Inclusin y gnero: polticas pblicas para la prevencin de la violencia de gnero

 

Inclusion and gender: public policies for the prevention of gender violence

 

Incluso e gnero: polticas pblicas para a preveno da violncia de gnero

 

 

 

 

Mara Mercedes Barreno-Salinas I
mbarrenos1@unemi.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-5912-4476

 

 

 

 

 

 

 

 


Correspondencia: mbarrenos1@unemi.edu.ec

 

 

Ciencias Sociales y Polticas

Artculo de Investigacin

 

 

* Recibido: 30 de marzo de 2025 *Aceptado: 29 de abril de 2025 * Publicado: 31 de mayo de 2025

 

        I.            Abogada de los Tribunales y Juzgados de la Repblica del Ecuador por la Universidad del Pacfico, Escuela de Negocios (UPAC), Magster en Administracin Pblica con Mencin en Desarrollo Institucional por la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), Mster en Derechos Humanos, Sistemas Internacionales de Proteccin por la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), Doctoranda en Derecho por la Universidad Catlica Santiago de Guayaquil, Ecuador.


Resumen

La violencia de gnero constituye una de las formas ms persistentes de discriminacin estructural y vulneracin de derechos humanos en Amrica Latina, y particularmente en Ecuador. Pese a los avances normativos y la creacin de institucionalidades especficas, los ndices de feminicidios y violencia intrafamiliar revelan la necesidad de polticas pblicas integrales y sostenibles. El presente artculo examina las polticas pblicas ecuatorianas dirigidas a prevenir la violencia de gnero, analizando su eficacia, marco jurdico y aplicacin territorial. A travs de un enfoque terico y metodolgico multidisciplinario, se estudian los factores estructurales, culturales e institucionales que inciden en la permanencia del problema. Se revisan adems experiencias internacionales, buenas prcticas regionales y se presentan propuestas de mejora en los ejes de prevencin, proteccin y reparacin. La investigacin concluye que, aunque existen herramientas legales y programas institucionales, su ejecucin se ve limitada por la falta de presupuesto, de capacitacin con enfoque interseccional y de mecanismos de evaluacin participativa. La violencia de gnero, al ser un fenmeno complejo y multifactico, requiere una respuesta articulada entre el Estado, la sociedad civil y los organismos internacionales.

Palabras clave: violencia de gnero; polticas pblicas; prevencin; inclusin; interseccionalidad; feminicidio; Ecuador.

 

Abstract

Gender-based violence constitutes one of the most persistent forms of structural discrimination and human rights violations in Latin America, and particularly in Ecuador. Despite regulatory advances and the creation of specific institutions, the rates of femicide and domestic violence reveal the need for comprehensive and sustainable public policies. This article examines Ecuadorian public policies aimed at preventing gender-based violence, analyzing their effectiveness, legal framework, and territorial application. Through a multidisciplinary theoretical and methodological approach, the study studies the structural, cultural, and institutional factors that influence the persistence of the problem. International experiences and regional best practices are also reviewed, and proposals for improvement in the areas of prevention, protection, and reparation are presented. The study concludes that, although legal tools and institutional programs exist, their implementation is limited by a lack of funding, intersectional training, and participatory evaluation mechanisms. Gender-based violence, being a complex and multifaceted phenomenon, requires a coordinated response between the State, civil society, and international organizations.

Keywords: gender-based violence; public policies; prevention; inclusion; intersectionality; femicide; Ecuador.

 

Resumo

A violncia de gnero constitui uma das formas mais persistentes de discriminao estrutural e violao de direitos humanos na Amrica Latina, e particularmente no Equador. Apesar dos avanos regulatrios e da criao de instituies especficas, as taxas de feminicdio e violncia domstica revelam a necessidade de polticas pblicas abrangentes e sustentveis. Este artigo examina as polticas pblicas equatorianas voltadas para a preveno da violncia de gnero, analisando sua eficcia, marco legal e aplicao territorial. Por meio de uma abordagem terica e metodolgica multidisciplinar, o estudo estuda os fatores estruturais, culturais e institucionais que influenciam a persistncia do problema. Experincias internacionais e melhores prticas regionais tambm so revisadas, e propostas de melhoria nas reas de preveno, proteo e reparao so apresentadas. O estudo conclui que, embora existam ferramentas legais e programas institucionais, sua implementao limitada pela falta de financiamento, formao intersetorial e mecanismos de avaliao participativa. A violncia de gnero, sendo um fenmeno complexo e multifacetado, requer uma resposta coordenada entre o Estado, a sociedade civil e os organismos internacionais. Palavras-chave: violncia de gnero; polticas pblicas; preveno; incluso; interseccionalidade; feminicdio; Equador.

