����������������������������������������������������������������������������������

 

 

La seguridad jur�dica y el �mbito de aplicaci�n de la ley org�nica de las personas adultas mayores

 

Legal certainty and the scope of application of the organic law on older adults

 

Seguran�a jur�dica e �mbito de aplica��o da lei org�nica aos idosos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: jose_luismv1@hotmail.com

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 20 agosto de 2025 *Aceptado: 15 de septiembre de 2025 * Publicado: �31 de octubre de 2025

 

        I.            Investigador Independiente, Ecuador.

      II.            Abogado de los Juzgados y Tribunales, Especialista en derecho comparado, Diplomado en Investigaci�n del Derecho Civil, Magister en derecho Civil. Doctorando PHD. En derecho constitucional, Magister en derecho procesal. Docente Universitario Universidad Indoam�rica, Ecuador.

Resumen

Las personas adultas mayores (PAM), por su nivel de vulnerabilidad al que est�n expuestos, tienen una serie de beneficios tributarios que se encuentran estipulados en disposiciones legales que los protegen, particularmente en el derecho a las exenciones tributarias, a las cuales las PAM se ven vulneradas, debido a las inconsistencias entre las diferentes normativas. El objetivo general es realizar un estudio cr�tico sobre la vulneraci�n o no de los derechos de los adultos mayores estipulados en la LOPAM y en el art�culo 556 (exenciones tributarias) del C�digo Org�nico de Organizaci�n Territorial, Autonom�a y Descentralizaci�n (COOTAD). De igual manera se establece un estudio de la efectividad en la aplicaci�n de las exoneraciones fiscales municipales, bajo un enfoque cualitativo, que permite la descripci�n y la interpretaci�n de documentos relacionados con la seguridad jur�dica y el �mbito de aplicaci�n de la Ley Org�nica de las personas Adultas Mayores. Finalmente, se define con un an�lisis sobre el equilibrio entre los derechos de las personas adultas mayores y las obligaciones tributarias, as� como, las inconsistencias y vac�os jur�dicos legales que se encuentran en la normativa y que afectan de manera significativa en la vulneraci�n de los derechos de las personas adultas mayores.

Palabras clave: Exenciones tributarias; personas adultas mayores; seguridad jur�dica; utilidades y plusval�a.

 

Abstract

Older adults, due to their vulnerability, are entitled to a series of tax benefits stipulated in legal provisions that protect them, particularly the right to tax exemptions. However, these rights are often violated due to inconsistencies among different regulations. The overall objective is to conduct a critical study on whether or not the rights of older adults stipulated in the Organic Law for Older Adults (LOPAM) and in Article 556 (tax exemptions) of the Organic Code of Territorial Organization, Autonomy, and Decentralization (COOTAD) are being violated. Similarly, a qualitative study is conducted on the effectiveness of the application of municipal tax exemptions, allowing for the description and interpretation of documents related to legal certainty and the scope of application of the Organic Law for Older Adults. Finally, the analysis focuses on the balance between the rights of older adults and tax obligations, as well as the inconsistencies and legal gaps in the regulations that significantly contribute to the violation of older adults' rights.

Keywords: Tax exemptions; older adults; legal certainty; profits and capital gains.

 

Resumo

Devido � sua vulnerabilidade, os idosos t�m direito a uma s�rie de benef�cios fiscais previstos em leis que os protegem, em particular o direito � isen��o fiscal. No entanto, esses direitos s�o frequentemente violados devido a inconsist�ncias entre diferentes regulamenta��es. O objetivo geral � realizar um estudo cr�tico sobre a exist�ncia ou n�o de viola��es dos direitos dos idosos previstos na Lei Org�nica do Idoso (LOPAM) e no artigo 556 (isen��es fiscais) do C�digo Org�nico da Organiza��o Territorial, Autonomia e Descentraliza��o (COOTAD). Da mesma forma, realiza-se um estudo qualitativo sobre a efetividade da aplica��o das isen��es fiscais municipais, permitindo a descri��o e interpreta��o de documentos relacionados � seguran�a jur�dica e ao alcance da aplica��o da Lei Org�nica do Idoso. Por fim, a an�lise centra-se no equil�brio entre os direitos dos idosos e as obriga��es fiscais, bem como nas inconsist�ncias e lacunas legais na legisla��o que contribuem significativamente para a viola��o dos direitos dos idosos.

Palavras-chave: Isen��es fiscais; idosos; seguran�a jur�dica; lucros e ganhos de capital.

 

Introducci�n

El envejecimiento poblacional constituye una realidad ineludible a nivel global, que impone a los Estados la obligaci�n de revisar y actualizar su normativa a fin de garantizar una protecci�n integral a las personas adultas mayores (PAM). En el caso ecuatoriano, este mandato se encuentra recogido en la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008), la cual reconoce en su art�culo 37, numerales 4, 5 y 6, beneficios concretos como rebajas en servicios p�blicos y privados, exenciones tributarias, as� como la eliminaci�n del pago por servicios notariales y registrales.

Aun cuando el ordenamiento jur�dico es garantista, su sola existencia no asegura la vigencia material de los derechos. El mandato constitucional de otorgar atenci�n prioritaria y especializada a los grupos de poblacionales considerados como vulnerables, entre ellos las personas adultas mayores, no siempre se implementa de forma efectiva, lo que deriva en vulneraciones de derechos fundamentales (Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, 2008, arts. 3 y 35). Esta brecha responde, en buena medida, al insuficiente conocimiento y aplicaci�n de la normativa por parte de instituciones y ciudadan�a, lo que perpet�a pr�cticas que invisibilizan y excluyen a las personas mayores, reconocidas constitucionalmente como adultas y adultos mayores a partir de los 65 a�os (Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, 2008, art. 36).

�Con el prop�sito de subsanar esta brecha, el Estado ecuatoriano ha promulgado instrumentos legales como la Ley Org�nica de las Personas Adultas Mayores (LOPAM) y su respectivo reglamento, los cuales sistematizan los derechos y beneficios de este grupo poblacional, entre ellos, medidas de car�cter econ�mico como las exenciones tributarias (Ley Org�nica de las Personas Adultas Mayores [LOPAM], 2019). Esta ley, en concordancia con la CRE, establece un conjunto de garant�as que buscan asegurar condiciones de vida dignas, promoviendo la equidad y la inclusi�n.

