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Corrupci�n p�blica y privada: mecanismos penales de prevenci�n y represi�n en el contexto latinoamericano

 

Public and private corruption: criminal mechanisms of prevention and repression in the Latin American context

 

Corrup��o p�blica e privada: mecanismos criminais de preven��o e repress�o no contexto latino-americano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: adrean.sierrac@ug.edu.ec

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 07 de marzo de 2025 *Aceptado: 24 de abril de 2025 * Publicado: �26 de mayo de 2025

 

 

        I.            Abogado, Magister, Docente de la Universidad de Guayaquil UG, Ecuador.

Resumen

La corrupci�n, tanto p�blica como privada, representa uno de los desaf�os m�s persistentes para los sistemas democr�ticos y jur�dicos en Am�rica Latina. Esta problem�tica mina la confianza institucional, socava el Estado de derecho y profundiza las desigualdades sociales. A nivel normativo, los pa�ses latinoamericanos han adoptado diversas reformas penales orientadas a sancionar pr�cticas corruptas, a trav�s de la tipificaci�n de delitos como el cohecho, el peculado, el lavado de activos y el enriquecimiento il�cito. Sin embargo, la efectividad de estos mecanismos sigue siendo limitada por la impunidad estructural, la captura institucional y la d�bil coordinaci�n entre los �rganos de control y persecuci�n penal. Este art�culo examina cr�ticamente los principales mecanismos penales de prevenci�n y represi�n de la corrupci�n p�blica y privada, tomando como referencia las experiencias de Ecuador, Brasil, Colombia y Per�. Se analiza el rol del Derecho Penal como herramienta de �ltima ratio, la evoluci�n doctrinaria de la responsabilidad penal de las personas jur�dicas, y los l�mites �tico-jur�dicos de las t�cnicas punitivas empleadas. Asimismo, se presentan estudios de caso y estad�sticas que evidencian los niveles de cumplimiento y los factores que obstaculizan la eficacia de estas medidas. Finalmente, se proponen estrategias para reforzar el sistema penal desde una perspectiva garantista y eficaz, compatible con los est�ndares internacionales.

Palabras clave: corrupci�n p�blica; corrupci�n privada; derecho penal; prevenci�n; represi�n; Am�rica Latina; responsabilidad penal empresarial.

 

Abstract

Corruption, both public and private, represents one of the most persistent challenges to democratic and legal systems in Latin America. This problem undermines institutional trust, undermines the rule of law, and deepens social inequalities. At the regulatory level, Latin American countries have adopted various criminal reforms aimed at punishing corrupt practices by criminalizing crimes such as bribery, embezzlement, money laundering, and illicit enrichment. However, the effectiveness of these mechanisms remains limited by structural impunity, institutional capture, and weak coordination between oversight and prosecution bodies. This article critically examines the main criminal justice mechanisms for preventing and repressing public and private corruption, drawing on the experiences of Ecuador, Brazil, Colombia, and Peru. It analyzes the role of criminal law as a last resort tool, the doctrinal evolution of the criminal liability of legal entities, and the ethical and legal limits of the punitive techniques employed. It also presents case studies and statistics that demonstrate the levels of compliance and the factors that hinder the effectiveness of these measures. Finally, it proposes strategies to strengthen the criminal justice system from a perspective that provides guarantees and is effective, compatible with international standards.

Keywords: public corruption; private corruption; criminal law; prevention; repression; Latin America; corporate criminal liability.

 

Resumo

A corrup��o, tanto p�blica quanto privada, representa um dos desafios mais persistentes para os sistemas democr�ticos e jur�dicos da Am�rica Latina. Esse problema mina a confian�a institucional, mina o Estado de Direito e aprofunda as desigualdades sociais. No �mbito regulat�rio, os pa�ses latino-americanos adotaram diversas reformas criminais com o objetivo de punir pr�ticas corruptas, criminalizando crimes como suborno, peculato, lavagem de dinheiro e enriquecimento il�cito. No entanto, a efic�cia desses mecanismos permanece limitada pela impunidade estrutural, captura institucional e fraca coordena��o entre os �rg�os de fiscaliza��o e de acusa��o. Este artigo examina criticamente os principais mecanismos de justi�a criminal para prevenir e reprimir a corrup��o p�blica e privada, com base nas experi�ncias do Equador, Brasil, Col�mbia e Peru. Analisa o papel do direito penal como instrumento de �ltima inst�ncia, a evolu��o doutrin�ria da responsabilidade penal das pessoas jur�dicas e os limites �ticos e legais das t�cnicas punitivas empregadas. Apresenta tamb�m estudos de caso e estat�sticas que demonstram os n�veis de cumprimento e os fatores que dificultam a efic�cia dessas medidas. Por fim, prop�e estrat�gias para fortalecer o sistema de justi�a criminal sob uma perspectiva que ofere�a garantias e seja eficaz, compat�vel com os padr�es internacionais.