 

Introduccin

En las ltimas dcadas, la violencia de gnero ha sido reconocida como una grave problemtica de derechos humanos que afecta de manera desproporcionada a mujeres y personas LGBTIQ+. La regin latinoamericana, y en particular Ecuador, presenta elevados ndices de violencia feminicida, violencia domstica, violencia psicolgica, sexual y patrimonial. Segn cifras de la CEPAL, cada da al menos 12 mujeres son vctimas de feminicidio en Amrica Latina (CEPAL, 2022, p. 14). En Ecuador, de acuerdo con el Consejo de la Judicatura, entre 2014 y 2023 se han registrado ms de 1.200 casos de feminicidio (Consejo de la Judicatura, 2023, p. 5). Este panorama evidencia la necesidad urgente de polticas pblicas efectivas orientadas a prevenir esta forma de violencia estructural.

El marco jurdico ecuatoriano reconoce la violencia de gnero como una violacin a los derechos humanos. La Constitucin del 2008, en su artculo 66, numeral 3, establece el derecho a una vida libre de violencia y obliga al Estado a adoptar medidas de prevencin, sancin y erradicacin. A nivel legal, la Ley Orgnica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (LOIPEVCM), promulgada en 2018, representa un avance significativo, ya que propone un sistema nacional de prevencin, con planes, rutas crticas de atencin, mecanismos de proteccin y reparacin (Asamblea Nacional, 2018, p. 2).

No obstante, la implementacin efectiva de estas polticas enfrenta mltiples barreras. Segn un informe del Comit de Expertas de la MESECVI (2021, p. 8), Ecuador no ha asignado recursos adecuados ni ha creado suficientes unidades especializadas en todos los niveles territoriales. Esto refleja una brecha entre el marco normativo y la poltica pblica efectiva. Adems, la falta de articulacin entre ministerios, municipios y organismos de justicia impide la atencin integral a las vctimas.

Uno de los principales problemas identificados es la dbil institucionalizacin del enfoque de gnero en la gestin pblica. Las polticas pblicas, en muchos casos, carecen de perspectiva interseccional, lo cual invisibiliza la situacin de mujeres indgenas, afrodescendientes, con discapacidad, migrantes o pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ (Carcedo, 2020, p. 93). Esto ha sido sealado como una limitacin que compromete la equidad y eficacia de las estrategias implementadas.

Otro aspecto crtico es la ausencia de datos desagregados y sistemas integrados de informacin. Sin un registro confiable, sistemtico y pblico, es imposible evaluar la eficacia de las polticas implementadas o disear intervenciones basadas en evidencia. El INEC apenas en 2023 incorpor variables de orientacin sexual e identidad de gnero en sus encuestas nacionales, lo cual marca un paso inicial pero insuficiente (INEC, 2023, p. 11).

A nivel internacional, organismos como ONU Mujeres y la Comisin Interamericana de Derechos Humanos han promovido principios y modelos de intervencin que integran la prevencin estructural, la participacin comunitaria, el acceso a la justicia y la reparacin transformadora. Ecuador ha firmado convenios y ratificado instrumentos internacionales como la Convencin de Belm do Par, pero su aplicacin efectiva sigue siendo desigual (OEA, 2021, p. 17).

En este contexto, el presente artculo tiene como propsito analizar el estado actual de las polticas pblicas ecuatorianas de prevencin de la violencia de gnero, identificando fortalezas, vacos y desafos. Se busca adems proponer recomendaciones para su mejora con base en estndares internacionales, experiencias comparadas y necesidades locales expresadas por organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos.

Para ello, se emplea un enfoque interdisciplinario que articula anlisis jurdico, poltico y social. Se combinan fuentes primarias normativas, entrevistas a expertas, revisin de documentos institucionales y literatura acadmica nacional e internacional.

