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Estudio de los vac�os y conflictos normativos entre la ley org�nica de educaci�n intercultural y su reglamento respecto a las sanciones disciplinarias en el �mbito estudiantil

 

Study of the gaps and regulatory conflicts between the Organic Law on Intercultural Education and its regulations regarding disciplinary sanctions in the student sphere

 

Estudo das lacunas e conflitos normativos entre a Lei Org�nica da Educa��o Intercultural e a sua regulamenta��o relativa �s san��es disciplinares no �mbito estudantil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: e1315904621@live.uleam.edu.ec

 

Ciencias de la Educaci�n

Art�culo de Investigaci�n

 

* Recibido: 26 de junio de 2025 *Aceptado: 29 de julio de 2025 * Publicado: �07 de agosto de 2025

 

       I.          Investigadora Independiente, Manta, Ecuador.

     II.          Doctora en Ciencias Jur�dicas, Mag�ster en Derecho Notarial y Registral, Abogada de los Juzgados y Tribunales de la Rep�blica, Licenciada en Ciencias de la Educaci�n Especialidad Comercio y Administraci�n, Profesora de Segunda Ense�anza en la Especialidad de Comercio y Administraci�n, Docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manab�, Manta, Ecuador, Docente en Universidad Laica Eloy Alfaro de Manab�, Manta, Ecuador.

 

Resumen

Este ensayo examina los vac�os y conflictos normativos en las sanciones disciplinarias estudiantiles en Ecuador, comparando la LOEI (2011) y su Reglamento (2012) con la LOEI Codificada (2024) y el Reglamento reformado (2023). Se destaca que, a pesar de la evoluci�n hacia un modelo m�s garantista y pedag�gico, persiste un vac�o significativo en la taxatividad de la clasificaci�n de las faltas. Esta generalidad genera inconsistencias, falta de predictibilidad y un aumento de la discrecionalidad en la aplicaci�n, afectando la seguridad jur�dica y el debido proceso. Tambi�n se analizan los desaf�os en los procedimientos y las medidas restaurativas. El ensayo concluye con propuestas para una mayor precisi�n normativa, capacitaci�n del personal educativo y el fomento de un enfoque preventivo-restaurativo, buscando consolidar un sistema disciplinario m�s justo y efectivo.

Palabras Clave: ley org�nica de educaci�n intercultural; reglamento general; sanciones disciplinarias estudiantiles; vac�os normativos; conflictos normativos; debido proceso; seguridad jur�dica; tipificaci�n de faltas; justicia restaurativa; derecho educativo.

 

Abstract

This essay examines the normative gaps and conflicts in student disciplinary sanctions in Ecuador, comparing the LOEI (2011) and its Regulations (2012) with the Codified LOEI (2024) and the reformed Regulations (2023). It highlights that, despite the evolution towards a more guarantee-based and pedagogical model, a significant gap persists in the specificity of the classification of offenses. This generality generates inconsistencies, a lack of predictability, and an increase in discretion in application, affecting legal certainty and due process. The challenges in procedures and restorative measures are also analyzed. The essay concludes with proposals for greater normative precision, training of educational personnel, and the promotion of a preventive-restorative approach, seeking to consolidate a more just and effective disciplinary system.

Keywords: Organic Law on Intercultural Education; general regulations; student disciplinary sanctions; regulatory gaps; regulatory conflicts; due process; legal certainty; classification of offenses; restorative justice; educational law.

 

 

 

Resumo

Este ensaio examina as lacunas e os conflitos normativos nas san��es disciplinares dos estudantes no Equador, comparando a LOEI (2011) e o seu Regulamento (2012) com a LOEI Codificada (2024) e o Regulamento reformado (2023). Destaca que, apesar da evolu��o para um modelo mais assente em garantias e pedag�gico, persiste uma lacuna significativa na especificidade da classifica��o das contraordena��es. Esta generalidade gera incoer�ncias, falta de previsibilidade e aumento da discricionariedade na aplica��o, afetando a seguran�a jur�dica e o devido processo legal. Os desafios nos procedimentos e medidas restaurativas s�o tamb�m analisados. O ensaio conclui com propostas para uma maior precis�o normativa, forma��o do pessoal educativo e promo��o de uma abordagem preventiva-restaurativa, procurando consolidar um sistema disciplinar mais justo e eficaz.

Palavras-chave: Lei Org�nica da Educa��o Intercultural; regulamentos gerais; san��es disciplinares aos alunos; lacunas regulat�rias; conflitos regulat�rios; devido processo legal; seguran�a jur�dica; classifica��o das infra��es; justi�a restaurativa; direito educativo.

 

Introducci�n

El sistema educativo ecuatoriano, pilar fundamental para el desarrollo social y personal de la naci�n, se erige sobre un marco normativo din�mico y complejo, cuya piedra angular es la Ley Org�nica de Educaci�n Intercultural (LOEI). Esta legislaci�n, de car�cter org�nico, no solo establece los principios rectores y los derechos inherentes al proceso educativo, sino que tambi�n demarca las obligaciones de los actores y el r�gimen general que gobierna todo el sistema educativo nacional. No obstante, la mera existencia de una ley no garantiza su aplicaci�n efectiva; su operatividad se concreta a trav�s de su Reglamento General, una norma de car�cter secundario que, en su funci�n de desarrollo y especificaci�n, busca traducir los mandatos legales abstractos en directrices concretas y aplicables en el d�a a d�a de las instituciones educativas.