En su art�culo 14, la LOPAM dispone que las personas mayores de 65 a�os con ingresos de hasta cinco remuneraciones b�sicas unificadas (RBU), o cuyo patrimonio no supere las 500 RBU, est�n exoneradas del pago de impuestos fiscales y municipales. En caso de que se excedan estos l�mites, el impuesto se calcular� �nicamente sobre el excedente. Esta medida responde a los principios de justicia tributaria, orientados a disminuir las brechas econ�micas y sociales, y a garantizar un trato diferenciado y proporcional (LOPAM, 2019).

Desde una perspectiva internacional, organismos como las Naciones Unidas y la Organizaci�n de Estados Americanos han promovido marcos normativos y principios orientados a fortalecer los derechos de las personas mayores. Entre ellos destaca la Convenci�n Interamericana sobre la Protecci�n de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (Organizaci�n de los Estados Americanos [OEA], 2015), que ha sido ratificada por Ecuador y cuya aplicaci�n refuerza la necesidad de implementar pol�ticas p�blicas con enfoque de derechos humanos y equidad fiscal.

Finalmente, el art�culo 300 de la Constituci�n ecuatoriana enfatiza que el r�gimen tributario debe basarse en los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa e irretroactividad. Adem�s, debe contribuir a la redistribuci�n equitativa de la riqueza, al fomento del empleo y a la producci�n responsable (Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, 2008). De este modo, las exenciones otorgadas a las PAM se insertan dentro de un marco coherente de justicia fiscal y garant�a de derechos.

En consecuencia, esta investigaci�n se orienta a analizar la aplicaci�n de las exenciones tributarias establecidas en la LOPAM y en el art�culo 556 del C�digo Org�nico de Organizaci�n Territorial, Autonom�a y Descentralizaci�n (COOTAD), a fin de determinar si su aplicaci�n efectiva garantiza el respeto a los derechos constitucionales de las personas adultas mayores o si, por el contrario, persisten vac�os normativos y administrativos que conducen a su vulneraci�n.

 

Desarrollo

Personas Adultas Mayores

El t�rmino adulto mayor (AM) ha sido una expresi�n que ha desarrollado diferentes concepciones o acepciones. Dentro del argot popular, refiere que es una persona que alcanz� una edad avanzada y que requiere un trato especial. Es evidente que esta definici�n a�n no alcanza la perspectiva integral que merece, ni ha sido analizada desde una esfera biopsicosocial, lo que, s� es indiscutible que, tienen necesidades diferentes en este ciclo de vida y que deben ser valorados y tratados bajo condiciones especiales. De acuerdo a la Organizaci�n de la Naciones Unidas (ONU) �un AM es considerado aquel que tiene m�s de 65 a�os, sobre todo en los pa�ses desarrollados; mientras que, en los pa�ses en v�as de desarrollo un adulto mayor es quien supera los 60 a�os de edad� (United Nations, 2022. p. 7).

Bajo este contexto, la Organizaci�n Mundial de la Salud (OMS) define al adulto mayor a toda persona que tenga 60 a�os. Sin embargo, las categoriza de 60 a 74 a�os como edad avanzada, de 75 a 90 a�os viejos o ancianos y, finalmente, mayores a 91 a�os se los considera como grandes viejos o grandes longevos; en resumen, toda persona mayor de 60 a�os se la considerar� como persona de la tercera edad (Reyes, 2018). En la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008), considera que �una persona adulta mayor es aquella que cumpli� 65 a�os de edad� (art. 36, p.22).

El envejecimiento de la poblaci�n es una realidad inevitable a nivel mundial, que demanda de los Estados la responsabilidad de revisar y adecuar sus leyes para asegurar una protecci�n integral a las personas adultas mayores (PAM). En el contexto ecuatoriano, este deber est� plasmado en la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008), la cual en su art�culo 37, numerales 4, 5 y 6, establece beneficios espec�ficos como descuentos en servicios p�blicos y privados, exoneraciones fiscales, y la exenci�n del pago por tr�mites notariales y registrales.

Con el prop�sito de subsanar esta brecha, el Estado ecuatoriano ha promulgado instrumentos legales como la Ley Org�nica de las Personas Adultas Mayores (LOPAM) y su respectivo reglamento, los cuales sistematizan los derechos y beneficios de este grupo poblacional, entre ellos, medidas de car�cter econ�mico como las exenciones tributarias (Ley Org�nica de las Personas Adultas Mayores [LOPAM], 2019). Esta ley, en concordancia con la CRE, establece un conjunto de garant�as que buscan asegurar condiciones de vida dignas, promoviendo la equidad y la inclusi�n.

En su art�culo 14, la LOPAM dispone que las personas mayores de 65 a�os con ingresos de hasta cinco remuneraciones b�sicas unificadas (RBU), o cuyo patrimonio no supere las 500 RBU, est�n exoneradas del pago de impuestos fiscales y municipales. En caso de que se excedan estos l�mites, el impuesto se calcular� �nicamente sobre el excedente. Esta medida responde a los principios de justicia tributaria, orientados a disminuir las brechas econ�micas y sociales, y a garantizar un trato diferenciado y proporcional (LOPAM, 2019).

A nivel doctrinario, los impuestos son considerados tributos no vinculados, cuyo prop�sito es financiar el gasto p�blico, sin requerir contraprestaci�n directa del Estado. De la Guerra (2020) se�ala que estos tributos reflejan la capacidad contributiva de los sujetos, estableciendo una relaci�n entre la riqueza y la obligaci�n tributaria. En este sentido, las exenciones otorgadas a las PAM no representan privilegios arbitrarios, sino mecanismos de redistribuci�n econ�mica en funci�n de criterios de justicia social.

Desde una perspectiva internacional, organismos como las Naciones Unidas y la Organizaci�n de Estados Americanos han promovido marcos normativos y principios orientados a fortalecer los derechos de las personas mayores. Entre ellos destaca la Convenci�n Interamericana sobre la Protecci�n de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (Organizaci�n de los Estados Americanos [OEA], 2015), que ha sido ratificada por Ecuador y cuya aplicaci�n refuerza la necesidad de implementar pol�ticas p�blicas con enfoque de derechos humanos y equidad fiscal.