Palavras-chave: corrup��o p�blica; corrup��o privada; direito penal; preven��o; repress�o; Am�rica Latina; responsabilidade penal empresarial.

 

Introducci�n

La corrupci�n, en sus formas p�blica y privada, constituye uno de los principales obst�culos para la consolidaci�n del Estado de derecho y el desarrollo democr�tico en Am�rica Latina. Esta problem�tica no solo afecta el funcionamiento eficiente de las instituciones, sino que erosiona la confianza de la ciudadan�a en los poderes p�blicos, profundiza la exclusi�n social y debilita la legitimidad democr�tica (Transparency International, 2022, p. 14).

En el �mbito penal, la lucha contra la corrupci�n ha generado una transformaci�n significativa en los ordenamientos jur�dicos de la regi�n. La tipificaci�n de nuevos delitos, el fortalecimiento de los �rganos de control y la incorporaci�n de est�ndares internacionales como la Convenci�n de las Naciones Unidas contra la Corrupci�n (CNUCC) y la Convenci�n Interamericana contra la Corrupci�n han sido avances normativos importantes (Pereyra, 2020, p. 53).

Sin embargo, la eficacia de estas medidas se ha visto limitada por diversas condiciones estructurales. Entre ellas destacan la captura de �rganos de control por actores pol�ticos, la debilidad de las fiscal�as especializadas, la falta de autonom�a judicial y la presi�n medi�tica que condiciona el uso del derecho penal como herramienta de persecuci�n selectiva (Gargarella, 2013, p. 66).

La corrupci�n p�blica, entendida como el uso indebido del poder estatal para obtener beneficios privados, y la corrupci�n privada, referida a pr�cticas il�citas entre particulares en el �mbito empresarial, comparten mecanismos complejos que requieren respuestas penales diferenciadas pero complementarias (Zaffaroni, 2012, p. 101).

El derecho penal moderno se enfrenta al reto de prevenir y reprimir estas formas de corrupci�n sin caer en el punitivismo excesivo ni en la criminalizaci�n simb�lica. La prevenci�n debe estar acompa�ada de pol�ticas p�blicas integrales y de mecanismos de cumplimiento efectivo, como los programas de integridad corporativa, la protecci�n de denunciantes y el uso de incentivos penales eficaces (Berdugo, 2017, p. 89).

Asimismo, en los �ltimos a�os ha cobrado importancia la figura de la responsabilidad penal de las personas jur�dicas. Esta herramienta permite sancionar a empresas que cometen o permiten delitos de corrupci�n en su estructura interna, rompiendo el paradigma tradicional del derecho penal centrado �nicamente en la persona natural (Binder, 2015, p. 35).

En pa�ses como Brasil, el caso Lava Jato evidenci� c�mo las tramas de corrupci�n pueden articularse en el espacio p�blico-privado, utilizando entramados empresariales, pagos ilegales, contratos ficticios y mecanismos de evasi�n de controles estatales. En Per�, los procesos contra Odebrecht y sus aliados pol�ticos tambi�n mostraron los l�mites del modelo penal tradicional para desarticular redes criminales complejas (Alvarez, 2019, p. 47).

En Ecuador, la aprobaci�n del C�digo Org�nico Integral Penal (COIP) en 2014 incorpor� una gama de delitos relacionados con la corrupci�n p�blica, como el cohecho, el peculado, el tr�fico de influencias y el lavado de activos, as� como disposiciones que permiten investigar delitos cometidos por corporaciones privadas (COIP, 2014, arts. 280�298).

No obstante, la represi�n penal no ha sido suficiente para erradicar la corrupci�n en el pa�s. Casos emblem�ticos como el de los sobornos en la contrataci�n p�blica durante la emergencia sanitaria por COVID-19 y la sentencia por cohecho agravado en contra de altos funcionarios pol�ticos han revelado deficiencias institucionales, falta de celeridad procesal y escasa recuperaci�n de activos (Fiscal�a General del Estado, 2021, p. 92).

Este art�culo pretende realizar un an�lisis cr�tico y comparado de los mecanismos penales de prevenci�n y represi�n de la corrupci�n p�blica y privada en Am�rica Latina, con �nfasis en el contexto ecuatoriano. Se parte de una revisi�n doctrinaria, normativa y jurisprudencial, para identificar aciertos, vac�os y desaf�os.