La interacci�n entre estas dos fuentes normativas �la ley y su reglamento� es constante, interdependiente y de vital importancia, especialmente en el �mbito de las sanciones disciplinarias estudiantiles. En este delicado terreno, la claridad, la coherencia y la pertinencia del marco jur�dico inciden directamente en la garant�a de derechos fundamentales como el debido proceso, la seguridad jur�dica y la protecci�n efectiva de los derechos de los estudiantes. La disciplina en el �mbito educativo, lejos de ser un concepto est�tico, ha experimentado una profunda evoluci�n. De ser un mero instrumento de control y castigo, ha transitado hacia una herramienta pedag�gica y formativa, en consonancia con los principios del derecho de la ni�ez y adolescencia y el enfoque de derechos humanos que permea el constitucionalismo moderno. Este cambio paradigm�tico, impulsado de manera decisiva por la Constituci�n de 2008 en Ecuador, ha exigido una constante adaptaci�n y refinamiento de la normativa secundaria.

 

Metodolog�a

El presente ensayo se fundamenta en una metodolog�a de investigaci�n jur�dica de tipo documental-bibliogr�fica. Se realiz� un an�lisis cr�tico-comparativo de las fuentes primarias (la Ley Org�nica de Educaci�n Intercultural en sus versiones de 2011 y Codificada 2024, y su Reglamento General en sus versiones de 2012 y reformado 2023) y de fuentes secundarias, incluyendo doctrina especializada en derecho administrativo, derecho constitucional, derecho educativo y derechos de la ni�ez y adolescencia, con especial atenci�n a publicaciones entre 2018 y 2024. La investigaci�n se centr� en la identificaci�n y an�lisis de los vac�os y conflictos normativos, as� como en las implicaciones pr�cticas y jur�dicas derivadas de la aplicaci�n de estas normativas.

 

Contexto de la Evoluci�n Normativa en la Disciplina Educativa Ecuatoriana

La trayectoria de la legislaci�n educativa en Ecuador es un fiel reflejo de las transformaciones sociales, pol�ticas y constitucionales que ha experimentado el pa�s a lo largo de las d�cadas. Antes de la promulgaci�n de la Ley Org�nica de Educaci�n Intercultural en 2011, el r�gimen disciplinario en el �mbito educativo se encontraba principalmente regulado por la Ley de Educaci�n de 1982 y sus reglamentos derivados. Este marco normativo, si bien cumpl�a la funci�n de mantener el orden y la convivencia escolar, a menudo se caracterizaba por un enfoque predominantemente punitivo. Las sanciones eran concebidas, en gran medida, como un castigo directo y retributivo por la transgresi�n de normas, con una limitada consideraci�n por el componente pedag�gico, formativo o restaurativo. La rigidez en la aplicaci�n de las sanciones, la escasa o nula participaci�n de los estudiantes en los procesos disciplinarios y la ausencia de mecanismos efectivos de mediaci�n o reparaci�n eran caracter�sticas comunes de este modelo. El debido proceso, aunque un principio constitucionalmente reconocido, no siempre se encontraba desarrollado con la minuciosidad y las garant�as procedimentales que hoy se exigen, dejando un margen considerable a la discrecionalidad de las autoridades institucionales, lo que en ocasiones derivaba en decisiones arbitrarias (Vergara, 2008; Salazar, 2015). La visi�n de la disciplina era, en esencia, vertical y autoritaria, enfocada en la obediencia y la imposici�n de consecuencias negativas, m�s que en el aprendizaje de la responsabilidad y la convivencia.

La Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador de 2008 marc� un punto de inflexi�n trascendental en la concepci�n del derecho en el pa�s. Al consagrar el Estado constitucional de derechos y justicia, y al reconocer de manera expl�cita el inter�s superior del ni�o y adolescente como principio rector de toda normativa y acci�n estatal, se sentaron las bases para una transformaci�n profunda en todas las ramas del derecho, incluyendo el educativo. Autores como �vila (2011) resaltan c�mo este "neoconstitucionalismo", caracterizado por la supremac�a de la Constituci�n, la aplicaci�n directa de los derechos y la fuerza vinculante de los principios constitucionales, exigi� un cambio radical en la regulaci�n de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, y entre las instituciones y los individuos, permeando la concepci�n misma de la disciplina. El enfoque pas� de ser meramente legalista a uno fundamentado en los derechos humanos y la dignidad de la persona.

En este nuevo contexto constitucional, la promulgaci�n de la Ley Org�nica de Educaci�n Intercultural en 2011 (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011) represent� un cambio de paradigma fundamental en el �mbito educativo. Esta ley busc� transformar la disciplina de un mero instrumento de castigo a una herramienta formativa y restaurativa. Se introdujeron conceptos innovadores como la convivencia arm�nica, la resoluci�n pac�fica de conflictos, la mediaci�n y la necesidad ineludible de que las sanciones tuvieran un car�cter pedag�gico y reparador, buscando la reintegraci�n del estudiante y el aprendizaje de la responsabilidad. Este giro conceptual implic� una mayor complejidad en la regulaci�n, al requerir no solo la tipificaci�n de faltas y sanciones, sino tambi�n la articulaci�n de procedimientos que salvaguardaran plenamente el debido proceso, la proporcionalidad de la sanci�n, el derecho a la defensa, la presunci�n de inocencia y el principio de no doble sanci�n. La LOEI original ya categorizaba las faltas en leves, graves y muy graves, y establec�a los principios generales que deb�an regir el procedimiento sancionador, sentando las bases para un sistema m�s justo y equitativo.