En el �mbito nacional, la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador establece en su art�culo 37, numeral 5, que las personas adultas mayores tienen derecho a exenciones en el r�gimen tributario (Asamblea Nacional, 2008). Esta protecci�n econ�mica busca aliviar la carga impositiva y garantizar condiciones de vida dignas para este grupo de atenci�n prioritaria. La Ley Org�nica de las Personas Adultas Mayores (2019) desarrolla este derecho en su art�culo 14, donde se establece que los adultos mayores con ingresos mensuales de hasta cinco remuneraciones b�sicas unificadas, o cuyo patrimonio no exceda las 500, estar�n exentos del pago de impuestos fiscales y municipales.

Adem�s, la normativa aclara que esta exoneraci�n no debe estar sujeta a tr�mites administrativos adicionales, lo que refleja el principio de simplicidad administrativa y atenci�n prioritaria (Ley Org�nica de las Personas Adultas Mayores, 2019, art. 14). Estas disposiciones se basan en los principios de no discriminaci�n y progresividad de derechos establecidos en el art�culo 11, numerales 8 y 9, de la Constituci�n (Asamblea Nacional, 2008).

La funci�n normativa de los GAD y su rol en la protecci�n tributaria

La aplicaci�n de estas disposiciones depende de los Gobiernos Aut�nomos Descentralizados (GAD), quienes ejercen competencia normativa en su territorio conforme al C�digo Org�nico de Organizaci�n Territorial (COOTAD). Seg�n Guerrero Carri�n (2023), muchos gobiernos locales no han desarrollado normativa espec�fica o han impuesto requisitos que limitan el acceso al beneficio, en contravenci�n de la legislaci�n nacional.

En este contexto, el cant�n Ambato representa una buena pr�ctica normativa. A trav�s de su Ordenanza para la promoci�n, protecci�n y restituci�n de derechos de las personas adultas mayores (GAD Municipal de Ambato, 2021), se establece el compromiso institucional de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos econ�micos de este grupo, incluido el acceso a la exoneraci�n predial.

En abril de 2025, el Municipio de Ambato implement� una pol�tica progresiva mediante la cual se exonera completamente del impuesto predial a las personas adultas mayores con patrimonios inferiores a 500 remuneraciones b�sicas unificadas. En los casos en que se supera este umbral, el impuesto se aplica �nicamente sobre el excedente (Municipio de Ambato, 2025). Esta medida refleja una adecuada aplicaci�n del principio de equidad tributaria y un cumplimiento efectivo de la Ley Org�nica de las Personas Adultas Mayores.

A su vez, estas acciones est�n alineadas con los est�ndares de la Convenci�n Interamericana sobre la Protecci�n de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2015), la cual, en su art�culo 31, reconoce el derecho a beneficios fiscales diferenciados, y exige a los Estados Parte adoptar medidas que garanticen el bienestar econ�mico de las personas mayores en condiciones de igualdad.

A pesar de los avances en el cant�n Ambato, a nivel nacional persisten deficiencias estructurales. Seg�n el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (2023), apenas el 42 % de los municipios cuenta con ordenanzas que regulen la exoneraci�n predial, y solo el 47 % ha realizado una difusi�n adecuada del derecho entre la poblaci�n adulta mayor.

Esto demuestra una preocupante falta de armonizaci�n entre el marco constitucional y la normativa seccional, lo cual debilita la garant�a del derecho en territorios donde no se han establecido mecanismos claros de acceso ni se han simplificado los procedimientos administrativos.

Seguridad jur�dica del adulto mayor y sus derechos constitucionales

En el contexto jur�dico ecuatoriano, las personas adultas mayores son definidas como aquellas que han alcanzado los 65 a�os, seg�n lo establecido en la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador ([CRE], 2008) y en la Ley Org�nica de las Personas Adultas Mayores ([LOPAM], 2019). Este grupo demogr�fico goza de una protecci�n especial en virtud de su vulnerabilidad y las necesidades particulares que presentan en t�rminos de salud, econom�a y bienestar social.

Uno de los primeros pa�ses en instaurar una ley para las PAM fue Ecuador; para esto estipul� la Ley Especial del Anciano; a partir del 2008 se promueve la revisi�n de las leyes y normas que amparan el cumplimiento de los derechos de los adultos mayores. Dentro de los derechos constitucionales que tienen los adultos mayores, estipulados en la Constituci�n del Ecuador, se tienen:

 

Tabla 1. Constituci�n del Ecuador del adulto mayor

Nota: compilaci�n realizada por el autor de la revisi�n jur�dica

 

La seguridad jur�dica es un principio estructural del Estado constitucional de derechos y justicia, cuyo objetivo es garantizar la certeza del derecho y la estabilidad en la aplicaci�n de las normas. En el caso de las personas adultas mayores (PAM), este principio adquiere especial relevancia, dado que se trata de un grupo social en situaci�n de vulnerabilidad y titular de derechos reforzados que requieren protecci�n efectiva en todos los niveles del Estado.

En el marco jur�dico ecuatoriano, la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008) establece en su art�culo 37, numerales 4, 5 y 6, un conjunto de beneficios y exoneraciones destinadas a garantizar condiciones de vida dignas para las PAM. Estas disposiciones comprenden descuentos en servicios p�blicos y privados, acceso preferente a espect�culos, as� como exoneraciones del pago por servicios notariales y registrales. Estas medidas responden a un enfoque de justicia social, equidad y redistribuci�n, reconociendo que el envejecimiento debe abordarse con pol�ticas que protejan tanto la autonom�a como la dignidad de la persona.

Sin embargo, este beneficio constitucional coexiste con otro mandato igualmente reconocido en la Carta Magna: la autonom�a de los Gobiernos Aut�nomos Descentralizados. El art�culo 283 reconoce a los GAD como entidades con autonom�a pol�tica, administrativa y financiera, lo que les faculta a regular su sistema de gesti�n territorial con independencia de los �rganos centrales del Estado. En correspondencia, el art�culo 264, numeral 5, les otorga la competencia para crear, modificar y suprimir tasas y contribuciones especiales de mejoras mediante ordenanzas municipales.

El art�culo 300 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador establece un conjunto de principios rectores fundamentales para la estructuraci�n del r�gimen tributario nacional. Entre estos principios se destacan la generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Este conjunto normativo no debe ser entendido de manera aislada, sino como una manifestaci�n del principio de legalidad tributaria en armon�a con el paradigma del Estado constitucional de derechos y justicia.

