, la presentaci�n peri�dica, el grillete electr�nico o la prohibici�n de salida del pa�s. El estudio pone en evidencia los desaf�os que surgen al equilibrar la eficacia del proceso penal con la protecci�n de derechos fundamentales, como la libertad personal y la presunci�n de inocencia. Asimismo, se contrasta el marco legal ecuatoriano con est�ndares internacionales de derechos humanos y jurisprudencia relevante. Finalmente, se concluye que la revisi�n peri�dica y proporcional de las medidas cautelares resulta indispensable para evitar detenciones arbitrarias y garantizar un debido proceso efectivo.

Palabras clave: apelaci�n penal; medidas cautelares; prisi�n preventiva; debido proceso; comparecencia procesal.

 

Abstract

This article examines the role played by personal precautionary measures in Ecuadorian criminal proceedings as essential mechanisms for ensuring the defendant's appearance during the processing of appeals. In particular, it analyzes the impact of the non-suspensive effect of the appeal provided for in the Comprehensive Organic Criminal Code (COIP) and how it interacts with measures such as pretrial detention, periodic presentation, electronic shackles, and travel bans. The study highlights the challenges that arise when balancing the effectiveness of criminal proceedings with the protection of fundamental rights, such as personal liberty and the presumption of innocence. It also compares the Ecuadorian legal framework with international human rights standards and relevant jurisprudence. Finally, it concludes that the periodic and proportional review of precautionary measures is essential to avoid arbitrary detentions and guarantee effective due process.

Keywords: criminal appeal; precautionary measures; pretrial detention; due process; procedural appearance.

 

 

Resumo

Este artigo examina o papel desempenhado pelas medidas cautelares pessoais no processo penal equatoriano como mecanismos essenciais para garantir o comparecimento do r�u durante o processamento de recursos. Em particular, analisa o impacto do efeito n�o suspensivo do recurso previsto no C�digo Penal Org�nico Integral (COIP) e como ele interage com medidas como pris�o preventiva, apresenta��o peri�dica, algemas eletr�nicas e proibi��es de viagem. O estudo destaca os desafios que surgem ao equilibrar a efic�cia do processo penal com a prote��o de direitos fundamentais, como a liberdade pessoal e a presun��o de inoc�ncia. Tamb�m compara o arcabou�o jur�dico equatoriano com os padr�es internacionais de direitos humanos e a jurisprud�ncia pertinente. Por fim, conclui que a revis�o peri�dica e proporcional das medidas cautelares � essencial para evitar deten��es arbitr�rias e garantir a efetividade do devido processo legal.

Palavras-chave: recurso criminal; medidas cautelares; pris�o preventiva; devido processo legal; comparecimento processual.

 

Introducci�n

Seg�n lo descrito por la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008) en su art�culo 76 y de acuerdo a la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el proceso penal, en tanto manifestaci�n del ius puniendi del Estado, exige un equilibrio delicado entre los fines de persecuci�n penal y la garant�a de los derechos fundamentales de las personas procesadas. En este marco, el recurso de apelaci�n constituye una de las principales herramientas del sistema acusatorio para salvaguardar el principio de doble conforme, asegurar el debido proceso, y permitir la revisi�n de las decisiones judiciales por un �rgano jer�rquicamente superior (CIDH, 1987).

El derecho a recurrir una sentencia penal ante un juez o tribunal superior se encuentra reconocido en diversos instrumentos internacionales, tales como el art�culo 8.2 literal h de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos y el art�culo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos. Estos instrumentos consagran la necesidad de garantizar que toda persona condenada por un delito tenga derecho a que el fallo sea examinado por una jurisdicci�n superior, como parte integral del derecho a la defensa y a un juicio justo (CIDH, 2007).

En el Ecuador, el C�digo Org�nico Integral Penal (COIP) regula el recurso de apelaci�n dentro del proceso penal, estableciendo que tanto las sentencias como los autos que causen gravamen irreparable son susceptibles de ser impugnados por esta v�a (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014, art. 653). Sin embargo, una de las caracter�sticas m�s significativas del r�gimen procesal penal ecuatoriano es que la apelaci�n no tiene efecto suspensivo, es decir, no impide que la resoluci�n impugnada contin�e ejecut�ndose mientras se resuelve el recurso. Esta situaci�n genera un impacto directo en los derechos del procesado, especialmente en lo concerniente a su libertad personal, la ejecuci�n provisional de sentencias condenatorias y la continuidad de las medidas cautelares impuestas.

En Ecuador, las medidas cautelares personales son aquellas actuaciones o restricciones que se adoptan durante un proceso penal con el fin de garantizar la efectividad de la investigaci�n y el procedimiento, proteger derechos de las partes, y prevenir riesgos como la fuga, la destrucci�n de evidencia, o la comisi�n de nuevos delitos. Estas medidas incluyen, entre otras, la prisi�n preventiva, arresto domiciliario, arresto en multas, firma peri�dica, prohibiciones de salida del pa�s, y la colocaci�n de medios de contacto o monitoreo (Vivanco, 2020).