Sin embargo, la implementaci�n y la experiencia en la aplicaci�n de la LOEI y su Reglamento iniciales (2012), as� como la evoluci�n constante de las necesidades educativas y sociales (incluyendo la emergencia de fen�menos como el ciberacoso y nuevas formas de violencia escolar), llevaron a importantes procesos de reforma y codificaci�n. La Ley Org�nica Reformatoria a la Ley Org�nica de Educaci�n Intercultural de 2021 (Asamblea Nacional del Ecuador, 2021) introdujo cambios sustanciales en diversos �mbitos, incluyendo el disciplinario, adapt�ndose a nuevas realidades y a la necesidad de fortalecer la protecci�n integral de los estudiantes. Posteriormente, la LOEI fue objeto de una codificaci�n el 22 de noviembre de 2024, integrando todas las reformas que se hab�an producido hasta esa fecha en un solo cuerpo normativo consolidado. Este proceso de codificaci�n busca brindar mayor seguridad jur�dica, facilitar la consulta y la aplicaci�n de la ley, y consolidar un marco legal coherente y actualizado. Paralelamente, el Reglamento General a la LOEI fue objeto de una reforma significativa en 2023 (Presidencia de la Rep�blica del Ecuador, 2023), buscando armonizar sus disposiciones con los cambios de la ley y optimizar su operatividad en el d�a a d�a de las instituciones educativas. Es en este contexto de constante evoluci�n y adaptaci�n normativa que se hace pertinente un an�lisis comparativo de las versiones normativas, para comprender los avances logrados y los desaf�os persistentes en el r�gimen disciplinario estudiantil, especialmente en lo que respecta a la clasificaci�n de las faltas y sus implicaciones.

1. El Marco Normativo de la Disciplina Estudiantil: Versiones Originales vs. Actuales

Para comprender a cabalidad los vac�os y conflictos que se manifiestan en la actualidad, es imperativo establecer una clara distinci�n y un an�lisis detallado entre las versiones normativas que son objeto de este estudio comparativo.

LOEI (2011) y Reglamento (2012): El Punto de Partida (Versiones Derogadas para este An�lisis Comparativo)

La Ley Org�nica de Educaci�n Intercultural de 2011 (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011) represent� la primera ley org�nica que regul� de manera integral el sistema educativo ecuatoriano bajo el nuevo paradigma constitucional. En materia disciplinaria, esta ley estableci� las bases para un r�gimen moderno, diferenci�ndose de la legislaci�n anterior por su expl�cito enfoque en derechos y su car�cter pedag�gico. Sus art�culos clave en disciplina categorizaban las faltas en tres niveles de gravedad:

• Faltas leves: Definidas gen�ricamente como aquellas conductas que alteran la convivencia arm�nica de manera puntual y de menor impacto, sin generar un da�o significativo. Ejemplos impl�citos podr�an ser el incumplimiento menor de horarios o la falta de respeto a normas de convivencia b�sicas.
• Faltas graves: Aquellas que afectan significativamente la convivencia, el normal desarrollo de las actividades educativas o la integridad f�sica o psicol�gica de los miembros de la comunidad educativa. Aqu� se contemplaban acciones con un impacto m�s considerable.
• Faltas muy graves: Aquellas que atentan de manera grave y directa contra los derechos fundamentales, la integridad f�sica o psicol�gica, la seguridad de la comunidad educativa, o que implican conductas de alta peligrosidad o deshonestidad acad�mica severa.

La LOEI de 2011 tambi�n enunci� los principios generales que deb�an regir el procedimiento disciplinario, tales como el debido proceso, la proporcionalidad de la sanci�n respecto a la falta cometida, el derecho irrenunciable a la defensa del estudiante, la presunci�n de inocencia y la necesidad ineludible de que las sanciones tuvieran un car�cter pedag�gico y formativo, buscando la enmienda y el aprendizaje m�s all� del castigo.

El Reglamento General a la Ley Org�nica de Educaci�n Intercultural de 2012 (Presidencia de la Rep�blica del Ecuador, 2012) fue la norma encargada de desarrollar y operativizar las disposiciones generales de la LOEI de 2011. En sus Art�culos 330 y subsiguientes, el Reglamento de 2012 intent� detallar las conductas espec�ficas que, a su juicio, se enmarcaban en cada tipo de falta. Por ejemplo, describ�a las faltas leves como "el incumplimiento de las normas de convivencia", las graves como "la falta de respeto a los miembros de la comunidad educativa" y las muy graves como "el fraude o deshonestidad acad�mica". Si bien ofrec�a ejemplos y descripciones que pretend�an orientar la aplicaci�n, la tipificaci�n no era exhaustiva ni taxativa para cada subcategor�a de falta. Esto significaba que, aunque se daban pautas generales, el listado de conductas no era cerrado ni limitativo, dejando un margen considerable de interpretaci�n para las instituciones educativas al momento de clasificar una acci�n espec�fica dentro de una categor�a. Este enfoque, si bien representaba un avance en detalle y en la incorporaci�n de principios garantistas respecto a la Ley de 1982, ya presentaba cierta generalidad en la descripci�n de las faltas, lo que, como se analizar�, generar�a desaf�os significativos en su aplicaci�n pr�ctica y en la garant�a de la seguridad jur�dica.

2. LOEI (Codificada 2024) y Reglamento (Reformado 2023): El Marco Actual y Vigente

La Ley Org�nica de Educaci�n Intercultural Codificada del 22 de noviembre de 2024 representa la versi�n consolidada y actualmente vigente de la LOEI. Esta codificaci�n integra de manera sistem�tica todas las reformas que se han producido desde 2011 hasta esa fecha, incluyendo la importante Ley Org�nica Reformatoria de 2021. Esta versi�n codificada mantiene la estructura fundamental de categorizaci�n de faltas (leves, graves, muy graves) y los principios generales del r�gimen disciplinario, pero con una redacci�n que busca mayor coherencia y claridad tras las diversas modificaciones. Su objetivo principal es la sistematizaci�n y facilidad de consulta del cuerpo legal, brindando mayor seguridad jur�dica a trav�s de un texto unificado y actualizado.