Se plantea que, aunque el derecho penal es un instrumento leg�timo y necesario para combatir la corrupci�n, su efectividad depende de una articulaci�n coherente con mecanismos preventivos, sistemas de control interno, garant�as procesales, y pol�ticas p�blicas integrales que atiendan las causas estructurales del fen�meno.

En las secciones siguientes se abordan el estado del arte, el marco te�rico penal anticorrupci�n, estudios de caso regionales, normativa ecuatoriana vigente, metodolog�a del estudio, an�lisis de resultados con datos emp�ricos y gr�ficos, conclusiones y recomendaciones orientadas a una pol�tica penal m�s eficaz y garantista.

 

Desarrollo

En el contexto latinoamericano, la corrupci�n p�blica y privada ha dejado de ser una conducta aislada para convertirse en un fen�meno sist�mico que atraviesa estructuras estatales y empresariales. En t�rminos penales, esto ha obligado a los legisladores a ampliar los marcos de tipificaci�n, adoptar enfoques supranacionales y redefinir el rol del derecho penal dentro de una estrategia integral de lucha contra la corrupci�n.

Uno de los principales desaf�os es abordar la simetr�a entre prevenci�n y represi�n. Mientras que la represi�n penal ha tendido a centrarse en la sanci�n posterior al delito, los mecanismos de prevenci�n han sido escasamente aplicados o evaluados. En este sentido, el derecho penal preventivo busca anticiparse a la concreci�n del da�o, fortaleciendo controles institucionales, c�digos de �tica y estructuras de cumplimiento normativo (compliance).

Las reformas penales en Ecuador, Per�, Brasil y Colombia han incorporado mecanismos como el decomiso sin condena previa, la extinci�n de dominio, y la cooperaci�n eficaz, aunque su implementaci�n no siempre ha respetado principios como el debido proceso o la proporcionalidad. El exceso de detenciones preventivas, la sobreutilizaci�n del tipo penal de delincuencia organizada y la selectividad en la persecuci�n penal han sido objeto de cr�tica doctrinal (Zaffaroni, 2012, p. 108).

En cuanto a la corrupci�n privada, esta se manifiesta en pr�cticas como el soborno entre particulares, el falseamiento de estados financieros, la colusi�n empresarial y el pago de comisiones ilegales. Pa�ses como Argentina, Chile y Colombia han tipificado estas conductas, ampliando el alcance del derecho penal econ�mico m�s all� del �mbito estatal.

La figura de la responsabilidad penal de la persona jur�dica representa un cambio fundamental en la estructura del derecho penal tradicional. Ecuador, aunque a�n no ha desarrollado una ley espec�fica sobre esta materia, ha avanzado parcialmente mediante la inclusi�n de disposiciones en el COIP que permiten investigar delitos cometidos �a trav�s de� personas jur�dicas, aunque sin consecuencias penales directas para las empresas (COIP, 2014, art. 49).

Otra herramienta relevante son los mecanismos de cooperaci�n penal internacional, especialmente �tiles para desmantelar estructuras de corrupci�n transnacional. La asistencia judicial mutua, las redes de fiscales especializados y la adopci�n de tratados como la CNUCC y la Convenci�n de Palermo han permitido avances importantes en la identificaci�n de flujos financieros il�citos y lavado de activos.

Sin embargo, la eficacia de estas herramientas depende de la voluntad pol�tica, la independencia judicial y la capacitaci�n t�cnica de los operadores del sistema penal. A pesar del marco legal disponible, muchos pa�ses de la regi�n presentan niveles alarmantes de impunidad en casos de corrupci�n, con procesos que se prolongan por a�os sin sentencia, o con sentencias sin ejecuci�n efectiva (Pereyra, 2020, p. 59).

Un problema estructural adicional es la falta de protecci�n real a denunciantes de corrupci�n. Aunque la mayor�a de los pa�ses han aprobado leyes que reconocen su derecho al anonimato o a no sufrir represalias, los mecanismos de protecci�n son d�biles, lo que inhibe la denuncia y facilita el encubrimiento (Transparencia Internacional, 2021, p. 44).

Desde el enfoque garantista, es fundamental que el derecho penal anticorrupci�n se base en criterios de legalidad estricta, racionalidad sancionadora y respeto a las garant�as procesales. De lo contrario, el discurso anticorrupci�n puede derivar en pr�cticas populistas punitivas que erosionan los principios fundamentales del Estado de derecho (Ferrajoli, 2011, p. 91).