Las medidas cautelares personales, tales como; prisi�n preventiva, presentaci�n peri�dica, prohibici�n de salida del pa�s, uso de dispositivos electr�nicos, entre otras, no tienen car�cter sancionador, sino que constituyen mecanismos de naturaleza instrumental cuyo objetivo principal es asegurar la comparecencia del procesado, evitar la obstrucci�n de la justicia, proteger a la v�ctima o a la sociedad, y garantizar la ejecuci�n de una eventual sentencia condenatoria (COIP, art. 534). Su imposici�n debe responder a criterios estrictos de legalidad, necesidad y proporcionalidad, siendo siempre excepcional la aplicaci�n de medidas privativas de libertad (CIDH, 2013; Ferrajoli, 2001).

El hecho de que el recurso de apelaci�n no suspenda los efectos de la resoluci�n apelada crea una tensi�n estructural entre la eficacia del proceso penal y el respeto al principio de presunci�n de inocencia. Por ejemplo, un ciudadano que ha sido condenado en primera instancia a una pena privativa de libertad puede ver ejecutada dicha sentencia incluso antes de que la segunda instancia confirme la legalidad y validez del fallo. De igual forma, para el Consejo de la Judicatura (CNJ) las medidas cautelares impuestas, especialmente la prisi�n preventiva, se mantienen vigentes durante la sustanciaci�n del recurso, lo cual puede derivar en una afectaci�n desproporcionada a los derechos fundamentales si no se ejerce un control jurisdiccional estricto sobre su aplicaci�n y revisi�n peri�dica (CNJ, 2016).

Desde una perspectiva garantista, seg�n la Organizaci�n de Naciones Unidas (ONU) y la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos, este escenario exige una reflexi�n cr�tica sobre la funci�n de las medidas cautelares en la etapa de impugnaci�n, y sobre los l�mites de la potestad punitiva del Estado mientras no existe una sentencia firme. La prisi�n preventiva y otras medidas restrictivas no pueden convertirse en una forma anticipada de cumplimiento de pena, ni tampoco pueden sostenerse indefinidamente bajo el simple argumento de garantizar la comparecencia del procesado, sin una debida fundamentaci�n judicial (CIDH, 2013; ONU, 2007).

Por tanto, el presente art�culo se propone analizar el papel de las medidas cautelares personales como instrumentos para garantizar la comparecencia del procesado durante la tramitaci�n del recurso de apelaci�n en materia penal, evaluando su legalidad, proporcionalidad y justificaci�n dentro del sistema penal ecuatoriano. Asimismo, se busca contrastar el r�gimen normativo nacional con los est�ndares interamericanos e internacionales en materia de derechos humanos, identificando buenas pr�cticas, vac�os normativos y propuestas de reforma que contribuyan al fortalecimiento del principio de legalidad penal y del derecho al recurso.

 

Material y M�todo

Para la elaboraci�n de este estudio se utiliz� un enfoque cualitativo, con un dise�o de investigaci�n documental y an�lisis normativo. La metodolog�a consisti� en la recopilaci�n y revisi�n exhaustiva de fuentes secundarias, incluyendo la legislaci�n vigente en materia penal en Ecuador, espec�ficamente el COIP, as� como documentos legales complementarios y jurisprudencia relevante emitida por tribunales nacionales e internacionales. El an�lisis se centr� en las medidas cautelares personales aplicadas durante el proceso penal, con especial �nfasis en aquellas relacionadas con la garant�a de comparecencia del procesado durante la tramitaci�n del recurso de apelaci�n. Se estudiaron mecanismos como la prisi�n preventiva, la presentaci�n peri�dica, el uso de dispositivos electr�nicos de control (grillete electr�nico) y la prohibici�n de salida del pa�s.

Adem�s, se realiz� una comparaci�n cr�tica entre el marco jur�dico ecuatoriano y los est�ndares internacionales en materia de derechos humanos, principalmente aquellos relacionados con la libertad personal y la presunci�n de inocencia. Para ello, se revisaron tratados internacionales ratificados por Ecuador y criterios jurisprudenciales de �rganos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, el estudio incluy� un an�lisis cr�tico sobre los desaf�os que enfrentan las autoridades judiciales al aplicar medidas cautelares personales en el contexto del efecto no suspensivo del recurso de apelaci�n, evaluando la proporcionalidad y periodicidad de estas medidas para asegurar el respeto a los derechos fundamentales y la eficacia del proceso penal.

 

Resultados

Fundamento normativo del recurso de apelaci�n y medidas cautelares: una mirada desde Ecuador

El recurso de apelaci�n es una garant�a procesal que permite a las partes solicitar la revisi�n de una resoluci�n judicial ante un tribunal superior, con el fin de verificar la legalidad, motivaci�n y razonabilidad de las decisiones adoptadas por los jueces de primera instancia. En el ordenamiento jur�dico ecuatoriano, su fundamento se encuentra tanto en la Constituci�n de la Rep�blica como en el C�digo Org�nico Integral Penal, configur�ndose como parte esencial del derecho a la defensa y al debido proceso. El recurso de apelaci�n, en el contexto del proceso penal ecuatoriano, constituye uno de los pilares del derecho a la defensa t�cnica y material. Su consagraci�n como mecanismo de revisi�n judicial se encuentra garantizada en varios niveles normativos: la Constituci�n, el COIP y los tratados internacionales suscritos por el Ecuador.

El art�culo 76 numeral 7 literal m de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador establece que todas las personas tienen derecho a recurrir el fallo o resoluci�n en todos los procedimientos en los que se decidan sus derechos. Esta disposici�n se alinea con los est�ndares internacionales, como el art�culo 8.2.h de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que reconoce el derecho a que toda persona condenada por un tribunal tenga derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior, y el art�culo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos (PIDCP).