El Reglamento General a la Ley Org�nica de Educaci�n Intercultural reformado en 2023 (Presidencia de la Rep�blica del Ecuador, 2023) es la norma reglamentaria actualmente en vigor y la que rige la aplicaci�n de la LOEI Codificada. Esta reforma busc� armonizar el Reglamento con los cambios introducidos en la LOEI (especialmente los de 2021) y afinar la operatividad del sistema disciplinario. El Reglamento de 2023 mantiene la estructura de clasificaci�n de faltas, pero ha revisado y ampliado las descripciones de las conductas, incorporando nuevos escenarios de convivencia y tipos de faltas que no estaban expl�citamente contemplados en la versi�n de 2012. Esto incluye, de manera destacada, faltas relacionadas con el uso indebido de tecnolog�as (como el ciberacoso, la difusi�n de informaci�n personal sin consentimiento o la suplantaci�n de identidad en entornos digitales), la violencia digital, y una mayor especificidad en temas como el acoso escolar o la discriminaci�n. La intenci�n clara de esta reforma es adaptar la normativa a la realidad contempor�nea del �mbito educativo, que ha visto emerger nuevas formas de interacci�n social y, por ende, de conflictos disciplinarios que requieren una respuesta legal adecuada y actualizada.

3. An�lisis Comparativo: Vac�os y Conflictos en la Clasificaci�n de Faltas

La comparaci�n entre las versiones "derogadas" (LOEI 2011 y Reglamento 2012) y las "actuales" (LOEI Codificada 2024 y Reglamento Reformado 2023) revela una evoluci�n en la b�squeda de precisi�n y adaptaci�n a nuevas realidades. Sin embargo, tambi�n se observa la persistencia o incluso el surgimiento de nuevos vac�os y conflictos, particularmente en la clasificaci�n de las faltas, un aspecto central para la seguridad jur�dica y la aplicaci�n efectiva del derecho disciplinario.

1. La Generalidad en la Tipificaci�n: Una Constante Evolutiva y su Impacto en la Seguridad Jur�dica

Una caracter�stica distintiva que ha persistido a trav�s de las diferentes versiones del Reglamento de la LOEI (tanto el de 2012 como el de 2023), es la adopci�n de un modelo de tipificaci�n que define las categor�as de faltas (leves, graves, muy graves) mediante descripciones generales y la provisi�n de ejemplos ilustrativos, en lugar de un listado taxativo y exhaustivo de cada conducta espec�fica. Este enfoque se aleja significativamente de la metodolog�a empleada en reglamentos educativos anteriores a la LOEI, que sol�an ofrecer cat�logos mucho m�s pormenorizados y cerrados de cada infracci�n y su correspondiente clasificaci�n (Vergara, 2008).

En las descripciones de faltas, en el Reglamento General derogado (2012) eran notoriamente amplias, por ejemplo, la categor�a de incumplir las normas de convivencia, era una definici�n gen�rica que abarcaba una vasta gama de comportamientos, desde acciones triviales como tirar basura en el aula hasta otras de mayor impacto, pero a�n consideradas leves. Esta amplitud, aunque se argumentaba que proporcionaba flexibilidad para adaptarse a diversas situaciones, generaba un margen considerable para la interpretaci�n institucional. La falta de especificidad en la norma delegaba en las autoridades educativas la tarea de definir, en la pr�ctica, qu� conductas exactas correspond�an a cada categor�a, lo que pod�a llevar a inconsistencias.

En el Reglamento actual (2023) ha realizado esfuerzos notables para subsanar algunas de estas generalidades, incorporando nuevas conductas o especificando otras, especialmente aquellas relacionadas con el entorno digital y la convivencia escolar. Por ejemplo, las faltas muy graves ahora pueden incluir expl�citamente el ciberacoso, la difusi�n de contenido �ntimo sin consentimiento o la suplantaci�n de identidad en plataformas digitales, reflejando una necesaria actualizaci�n frente a los desaf�os de la era digital. Sin embargo, la esencia del modelo de tipificaci�n por categor�as generales con ejemplos se mantiene. Si bien se ha ganado en adaptabilidad a situaciones emergentes y en la inclusi�n de nuevas formas de transgresi�n, se sigue careciendo de la exhaustividad que algunos operadores jur�dicos y educativos desear�an para reducir la discrecionalidad y fortalecer la seguridad jur�dica. Esta situaci�n, como se�ala Nieto (2018), en el �mbito del derecho administrativo sancionador, puede generar incertidumbre, pues el principio de legalidad exige la predeterminaci�n normativa de las conductas t�picas, de modo que los ciudadanos puedan conocer de antemano las consecuencias de sus actos. La ambig�edad en la descripci�n de las faltas puede llevar a que una misma conducta sea valorada de forma diferente en distintas instituciones o por distintos actores, afectando la equidad y la uniformidad del sistema.

2. El Vac�o de la Taxatividad y sus Implicaciones: Un Desaf�o Persistente y Multi-Dimensional

El principal vac�o, que persiste en ambas versiones del Reglamento (2012 y 2023) en comparaci�n con reglamentos de �pocas anteriores a la LOEI (como el de 1982), es la ausencia de una enumeraci�n taxativa y pormenorizada de todas y cada una de las conductas espec�ficas que constituyen faltas leves, graves y muy graves. Mientras que el Reglamento de 1982, por ejemplo, podr�a haber listado expl�citamente "fumar dentro de la instituci�n" como falta grave o "copiar en un examen" como falta muy grave, los reglamentos post-LOEI (tanto el de 2012 como el de 2023) optan por descripciones m�s amplias como "cometer actos de deshonestidad acad�mica" o "consumir sustancias prohibidas en el establecimiento". Esta diferencia no es menor y tiene profundas implicaciones jur�dicas y pr�cticas.