La violencia de gnero, al tratarse de una manifestacin de desigualdad estructural, exige respuestas sistmicas. Esto implica intervenir no solo sobre los efectos del problema (como la atencin a las vctimas), sino tambin sobre sus causas profundas: el machismo, la impunidad, la naturalizacin de la violencia y la precariedad institucional. En este sentido, el fortalecimiento de polticas pblicas es clave para avanzar hacia una sociedad ms justa e inclusiva.

La prevencin debe considerarse como un eje prioritario y no como un complemento. Ello implica promover la educacin en derechos humanos, incorporar la perspectiva de gnero en el currculo educativo, fomentar campaas permanentes de sensibilizacin y trabajar con hombres en procesos de deconstruccin del modelo patriarcal (Lagarde, 2009, p. 102).

Finalmente, se destaca que la respuesta estatal debe construirse con base en la participacin de las organizaciones de mujeres y defensoras de derechos, garantizando su presencia activa en el diseo, implementacin y evaluacin de las polticas pblicas. Solo as se podr lograr una transformacin efectiva que rompa el ciclo de violencia y garantice una vida digna para todas.

Estado de arte

Diversas investigaciones han identificado que la persistencia de la violencia de gnero en Amrica Latina est directamente relacionada con patrones socioculturales machistas, debilidad institucional, impunidad judicial y ausencia de polticas pblicas integrales (Lagarde, 2009, p. 98). La Comisin Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que la mayora de los Estados de la regin an no cuenta con mecanismos eficaces para prevenir la violencia, sancionar a los agresores y reparar a las vctimas (CIDH, 2019, p. 41). En el caso ecuatoriano, Carrin (2021, p. 57) identifica que las polticas pblicas carecen de coherencia intersectorial y que su formulacin es verticalista, sin participacin ciudadana real.

En Ecuador, el marco jurdico se ha ampliado desde la promulgacin de la Ley Orgnica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2018), pero estudios como el de Freire (2022, p. 72) sealan que su ejecucin es deficiente y desarticulada. Segn el Observatorio de Gnero del Consejo de la Judicatura (2023, p. 3), solo el 25% de las Unidades Judiciales cuenta con personal capacitado en enfoque de gnero y derechos humanos. Esto ha provocado la revictimizacin y desproteccin de mujeres que buscan justicia.

El enfoque de gnero en las polticas pblicas implica la incorporacin de medidas que reduzcan desigualdades estructurales. De acuerdo con Scott (1996, p. 105), el gnero es una construccin social que estructura el poder, la identidad y la distribucin de recursos, por lo tanto, las polticas pblicas deben intervenir en esos niveles para transformar la realidad. Fraser (2006, p. 69) propone combinar medidas redistributivas con medidas de reconocimiento, es decir, polticas que asignen recursos y que transformen imaginarios sociales discriminatorios.

Casos como el Plan Nacional de Accin de Mxico 2021-2024 o el Sistema Integral de Atencin de Uruguay son citados como buenas prcticas en la regin. Ambos incorporan enfoque interseccional, participacin comunitaria y presupuesto con enfoque de gnero. En Ecuador, iniciativas locales como las Casas de Acogida o los Planes de Igualdad de los GADs han mostrado impactos positivos, pero dependen de cooperacin internacional (GAD Quito, 2022, p. 13).

El marco legal ecuatoriano est conformado por la Constitucin de 2008 (artculos 11, 66 y 78), la LOIPEVCM (2018), el COIP (artculos 141 al 145 sobre femicidio y violencia contra la mujer), y tratados internacionales como CEDAW (1979) y la Convencin de Belm do Par (1994). No obstante, no existe an una ley que obligue al Estado a garantizar presupuesto con enfoque de gnero ni mecanismos vinculantes de evaluacin.

Este trabajo aplica un enfoque metodolgico cualitativo, integrando tres mtodos. El mtodo descriptivo permiti caracterizar el marco jurdico y analizar el contenido de polticas pblicas nacionales y locales. El mtodo bibliogrfico permiti recoger aportes tericos, legales y doctrinales sobre violencia de gnero. Finalmente, el mtodo fenomenolgico jurdico se aplic a travs del anlisis de casos emblemticos y entrevistas a expertas del mbito jurdico y social.

La violencia de gnero se define como cualquier acto que cause dao fsico, sexual, psicolgico o econmico, basado en el gnero y ejercido contra mujeres por el solo hecho de serlo (ONU Mujeres, 2022, p. 2). En Ecuador, la LOIPEVCM reconoce nueve tipos de violencia, siendo la ms reportada la violencia psicolgica (Ministerio de la Mujer, 2023, p. 5). Pese a los esfuerzos estatales, las tasas de impunidad superan el 80%.