En desarrollo de este mandato constitucional, el COIP dedica un cap�tulo espec�fico al recurso de apelaci�n. El COIP establece que procede la apelaci�n contra sentencias y autos que causen gravamen irreparable, permitiendo a las partes; acusaci�n o defensa, impugnar resoluciones de fondo o interlocutorias que incidan sustancialmente en sus derechos. A su vez, el art�culo 654 del mismo cuerpo legal regula el procedimiento de interposici�n, se�alando que el recurso debe presentarse por escrito dentro del plazo de tres d�as, y ser� sustanciado ante la Sala Penal de la Corte Provincial correspondiente. Es importante subrayar que la tramitaci�n del recurso de apelaci�n, conforme al art�culo 656 del COIP, se desarrolla en audiencia oral, p�blica y contradictoria, lo cual constituye una garant�a adicional de transparencia, inmediaci�n y publicidad del proceso. Esta oralidad tiene el prop�sito de reforzar los principios del sistema acusatorio, permitiendo a las partes exponer sus argumentos ante el tribunal ad quem y facilitando una valoraci�n m�s completa por parte del juzgador.

Uno de los aspectos m�s relevantes del r�gimen jur�dico ecuatoriano es que la apelaci�n no tiene efecto suspensivo, salvo disposici�n expresa en contrario. Esta caracter�stica ha sido interpretada por la jurisprudencia nacional como una forma de garantizar la eficacia de las resoluciones judiciales y evitar dilaciones indebidas en el proceso (CNJ, 2016). Sin embargo, su aplicaci�n pr�ctica ha generado controversias, especialmente cuando se trata de sentencias condenatorias de primera instancia que disponen medidas privativas de libertad mientras se resuelve el recurso. Esto plantea un conflicto evidente con el principio de presunci�n de inocencia, consagrado en el art�culo 76 numeral 2 de la Constituci�n, as� como en el corpus iuris internacional (CIDH, 2013).

Desde una perspectiva garantista, diversos autores han cuestionado la falta de efecto suspensivo autom�tico en la apelaci�n penal, argumentando que permite que se ejecuten resoluciones no firmes y, por tanto, potencialmente err�neas o inconstitucionales (Ferrajoli, 2001). Por otro lado, sectores que defienden esta caracter�stica procesal alegan que su objetivo es evitar el entorpecimiento de los procesos penales y garantizar la comparecencia del procesado en fases posteriores, especialmente cuando se ha dictado una sentencia de condena.

La pr�ctica forense demuestra que, en muchos casos, los jueces ratifican o incluso refuerzan las medidas cautelares personales al momento de dictar sentencia condenatoria, justificando tal decisi�n en el riesgo de fuga del condenado. Esto revela un uso instrumental del recurso de apelaci�n, donde la ejecuci�n provisional de la pena o de las medidas restrictivas es utilizada como herramienta para garantizar la presencia del acusado, sin que exista una valoraci�n espec�fica sobre su proporcionalidad. Por ello, es necesario promover reformas o interpretaciones jurisprudenciales que, sin afectar la eficacia procesal, garanticen una revisi�n efectiva de las decisiones judiciales sin comprometer injustificadamente los derechos fundamentales. Tal como ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, el recurso de apelaci�n debe ser �accesible, efectivo, y ofrecer garant�as de integralidad� (CIDH, 2004).

Medidas cautelares personales: fundamento y funci�n

Las medidas cautelares personales, dentro del proceso penal ecuatoriano, constituyen instrumentos jur�dicos de naturaleza instrumental cuyo objetivo esencial es asegurar el desarrollo eficaz del proceso penal sin menoscabar, de forma innecesaria o desproporcionada, los derechos fundamentales de la persona imputada. Su imposici�n debe responder a principios de legalidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad, conforme lo establece el bloque de constitucionalidad ecuatoriano y los est�ndares internacionales en materia de derechos humanos.

La Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador establece que toda persona goza de libertad personal y solo podr� ser privada de ella en los casos y bajo las formas determinadas por la ley, con sujeci�n a control judicial (art. 66, n�m. 14). A su vez, el art�culo 77, numeral 1, dispone que �la prisi�n preventiva solo podr� adoptarse cuando las dem�s medidas cautelares resulten insuficientes para asegurar la comparecencia de la persona procesada al juicio�. El C�digo Org�nico Integral Penal, en sus art�culos 522 y 534, desarrolla esta disposici�n constitucional. Define a las medidas cautelares personales como mecanismos que, sin constituir una sanci�n, buscan garantizar: a) la comparecencia del procesado ante la autoridad judicial, b) la ejecuci�n de la sentencia, y c) la protecci�n de la v�ctima, testigos o de la sociedad.

El cat�logo legal de medidas cautelares incluye una gradaci�n que va desde las menos restrictivas (presentaci�n peri�dica, prohibici�n de salida del pa�s, fianza), hasta las m�s severas, como el arresto domiciliario o la prisi�n preventiva. El legislador estableci� que la prisi�n preventiva debe ser excepcional y solo aplicable cuando las otras medidas resulten insuficientes para cumplir con los fines del proceso penal (COIP, art. 534).

