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Biopol�tica penal y vigilancia masiva: tensiones entre seguridad y privacidad en el derecho penal contempor�neo

 

Criminal Biopolitics and Mass Surveillance: Tensions between Security and Privacy in Contemporary Criminal Law

 

Biopol�tica Criminal e Vigil�ncia em Massa: Tens�es entre Seguran�a e Privacidade no Direito Penal Contempor�neo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: elvis.fuentest@ug.edu.ec

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 14 de marzo de 2025 *Aceptado: 09 de abril de 2025 * Publicado: �31 de mayo de 2025

 

        I.            Abogado, Magister, Docente de la Universidad de Guayaquil UG, Ecuador.

Resumen

En el siglo XXI, los Estados han incrementado el uso de tecnolog�as de vigilancia masiva como estrategia para garantizar la seguridad ciudadana, lo que ha dado lugar a nuevas formas de intervenci�n penal orientadas m�s al control preventivo que a la sanci�n retributiva. En este contexto, emerge el concepto de biopol�tica penal, entendido como el uso del derecho penal para gestionar poblaciones bajo criterios de riesgo, peligrosidad y datos biom�tricos. Este art�culo analiza las tensiones entre seguridad y privacidad a partir de una revisi�n de doctrinas contempor�neas, experiencias internacionales y el marco legal ecuatoriano. Se plantea que la expansi�n del aparato penal mediante tecnolog�as de videovigilancia, reconocimiento facial y an�lisis predictivo plantea riesgos significativos para los derechos fundamentales, especialmente en contextos de d�bil institucionalidad o escaso control judicial. A trav�s de un enfoque interdisciplinario que combina el derecho penal, la filosof�a pol�tica y la tecnolog�a, se busca aportar al debate sobre los l�mites leg�timos del poder punitivo en sociedades democr�ticas. Se concluye que el paradigma securitario no puede desplazar los principios del garantismo penal sin erosionar las bases del Estado constitucional de derecho.

Palabras clave: Biopol�tica penal; vigilancia masiva; seguridad; privacidad; derecho penal; derechos fundamentales; Ecuador.

 

Abstract

In the 21st century, states have increased their use of mass surveillance technologies as a strategy to ensure citizen security, giving rise to new forms of criminal intervention oriented more toward preventive control than retributive punishment. In this context, the concept of criminal biopolitics emerges, understood as the use of criminal law to manage populations based on criteria of risk, dangerousness, and biometric data. This article analyzes the tensions between security and privacy based on a review of contemporary doctrines, international experiences, and the Ecuadorian legal framework. It argues that the expansion of the criminal justice system through video surveillance, facial recognition, and predictive analytics technologies poses significant risks to fundamental rights, especially in contexts of weak institutions or limited judicial oversight. Through an interdisciplinary approach that combines criminal law, political philosophy, and technology, the article seeks to contribute to the debate on the legitimate limits of punitive power in democratic societies. It concludes that the securitization paradigm cannot displace the principles of criminal guarantees without eroding the foundations of the constitutional rule of law.

Keywords: Criminal biopolitics; mass surveillance; security; privacy; criminal law; fundamental rights; Ecuador.

 

Resumo
No s�culo XXI, os Estados t�m intensificado o uso de tecnologias de vigil�ncia em massa como estrat�gia para garantir a seguran�a dos cidad�os, dando origem a novas formas de interven��o criminal orientadas mais para o controle preventivo do que para a puni��o retributiva. Nesse contexto, surge o conceito de biopol�tica criminal, entendida como o uso do direito penal para gerir popula��es com base em crit�rios de risco, periculosidade e dados biom�tricos. Este artigo analisa as tens�es entre seguran�a e privacidade a partir de uma revis�o de doutrinas contempor�neas, experi�ncias internacionais e do arcabou�o jur�dico equatoriano. Argumenta-se que a expans�o do sistema de justi�a criminal por meio de tecnologias de videovigil�ncia, reconhecimento facial e an�lise preditiva representa riscos significativos aos direitos fundamentais, especialmente em contextos de institui��es fr�geis ou de supervis�o judicial limitada. Por meio de uma abordagem interdisciplinar que combina direito penal, filosofia pol�tica e tecnologia, o artigo busca contribuir para o debate sobre os limites leg�timos do poder punitivo em sociedades democr�ticas. Conclui-se que o paradigma da securitiza��o n�o pode deslocar os princ�pios das garantias penais sem erodir os fundamentos do Estado de Direito constitucional.