Esta elecci�n normativa, si bien busca una mayor flexibilidad y un enfoque pedag�gico que se adapte a la diversidad de situaciones y a la evoluci�n de las conductas juveniles, genera varios conflictos pr�cticos que impactan directamente en la seguridad jur�dica y la efectividad del debido proceso:

1. Inconsistencia en la Aplicaci�n: La interpretaci�n de qu� conducta espec�fica encaja en una categor�a general, por ejemplo, �incumplir las normas de convivencia" o "atentar contra la integridad de otros�, puede variar significativamente entre instituciones educativas o incluso entre docentes y directivos dentro de una misma instituci�n. Esto afecta la equidad y la uniformidad en el sistema disciplinario. Como se�ala Cajas (2017), la falta de criterios claros puede derivar en una aplicaci�n "subjetiva y poco predecible" de la norma disciplinaria. Esta situaci�n es advertida por Cassagne (2006), quien subraya que la indeterminaci�n normativa en el �mbito administrativo puede comprometer la igualdad ante la ley y la previsibilidad de las actuaciones estatales. La jurisprudencia administrativa en el Ecuador, en ocasiones, ha tenido que intervenir para unificar criterios ante la disparidad de interpretaciones, lo que demuestra la necesidad de mayor claridad en la norma reglamentaria (Consejo de la Judicatura, 2020). La ausencia de un listado cerrado obliga a cada instituci�n a desarrollar sus propios c�digos de convivencia, que, si bien son fundamentales, no siempre logran la uniformidad necesaria a nivel nacional, generando disparidades en el tratamiento de faltas similares (Garc�a & L�pez, 2018).
2. Falta de Predictibilidad y Seguridad Jur�dica: Los estudiantes y sus representantes pueden carecer de una certeza absoluta sobre las consecuencias disciplinarias exactas de sus acciones, ya que la tipificaci�n no es tan expl�cita como en modelos anteriores. Esto puede dificultar la prevenci�n y el autocontrol, y generar una sensaci�n de arbitrariedad, contraviniendo el principio de tipicidad que rige el derecho sancionador (Garc�a de Enterr�a & Fern�ndez, 2006). Carbonell (2003) enfatiza que la seguridad jur�dica exige que las normas sean claras, precisas y predecibles, un requisito que se debilita ante la generalidad excesiva en la tipificaci�n de las faltas.

Carbonell (2020) reitera que la certeza en el derecho es un pilar fundamental para la convivencia social, y su ausencia en el �mbito sancionatorio, incluso en el educativo, puede minar la confianza en el sistema jur�dico en su conjunto. La falta de un cat�logo exhaustivo, aunque se justifique por la din�mica escolar, puede generar un vac�o que el operador jur�dico debe llenar con interpretaci�n, lo cual no siempre es �ptimo para la garant�a de derechos (Rebollo Puig, 2019). Esta situaci�n es particularmente preocupante en el �mbito educativo, donde los destinatarios de la norma son ni�os, ni�as y adolescentes, quienes requieren de un marco jur�dico claro y comprensible para ejercer su autonom�a y responsabilidad (UNICEF, 1989). La ambig�edad puede incluso disuadir a los estudiantes de participar plenamente en la vida escolar por temor a consecuencias inciertas (Mart�nez, 2020).

3. Aumento de la Discrecionalidad y Potencial Arbitrariedad: Aunque la LOEI promueve un enfoque garantista y busca limitar la arbitrariedad, la ambig�edad en la tipificaci�n puede, parad�jicamente, aumentar la discrecionalidad de las autoridades al clasificar una falta. Si esta discrecionalidad no se acompa�a de s�lidos protocolos internos, capacitaci�n constante y criterios unificados a nivel ministerial, puede degenerar en arbitrariedad, afectando el derecho a una buena administraci�n y a la defensa (Gordillo, 2010).

Ferrajoli (1995) postula que el principio de estricta legalidad es una garant�a fundamental contra el arbitrio, aplicable no solo al derecho penal sino a todo el derecho sancionador, incluyendo el administrativo disciplinario. La discrecionalidad debe ser reglada y motivada, un desaf�o cuando la norma base es gen�rica (Canosa, 2018). La ausencia de l�mites claros en la interpretaci�n puede llevar a que faltas similares reciban tratamientos dispares, minando la confianza en el sistema y generando un ambiente de injusticia percibida (Silva, 2023). Moya (2019) profundiza en c�mo la discrecionalidad, si bien necesaria en la administraci�n, debe estar siempre sujeta a l�mites racionales y a la motivaci�n de los actos, para evitar que se convierta en una fuente de abuso de poder, un riesgo latente en la aplicaci�n de sanciones disciplinarias con tipificaciones amplias.

4. Desaf�os para el Enfoque Restaurativo y Pedag�gico: La generalidad en la tipificaci�n tambi�n puede dificultar la implementaci�n efectiva de un enfoque restaurativo. Si las faltas no est�n claramente definidas en sus componentes esenciales, es m�s complejo dise�ar medidas pedag�gicas y reparadoras espec�ficas que se ajusten a la naturaleza y el impacto de la infracci�n.

Beloff (2009) argumenta que, en el �mbito de los derechos de la ni�ez y adolescencia, la claridad normativa es crucial para asegurar que las intervenciones disciplinarias sean educativas y no meramente punitivas, y que respeten la dignidad del estudiante. La falta de especificidad puede llevar a que las sanciones se apliquen de manera descontextualizada, sin un verdadero prop�sito formativo, debilitando el objetivo de la LOEI de promover una cultura de paz y resoluci�n de conflictos (Zehr, 2015).

La justicia restaurativa, para ser efectiva, requiere una comprensi�n clara de la ofensa y sus consecuencias, lo cual se ve obstaculizado por la ambig�edad en la tipificaci�n. La falta de un marco claro para las acciones restaurativas puede llevar a que se prioricen las sanciones punitivas por su facilidad de aplicaci�n, desvirtuando el esp�ritu de la ley (P�rez, 2018). P�rez, L. (2021) enfatiza que para que la justicia restaurativa sea una realidad en las escuelas, no basta con la intenci�n; se requiere un dise�o normativo y procedimental que especifique las fases, los actores y las herramientas para la mediaci�n y la reparaci�n, elementos que a�n se encuentran en un estado incipiente en la regulaci�n ecuatoriana.