En particular, la consagraci�n de la progresividad y equidad tributaria cumple una funci�n estructural en el dise�o de pol�ticas p�blicas orientadas a la redistribuci�n de la riqueza. La progresividad implica que las cargas tributarias se incrementen en proporci�n a la capacidad econ�mica del contribuyente, lo cual permite que quienes poseen mayores recursos financieros contribuyan en mayor medida al financiamiento de los gastos p�blicos. Por su parte, la equidad busca asegurar que todos los ciudadanos sean tratados de forma justa en funci�n de sus condiciones socioecon�micas, lo cual resulta imprescindible para garantizar la inclusi�n de grupos hist�ricamente vulnerables.

En este marco, el r�gimen tributario ecuatoriano trasciende su car�cter meramente recaudador y se erige como un instrumento de pol�tica fiscal con vocaci�n redistributiva, capaz de reducir las brechas estructurales de desigualdad. Tal es el caso de las medidas tributarias orientadas a proteger a las personas adultas mayores, en consecuencia, el art�culo 300 no solo delimita las potestades fiscales del Estado, sino que tambi�n configura un puente normativo entre las competencias tributarias y la garant�a efectiva de los derechos econ�micos y sociales, como la salud, la seguridad social y una vida digna para las personas adultas mayores. De esta manera, la normativa tributaria adquiere una dimensi�n garantista, al servicio del principio constitucional del buen vivir y del desarrollo humano integral.

La equidad tributaria se configura como un principio esencial dentro del ordenamiento fiscal ecuatoriano, en la medida en que garantiza un tratamiento diferenciado en la aplicaci�n de las normas impositivas, conforme a la capacidad econ�mica real de los contribuyentes. Esta diferenciaci�n no implica una excepci�n arbitraria ni una desviaci�n del principio de legalidad, sino que responde a un mandato de justicia material que reconoce las desigualdades existentes y promueve su correcci�n mediante instrumentos jur�dicos adecuados (Mart�nez Mardones, 2023).

Desde esta perspectiva, la equidad tributaria no puede entenderse �nicamente como una regla t�cnica de aplicaci�n fiscal, sino como una expresi�n concreta del principio de igualdad material consagrado en el art�culo 11 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador. En efecto, dicha disposici�n obliga al Estado no solo a abstenerse de generar discriminaciones injustificadas, sino tambi�n a adoptar medidas afirmativas en favor de grupos hist�ricamente excluidos o en situaci�n de vulnerabilidad. Entre estos grupos, las personas adultas mayores ocupan un lugar prioritario, en virtud de lo dispuesto por el art�culo 35 constitucional, que les reconoce como sujetos de atenci�n preferente.

En tal sentido, la normativa fiscal debe ser le�da e interpretada desde un enfoque de derechos humanos, que considere la intersecci�n entre la edad, la situaci�n econ�mica y el acceso a servicios b�sicos como factores determinantes de vulnerabilidad. De ah� que las exoneraciones tributarias dirigidas a las personas adultas mayores no constituyen privilegios ni concesiones discrecionales del poder p�blico, sino mecanismos normativos leg�timos de redistribuci�n que buscan garantizar condiciones m�nimas de dignidad y autonom�a econ�mica para este grupo poblacional.

La jurisprudencia constitucional y la doctrina han coincidido en se�alar que tales medidas corresponden a una forma de justicia correctiva, en tanto est�n dise�adas para compensar los efectos negativos de una estructura socioecon�mica desigual. Como sostiene Guerrero Carri�n (2023, s.p.), estas exoneraciones deben ser interpretadas como una obligaci�n legal y �tica del Estado y de los gobiernos aut�nomos descentralizados, quienes est�n constitucionalmente mandados a adoptar pol�ticas p�blicas y normativas locales que materialicen el principio de equidad en la tributaci�n.

En consecuencia, el principio de equidad tributaria, en relaci�n con los derechos de las personas adultas mayores, adquiere una dimensi�n normativa transversal: no solo orienta la producci�n legislativa ordinaria y local, sino que condiciona la validez constitucional de las normas fiscales, en la medida en que �stas deben ser compatibles con el deber estatal de protecci�n reforzada y con los est�ndares internacionales en materia de derechos humanos.

La conjunci�n de estas normas ha generado un escenario de potencial contradicci�n normativa. Mientras que el art�culo 37 impone un mandato claro de exoneraci�n tributaria a favor de las PAM, los art�culos 283 y 264 legitiman la emisi�n de ordenanzas que, en ciertos casos, pueden restringir o condicionar estos beneficios, dependiendo de la interpretaci�n y aplicaci�n que cada gobierno local otorgue. Tal situaci�n vulnera el principio de seguridad jur�dica, en tanto genera incertidumbre y desigualdad territorial en el ejercicio de un derecho reconocido a nivel nacional.

Este conflicto normativo pone en evidencia la necesidad de adoptar medidas de armonizaci�n jur�dica entre los niveles de gobierno. El principio de supremac�a constitucional, recogido en el art�culo 424 de la Carta Magna, establece que toda norma jur�dica debe respetar los derechos garantizados en la Constituci�n; por lo tanto, ninguna ordenanza puede restringir o condicionar beneficios establecidos a favor de las personas adultas mayores. Cualquier disposici�n en contrario carece de eficacia jur�dica.

Frente a este panorama, se requiere fortalecer los mecanismos de control constitucional y administrativo, mediante los cuales se verifique que las ordenanzas municipales respeten los derechos tributarios y econ�micos reconocidos a las PAM. Adem�s, es indispensable promover la capacitaci�n permanente a los gobiernos locales en materia de derechos humanos, envejecimiento y r�gimen tributario justo, de manera que se genere un sistema tributario local que respete el principio de equidad intergeneracional y contribuya a la inclusi�n plena de las personas adultas mayores.

En virtud del art�culo 7 del C�digo Org�nico de Organizaci�n Territorial, Autonom�a y Descentralizaci�n (COOTAD), se reconoce a los �rganos legislativos territoriales �consejos regionales y provinciales, concejos metropolitanos y concejos municipales� la facultad normativa para dictar normas de car�cter general, en forma de ordenanzas, acuerdos o resoluciones. Esta potestad debe ejercerse dentro de los l�mites de su respectiva jurisdicci�n y conforme a las competencias que les han sido atribuidas por la Constituci�n y la ley. Tal reconocimiento normativo consolida el principio de autonom�a territorial, permitiendo a los gobiernos aut�nomos descentralizados responder de manera eficaz a las necesidades locales, sin perjuicio del principio de unidad del Estado (Asamblea Nacional del Ecuador, 2023).

