����������������������������������������������������������������������������������

 

 

Tutela judicial efectiva y cargas probatorias din�micas en procesos constitucionales

 

Effective judicial protection and dynamic burdens of proof in constitutional proceedings

 

Prote��o judicial efetiva e �nus din�mico da prova em processos constitucionais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: sara.mariduena@gmail.com

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 12 de marzo de 2025 *Aceptado: 18 de abril de 2025 * Publicado: �31 de mayo de 2025

 

 

        I.            Abogada, Magister e Investigador Independiente, Ecuador.

 

Resumen

La tutela judicial efectiva constituye uno de los pilares fundamentales del Estado constitucional de derecho. Esta garant�a procesal asegura que toda persona tenga acceso a un recurso efectivo ante los �rganos jurisdiccionales para la protecci�n de sus derechos. En los procesos constitucionales, donde se debaten violaciones a derechos fundamentales, esta tutela adquiere un car�cter reforzado. En este contexto, las cargas probatorias din�micas emergen como una herramienta necesaria para equilibrar las desigualdades materiales entre las partes, especialmente cuando el afectado se encuentra en una posici�n de vulnerabilidad. Este art�culo examina la evoluci�n doctrinal y jurisprudencial de este principio, con �nfasis en su aplicaci�n por la Corte Constitucional del Ecuador. A trav�s de un an�lisis normativo y de estudios de caso, se demuestra c�mo la flexibilizaci�n de las reglas probatorias es compatible con el principio de debido proceso, contribuyendo a la realizaci�n efectiva de la justicia constitucional. Asimismo, se contrastan experiencias internacionales en las que el est�ndar de prueba se adapta en funci�n de la parte que se encuentra en mejor posici�n para aportar elementos determinantes. Finalmente, se plantean recomendaciones para consolidar el uso de las cargas din�micas como mecanismo estructural en el litigio constitucional.

Palabras clave: tutela judicial efectiva; cargas din�micas; debido proceso; derechos fundamentales; prueba constitucional; vulnerabilidad; Corte Constitucional.

 

Abstract

Effective judicial protection constitutes one of the fundamental pillars of the constitutional state of law. This procedural guarantee ensures that every person has access to an effective remedy before the courts for the protection of their rights. In constitutional proceedings where violations of fundamental rights are discussed, this protection takes on a reinforced character. In this context, dynamic burdens of proof emerge as a necessary tool to balance the material inequalities between the parties, especially when the affected party is in a vulnerable position. This article examines the doctrinal and jurisprudential evolution of this principle, with emphasis on its application by the Constitutional Court of Ecuador. Through a normative analysis and case studies, it demonstrates how the relaxation of evidentiary rules is compatible with the principle of due process, contributing to the effective realization of constitutional justice. It also contrasts international experiences in which the standard of proof is adapted based on the party in the best position to provide decisive evidence. Finally, recommendations are made to consolidate the use of dynamic burdens as a structural mechanism in constitutional litigation.

Keywords: effective judicial protection; dynamic burdens; due process; fundamental rights; constitutional evidence; vulnerability; Constitutional Court.

 

Resumo

A tutela jurisdicional efetiva constitui um dos pilares fundamentais do Estado Constitucional de Direito. Essa garantia processual assegura que toda pessoa tenha acesso a um recurso efetivo perante os tribunais para a prote��o de seus direitos. Em processos constitucionais em que se discutem viola��es de direitos fundamentais, essa tutela assume car�ter refor�ado. Nesse contexto, o �nus din�mico da prova surge como ferramenta necess�ria para equilibrar as desigualdades materiais entre as partes, especialmente quando a parte afetada se encontra em situa��o de vulnerabilidade. Este artigo examina a evolu��o doutrin�ria e jurisprudencial desse princ�pio, com �nfase em sua aplica��o pela Corte Constitucional do Equador. Por meio de an�lise normativa e estudos de caso, demonstra-se como a flexibiliza��o das regras probat�rias � compat�vel com o princ�pio do devido processo legal, contribuindo para a efetiva realiza��o da justi�a constitucional. Tamb�m contrasta experi�ncias internacionais nas quais o padr�o de prova � adaptado com base na parte em melhor posi��o para fornecer prova decisiva. Por fim, s�o feitas recomenda��es para consolidar o uso do �nus din�mico como mecanismo estrutural no contencioso constitucional.