La funci�n primordial de las medidas cautelares personales es garantizar la comparecencia del imputado a lo largo del proceso penal, incluso durante la fase de impugnaci�n mediante apelaci�n. Esto es fundamental en un sistema como el ecuatoriano, donde la apelaci�n no tiene efecto suspensivo, lo que implica que la ejecuci�n provisional de las decisiones judiciales (incluidas las sentencias condenatorias de primera instancia) puede tener lugar antes de que exista una resoluci�n definitiva (CNJ, 2016). En este contexto, el riesgo de fuga, la obstaculizaci�n de la justicia o la afectaci�n a la integridad de la v�ctima o de la sociedad, justifican la aplicaci�n de medidas cautelares que permitan mantener al procesado a disposici�n del sistema judicial. No obstante, esta imposici�n no debe fundarse en la presunci�n autom�tica de peligrosidad ni en criterios subjetivos, sino en la exposici�n razonada de hechos y evidencias que permitan inferir el peligro procesal (Ferrajoli, 2001).

Uno de los elementos centrales de la legitimidad de las medidas cautelares es la motivaci�n judicial. El juez o tribunal debe fundar su decisi�n en hechos verificables y en una evaluaci�n concreta de los riesgos procesales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado en m�ltiples fallos que la privaci�n de libertad con car�cter cautelar debe ser la excepci�n y no la regla, recordando que no puede transformarse en una pena anticipada (CIDH, 2013). En el mismo sentido, la Observaci�n General No. 35 del Comit� de Derechos Humanos de las Naciones Unidas establece que las medidas cautelares deben estar sujetas a revisi�n peri�dica y deben cesar de inmediato si dejan de existir los motivos que las justifican (ONU, 2014).

La prisi�n preventiva, como medida cautelar m�s gravosa, s�lo debe utilizarse cuando no sea posible alcanzar los fines del proceso con otra medida menos restrictiva. En el Ecuador, su aplicaci�n ha sido ampliamente cuestionada por diversos sectores acad�micos y organismos internacionales debido a su uso excesivo y a la falta de una cultura de fundamentaci�n judicial rigurosa (P�rez, 2021). Es importante subrayar que la existencia de una sentencia condenatoria de primera instancia no convierte al imputado autom�ticamente en condenado para efectos constitucionales. Mientras no exista sentencia ejecutoriada, se mantiene la presunci�n de inocencia seg�n el art. 76.2, por lo cual la prisi�n preventiva debe seguir evalu�ndose como medida excepcional y sujeta a estricta justificaci�n.

Medidas cautelares como mecanismo de garant�a durante la apelaci�n

El recurso de apelaci�n en el proceso penal no solo representa una v�a para revisar y corregir errores judiciales, sino tambi�n una fase procesal que implica riesgos particulares para la comparecencia del procesado. En este contexto, las medidas cautelares personales cumplen una funci�n estrat�gica al garantizar que el imputado se mantenga a disposici�n del sistema de justicia, especialmente cuando ha sido objeto de una sentencia condenatoria no firme. Este equilibrio entre eficacia procesal y derechos fundamentales es uno de los desaf�os m�s complejos del proceso penal garantista en el Ecuador.

La apelaci�n como etapa cr�tica en t�rminos de riesgo procesal

Durante la tramitaci�n del recurso de apelaci�n, el procesado se encuentra en una situaci�n jur�dica ambigua: ha sido condenado por un tribunal de primera instancia, pero a�n no existe una sentencia ejecutoriada. Esta dualidad genera un aumento del riesgo de fuga o incomparecencia, pues el imputado tiene ahora una mayor motivaci�n para evadir la justicia, especialmente cuando la sentencia dictada conlleva una pena privativa de libertad considerable. El C�digo Org�nico Integral Penal, en concordancia con la estructura del sistema acusatorio, no otorga efecto suspensivo al recurso de apelaci�n (COIP 2013, art. 653) Esta situaci�n habilita a los tribunales de primera instancia a dictar o mantener medidas cautelares personales inmediatamente despu�s de dictada la sentencia, aun cuando esta pueda ser eventualmente revocada o modificada por el tribunal de alzada.

Desde una perspectiva procesal, esto significa que el nivel de riesgo procesal se redefine tras una sentencia condenatoria. El procesado puede asumir una conducta de evasi�n al considerar inminente el cumplimiento de una pena, especialmente si la expectativa de �xito del recurso es baja. De ah� que, en muchos casos, los jueces consideren necesario ratificar o incluso agravar las medidas cautelares, a fin de garantizar la ejecuci�n procesal de la sentencia apelada (CNJ, 2016).

Fundamento de las medidas cautelares en la etapa de apelaci�n

Las medidas cautelares personales no tienen naturaleza sancionatoria, sino instrumental y preventiva. Su finalidad es asegurar:

a.       la presencia del procesado en las etapas sucesivas del juicio,

b.      la ejecuci�n de una eventual sentencia condenatoria,

c.       la protecci�n de la v�ctima o de la comunidad.

Esta naturaleza ha sido reconocida tanto por la doctrina garantista como por �rganos internacionales de protecci�n de derechos humanos (Ferrajoli, 2001; CIDH, 2013). Por lo tanto, cualquier aplicaci�n de estas medidas debe sustentarse en elementos objetivos que justifiquen su necesidad y proporcionalidad, incluso despu�s de dictada una sentencia de primera instancia. La jurisprudencia ecuatoriana ha validado la continuidad de medidas cautelares durante la apelaci�n, argumentando que la existencia de una condena agrava el riesgo procesal (CNJ, 2016). Sin embargo, dentro del art. 76.2, este argumento no puede utilizarse de forma autom�tica o generalizada, ya que el procesado contin�a siendo jur�dicamente inocente mientras no exista sentencia ejecutoriada (Asamblea Nacional, 2008,).