Sin embargo, el art�culo 238 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador garantiza la autonom�a pol�tica, administrativa y financiera de los gobiernos aut�nomos descentralizados, principio que se materializa en disposiciones normativas como las contenidas en el C�digo Org�nico de Organizaci�n Territorial, Autonom�a y Descentralizaci�n (COOTAD). En particular, el art�culo 55, literal e), y el art�culo 186 del COOTAD, que otorgan a los municipios la potestad de establecer, modificar, exonerar o suprimir tasas, tarifas y contribuciones especiales mediante ordenanzas espec�ficas. Esta atribuci�n les permite regular la gesti�n de recursos propios derivados de los servicios p�blicos que prestan y de las obras ejecutadas en su circunscripci�n territorial.

Dicha facultad no solo garantiza el financiamiento de competencias exclusivas del nivel municipal, sino que tambi�n fortalece el principio de corresponsabilidad fiscal, promoviendo una gesti�n tributaria ajustada a las realidades locales. Esta prerrogativa se encuentra estrechamente vinculada al principio de legalidad tributaria, en tanto toda creaci�n o modificaci�n de cargas fiscales debe realizarse mediante ordenanza, instrumento jur�dico de car�cter general expedido por el concejo municipal competente.

Por otro lado, el art�culo 491 del COOTAD tipifica y organiza los tributos municipales y metropolitanos, diferenciando entre impuestos, tasas y contribuciones especiales. Esta clasificaci�n permite delimitar con claridad el objeto de cada impuesto, su hecho generador y los sujetos obligados, lo cual es esencial para garantizar la seguridad jur�dica y la transparencia en el r�gimen impositivo local.

En consecuencia, el ejercicio de estas competencias tributarias debe estar orientado no solo a la sostenibilidad fiscal, sino tambi�n al cumplimiento de los principios de equidad, progresividad y no confiscatoriedad, conforme a lo establecido en la Constituci�n y la normativa tributaria nacional.

La normativa vigente en materia de protecci�n a las personas adultas mayores establece condiciones precisas para eximirlas del pago de ciertos tributos, siempre que se cumplan requisitos relacionados con la edad, nivel de ingresos y patrimonio. Espec�ficamente, se reconoce este beneficio cuando la persona ha alcanzado los 65 a�os de edad y sus recursos econ�micos no superan ciertos l�mites definidos por el salario b�sico unificado. Estas disposiciones buscan reducir la carga fiscal de este grupo poblacional y promover su bienestar econ�mico.

Al analizar Reglamento General de la Ley Org�nica de las Personas Adultas Mayores, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 1087, publicado en el Registro Oficial Suplemento 241 del 8 de julio de 2020, se advierte que sus disposiciones son excesivamente generales. Aunque exige la presentaci�n de un documento que acredite la identidad de la persona adulta mayor como condici�n para acceder a beneficios y exenciones, no establece con claridad el procedimiento que deben seguir las entidades competentes para aplicar estas disposiciones. Esta falta de especificidad normativa genera un vac�o que puede ser interpretado de distintas maneras por los Gobiernos Aut�nomos Descentralizados.

Dado que estas entidades cuentan con autonom�a para regular determinados aspectos dentro de su jurisdicci�n, en muchos casos no aplican de manera uniforme ni obligatoria las exoneraciones establecidas en la ley. Esta situaci�n genera desigualdad en la aplicaci�n de los derechos fiscales para las personas adultas mayores, dependiendo del territorio en el que residan. Por ello, es necesario fortalecer la coherencia entre la ley y su reglamento, incorporando directrices claras y obligatorias para los niveles de gobierno local, que garanticen la aplicaci�n efectiva y equitativa de estos beneficios en todo el pa�s.

El marco tributario vigente reconoce una distinci�n relevante entre los diferentes tipos de tributos que pueden aplicarse a las personas adultas mayores. Aunque la normativa exime a este grupo del pago de impuestos, dicha exoneraci�n no se extiende a otras figuras tributarias como las tasas o las contribuciones especiales. Esta delimitaci�n implica que, si bien existe un reconocimiento general de beneficios fiscales, su alcance es parcial y est� condicionado a la clasificaci�n del tributo correspondiente. En consecuencia, los Gobiernos Aut�nomos Descentralizados conservan la competencia para imponer y regular tasas y contribuciones dentro de su jurisdicci�n, lo que puede generar disparidades en la aplicaci�n de estos beneficios. Esto dificulta una ejecuci�n homog�nea de las medidas de protecci�n fiscal para las personas adultas mayores en el �mbito local.

En un plano m�s amplio, el derecho internacional ha reconocido a las personas adultas mayores como sujetos de derechos especiales. Lathrop (2019) sostiene que estos derechos est�n presentes en m�ltiples declaraciones y tratados internacionales. Desde una perspectiva universalista y de derechos humanos, dichos instrumentos poseen fuerza normativa general, al constituirse como fuentes auxiliares de interpretaci�n y armonizaci�n en los sistemas jur�dicos nacionales.

Por su parte, Mart�nez (2023) advierte que los desarrollos normativos sobre los derechos de las personas adultas mayores, a nivel internacional, son en su mayor�a orientativos y no crean obligaciones jur�dicas vinculantes para los Estados. Se�ala, adem�s, que estos instrumentos presentan diferencias de enfoque, lo que evidencia que a�n persisten vac�os en cuanto a su incorporaci�n efectiva en las legislaciones internas y su cumplimiento sustantivo.

Hist�ricamente, la atenci�n a los derechos de las personas adultas mayores comenz� con la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos ([CADH], 1969) y el Protocolo de San Salvador (1988), en su art�culo 17 determina medidas de protecci�n para los ancianos, esto se respalda por resoluciones que se sustentan en diferentes planes de acci�n.