Palavras-chave: tutela jurisdicional efetiva; �nus din�mico; devido processo legal; direitos fundamentais; evid�ncia constitucional; vulnerabilidade; Tribunal Constitucional.

 

Introducci�n

La tutela judicial efectiva es una garant�a esencial del Estado constitucional, consagrada tanto en el derecho nacional como en los instrumentos internacionales de derechos humanos. En el caso ecuatoriano, el art�culo 75 de la Constituci�n de 2008 garantiza a todas las personas el derecho a una tutela judicial efectiva, imparcial y expedita, sin dilaciones indebidas. Este principio no solo exige el acceso a un �rgano jurisdiccional, sino que impone condiciones m�nimas de justicia, razonabilidad y cumplimiento de decisiones (Corte Constitucional, 2014, p. 23).

En los procesos constitucionales, que tienen como objetivo la protecci�n de derechos fundamentales frente a violaciones cometidas por autoridades p�blicas o particulares, la tutela judicial adquiere un valor reforzado. Esto se debe a que en dichos procesos se ventilan derechos sustanciales, cuya afectaci�n puede comprometer la dignidad y autonom�a de los individuos (Carbonell, 2009, p. 67).

En este contexto, la prueba adquiere un papel central, ya que la parte actora debe demostrar la existencia de una vulneraci�n de derechos. Sin embargo, muchas veces los actores carecen de los medios t�cnicos o de informaci�n para cumplir con esta carga procesal, especialmente cuando el demandado es una instituci�n estatal con mayores capacidades (Salazar, 2020, p. 91).

Frente a esta desigualdad, la doctrina ha desarrollado la noci�n de cargas probatorias din�micas. Este principio permite trasladar la carga de la prueba a la parte que se encuentra en mejor posici�n para proporcionarla, con el fin de evitar una denegaci�n de justicia por imposibilidad material del actor (Fix-Zamudio, 2004, p. 74). Esta figura no vulnera el principio de contradicci�n, sino que lo complementa al garantizar una igualdad real en el proceso (Ferrajoli, 2011, p. 151).

En Ecuador, la Corte Constitucional ha reconocido en m�ltiples sentencias la necesidad de flexibilizar las reglas probatorias en funci�n de los contextos de vulnerabilidad y asimetr�a procesal. Esto ha sido especialmente evidente en casos de acceso a salud, derechos laborales y protecci�n de grupos prioritarios (Corte Constitucional, Sent. No. 253-18-SEP-CC, 2018, p�rr. 29).

La din�mica procesal constitucional exige una interpretaci�n evolutiva y garantista de los principios procesales, donde el derecho a probar no se reduzca a una carga formal, sino que se configure como un derecho sustancial vinculado con la tutela judicial efectiva (Uprimny, 2017, p. 38).

Este art�culo propone un an�lisis sistem�tico de la figura de las cargas din�micas en el marco del proceso constitucional ecuatoriano, examinando sus fundamentos te�ricos, evoluci�n jurisprudencial y aplicaci�n pr�ctica. Asimismo, se exploran experiencias comparadas y se formulan recomendaciones para consolidar este est�ndar probatorio como garant�a estructural del debido proceso constitucional.

 

Desarrollo

El principio de tutela judicial efectiva constituye uno de los pilares fundamentales del Estado constitucional de derechos y justicia, al consagrar la posibilidad real de que toda persona acceda a mecanismos jurisdiccionales adecuados y eficaces para la defensa de sus derechos. En sede constitucional, este principio adquiere particular relevancia debido al car�cter garantista del control constitucional, que implica un escrutinio riguroso sobre la legalidad y legitimidad de los actos estatales.