Estado del arte

La literatura penal latinoamericana ha abordado ampliamente el fen�meno de la corrupci�n. Ferrajoli (2011) afirma que la corrupci�n es el principal factor de disfuncionalidad del Estado moderno y propone una intervenci�n penal moderada, orientada al restablecimiento de la legalidad sustantiva (p. 95). Zaffaroni (2012) advierte contra la expansi�n del derecho penal simb�lico en la lucha anticorrupci�n, alertando que los discursos punitivistas muchas veces encubren ineficiencias estructurales (p. 109).

Binder (2015) sostiene que el castigo penal no debe ser el �nico instrumento, sino parte de un sistema integral de integridad p�blica, complementado por mecanismos administrativos y de transparencia (p. 39). En Ecuador, autores como Salazar (2020) y Ord��ez (2022) han evidenciado la ineficacia del derecho penal anticorrupci�n debido a la ausencia de voluntad pol�tica, la interferencia partidaria en los �rganos de control y la falta de independencia fiscal (p. 101).

Marco te�rico

El derecho penal anticorrupci�n se fundamenta en la necesidad de proteger bienes jur�dicos como la probidad administrativa, la funci�n p�blica y la transparencia institucional. Seg�n Silva S�nchez (2000), este campo forma parte del derecho penal del enemigo cuando pierde sus l�mites y se enfoca exclusivamente en la represi�n, sin garant�as (p. 77).

La teor�a de la �ltima ratio exige que el derecho penal se utilice solo cuando otros mecanismos resulten insuficientes. En ese sentido, el enfoque preventivo basado en programas de cumplimiento normativo, auditor�as internas y mecanismos de detecci�n temprana resulta indispensable (Berdugo, 2017, p. 93).

La responsabilidad penal empresarial, por su parte, rompe con el principio societas delinquere non potest, reconociendo que las personas jur�dicas pueden cometer delitos en el ejercicio de su actividad y deben ser sancionadas con multas, inhabilitaciones, y disoluciones, entre otras (Binder, 2015, p. 45).

 

 

Estudios de caso y experiencias internacionales

En Brasil, el caso Lava Jato revel� una estructura compleja de corrupci�n p�blica-privada en la empresa estatal Petrobras. El uso de delaciones premiadas, cooperaci�n internacional y condenas contra altos funcionarios y empresarios permiti� recuperar millones de d�lares, aunque tambi�n surgieron cr�ticas por abusos en la prisi�n preventiva y uso excesivo del derecho penal (Moro, 2018, p. 118).

En Per�, la investigaci�n del caso Odebrecht evidenci� c�mo el financiamiento ilegal de campa�as pol�ticas estaba vinculado a la adjudicaci�n de contratos de obras p�blicas. La figura de la colaboraci�n eficaz fue fundamental para obtener pruebas, aunque no estuvo exenta de interferencias pol�ticas (Alvarez, 2019, p. 51).

En Colombia, la Ley 1778 de 2016 estableci� la responsabilidad administrativa de las personas jur�dicas por actos de corrupci�n transnacional, permitiendo sancionar sobornos pagados por empresas a funcionarios p�blicos extranjeros. Esta norma se articul� con reformas en la Fiscal�a General y en la Superintendencia de Sociedades (Restrepo, 2021, p. 43).

En Ecuador, el caso �Sobornos 2012�2016� deriv� en sentencias penales contra altos funcionarios, incluyendo al expresidente Rafael Correa, por el delito de cohecho agravado. A pesar de la trascendencia del caso, la recuperaci�n efectiva de activos y la ejecuci�n de penas ha sido limitada (FGE, 2021, p. 92).

Normativa ecuatoriana sobre corrupci�n

El C�digo Org�nico Integral Penal (COIP) regula en su T�tulo IV diversos delitos contra la administraci�n p�blica, incluyendo el cohecho (art. 280), el peculado (art. 278), la concusi�n (art. 281), el enriquecimiento il�cito (art. 279), el tr�fico de influencias (art. 285), y el lavado de activos (arts. 317�320).

La Constituci�n de 2008 establece, en su art�culo 233, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupci�n, y en el art�culo 226, la responsabilidad de toda persona que ejerza una funci�n p�blica por sus actos u omisiones. Tambi�n se ha reformado la Ley Org�nica del Sistema Nacional de Contrataci�n P�blica y se han emitido reglamentos sobre integridad institucional.

Sin embargo, a�n no existe una ley espec�fica de responsabilidad penal de las personas jur�dicas, lo cual representa una brecha frente a los compromisos internacionales adquiridos por Ecuador.