3. Procedimientos Sancionadores: Avances y Desaf�os Persistentes

En cuanto a los procedimientos disciplinarios, la LOEI (tanto en su versi�n de 2011 como en la Codificada de 2024) y sus reglamentos (2012 y 2023) han consolidado el principio del debido proceso de manera m�s robusta y expl�cita que la legislaci�n anterior a 2011. Sin embargo, persisten desaf�os que, aunque se han intentado mitigar con las �ltimas reformas, requieren atenci�n continua y una implementaci�n rigurosa:

Claridad de Plazos y Competencias: Aunque el Reglamento de 2023 ha intentado mejorar la claridad en los plazos y la determinaci�n de las autoridades competentes para cada etapa del proceso disciplinario (investigaci�n, audiencia, resoluci�n, apelaci�n), a�n pueden existir vac�os o ambig�edades que ralenticen o compliquen la aplicaci�n efectiva del procedimiento. Como afirma Dromi (2007), la eficacia del procedimiento administrativo depende en gran medida de la precisi�n en la asignaci�n de competencias y el establecimiento de plazos perentorios. Ayala Corao (2005) enfatiza que la observancia de los plazos y la claridad en las competencias son componentes esenciales del debido proceso en el �mbito del derecho administrativo sancionador, garantizando la celeridad, la transparencia y la seguridad jur�dica para todas las partes. La falta de claridad en estos aspectos puede generar nulidades procesales, dilaciones innecesarias y, en �ltima instancia, impunidad o injusticia, afectando la celeridad de la justicia (Ortega, 2022). La complejidad de las estructuras educativas y la diversidad de situaciones pueden hacer que la aplicaci�n de los plazos sea un reto, pero la norma debe ser lo suficientemente clara para evitar interpretaciones contradictorias y asegurar la eficiencia del proceso (Vargas, 2024).

1. Medidas de Acompa�amiento y Enfoque Restaurativo: Una Promesa Incompleta: La LOEI (2011 y Codificada 2024) enfatiza el car�cter formativo de las sanciones y la importancia de la justicia restaurativa como un pilar del nuevo modelo disciplinario. No obstante, ambos reglamentos (2012 y 2023) han sido criticados por no desarrollar suficientemente las medidas de acompa�amiento pedag�gico y reparaci�n. Se centran, en la pr�ctica, m�s en el aspecto punitivo (amonestaciones, suspensiones, separaciones) y dejan a las instituciones con poca gu�a clara y detallada sobre c�mo implementar acciones restaurativas efectivas que vayan m�s all� de la mera sanci�n. Esta carencia debilita el esp�ritu restaurativo que la LOEI busca imprimir en la disciplina (P�rez, 2018). La implementaci�n de la justicia restaurativa en el �mbito educativo no es solo un mandato legal, sino una necesidad pedag�gica que requiere herramientas, protocolos claros y una capacitaci�n profunda para su aplicaci�n efectiva (Wachtel, 2016). La mera menci�n de medidas de acompa�amiento sin un desarrollo procedimental y metodol�gico claro en el reglamento las convierte en letra muerta, limitando su impacto transformador en la vida de los estudiantes y en la cultura escolar. La falta de un marco operativo robusto para la justicia restaurativa es un vac�o que impide que el sistema disciplinario cumpla plenamente su funci�n formativa y de construcci�n de paz (Ram�rez, 2021).
2. Implicaciones Jur�dicas y Pr�cticas:

Estos vac�os y conflictos, tanto en la clasificaci�n de las faltas como en la operatividad de los procedimientos disciplinarios, tienen serias y multifac�ticas implicaciones en el d�a a d�a de la comunidad educativa y en la efectividad del sistema jur�dico en su conjunto.

En primer lugar, afectan de manera directa la seguridad jur�dica, generando un ambiente de incertidumbre y desconfianza para todos los actores involucrados: estudiantes, padres de familia, docentes y autoridades educativas. La falta de claridad sobre qu� conducta espec�fica es sancionable, c�mo se aplicar� la sanci�n, cu�les son los criterios para su graduaci�n y qu� recursos existen para impugnarla, puede propiciar decisiones arbitrarias y minar la confianza en la imparcialidad y justicia del sistema. Como se�ala Guastini (2011), la indeterminaci�n de las normas es una fuente primaria de inseguridad jur�dica, ya que dificulta a los ciudadanos prever con razonable certeza las consecuencias legales de sus actos. En el �mbito educativo, donde los sujetos de derecho son ni�os y adolescentes, esta inseguridad es a�n m�s grave, pues afecta su desarrollo integral, su percepci�n de justicia y su capacidad para comprender las normas de convivencia. La falta de un marco predecible puede generar un "efecto paralizante" en la conducta estudiantil, donde el temor a una sanci�n incierta limita la espontaneidad y la participaci�n (V�zquez, 2019).

En segundo lugar, comprometen de forma sustancial el debido proceso. Si los procedimientos disciplinarios no est�n claramente definidos en todas sus etapas, si los plazos para ejercer la defensa son ambiguos, o si la clasificaci�n de las faltas es excesivamente subjetiva, se vulnera la garant�a fundamental de todo ciudadano a ser juzgado conforme a la ley y con todas las garant�as constitucionales y legales. Esto es particularmente delicado en el �mbito educativo, donde las sanciones pueden tener un impacto significativo y duradero en la trayectoria acad�mica del estudiante (afectando su rendimiento, su historial disciplinario, e incluso su acceso a otras instituciones), su bienestar emocional y su futuro personal.