Si bien estos instrumentos son vinculantes, pues como se�ala Mart�nez (2023), puede conjeturarse que cada uno aport� a la formulaci�n y adopci�n de la Convenci�n Interamericana sobre la Protecci�n de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores (CNDH, 2018). Dicho instrumento, aprobado por la Organizaci�n de los Estados Americanos (OEA) el 15 de junio de 2015, a diferencia de sus precursores o predecesores, resulta vinculante para los Estados parte de la organizaci�n en materia de promoci�n y protecci�n de los derechos de las personas adultas mayores, asegurando as� su plena inclusi�n y participaci�n en la sociedad.

Ante lo expuesto, es evidente que, las personas adultas mayores tienen derechos previamente establecidos que pretenden garantizar una mejor calidad y condiciones de vida. Sin embargo, en el compendio realizado en la tabla 2 relacionado con las exenciones del r�gimen tributario se visualizar� la existencia de una serie de vac�os y contradicciones legales que afectan de manera significativa el desarrollo de esta poblaci�n vulnerable. En muchas ocasiones se vulnera el derecho a la dignidad humana, que posee todo ser humano, en donde se determina que las personas sin distinci�n de raza, edad, sexo, entre otros, deben ser respetadas y valoradas; por esta raz�n se estima que las personas adultas mayores deben vivir con dignidad y seguridad, libres de explotaciones, maltratos f�sicos y/o psicol�gicos.

Exenciones de r�gimen tributario del adulto mayor

Los grupos prioritarios reconocidos por la legislaci�n ecuatoriana, entre ellos las personas adultas mayores, cuentan con beneficios tributarios que se materializan principalmente en exoneraciones, rebajas y deducciones. Estos beneficios tienen como prop�sito garantizar condiciones de vida dignas y promover la igualdad material frente a las cargas fiscales.

En lo que respecta a las exenciones tributarias, se entienden como la dispensa legal de realizar un pago tributario que, de forma ordinaria, ser�a obligatorio para una persona natural o jur�dica. No obstante, para que la exenci�n surta efectos, es indispensable que la persona beneficiaria la declare o solicite formalmente ante la autoridad competente, conforme a lo dispuesto en el marco legal vigente (Guerrero, 2023).

 

Tabla 2. Legislaci�n de exenciones de r�gimen tributario del adulto mayor

Nota: compilaci�n realizada por el autor de la revisi�n sistem�tica

 

En el �mbito latinoamericano, diversos pa�ses han desarrollado marcos normativos orientados a la protecci�n integral de las personas adultas mayores. Sin embargo, en la mayor�a de los casos, las disposiciones en materia de exenciones tributarias son generales y carecen de una regulaci�n detallada. Por ejemplo, en Per�, la Ley N.� 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, establece principios de protecci�n social, pero no contempla un r�gimen tributario espec�fico, limitando las exenciones a ciertos tributos municipales en casos particulares. En Colombia, la Ley 1850 de 2017 regula la protecci�n contra el maltrato y la discriminaci�n, pero no desarrolla un sistema de beneficios tributarios estructurado, dejando su implementaci�n sujeta a reglamentaciones posteriores o a la discrecionalidad de los entes territoriales.

En contraste, el Ecuador dispone de un marco legal m�s desarrollado, que integra disposiciones constitucionales (art. 37, numerales 4, 5 y 6; art. 300), la Ley Org�nica de las Personas Adultas Mayores (2019) y su reglamento, estableciendo criterios claros para la exoneraci�n de impuestos fiscales y municipales, as� como de costos notariales y registrales, siempre que se cumplan los requisitos de edad y de ingresos o patrimonio. No obstante, este marco normativo presenta contradicciones internas y vac�os legales que afectan su aplicaci�n.

Exoneraci�n de impuestos fiscales y municipales

El sistema tributario ecuatoriano contempla un conjunto de medidas orientadas a aliviar la carga fiscal de los adultos mayores, reconoci�ndolos como un grupo prioritario. Estas medidas, fundamentadas en la legislaci�n nacional, se expresan en exoneraciones que buscan garantizar una mejor calidad de vida para este sector de la poblaci�n, mediante el acceso a beneficios econ�micos espec�ficos.

Ecuador se destaca como uno de los pa�ses pioneros en Am�rica Latina en la creaci�n de un marco legal espec�fico orientado a la protecci�n integral de los derechos de las personas adultas mayores. Este reconocimiento jur�dico no solo reafirma el principio de atenci�n prioritaria consagrado en la Constituci�n, sino que tambi�n se traduce en una serie de beneficios concretos que buscan garantizar una vejez digna, activa e inclusiva.

El conjunto de medidas tributarias no solo constituye un alivio econ�mico para un sector vulnerable de la poblaci�n, sino que tambi�n refleja el compromiso del Estado ecuatoriano con la equidad intergeneracional, al integrar la perspectiva de derechos humanos en sus pol�ticas fiscales. En cuanto a la administraci�n tributaria, corresponde a la autoridad nacional encargada del control fiscal supervisar la aplicaci�n de estos beneficios. Dicha entidad tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las exenciones establecidas por ley. Dentro de este marco, se reconoce la posibilidad de excluir del pago ciertos tributos en funci�n de criterios previamente definidos, como edad, nivel de ingresos o patrimonio. Uno de los casos m�s relevantes es el relacionado con el pago de seguros en operaciones de cr�dito, que tambi�n se encuentra exceptuado para este grupo poblacional.

Los tributos que recaen sobre los adultos mayores incluyen tanto aquellos de car�cter nacional como local. En el �mbito municipal, existen grav�menes aplicables a bienes, servicios, transacciones y otros hechos econ�micos, los cuales son administrados por los gobiernos seccionales. Estos incluyen una variedad de impuestos como los que recaen sobre la propiedad urbana o rural, las transferencias de bienes inmuebles, veh�culos, actividades econ�micas, espect�culos p�blicos y otros elementos que constituyen base imponible dentro de las competencias locales.

Uno de los impuestos m�s significativos es el que grava la ganancia obtenida en la transferencia de bienes inmuebles urbanos y el incremento de su valor. La normativa establece un porcentaje espec�fico para este tributo, el cual puede ser modificado por las autoridades locales mediante ordenanza. La administraci�n de este impuesto est� a cargo de los gobiernos aut�nomos descentralizados, los cuales deben ejercer esta competencia conforme a los principios constitucionales de autonom�a y legalidad.