 

 

Metodolog�a

El trabajo aplica este marco metodol�gico de manera integrada para ofrecer un an�lisis completo del impacto de los mecanismos penales en la lucha contra la corrupci�n p�blica y privada.

M�todo Descriptivo: Se describen los instrumentos jur�dicos y casos representativos que evidencian el uso del derecho penal como herramienta anticorrupci�n.

M�todo Bibliogr�fico: Se analizaron textos doctrinarios, normas penales, sentencias judiciales y tratados internacionales para establecer una base te�rica y comparativa.

M�todo Fenomenol�gico Jur�dico: Se evalu� el impacto del uso del derecho penal sobre el sistema de justicia y la percepci�n social de impunidad, as� como la tensi�n entre garantismo y eficacia.

 

Discusi�n y resultados

Definici�n: La corrupci�n p�blica implica el uso indebido del poder estatal con fines personales; la corrupci�n privada refiere a pr�cticas il�citas en el �mbito empresarial que afectan el orden econ�mico y la libre competencia.

Ejemplos de Implementaci�n y Resultados:

�                    En Ecuador, se han registrado m�s de 400 procesos por delitos de corrupci�n desde 2014, pero solo el 30% ha concluido en sentencias ejecutoriadas (FGE, 2023, p. 51).

�                    En Brasil, el caso Lava Jato logr� recuperar m�s de 3.000 millones de d�lares entre 2014 y 2019 (CGU, 2020, p. 64).

�                    En Colombia, tras la Ley 1778, se han impuesto sanciones a m�s de 20 empresas por sobornos internacionales (Restrepo, 2021, p. 43).

Cuestiones �ticas: El uso del derecho penal debe respetar los principios de legalidad, presunci�n de inocencia y proporcionalidad. El combate a la corrupci�n no puede ser excusa para vulnerar garant�as ni justificar persecuciones selectivas.

 

 

 

 

 

An�lisis de los resultados

 

Tabla 1: Comparaci�n de mecanismos penales anticorrupci�n en Ecuador, Brasil y Colombia

Fuente: Transparencia Internacional (2023); CGU (2020); FGE (2023)

Nota: Informaci�n sistematizada con base en legislaci�n y reportes oficiales

 

Conclusiones

El derecho penal ha demostrado ser un instrumento necesario, aunque no suficiente, en la lucha contra la corrupci�n p�blica y privada en Am�rica Latina. Si bien se han logrado avances normativos relevantes, su efectividad sigue condicionada por factores estructurales como la impunidad, la debilidad institucional y la falta de independencia judicial.

Los pa�ses analizados evidencian diferencias importantes en cuanto al desarrollo de mecanismos como la responsabilidad penal empresarial, la cooperaci�n procesal y la recuperaci�n de activos. Ecuador necesita avanzar hacia una legislaci�n m�s integral y cumplir con los est�ndares internacionales asumidos.

Una pol�tica penal anticorrupci�n eficaz debe combinar mecanismos de prevenci�n, sanci�n y reparaci�n, respetando las garant�as del proceso penal y evitando excesos punitivos. La integridad p�blica y empresarial requiere adem�s una cultura �tica sostenida, educaci�n ciudadana y control social activo.

 

Recomendaciones

1.                 Promulgar una ley espec�fica de responsabilidad penal de las personas jur�dicas en Ecuador.

2.                 Implementar programas de cumplimiento normativo obligatorios para empresas p�blicas y privadas.

3.                 Fortalecer la cooperaci�n interinstitucional entre fiscal�as, contralor�as y organismos de control.

4.                 Mejorar los mecanismos de protecci�n a denunciantes y testigos en procesos de corrupci�n.

5.                 Desarrollar indicadores de impacto sobre la recuperaci�n de activos y reincidencia institucional.

 

Referencias��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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11.  Pereyra, J. (2020). Derecho penal y lucha contra la corrupci�n en Am�rica Latina. Revista Latinoamericana de Ciencias Penales, 4(1), 49�61.

12.  Restrepo, L. (2021). Corrupci�n transnacional y derecho penal colombiano. Revista de Derecho Econ�mico, 19(1), 39�47.

13.  Salazar, E. (2020). Corrupci�n, impunidad y sistema penal en Ecuador. Anuario de Derecho Penal y Criminolog�a, 11(1), 89�105.

14.  Silva S�nchez, J. M. (2000). La expansi�n del derecho penal: aspectos de la pol�tica criminal en las sociedades posindustriales. Madrid: Civitas.

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� 2025 por el autor. Este art�culo es de acceso abierto y distribuido seg�n los t�rminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribuci�n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

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