En la prctica, las polticas de prevencin ms implementadas son las campaas de sensibilizacin y la capacitacin institucional. Sin embargo, su impacto es limitado si no se acompaan de transformaciones estructurales y financiamiento adecuado. Un estudio del CEDHU (2023, p. 18) seala que el 90% de los municipios no cuenta con un Plan de Igualdad vigente. La participacin de mujeres en los espacios de toma de decisiones sigue siendo inferior al 20% a nivel nacional.

El uso de tecnologas para la prevencin es an incipiente. Existen apps como Junt@s o lneas de atencin como el 911 Mujer, pero carecen de interoperabilidad con el sistema judicial. En trminos ticos, la respuesta estatal debe respetar la autonoma de las vctimas, evitando medidas paternalistas o revictimizantes. Tambin debe considerar el consentimiento informado en la recoleccin de datos y testimonios.

 

Ao

Presupuesto estatal destinado a prevencin de violencia de gnero (USD)

Nmero de mujeres beneficiarias (estimado)

2020

3.200.000

25.000

2021

2.800.000

22.000

2022

2.400.000

18.000

2023

2.100.000

15.000

Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas (2024)
Nota: Datos obtenidos del Presupuesto General del Estado y registros del MIES


Explicacin: Se evidencia una reduccin sostenida del presupuesto, lo que repercute negativamente en el alcance de las polticas de prevencin.

Las conclusiones del artculo sealan que, a pesar de contar con un marco legal progresivo, Ecuador an enfrenta graves deficiencias estructurales para erradicar la violencia de gnero. Las polticas pblicas carecen de continuidad, sostenibilidad financiera y mecanismos de evaluacin efectivos. Adems, existe una brecha entre lo normativo y lo operativo, lo cual limita el acceso a una vida libre de violencia para miles de mujeres.

Se recomienda: i) garantizar asignacin presupuestaria obligatoria y permanente para polticas de prevencin, ii) fortalecer la institucionalidad local con enfoque interseccional, iii) crear sistemas integrados de informacin con datos desagregados, iv) fomentar la corresponsabilidad estatal-comunitaria en la ejecucin de planes, y v) asegurar la participacin activa de mujeres en todo el ciclo de las polticas pblicas.

 

Referencias

1.      Asamblea Nacional. (2018). Ley Orgnica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Quito: Registro Oficial.

2.      Carcedo, A. (2020). Violencias de gnero y polticas pblicas. San Jos: CLADEM.

3.      Carrin, M. (2021). Anlisis crtico de la implementacin de la LOIPEVCM. Revista Jurdica del Ecuador, 18(2), 5265.

4.      CEDAW. (1979). Convencin sobre la Eliminacin de Todas las Formas de Discriminacin contra la Mujer. ONU.

5.      CEDHU. (2023). Informe Alternativo sobre violencia de gnero en Ecuador. Quito: Comit Ecuatoriano de Derechos Humanos.

6.      CIDH. (2019). Violencia y discriminacin contra mujeres en Amrica Latina. Washington D.C.: OEA.

7.      Consejo de la Judicatura. (2023). Estadsticas sobre violencia de gnero. Quito.

8.      Fraser, N. (2006). Reconocimiento y redistribucin: dilemas de justicia. Madrid: Morata.

9.      GAD Quito. (2022). Plan de Igualdad y Erradicacin de la Violencia. Quito: Municipio.

10.  INEC. (2023). Encuesta Nacional de Relaciones Sociales. Quito.

11.  Lagarde, M. (2009). Los cautiverios de las mujeres. Mxico: UNAM.

12.  Ministerio de la Mujer. (2023). Informe Anual de Gestin. Quito.

13.  OEA. (2021). Seguimiento a la Convencin de Belm do Par en Ecuador. Washington D.C.

14.  ONU Mujeres. (2022). Datos clave sobre violencia de gnero. Nueva York.

15.  Scott, J. (1996). Gender: A Useful Category of Historical Analysis. American Historical Review, 91(5), 10531075.

 

2025 por el autor. Este artculo es de acceso abierto y distribuido segn los trminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribucin-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

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