Palavras-chave: Biopol�tica criminal; vigil�ncia em massa; seguran�a; privacidade; direito penal; direitos fundamentais; Equador.

 

Introducci�n

El desarrollo de la tecnolog�a ha transformado profundamente las herramientas del derecho penal contempor�neo, especialmente en lo que concierne a la vigilancia y la gesti�n del riesgo social. La emergencia de nuevas l�gicas de control mediante algoritmos, dispositivos biom�tricos y sistemas de videovigilancia masiva ha instaurado un modelo de seguridad basado en la anticipaci�n de conductas potencialmente peligrosas (Zuboff, 2019, p. 241). Esta forma de actuar no reposa sobre hechos consumados, sino sobre probabilidades, escenarios y perfiles de riesgo, lo que modifica sustancialmente el principio de culpabilidad y el juicio a posteriori.

En este contexto surge la noci�n de biopol�tica penal, entendida como la aplicaci�n del poder punitivo en clave de administraci�n de poblaciones, y no exclusivamente como respuesta individual a la comisi�n de delitos. Inspirado en los trabajos de Michel Foucault, este concepto ha sido retomado por diversos autores para explicar la transici�n de un modelo de castigo soberano a un modelo de control difuso y preventivo (Foucault, 2008, p. 79). La biopol�tica penal convierte al individuo en objeto de vigilancia permanente, articulando el derecho penal con bases de datos, inteligencia artificial y algoritmos predictivos.

La tensi�n entre seguridad y privacidad es el eje central del debate contempor�neo sobre los l�mites del derecho penal. En nombre de la seguridad, los Estados ampl�an facultades de vigilancia y recolecci�n de datos sin que necesariamente existan mecanismos eficaces de control judicial o participaci�n ciudadana (L�pez Aguilar, 2020, p. 56). Esto genera un vaciamiento progresivo de las garant�as individuales, que son vistas como obst�culos a la eficacia del sistema de control.

En pa�ses con institucionalidad d�bil, como ocurre en buena parte de Am�rica Latina, la tecnolog�a no se emplea siempre con fines democr�ticos, sino que puede convertirse en un mecanismo de vigilancia pol�tica, criminalizaci�n de la pobreza o represi�n selectiva (Rivera Beiras, 2011, p. 103). Este riesgo exige una revisi�n cr�tica del uso del big data, la interconexi�n de sistemas y el rol de empresas privadas en el manejo de informaci�n penal.

En Ecuador, el sistema de videovigilancia ECU-911, el despliegue de tecnolog�as de reconocimiento facial en espacios p�blicos y los proyectos de ley sobre control digital ilustran el avance de una l�gica de seguridad que prioriza el control del espacio y del cuerpo sobre los derechos fundamentales (El Tel�grafo, 2022, p. 4). Aunque estas herramientas se justifican por la lucha contra la delincuencia, su uso sin garant�as puede normalizar una cultura del monitoreo estatal.

El derecho penal garantista, por su parte, se sustenta en principios como legalidad, presunci�n de inocencia, proporcionalidad y �ltima ratio. Desde esta perspectiva, la expansi�n del poder punitivo bajo criterios preventivos y tecnologizados constituye una amenaza a la estructura cl�sica del Estado de derecho (Ferrajoli, 2005, p. 67). La vigilancia masiva debilita el principio de imputaci�n personal, reemplaz�ndolo por un modelo actuarial basado en categor�as de peligrosidad construidas artificialmente.

Numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos y la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho a la vida privada, a la protecci�n de datos personales y a la intimidad, incluso en contextos de seguridad p�blica. La Corte Interamericana ha reiterado que las medidas de vigilancia deben cumplir criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad (CIDH, 2020, p. 11).

La doctrina penal contempor�nea ha comenzado a cuestionar si es posible compatibilizar el uso de tecnolog�as predictivas con el principio de responsabilidad personal. Autores como Harari (2018) advierten sobre el surgimiento de "dictaduras digitales" donde los datos reemplazan a la conciencia y el algoritmo desplaza a la ley (p. 295). Esta preocupaci�n es compartida por juristas que denuncian el vaciamiento del juicio penal como espacio racional y garantista.

Asimismo, se plantea una nueva forma de exclusi�n: el "ciudadano sospechoso permanente", identificado por su ubicaci�n, comportamiento en redes sociales o historial de consumo. Esta clasificaci�n automatizada puede reforzar pr�cticas discriminatorias y generar desigualdades en el acceso a derechos, incluso sin que exista una conducta delictiva real (Zarsky, 2016, p. 152).

Este art�culo se propone analizar las implicaciones jur�dicas, �ticas y pol�ticas de la biopol�tica penal en el marco del derecho penal ecuatoriano e internacional. Para ello, se examinar� el estado del arte, el marco te�rico, estudios de caso relevantes y la normativa vigente en Ecuador.

El objetivo final es contribuir al debate sobre los l�mites constitucionales del poder penal en contextos de digitalizaci�n y emergencia, proponiendo criterios de garant�a frente al avance del paradigma securitario. Se busca, en definitiva, visibilizar los riesgos de una justicia algor�tmica sin control y sin derechos.

En este marco, el art�culo adopta una metodolog�a interdisciplinaria que combina el an�lisis doctrinal, normativo y jurisprudencial con una mirada cr�tica sobre el uso de tecnolog�a en la justicia penal. Esta perspectiva permitir� evaluar no solo la eficacia de las herramientas tecnol�gicas, sino tambi�n su legitimidad en un sistema que se dice democr�tico.

 

Estado del Arte

En las �ltimas d�cadas, la regulaci�n financiera ha sido objeto de revisi�n profunda en Am�rica Latina a ra�z de las crisis bancarias, la creciente complejidad de los mercados y el avance tecnol�gico. El debate ha girado en torno a c�mo construir marcos regulatorios que equilibren la estabilidad macroecon�mica con la inclusi�n financiera. Seg�n Stiglitz (2010), una regulaci�n eficaz no solo reduce la probabilidad de colapsos financieros, sino que tambi�n corrige fallas estructurales del mercado (p. 121).

En el contexto ecuatoriano, la crisis financiera de 1999 marc� un punto de inflexi�n. Como se�alan L�pez y Guerrero (2021), el colapso bancario evidenci� la fragilidad institucional del sistema y la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de supervisi�n y control (p. 63). Desde entonces, Ecuador ha avanzado hacia un modelo m�s regulado, pero tambi�n enfrenta cr�ticas por la rigidez normativa que en algunos casos limita la innovaci�n.

El Banco Mundial (2022) indica que Ecuador ha logrado mejorar su posici�n en indicadores de solidez financiera, pero se mantiene rezagado en indicadores de profundidad crediticia e inclusi�n financiera, especialmente en poblaciones rurales y sectores informales (p. 88). En este sentido, el BID (2023) recomienda aplicar marcos normativos diferenciados que permitan a las fintech operar bajo esquemas m�s flexibles, sin perder de vista el control del riesgo sist�mico (p. 59).

Asimismo, la aparici�n de tecnolog�as como el blockchain, las plataformas P2P y los criptoactivos ha obligado a los reguladores a repensar sus instrumentos. En Ecuador, a�n no existe una regulaci�n espec�fica sobre estos elementos, lo que crea incertidumbre jur�dica (Su�rez & Vallejo, 2023, p. 73).