Est�ndares internacionales aplicables a medidas cautelares en apelaci�n

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha se�alado que la prisi�n preventiva y otras medidas restrictivas deben cumplir criterios estrictos de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y no deben prolongarse indebidamente en el tiempo. En el caso Nor�n Catrim�n y otros vs. Chile, la Corte fue clara en indicar que la existencia de una condena de primera instancia no justifica per se la privaci�n de libertad, pues la persona sigue siendo inocente hasta que exista una condena firme (CIDH, 2013). Asimismo, el Comit� de Derechos Humanos de la ONU, en su Observaci�n General No. 35, estableci� que la detenci�n previa a la sentencia firme debe estar sujeta a revisi�n judicial peri�dica y basada en hechos concretos que evidencien un riesgo real, como la fuga, la reiteraci�n delictiva o la obstrucci�n del proceso (ONU, 2014). De esta manera, tanto la doctrina como la jurisprudencia internacional coinciden en que el uso de medidas cautelares en apelaci�n no puede asumirse como una extensi�n autom�tica de la condena, sino que debe ser evaluado caso por caso con base en una motivaci�n judicial suficiente, controlada y sujeta a revisi�n constante.

Pr�ctica judicial en el Ecuador: riesgo de automatismo y sanci�n anticipada

En la pr�ctica forense ecuatoriana, es com�n que, tras la emisi�n de una sentencia condenatoria, se ratifiquen medidas como la prisi�n preventiva sin una justificaci�n espec�fica que se adapte al nuevo escenario procesal. Este comportamiento judicial ha sido criticado por diversos sectores acad�micos, al considerar que vulnera los principios de necesidad y excepcionalidad, y configura una especie de �pena anticipada� incompatible con la presunci�n de inocencia (P�rez, 2021). Adem�s, existen casos documentados en los que los tribunales de segunda instancia han tardado varios meses en resolver recursos de apelaci�n, durante los cuales el procesado permanece privado de libertad sin sentencia firme. Esta situaci�n no solo pone en entredicho el principio de razonabilidad del plazo judicial, sino que tambi�n revela una debilidad institucional en la revisi�n oportuna de las medidas cautelares impuestas en apelaci�n. En este contexto, la falta de regulaci�n detallada en el COIP sobre el control espec�fico de medidas cautelares durante la apelaci�n es una laguna normativa que merece atenci�n legislativa y jurisprudencial.

Propuesta de soluci�n: control reforzado y revisi�n peri�dica

Para evitar que las medidas cautelares se conviertan en mecanismos autom�ticos de aseguramiento tras la condena en primera instancia, se recomienda implementar un sistema de control reforzado que incluya la fundamentaci�n individualizada por parte del juez sobre la necesidad de mantener o imponer dichas medidas, garantizar al procesado el derecho a solicitar revisiones peri�dicas ante el tribunal de apelaci�n, aplicar est�ndares internacionales de proporcionalidad evitando que la prisi�n preventiva sea la regla general, y establecer un plazo m�ximo de duraci�n de las medidas durante la apelaci�n, permitiendo solo pr�rrogas motivadas por riesgos excepcionales, con lo cual se fortalecer�a la legitimidad del sistema penal y se asegurar�a que las medidas cautelares cumplan su funci�n sin transformarse en sanciones encubiertas.

Efecto no suspensivo del recurso de apelaci�n y su impacto en las medidas cautelares

Una de las caracter�sticas m�s discutidas del r�gimen jur�dico del recurso de apelaci�n en materia penal en el Ecuador es su falta de efecto suspensivo, es decir, que la interposici�n del recurso no impide la ejecuci�n inmediata de la sentencia o resoluci�n apelada. Este principio, si bien orientado a garantizar la eficacia y continuidad del proceso penal, genera una tensi�n estructural con garant�as fundamentales, particularmente cuando las resoluciones apeladas afectan el derecho a la libertad personal, como en los casos de prisi�n preventiva o sentencias condenatorias no firmes.

Concepto y alcance del efecto no suspensivo

El efecto no suspensivo implica que la resoluci�n judicial apelada sigue produciendo efectos jur�dicos mientras se resuelve el recurso por el tribunal superior. A diferencia de los recursos con efecto suspensivo , como el de casaci�n en ciertos sistemas, la apelaci�n en el proceso penal ecuatoriano no paraliza la ejecuci�n de la decisi�n impugnada, salvo disposici�n expresa en contrario, lo cual es infrecuente. Esta regla est� contenida de forma t�cita en el C�digo Org�nico Integral Penal y se refuerza en la pr�ctica judicial, donde la interposici�n de un recurso de apelaci�n no impide que se ejecuten medidas cautelares personales impuestas en la sentencia de primer nivel, incluida la prisi�n preventiva. La Corte Nacional de Justicia ha validado esta interpretaci�n, se�alando que una sentencia de condena dictada por el tribunal de primera instancia puede ejecutarse provisionalmente mientras se resuelve la apelaci�n, salvo que el tribunal superior disponga lo contrario por razones de legalidad o proporcionalidad (CNJ, 2016).