Desde un enfoque doctrinario, este tipo de tributo se considera como una manifestaci�n leg�tima de las facultades tributarias que tienen las entidades territoriales. Su regulaci�n, recaudaci�n y ejecuci�n deben realizarse dentro del marco de las disposiciones legales y constitucionales que definen la competencia de estos organismos.

La falta de uniformidad en la aplicaci�n de las exenciones tributarias demuestra la necesidad de alinear las potestades normativas locales con las disposiciones constitucionales y legales que protegen a los adultos mayores. Esta armonizaci�n permitir�a garantizar que los beneficios fiscales establecidos se apliquen de forma efectiva en todo el territorio nacional.

En cuanto a su definici�n, la exenci�n tributaria implica la eliminaci�n de una obligaci�n fiscal que normalmente deber�a cumplirse, lo cual refuerza el principio de legalidad en materia impositiva. Esta figura jur�dica no solo delimita la obligaci�n de pago, sino que tambi�n tiene un prop�sito redistributivo, al favorecer a determinados grupos mediante un trato fiscal diferenciado.

Dicho tratamiento diferenciado debe analizarse desde dos perspectivas fundamentales: por un lado, como una herramienta para garantizar derechos econ�micos y sociales de los grupos en situaci�n de vulnerabilidad, y por otro, como una figura sujeta a requisitos espec�ficos cuya omisi�n puede impedir el acceso a los beneficios. As�, el objetivo no es �nicamente brindar un alivio financiero, sino tambi�n responder a criterios de justicia tributaria y respeto a los derechos humanos.

En el caso de los tributos nacionales, su recaudaci�n est� a cargo de la autoridad fiscal correspondiente, e incluyen figuras como el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto a consumos especiales y otros grav�menes sobre bienes espec�ficos. Estos impuestos cumplen una funci�n esencial en la financiaci�n del gasto p�blico, y su aplicaci�n sobre adultos mayores est� sujeta a las condiciones establecidas en las normas tributarias, con los beneficios o exenciones que les correspondan por ley.

Estos tributos constituyen el eje central del sistema fiscal ecuatoriano, por lo que su adecuada administraci�n resulta fundamental para asegurar tanto la suficiencia en la recaudaci�n como el cumplimiento del principio de equidad tributaria. Sin embargo, cuando se trata de sectores en situaci�n de vulnerabilidad, como las personas adultas mayores, la aplicaci�n de exoneraciones no responde �nicamente a fines financieros, sino que constituye un mecanismo para garantizar derechos reconocidos constitucionalmente. Estas medidas reflejan una orientaci�n clara hacia pol�ticas p�blicas de redistribuci�n que buscan reducir brechas hist�ricas y atender las desigualdades estructurales presentes en el pa�s.

 

Conclusiones

La protecci�n constitucional y legal de las personas adultas mayores (PAM) en Ecuador, plasmada en la Constituci�n de 2008 y en la Ley Org�nica de las Personas Adultas Mayores (LOPAM) 2019, busca garantizar su derecho a una vida digna mediante beneficios como exenciones tributarias y rebajas en servicios, reflejando un enfoque de justicia social y equidad tributaria que debe traducirse en protecci�n material y efectiva para este grupo vulnerable.

A pesar de que el marco normativo que establece la Constituci�n y la LOPAM es suficientemente robusto, la brecha entre un reconocimiento formal de derechos y un acceso pr�ctico a la aplicaci�n de los mismos es notable. Tal situaci�n puede explicarse, sobre todo, ante vac�os y contradicciones normativas y ante la falta de armonizaci�n entre las competencias de los Gobiernos Aut�nomos Descentralizados (GAD) y la normativa nacional, pues esta situaci�n contribuye no s�lo a afectar la seguridad jur�dica de los derechos que predican, sino; tambi�n, a generar desigualdades territoriales en t�rminos de condiciones para el acceso efectivo a los derechos.

El principio de equidad tributaria es central en la protecci�n econ�mica de las personas adultas mayores, porque garantizan un trato ajustado, diferenciado y progresivo, porque se adec�a a la capacidad contributiva y a la situaci�n de vulnerabilidad de este colectivo social, de modo que evita que las exoneraciones tributarias sean comprendidas como privilegios arbitrarios, sino como mecanismos redistributivos justos y necesarios del sistema fiscal ecuatoriano.

La competencia normativa otorgada a los GAD para establecer tasas, impuestos y contribuciones dentro de sus territorios representa un desaf�o para la uniformidad en la aplicaci�n de beneficios tributarios a las personas adultas mayores, ya que la ausencia de lineamientos claros y obligatorios en el reglamento de la LOPAM propicia interpretaciones dispares que pueden restringir o condicionar injustificadamente el acceso a estos derechos.

Para fortalecer la seguridad jur�dica y garantizar la protecci�n material y efectiva de los derechos tributarios y econ�micos de las personas adultas mayores, es crucial impulsar la armonizaci�n normativa entre los niveles central y local del Estado, mejorar los mecanismos de control constitucional y administrativo, y promover programas de capacitaci�n y difusi�n que aseguren el conocimiento y cumplimiento de estos derechos, en l�nea con los est�ndares nacionales e internacionales de derechos humanos.

 

Referencias

1.      Asamblea Nacional del Ecuador. (20 de octubre de 2008). Constituci�n de la rep�blica del Ecuador. Decreto Legislativo. Registro Oficial 449 de 20-oct.-2008. Ultima modificaci�n: 25-ene.-2021. Quito. Obtenido de https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/02/Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador_act_ene-2021.pdf

2.      Camacho, �. (2 de julio de 2020). El impuesto predial y los adultos mayores. Recuperado el 24 de julio de 2024, de https://www.ambitojuridico.com/noticias/ambito-del-lector/tributario-y-contable/el-impuesto-predial-y-los-adultos-mayores

3.      Camacho, M. (2022). El efecto de la sucesi�n en el impuesto a la utilidad en la transferencia. USFQ Law Review, 9(1), 181-206. doi:doi: 10.18272/ulr.v9i1.2568

4.      Carri�n, E. (1991). Compendio de Derecho Sucesorio. Quito: : Ediciones de la Pontificia Universidad Cat�lica del Ecuador.

5.      Claro, L. (1992). Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado (Vol. Tomo III). Santiago de Chile: Editorial Jur�dica de Chile.