 

Marco Te�rico

El marco te�rico del presente estudio se basa en tres pilares fundamentales: la econom�a institucional, la teor�a del riesgo financiero y el enfoque de regulaci�n prudencial.

Desde la econom�a institucional, North (1990) sostiene que las instituciones �incluyendo las normativas legales� configuran los incentivos que rigen el comportamiento econ�mico, y que una regulaci�n efectiva puede reducir los costos de transacci�n y aumentar la eficiencia del sistema (p. 73). En este sentido, las instituciones regulatorias en Ecuador act�an como catalizadores o frenos para el desarrollo del sistema financiero.

Por otro lado, la teor�a del riesgo financiero, desarrollada por acad�micos como Jorion (2007), subraya la importancia de identificar, medir y gestionar los riesgos inherentes a las operaciones bancarias. Esta teor�a ha dado lugar a la implementaci�n de marcos regulatorios basados en capital m�nimo, liquidez, provisiones y control del apalancamiento (p. 155). En Ecuador, estos par�metros est�n recogidos en las normativas de la Superintendencia de Bancos.

El enfoque prudencial, respaldado por los Acuerdos de Basilea, sostiene que la regulaci�n debe centrarse en la solvencia y liquidez del sistema bancario. Basilea III establece que las entidades financieras deben tener colchones de capital que les permitan absorber p�rdidas sin generar un colapso sist�mico (BIS, 2011, p. 10). Ecuador ha adoptado est�ndares similares, pero con adaptaciones a su contexto dolarizado, en el cual el Banco Central no puede emitir moneda ni actuar como prestamista de �ltima instancia (Larrea, 2002, p. 38).

Por �ltimo, el enfoque conductual ha cobrado fuerza recientemente. Este se�ala que los consumidores financieros necesitan protecci�n frente a asimetr�as de informaci�n, productos complejos o pr�cticas abusivas. Esto justifica la existencia de normas sobre transparencia, educaci�n financiera y mecanismos de queja, cada vez m�s comunes en la legislaci�n comparada (Gonz�lez, 2020, p. 134).

 

Estudios de Caso y Experiencias Internacionales

Chile

La Comisi�n para el Mercado Financiero (CMF) ha desarrollado una regulaci�n basada en riesgos y ha promovido el desarrollo de fintech mediante un "sandbox regulatorio". Esto ha permitido el crecimiento del cr�dito digital sin comprometer la estabilidad (CMF, 2022, p. 45). Esta experiencia demuestra que es posible innovar sin desregular.

M�xico

La Ley para Regular las Instituciones de Tecnolog�a Financiera (Ley Fintech) ha sido pionera en Latinoam�rica. Seg�n la CNBV (2021), ha permitido incorporar a m�s de 100 plataformas bajo supervisi�n oficial, reduciendo el riesgo de fraude (p. 22). No obstante, los desaf�os persisten en ciberseguridad y gobernanza.

Colombia

La Superintendencia Financiera ha implementado una estrategia de supervisi�n proporcional. Esto ha facilitado la entrada de nuevos actores, especialmente cooperativas y fintechs, promoviendo inclusi�n financiera. Se destaca tambi�n la implementaci�n de reportes basados en riesgos y cumplimiento (BID, 2023, p. 60).

Ecuador

El caso del cierre del Banco Territorial (2013) permiti� poner a prueba el marco de resoluci�n bancaria. Si bien se evit� el contagio financiero, el caso evidenci� deficiencias en el monitoreo preventivo y en la coordinaci�n interinstitucional (SB, 2014, p. 11).

 

 

Normativa Ecuatoriana sobre Regulaci�n Financiera

La regulaci�n financiera en Ecuador est� basada principalmente en el C�digo Org�nico Monetario y Financiero (COMF), promulgado en 2014, que regula el sistema financiero nacional, las competencias del Banco Central del Ecuador, la Junta de Regulaci�n Financiera y la Superintendencia de Bancos.