Como subraya Bidart Campos (2007), el debido proceso es una garant�a ineludible en cualquier procedimiento que pueda afectar derechos fundamentales, y su inobservancia puede acarrear la nulidad de los actos administrativos, generando inestabilidad jur�dica. La Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o (UNICEF, 1989), ratificada por Ecuador, exige que en todo procedimiento que afecte a un ni�o se respeten sus derechos fundamentales, incluyendo el derecho a ser o�do, a presentar pruebas, a ser asistido y a la defensa, lo cual requiere un marco procedimental claro y sin ambig�edades (G�mez, 2018).

En tercer lugar, estos vac�os y conflictos pueden generar una litigiosidad innecesaria y, consecuentemente, una sobrecarga del sistema judicial y administrativo. Ante la falta de claridad normativa, la percepci�n de injusticia en la aplicaci�n de las sanciones, o la vulneraci�n de derechos procesales, las partes afectadas (estudiantes y sus representantes) se ven compelidas a recurrir a instancias superiores, tanto administrativas (recursos de apelaci�n, quejas ante autoridades educativas superiores) como judiciales (acciones de protecci�n, recursos contencioso-administrativos). Esta situaci�n no solo satura el sistema judicial y administrativo, ralentizando la resoluci�n de casos y generando costos adicionales, sino que tambi�n desv�a recursos humanos y econ�micos que podr�an destinarse a la mejora de la calidad educativa, la prevenci�n de conflictos y la implementaci�n de programas formativos. La judicializaci�n de los conflictos escolares es, en muchos casos, un s�ntoma de un marco normativo que no logra resolver eficazmente las controversias en su propio �mbito interno (S�nchez, 2021). Esto genera una carga adicional para las familias y las instituciones, que se ven inmersas en procesos largos y complejos.

Finalmente, la ambig�edad en la tipificaci�n de las faltas y la debilidad en el desarrollo de las medidas restaurativas pueden socavar de manera profunda el objetivo pedag�gico y transformador de la disciplina. Si la sanci�n se percibe por el estudiante y su entorno como un mero castigo sin un componente formativo claro, sin una oportunidad para la reflexi�n, la reparaci�n del da�o o el aprendizaje de la responsabilidad, pierde su potencial para educar en valores, promover la convivencia y fomentar el desarrollo integral. La disciplina, en el marco de la LOEI, debe ser una oportunidad para el aprendizaje y la reparaci�n, no solo para la represi�n (P�rez, 2018). Cuando la norma no facilita este enfoque, se corre el riesgo de perpetuar un modelo punitivo que no contribuye a la formaci�n de ciudadanos responsables y conscientes de sus actos, sino que puede generar resentimiento y exclusi�n.

4. Propuestas y Recomendaciones

Para abordar los desaf�os identificados y fortalecer el r�gimen disciplinario estudiantil en el Ecuador, es imperativo adoptar un enfoque integral que combine la mejora normativa, la capacitaci�n y la promoci�n de una cultura institucional basada en la prevenci�n y la restauraci�n. Se proponen las siguientes l�neas de acci�n:

1. Mayor Precisi�n y Complementariedad Normativa: Desarrollo de Gu�as y Protocolos Ministeriales Detallados: Si bien el Reglamento General a la LOEI (2023) ha avanzado en la especificaci�n de algunas faltas, es fundamental que el Ministerio de Educaci�n elabore y difunda gu�as o protocolos ministeriales detallados y de car�cter vinculante. Estos documentos t�cnicos no deber�an buscar la exhaustividad taxativa de cada conducta (lo cual podr�a ser inviable dada la din�mica escolar), sino ofrecer un cat�logo m�s espec�fico de ejemplos de conductas que se consideran faltas leves, graves y muy graves, con criterios claros y unificados para su clasificaci�n y graduaci�n en diferentes contextos. Esto dotar�a de mayor predictibilidad y seguridad jur�dica a la aplicaci�n de la norma, sin necesidad de reformar constantemente el Reglamento. Estos protocolos podr�an incluir matrices de valoraci�n de la gravedad de la falta, considerando factores como la intencionalidad, la reincidencia, el impacto en la comunidad educativa y la edad del estudiante, proporcionando un marco de referencia objetivo (Garc�a & L�pez, 2018).
2. Clarificaci�n y Optimizaci�n de Competencias y Plazos: Es necesario revisar y, si es preciso, reformar los art�culos del Reglamento que a�n presenten ambig�edad en la asignaci�n de competencias a las diferentes autoridades (docentes, inspectores, miembros del DECE, juntas acad�micas, etc.) y en el establecimiento de plazos perentorios para cada etapa del procedimiento disciplinario. La claridad en estos aspectos es vital para evitar dilaciones, garantizar el debido proceso y asegurar la celeridad en la resoluci�n de los casos (Ayala Corao, 2005). La definici�n precisa de roles y responsabilidades evitar�a conflictos de competencia y agilizar�a la toma de decisiones, contribuyendo a la eficiencia administrativa (Vargas, 2024).
3. Fortalecimiento de la Capacitaci�n y Profesionalizaci�n del Personal Educativo en la Formaci�n Continua y Especializada en Derecho Disciplinario y Derechos de la Ni�ez: Es crucial implementar programas de capacitaci�n continua y obligatoria para todos los actores involucrados en la aplicaci�n de la disciplina: directivos, inspectores, docentes y, de manera especial, los miembros de los Departamentos de Consejer�a Estudiantil (DECE). Esta formaci�n debe abarcar no solo el conocimiento exhaustivo de la LOEI (Codificada 2024) y su Reglamento (2023), sino tambi�n los principios fundamentales del derecho administrativo sancionador, el debido proceso, los derechos de la ni�ez y adolescencia (con �nfasis en el inter�s superior del ni�o), y las herramientas pr�cticas de mediaci�n y justicia restaurativa. La capacitaci�n debe ser pr�ctica, con estudios de caso y simulaciones, para desarrollar habilidades de an�lisis y resoluci�n de conflictos (G�mez, 2018).
4. Desarrollo de Criterios Unificados y Sensibilidad: La capacitaci�n debe incluir el desarrollo de criterios unificados para la interpretaci�n y aplicaci�n de las normas disciplinarias, minimizando la subjetividad y garantizando la equidad en todas las instituciones del sistema. Adem�s, es fundamental fomentar la sensibilidad y el enfoque pedag�gico en el personal, para que la disciplina sea percibida como una oportunidad de aprendizaje y no como un mero acto punitivo. Esto implica un cambio cultural que priorice el di�logo y la comprensi�n sobre la mera imposici�n (Mart�nez, 2020).
5. Promoci�n y Desarrollo del Enfoque Preventivo y Restaurativo: Crear Protocolos Espec�ficos para Medidas de Acompa�amiento y Reparaci�n, ya que en el Reglamento de 2023, aunque menciona las medidas de acompa�amiento, no las desarrolla con la profundidad necesaria para su implementaci�n efectiva. Se deben elaborar protocolos espec�ficos y detallados que gu�en a las instituciones educativas en el dise�o e implementaci�n de medidas pedag�gicas y restaurativas efectivas, que vayan m�s all� de la mera sanci�n. Esto incluye el dise�o de programas de mediaci�n escolar, la implementaci�n de c�rculos restaurativos, la realizaci�n de talleres de reflexi�n sobre las consecuencias de las acciones, y la promoci�n de acciones concretas de reparaci�n del da�o (material y emocional), con el involucramiento activo de la familia en el proceso (Wachtel, 2016; Zehr, 2015). La participaci�n de la comunidad educativa en el dise�o de estas medidas es crucial para su aceptaci�n y �xito (Ram�rez, 2021).
6. Fomento de una Cultura de Convivencia Arm�nica y Participaci�n: Es fundamental ir m�s all� de la aplicaci�n reactiva de sanciones y fomentar activamente una cultura de convivencia arm�nica en las instituciones educativas. Esto implica la promoci�n del respeto mutuo, la resoluci�n pac�fica de conflictos a trav�s del di�logo, la empat�a y la participaci�n activa de los estudiantes en la construcci�n de las normas de convivencia. La disciplina debe ser vista como una oportunidad para el aprendizaje y el crecimiento personal y colectivo, no solo como un mecanismo de control o represi�n. La prevenci�n, a trav�s de la educaci�n en valores y habilidades para la vida, es la estrategia m�s eficaz a largo plazo.