Una de las herramientas m�s relevantes para asegurar la efectividad de este principio es la figura de las cargas probatorias din�micas. Esta se activa cuando una de las partes en el proceso, por su condici�n de desventaja material o su limitada capacidad de acceso a la prueba, no puede cumplir razonablemente con la carga probatoria tradicional. En tales casos, el juez tiene la facultad de invertir o distribuir dicha carga, con el fin de garantizar un proceso justo. Se trata, por tanto, de un mecanismo orientado a la equidad procesal, que busca que el derecho a la prueba no sea un obst�culo, sino una garant�a efectiva de justicia (Uprimny, 2017, p. 42).

En el contexto ecuatoriano, la jurisprudencia constitucional ha reconocido este mecanismo como parte integral del debido proceso. As�, se ha aplicado en casos donde se debaten derechos de salud, educaci�n, laborales y, en general, situaciones de personas en condici�n de vulnerabilidad. En este marco, el juez constitucional no act�a como un mero �rbitro pasivo, sino como un garante de la justicia sustancial, encargado de compensar las asimetr�as procesales y de restablecer el equilibrio cuando las desigualdades estructurales amenazan el resultado del proceso (Carbonell, 2009, p. 69).

Estado del arte

La doctrina contempor�nea ha abordado ampliamente el desarrollo del principio de tutela judicial efectiva como un derecho aut�nomo e indispensable para la realizaci�n de otros derechos fundamentales. Seg�n Uprimny (2017), el redise�o de las estructuras probatorias resulta esencial para asegurar un acceso efectivo a la justicia, en especial para los grupos hist�ricamente excluidos (p. 39). Este redise�o incluye la flexibilizaci�n de las reglas tradicionales de prueba y la adopci�n de herramientas como la carga probatoria din�mica.

Fix-Zamudio (2004) sostiene que dicha figura es una manifestaci�n concreta del principio por persona, orientado a maximizar la protecci�n de los derechos en disputa, especialmente cuando se enfrentan poderes desiguales (p. 78). En esa l�nea, Carbonell (2009) afirma que la carga din�mica permite romper con el formalismo jur�dico, posibilitando la realizaci�n de la justicia material (p. 73).

En el contexto ecuatoriano, Salazar (2020) analiza c�mo la Corte Constitucional ha interpretado el principio de carga din�mica en procesos donde el Estado ha restringido derechos sin justificaci�n suficiente. Destaca que esta herramienta ha permitido trasladar la carga de la prueba al ente p�blico, oblig�ndolo a rendir cuentas de sus actuaciones (p. 94).

En el plano internacional, la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2019) ha reconocido la legitimidad de este mecanismo dentro de los procesos que buscan la reparaci�n de violaciones de derechos humanos, al considerarlo un est�ndar de equidad procesal (p. 27).

Marco te�rico

El principio de tutela judicial efectiva encuentra respaldo en m�ltiples instrumentos jur�dicos nacionales e internacionales. A nivel internacional, el art�culo 8 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos establece el derecho de toda persona a ser o�da con las debidas garant�as, dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente. En el �mbito nacional, el art�culo 75 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador consagra el derecho a una tutela judicial efectiva, imparcial y expedita, sin dilaciones indebidas.

El contenido esencial de este derecho implica el acceso a la justicia, el respeto al debido proceso, la motivaci�n de las decisiones judiciales, y la ejecuci�n de las resoluciones. Para que estas garant�as sean reales y no meramente formales, se requiere que el juez adopte un papel activo cuando el desarrollo del proceso evidencia desequilibrios probatorios.