6.      CNDH. (2018). Los derechos humanos de las personas mayores (4ta. edici�n ed.). M�xico: Comisi�n Nacional de los Derechos Humanos. Obtenido de https://lc.cx/Gfjhjw

7.      Congreso Nacional de Chile. (12 de mayo de 2023). Ley N� 20.732. Adultos mayores y exenciones a las contribuciones de bienes inmuebles con destino habitacional . Recuperado el 24 de julio de 2024, de https://lc.cx/w6dPYI

8.      De la Guerra, E. (2020). Democracia, autoimposici�n y tributos. Iuris Dictio, 26(2), 137-158. doi:DOI: http://dx.doi.org/10.18272/iu.v26i26.1844

9.      D�ez-Picazo, L., & Gull�n, A. (2001). Sistema de Derecho Civil (Vol. Volumen I). Madrid: Editorial Tecnos.

10.  Estado Peruano. (14 de enero de 2024). Beneficio al impuesto predial para adultos mayores. Recuperado el 24 de julio de 2024, de https://www.gob.pe/705-beneficio-al-impuesto-predial-para-adultos-mayores

11.  Fiscal�a General del Estado. (29 de marzo de 2023). C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial;. Suplemento del Registro Oficial No. 544. Quito. Obtenido de https://lc.cx/CQYfb8

12.  Guerrero, S. (2023). Exenciones tributarias: la situaci�n de los adultos mayores en la tributaci�n seccional. [Tesis de maestr�a. Universidad Nacional de Loja]. Loja. Obtenido de https://lc.cx/aFq8HW

13.  H. Congreso Nacional. (16 de diciembre de 2005). C�digo de Trabajo. Codificaci�n. Registro Oficial Suplemento 167. Ultima modificaci�n: 22-jun.-2020. Quito. Obtenido de https://lc.cx/zOSFJx

14.  H. Congreso Nacional. (20 de junio de 2023). C�digo Tributario. Suplemento del Registro Oficial No. 335. Quito. Obtenido de https://lc.cx/lPbP7H

15.  H. Congreso Nacional. (20 de junio de 2023). Ley de R�gimen Tributario Interno,. Suplemento del Registro Oficial 335. Quito: Direcci�n Nacional Jur�dica. Obtenido de https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/1c04850c-093e-44bf-ba98-e9bc8baae57e/Ley_Regimen_Tributario_Interno_20_jun_2023.pdf

16.  Lathrop, F. (2019). Protecci�n jur�dica de los adultos mayores en Chile. Revista chilena de derecho, 36(1), 77-113. doi:http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372009000100005

17.  Mart�nez, J. (2023). Protecci�n de las personas mayores a la luz del derecho internacional e interno. Estudios constitucionales, 21(1), 11-123. doi:http://dx.doi.org/10.4067/S0718-52002023000100006

18.  Observatorio Regional de Planificaci�n para el Desarrollo. (12 de agosto de 2023). Consejos Sectoriales de la Pol�tica P�blica de Ecuador. Recuperado el 4 de agosto de 2024, de https://lc.cx/L0MoZa

19.  OMS. (1 de octubre de 2022). Envejecimiento y salud. Recuperado el 25 de julio de 2024, de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health

20.  Organizaci�n de las Naciones Unidas [ONU]. (16 de diciembre de 1966). Pacto Internacional de Derechos Econ�micos, Sociales y Culturales. Recuperado el 25 de julio de 2024, de https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights

21.  Organizaci�n Mundial de la Salud [OMS]. (1 de octubre de 2022). Envejecimiento y salud. Recuperado el 24 de julio de 2024, de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health

22.  Organizaci�n Panamericana de Salud. (2023). La Convenci�n Interamericana sobre la Protecci�n de los Derechos Humanos de las Personas Mayores como herramienta para promover la D�cada del Envejecimiento Saludable. Washington, D.C.,: OPS. Obtenido de https://lc.cx/pWwn3-

23.  Presidencia de la Rep�blica. (19 de octubre de 2010). C�digo Org�nico de Organizaci�n Territorial, [COOTAD]. Ley. Registro Oficial Suplemento 303. Ultima modificaci�n: 31-dic.-2019. Quito. Obtenido de https://lc.cx/Ah0dxQ

24.  Presidencia de la Rep�blica del Ecuador. (9 de mayo de 2019). Ley Org�nica de las Personas Adultas Mayores. Ley. Registro Oficial Suplemento 484. Quito. Obtenido de https://lc.cx/Nxrdy2

25.  Presidencia de la Rep�blica del Ecuador. (8 de julio de 2020). Reglamento de la Ley Org�nica de Adultos Mayores. Decreto Ejecutivo 1087. Registro Oficial Suplemento 241. Quito. Obtenido de https://lc.cx/khgkot

26.  Reyes, R. (20 de abril de 2018). Adulto mayor significado. Recuperado el 25 de julio de 2024, de http://www.adultomayorinteligente.com/significado-de-adulto-mayor/

27.  United Nations. (2022). World Population Prospects 2022. Summary of Results. New York: Department of Economic and Social Affairs. Obtenido de https://lc.cx/CUg9HS

28.  Valarezo, M., & Guerra, E. (2018). Trato diferenciado a las personas de la tercera edad y discapacitados en el r�gimen jur�dico tributario ecuatoriano y su aplicaci�n constitucional con los pa�ses de la Comunidad Andina. [Tesis de maestr�a. Universidad Andina Sim�n Bol�var]. Quito. Obtenido de https://lc.cx/x_xdlE

29.  V�squez, M., Gaibor, I., Dur�n, P., & L�pez, D. (2020). El sistema fiscal en el Ecuador y su efecto en la redistribuci�n de la riqueza. Revista de Investigaci�n Enlace Universitario, 19(2), 119-135. doi:DOI: https://doi.org/10.33789/enlace.19.2.79

30.  Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. (11 de agosto de 2000). Decreto Supremo N� 25869. Bolivia: Lexivox. Obtenido de https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-25869.html

31.  Villacreses, J., Y�pez, M., & Campuzano, J. (2022). Beneficios tributarios en los adultos mayores. Ecuador, periodo 2016-2020. Revista cient�fica Sociedad & Tecnolog�a, 5(2), 180-196. doi:Doi: https://doi.org/10.51247/st.v5i2.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 2025 por los autores. Este art�culo es de acceso abierto y distribuido seg�n los t�rminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribuci�n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).