5. Conclusi�n

La Ley Org�nica de Educaci�n Intercultural y su Reglamento General han experimentado una significativa evoluci�n desde sus versiones originales de 2011 y 2012 hasta las actuales (LOEI Codificada 2024 y Reglamento reformado 2023). Este proceso de reforma ha buscado consolidar un modelo disciplinario m�s garantista, pedag�gico y adaptado a las realidades contempor�neas del �mbito educativo, marcando un claro contraste con los enfoques predominantemente punitivos de legislaciones anteriores. Sin embargo, el an�lisis comparativo exhaustivo revela que, si bien se han logrado avances importantes en la incorporaci�n de principios constitucionales y de derechos humanos, persisten vac�os y conflictos normativos que exigen una atenci�n cr�tica y soluciones concretas.

El principal desaf�o identificado radica en la generalidad de la tipificaci�n de las faltas en el Reglamento. A diferencia de reglamentos educativos de �pocas anteriores, que ofrec�an listados taxativos y pormenorizados de cada conducta, las versiones post-LOEI optan por descripciones amplias y ejemplos. Esta elecci�n, si bien busca flexibilidad y adaptabilidad a la din�mica escolar, genera inconsistencias en la aplicaci�n de la norma, una notable falta de predictibilidad para los estudiantes y un aumento de la discrecionalidad en las autoridades educativas. Estas consecuencias directas afectan la seguridad jur�dica y la efectividad del debido proceso, principios fundamentales en todo Estado de Derecho, como lo han se�alado diversos autores doctrinarios. La indeterminaci�n normativa, en este contexto, puede llevar a la arbitrariedad y a la percepci�n de injusticia, erosionando la confianza en el sistema.

Asimismo, la implementaci�n efectiva de los procedimientos disciplinarios y el desarrollo de las medidas de acompa�amiento y el enfoque restaurativo a�n presentan debilidades en la normativa actual. La falta de claridad en los plazos, la ambig�edad en la asignaci�n de competencias y la superficialidad en la regulaci�n de las acciones pedag�gicas y reparadoras, limitan el potencial transformador de la disciplina. La mera enunciaci�n de principios garantistas en la ley no es suficiente si el reglamento no proporciona las herramientas operativas para su plena realizaci�n.

La necesidad de una mayor precisi�n normativa a trav�s de instrumentos complementarios (como gu�as y protocolos ministeriales detallados), junto con una capacitaci�n continua y profunda de las autoridades educativas en el marco jur�dico y en las herramientas pedag�gicas, y un compromiso real con el desarrollo de un enfoque preventivo y restaurativo, son pasos ineludibles para superar estos desaf�os. Solo as� se podr� consolidar un sistema educativo que, adem�s de formar acad�micamente a sus estudiantes, garantice plenamente sus derechos, promueva una convivencia arm�nica y equitativa, y asegure que la disciplina sea una herramienta genuinamente formativa y no meramente punitiva. En �ltima instancia, la coherencia y la claridad del marco normativo disciplinario son esenciales para la construcci�n de una sociedad m�s justa, equitativa y respetuosa de los derechos humanos, comenzando desde las aulas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias

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