En este contexto, la figura de las cargas probatorias din�micas tiene una profunda ra�z en los principios de igualdad y equidad procesal. Ferrajoli (2011) se�ala que �la distribuci�n r�gida de la carga probatoria puede ser un mecanismo de exclusi�n cuando impide que el derecho sea restituido a quien carece de medios probatorios suficientes� (p. 153). Desde el enfoque del neoconstitucionalismo, Carbonell (2009) sostiene que los jueces deben interpretar las reglas procesales en clave de derechos humanos, lo que permite adoptar decisiones orientadas a la verdad material y a la protecci�n de los m�s d�biles (p. 71).

Estudios de caso y experiencias internacionales

En la jurisprudencia ecuatoriana, la Sentencia No. 253-18-SEP-CC marca un hito en la aplicaci�n del principio de carga probatoria din�mica. En este caso, una ni�a con discapacidad requer�a medicamentos especializados, y la Corte Constitucional orden� al Ministerio de Salud que demostrara la existencia, disponibilidad y entrega oportuna de los mismos, aplicando as� la carga din�mica a favor de la parte afectada (Corte Constitucional del Ecuador, 2018, p�rr. 31).

En Colombia, la Sentencia T-760/08 de la Corte Constitucional consolid� la doctrina de la carga din�mica al analizar la omisi�n del Estado en la garant�a del derecho a la salud. All�, se oblig� a las entidades p�blicas a justificar la negativa en la prestaci�n de servicios m�dicos, reconociendo que las personas usuarias no contaban con la capacidad t�cnica para obtener la prueba de dicha cobertura.

En Argentina, la Corte Suprema adopt� esta figura en el caso �Asociaci�n Benghalensis c/ Ministerio de Salud� (2000), donde el Estado fue obligado a demostrar que estaba garantizando el tratamiento gratuito de VIH a las personas que lo requer�an, trasladando as� la carga probatoria en favor de los actores sociales.

En Espa�a, el Tribunal Constitucional ha aceptado la inversi�n de la carga de la prueba en casos de discriminaci�n laboral, especialmente en raz�n de g�nero, como se observa en la STC 145/1991, que obliga al empleador a demostrar que el trato diferencial no tuvo un m�vil discriminatorio.

Normativa ecuatoriana sobre la tutela y la prueba

En el ordenamiento ecuatoriano, la Constituci�n establece en su art�culo 75 el derecho de toda persona a una tutela judicial efectiva, imparcial y expedita. A ello se suma el art�culo 76, numeral 7, que reconoce el derecho de las partes a presentar pruebas, a contradecirlas y a contar con las garant�as del debido proceso.

Aunque la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) no regula expresamente las cargas probatorias din�micas, su art�culo 12 obliga a interpretar las normas procesales de manera favorable a la parte que alega la violaci�n de derechos, privilegiando los principios de proporcionalidad, eficacia y favorabilidad. Esta norma permite al juez adoptar interpretaciones progresivas del proceso constitucional que maximicen la protecci�n del derecho sustantivo.

La Corte Constitucional ha desarrollado esta figura mediante jurisprudencia, reconociendo que la aplicaci�n r�gida de las reglas probatorias puede convertirse en un obst�culo para la justicia. En la Sentencia No. 003-10-SCN-CC, el tribunal estableci� que, en procesos constitucionales, el juez tiene la facultad de solicitar pruebas de oficio y redistribuir la carga cuando las condiciones materiales del caso lo exijan. Asimismo, en la Sentencia No. 184-15-SEP-CC se reafirm� que esta figura se ajusta a los principios de igualdad sustancial y acceso real a la justicia.

 

Metodolog�a

El trabajo aplica este marco metodol�gico de manera integrada para ofrecer un an�lisis completo del impacto de las cargas din�micas en la tutela judicial efectiva en procesos constitucionales.

M�todo Descriptivo: Se describen las sentencias relevantes y la evoluci�n normativa que da sustento a la figura de la carga din�mica en el derecho ecuatoriano.