Implicaciones sobre la libertad personal y la presunci�n de inocencia

El problema jur�dico central radica en que la ejecuci�n provisional de una sentencia condenatoria o de una medida cautelar restrictiva puede generar una afectaci�n directa al principio de presunci�n de inocencia, que sigue vigente hasta que exista sentencia firme. El art�culo 76 numeral 2 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008) es claro al establecer que toda persona se presume inocente mientras no exista sentencia condenatoria ejecutoriada. Este principio no es meramente declarativo, sino vinculante y estructural dentro del modelo de proceso penal garantista. Su violaci�n implica no solo una disfunci�n jur�dica, sino una posible transgresi�n de derechos fundamentales. El riesgo de ejecutar sentencias a�n apeladas, especialmente cuando se traducen en prisi�n o en restricciones intensas a la libertad personal, constituye una forma de cumplimiento anticipado de pena, lo cual es incompatible con el sistema interamericano de derechos humanos (CIDH, 2013). Desde la perspectiva doctrinal, Ferrajoli (2001) ha sostenido que el respeto al principio de presunci�n de inocencia impone la obligaci�n de no aplicar penas, ni siquiera de forma provisional, hasta que no exista condena firme, pues lo contrario transforma a la medida cautelar en un castigo ileg�timo.

 

El riesgo de automatismo judicial y la falta de control reforzado

Uno de los mayores desaf�os pr�cticos en el Ecuador es que los jueces de primer nivel tienden a ratificar autom�ticamente la prisi�n preventiva o a imponerla al momento de dictar sentencia condenatoria, como forma de asegurar que el procesado no eluda la justicia. Esta pr�ctica es especialmente preocupante en casos en los que el recurso de apelaci�n puede tardar varios meses en resolverse. Este fen�meno revela un problema estructural de falta de control reforzado sobre las medidas cautelares durante la apelaci�n. En lugar de evaluar caso por caso si existe un riesgo real de fuga, obstrucci�n del proceso o reiteraci�n delictiva, muchos tribunales se limitan a asumir que toda condena de primera instancia justifica per se la continuidad de la prisi�n preventiva, lo cual contradice tanto el bloque de constitucionalidad como los tratados internacionales ratificados por el Estado. La Observaci�n General No. 35 del Comit� de Derechos Humanos de la ONU establece que la privaci�n de libertad durante una apelaci�n debe estar sujeta a revisi�n judicial peri�dica y que debe cesar si los motivos originales ya no subsisten. La detenci�n preventiva, incluso despu�s de una sentencia no firme, no puede ser la regla general, sino la excepci�n justificada (ONU, 2014).

Derecho comparado: alternativas al modelo ecuatoriano

El debate sobre el efecto suspensivo del recurso de apelaci�n no es exclusivo del Ecuador. En sistemas jur�dicos como el espa�ol, la apelaci�n penal contra sentencias condenatorias tiene efecto suspensivo autom�tico, salvo que exista riesgo de fuga o reincidencia. El art�culo 792.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de Espa�a permite al juez acordar la suspensi�n de la ejecuci�n de la pena hasta que se resuelva la apelaci�n, a fin de preservar la presunci�n de inocencia (Espa�a, 1882). En Colombia, la Corte Constitucional ha sostenido que la ejecuci�n de una sentencia penal no puede anticiparse sin sentencia firme, y ha anulado decisiones judiciales que violaban este principio (Sentencia C-799/05, 2011). Estas experiencias comparadas demuestran que existen modelos de control judicial reforzado que evitan la afectaci�n arbitraria de la libertad personal durante la etapa de apelaci�n.

Propuesta normativa y jurisprudencial

Frente a la ausencia de efecto suspensivo de las medidas cautelares durante la recurso de apelaci�n y los riesgos que ello implica, se proponen reformas normativas y jurisprudenciales que fortalezcan la protecci�n de los derechos fundamentales sin entorpecer la justicia penal, incluyendo una reforma legal en el COIP para que las medidas cautelares impuestas tras sentencia de primera instancia sean revisadas por el tribunal de apelaci�n antes de su ejecuci�n, salvo casos de urgencia debidamente justificados; la establecimiento de plazos m�ximos para la resoluci�n de apelaciones en casos con prisi�n preventiva, bajo sanci�n de nulidad o sustituci�n autom�tica por medidas menos gravosas; y el desarrollo de una jurisprudencia vinculante por parte de la Corte Constitucional o la Corte Nacional que establezca par�metros claros y motivados para mantener las medidas cautelares en la etapa de apelaci�n. Adem�s, la jurisprudencia nacional e internacional, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las cortas de Colombia, han emitido pronunciamientos relevantes sobre la protecci�n del derecho a la libertad, la presunci�n de inocencia y la necesidad de motivaci�n adecuada en la imposici�n y mantenimiento de medidas cautelares, contribuyendo a un marco que equilibra la eficacia procesal con el respeto a los derechos humanos.

Jurisprudencia nacional: Corte Nacional de Justicia del Ecuador

Uno de los precedentes m�s relevantes es la Sentencia No. 22-2016 de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, en la cual se abord� la posibilidad de imponer o mantener la prisi�n preventiva despu�s de emitida una sentencia condenatoria de primera instancia y durante la sustanciaci�n del recurso de apelaci�n. En dicha sentencia, la Corte sostuvo que: �El tribunal puede valorar nuevamente la necesidad de medidas cautelares, incluyendo la prisi�n preventiva, una vez que ha emitido sentencia condenatoria. Esta decisi�n no contradice la presunci�n de inocencia, pues obedece a un nuevo escenario procesal y a una evaluaci�n actualizada del peligro procesal.� (CNJ, 2016, p. 15). Aunque esta decisi�n reconoce la necesidad de un an�lisis individualizado de las circunstancias procesales, en la pr�ctica ha sido utilizada para legitimar el mantenimiento autom�tico de medidas cautelares tras la sentencia condenatoria, sin que medie un control reforzado ni una motivaci�n espec�fica, lo que ha generado preocupaci�n en sectores acad�micos y organismos de derechos humanos.