M�todo Bibliogr�fico: Se analizan fuentes doctrinarias, jurisprudencia de cortes constitucionales de Ecuador, Colombia y Europa, as� como tratados internacionales.

M�todo Fenomenol�gico Jur�dico: Se interpretan los efectos jur�dicos y sociales de la flexibilizaci�n probatoria en contextos de vulnerabilidad, identificando tensiones entre garant�as procesales y eficacia en la protecci�n de derechos.

 

Discusi�n y resultados

Definici�n: Las cargas probatorias din�micas son mecanismos judiciales que permiten reubicar la obligaci�n de probar, con base en la capacidad real de las partes de aportar elementos relevantes para el caso.

Ejemplos de Implementaci�n y Resultados

�                    Ecuador: Casos de acceso a tratamientos m�dicos en que se exigi� al Estado demostrar acciones realizadas.

�                    Colombia: Acceso a pensiones y salud con inversi�n de carga a favor del accionante.

�                    Espa�a: Casos de discriminaci�n laboral con aplicaci�n autom�tica de la carga din�mica.

Cuestiones �ticas: La utilizaci�n de este mecanismo plantea retos relacionados con la imparcialidad judicial. Sin embargo, su justificaci�n radica en garantizar la igualdad sustantiva y evitar denegaciones de justicia a personas en desventaja probatoria.

 

An�lisis de los resultados

 

Tabla 1: Aplicaci�n de la carga din�mica en sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador (2010�2023)

Fuente: Base de Datos Constitucional CC � Elaboraci�n propia

Nota: Se categoriza por materia

 

Explicaci�n: Se evidencia una tendencia creciente en el uso del principio, especialmente en �reas relacionadas con derechos sociales y grupos vulnerables.

 

Conclusiones

La tutela judicial efectiva en el proceso constitucional no puede entenderse plenamente sin mecanismos que garanticen la igualdad real de las partes. La carga probatoria din�mica ha sido una respuesta necesaria frente a la rigidez procesal tradicional, adapt�ndose a las exigencias de justicia sustantiva. En Ecuador, si bien no existe una regulaci�n expl�cita, la jurisprudencia ha consolidado su aplicaci�n como parte del est�ndar m�nimo de protecci�n judicial en contextos de vulnerabilidad. Para fortalecer este instrumento, es necesario institucionalizar su uso y capacitar a operadores jur�dicos en su aplicaci�n rigurosa y garantista.

 

Recomendaciones

1.                 Incluir la carga din�mica como principio procesal en la LOGJCC.

2.                 Capacitar a jueces y defensores p�blicos sobre su aplicaci�n en casos de vulnerabilidad.

3.                 Desarrollar gu�as interpretativas desde la Corte Constitucional que estandaricen su uso.

4.                 Promover litigios estrat�gicos que visibilicen su eficacia.

5.                 Establecer indicadores de impacto sobre su aplicaci�n en procesos constitucionales.

 

Referencias

1.      Carbonell, M. (2009). Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Trotta.

2.      Corte Constitucional del Ecuador. (2018). Sentencia No. 253-18-SEP-CC. Quito: Registro Oficial.

3.      Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2006). Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006.

4.      Ferrajoli, L. (2011). Derechos y garant�as. La ley del m�s d�bil. Madrid: Trotta.

5.      Fix-Zamudio, H. (2004). La carga de la prueba en el juicio de amparo. M�xico: UNAM.

6.      Organizaci�n de Estados Americanos. (2019). Gu�a sobre est�ndares interamericanos en materia probatoria. Washington D.C.: CIDH.

7.      Salazar, E. (2020). Carga probatoria y justicia constitucional. Revista Constitucional Ecuador, 22(1), 87�98.

8.      Uprimny, R. (2017). Prueba y vulnerabilidad en el proceso constitucional. Revista Derecho y Sociedad, 48(2), 35�41.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 2025 por el autor. Este art�culo es de acceso abierto y distribuido seg�n los t�rminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribuci�n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).