Corte Constitucional del Ecuador: control de constitucionalidad de medidas cautelares

En la jurisprudencia constitucional ecuatoriana, la Corte ha sostenido que las medidas cautelares deben observar los principios de proporcionalidad, razonabilidad y temporalidad, y que la prisi�n preventiva constituye una medida excepcional que debe fundarse en criterios objetivos. En el caso No. 001-14-SCN-CC, la Corte resolvi� que la prisi�n preventiva solo puede imponerse cuando sea absolutamente necesaria, advirtiendo que: �Toda medida que limite derechos fundamentales debe responder a una finalidad leg�tima y debe justificarse con base en criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto. No basta con afirmar el peligro de fuga o de obstrucci�n; estos deben probarse.� (Corte Constitucional del Ecuador, 2014, p. 8).� Este razonamiento tambi�n aplica a la etapa de apelaci�n, donde el riesgo procesal debe ser probado nuevamente, sin asumir que una sentencia condenatoria equivale a una ejecuci�n anticipada de la pena.

Corte Interamericana de Derechos Humanos: est�ndares sobre prisi�n preventiva y doble instancia

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido varios pronunciamientos sobre el derecho al recurso efectivo y la prisi�n preventiva como medida excepcional. En el caso �Nor�n Catrim�n y otros vs. Chile�, la Corte fue enf�tica al se�alar que: �El mantenimiento prolongado de la prisi�n preventiva sin control judicial efectivo y sin motivaci�n suficiente puede traducirse en una sanci�n anticipada, contraria a la presunci�n de inocencia y al derecho a un recurso efectivo.� (CIDH, 2013, p�rr. 278).

Asimismo, en el caso �Mohamed vs. Argentina�, la Corte estableci� que el recurso de apelaci�n debe ser accesible, efectivo, integral y permitir un an�lisis amplio de las decisiones impugnadas, incluyendo las medidas restrictivas impuestas durante el proceso (Corte IDH, 2012). Estos est�ndares han sido incorporados como parte del bloque de constitucionalidad en Ecuador, seg�n el art. 417 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008) y son vinculantes para todos los jueces y tribunales nacionales.

Jurisprudencia comparada: Corte Constitucional de Colombia

En el contexto latinoamericano, la Corte Constitucional de Colombia ha desarrollado una doctrina robusta en materia de medidas cautelares y presunci�n de inocencia. En la Sentencia C-799 de 2005, el tribunal declar� inconstitucional la ejecuci�n anticipada de una condena mientras se tramitaba un recurso de apelaci�n, se�alando que: �Permitir la ejecuci�n de una sentencia penal sin que exista condena ejecutoriada equivale a desconocer la presunci�n de inocencia y el derecho a la doble instancia.� (Corte Constitucional de Colombia, 2005, p�rr. 34). Esta posici�n reafirma el principio de que las medidas cautelares durante la apelaci�n deben estar sujetas a un control constitucional estricto, no solo por parte del juez de ejecuci�n penal, sino tambi�n por el tribunal de segunda instancia.

Conclusi�n del an�lisis jurisprudencial

La revisi�n de la jurisprudencia nacional e internacional demuestra que existe un consenso normativo y judicial sobre la necesidad de motivar de forma rigurosa la aplicaci�n de medidas cautelares durante la etapa de apelaci�n. La ausencia de efecto suspensivo no exime al juez de su obligaci�n de fundamentar adecuadamente la medida, ni autoriza su aplicaci�n autom�tica tras la sentencia de primera instancia. El reto para el Ecuador radica en adoptar mecanismos de revisi�n reforzada y garantizar un verdadero control de legalidad y constitucionalidad en cada fase del proceso, especialmente cuando est� en juego la libertad personal del procesado.

Es fundamental que se lleve a cabo una reforma del C�digo Org�nico Integral Penal que permita incluir una secci�n espec�fica dedicada a la regulaci�n de las medidas cautelares durante la etapa recursiva del proceso penal. Esta modificaci�n normativa debe garantizar de manera clara y expl�cita el derecho del procesado a solicitar la revisi�n inmediata de cualquier medida cautelar que haya sido impuesta o mantenida tras la emisi�n de una sentencia en primera instancia. Asimismo, es imprescindible que la reforma establezca criterios t�cnicos precisos que orienten al juez en la valoraci�n y resoluci�n de dichas solicitudes de revisi�n. De esta forma, se asegurar� una aplicaci�n justa, equitativa y transparente de las medidas cautelares, protegiendo los derechos de las partes involucradas y fortaleciendo la seguridad jur�dica en el proceso penal. En definitiva, estas recomendaciones normativas contribuir�n a mejorar la eficiencia y la justicia del sistema judicial en la etapa recursiva.

 

Conclusiones

El estudio integral del recurso de apelaci�n y su relaci�n con las medidas cautelares personales en el proceso penal ecuatoriano permite arribar a una serie de conclusiones relevantes que reflejan tensiones estructurales, vac�os normativos y desaf�os pr�cticos que afectan la correcta garant�a de los derechos fundamentales de las personas procesadas. Primero, se constata que el recurso de apelaci�n penal, aunque formalmente reconocido como garant�a del debido proceso y la tutela judicial efectiva, carece de una estructura que asegure su funci�n reparadora real cuando se permite que decisiones judiciales gravemente lesivas de derechos; como la privaci�n de libertad, se ejecuten mientras a�n se tramita el recurso. Segundo, la ausencia de efecto suspensivo del recurso de apelaci�n, si bien puede responder a razones de econom�a procesal y eficacia judicial, no puede justificar la ejecuci�n autom�tica de resoluciones condenatorias no firmes, ya que ello implica una vulneraci�n directa al principio de presunci�n de inocencia, consagrado en el art�culo 76 numeral 2 de la Constituci�n ecuatoriana y en tratados internacionales suscritos por el Ecuador.

Tercero, se evidencia una tendencia judicial a ratificar o imponer medidas cautelares privativas de libertad, como la prisi�n preventiva, tras la emisi�n de sentencias condenatorias de primer nivel, sin que exista una evaluaci�n individualizada ni una motivaci�n reforzada que justifique dicha decisi�n en la etapa de apelaci�n. Esta pr�ctica no solo genera riesgos de abuso judicial, sino que configura una pena anticipada contraria a los principios fundamentales del derecho penal garantista. Cuarto, el r�gimen normativo actual carece de una regulaci�n espec�fica y sistematizada para la revisi�n, modificaci�n o cese de medidas cautelares durante la tramitaci�n del recurso de apelaci�n. Esta omisi�n legal deja a discreci�n del juzgador la decisi�n de mantener medidas gravosas, lo que se traduce en inseguridad jur�dica y desigualdad de trato procesal.

Quinto, los est�ndares internacionales, particularmente los establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comit� de Derechos Humanos de la ONU, exigen un tratamiento m�s riguroso, motivado y controlado de las medidas cautelares, inclusive en la fase recursiva. El Ecuador, como Estado parte del sistema interamericano, tiene la obligaci�n de adecuar su legislaci�n y pr�ctica judicial a estos par�metros, evitando interpretaciones extensivas o arbitrarias que pongan en riesgo la libertad de las personas sin sentencia ejecutoriada. Sexto, la falta de control jurisdiccional sobre la razonabilidad del plazo para resolver apelaciones �especialmente en casos en los que el procesado se encuentra privado de libertad� constituye una afectaci�n adicional al derecho a la libertad personal y al debido proceso, al mantener indefinidamente medidas cautelares que, por naturaleza, deben ser excepcionales, proporcionales y temporales. En suma, el sistema penal ecuatoriano enfrenta una asimetr�a entre las garant�as reconocidas y su aplicaci�n pr�ctica, especialmente durante la etapa de apelaci�n. Superar esta contradicci�n requiere transformaciones normativas, jurisprudenciales y culturales profundas, que fortalezcan la justicia penal desde un enfoque de respeto absoluto a la dignidad humana y al Estado constitucional de derechos.

 

Referencias

1.      Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador. Registro Oficial 449.

2.      Asamblea Nacional del Ecuador. (2014). C�digo Org�nico Integral Penal (COIP). Registro Oficial Suplemento 180.

3.      Cevallos E. (2019). Las medidas cautelares en el procedimiento civil ecuatoriano. Revista Caribe�a de Ciencias Sociales 1-8. https://www.eumed.net/rev/caribe/2019/10/procedimiento-civil-ecuatoriano.html

4.      Comit� de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. (2007). Observaci�n General No. 32: Art�culo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos.

5.      Corte Constitucional de Colombia. (2005). Sentencia C-799/05.

6.      Corte Constitucional del Ecuador. (2014). Sentencia No. 001-14-SCN-CC.

7.      Corte Interamericana de Derechos Humanos. (1987). Garant�as judiciales en estados de emergencia (Opini�n Consultiva OC-8/87).

8.      Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2012). Caso Mohamed vs. Argentina. Sentencia de 23 de noviembre de 2012.

9.      Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2013). Caso Nor�n Catrim�n y otros vs. Chile. Sentencia de 29 de mayo de 2013.

10.  Corte Nacional de Justicia del Ecuador. (2016). Sentencia No. 22-2016. Sala Penal.

11.  Ferrajoli, L. (2001). Derecho y raz�n: Teor�a del garantismo penal (3.� ed.). Madrid: Trotta.

12.  Fix-Zamudio, H., & Ferrer Mac-Gregor, E. (2011). Garantismo y derecho procesal penal. M�xico: UNAM.

13.  Naciones Unidas. (2008). Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jos�).

14.  Silva S�nchez, J. M. (2000). La expansi�n del derecho penal. Madrid: Civitas.

15.  Vivanco (2020) Las medidas cautelares en el C�digo Org�nico Integral Penal https://vlex.ec/vid/medidas-cautelares-codigo-organico-682467061

16.  Zaffaroni, E. R., Alagia, A., & Slokar, A. (2002). Derecho penal: Parte general. Buenos Aires: Ediar.

 

 

 

 

 

 

 

� 2025 por el autor. Este art�culo es de acceso abierto y distribuido seg�n los t�rminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribuci�n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).