El art�culo 14 del COMF establece que la Junta de Regulaci�n Financiera tiene la potestad normativa en materia monetaria, crediticia, financiera, de seguros y valores, lo cual centraliza la formulaci�n de pol�ticas p�blicas financieras (COMF, 2014, art. 14).

Adem�s, el art�culo 47 del mismo c�digo define que la Superintendencia de Bancos tiene la funci�n de supervisar y controlar la actividad de las entidades del sistema financiero privado y del sector p�blico no financiero, verificando el cumplimiento de las normas prudenciales y de gesti�n de riesgos (COMF, 2014, art. 47).

La Ley Org�nica de Prevenci�n de Lavado de Activos tambi�n forma parte del marco regulatorio financiero, estableciendo obligaciones de reporte y mecanismos de control para evitar que el sistema financiero sea utilizado para actividades il�citas.

Por otro lado, la Ley Org�nica de Econom�a Popular y Solidaria (LOEPS) regula a las cooperativas de ahorro y cr�dito, imponi�ndoles requisitos prudenciales adaptados a su naturaleza, aunque muchas entidades peque�as enfrentan dificultades para cumplir con estas exigencias (Superintendencia de Econom�a Popular y Solidaria, 2022, p. 31).

A pesar de estos avances, expertos destacan que la normativa a�n carece de una regulaci�n clara para actores emergentes, como las fintech y plataformas basadas en blockchain. Esta omisi�n representa un desaf�o para la seguridad jur�dica y la competitividad financiera (Su�rez & Vallejo, 2023, p. 81).

 

Metodolog�a

El trabajo aplica este marco metodol�gico de manera integrada para ofrecer un an�lisis completo del impacto de las tecnolog�as de vigilancia masiva en la configuraci�n del derecho penal ecuatoriano, a partir de un enfoque interdisciplinario que articula derecho, filosof�a y teor�a pol�tica.

M�todo Descriptivo El m�todo descriptivo permite presentar el funcionamiento de los sistemas de videovigilancia, algoritmos predictivos y reconocimiento facial aplicados en Ecuador, incluyendo fuentes oficiales y acad�micas. Se analizan sus objetivos, mecanismos y justificaciones legales (Mart�nez, 2022, p. 33).

M�todo Bibliogr�fico Este m�todo se emplea para recoger y sistematizar aportes doctrinales sobre biopol�tica penal, vigilancia estatal y garant�as procesales. Las fuentes incluyen art�culos cient�ficos, tratados de derecho penal, informes de ONGs y sentencias internacionales. Esto aporta una base s�lida para comprender los debates actuales (L�pez Aguilar, 2020, p. 48).

Aplicaci�n
Se revisaron m�s de 40 documentos acad�micos y jur�dicos publicados entre 2005 y 2024, provenientes de bases como Scopus, SSRN, RedALyC y documentos institucionales del TEDH y la Corte IDH.

M�todo Fenomenol�gico Jur�dico Este m�todo se aplica para interpretar c�mo las normas sobre vigilancia afectan a los sujetos concretos, especialmente a grupos vulnerables. Permite analizar c�mo se perciben los sistemas de vigilancia y su impacto en la autonom�a, dignidad y presunci�n de inocencia de las personas (Hildebrandt, 2019, p. 94).

 

Discusi�n y resultados

Definici�n
La biopol�tica penal se define como la instrumentalizaci�n del derecho penal para gestionar poblaciones bajo criterios de riesgo, peligrosidad y control preventivo. La vigilancia masiva, en este marco, deja de ser una medida excepcional y se convierte en un mecanismo estructural del aparato punitivo (Foucault, 2008, p. 91).

Ejemplos de Implementaci�n y Resultados En Ecuador, la implementaci�n del sistema ECU-911 ha permitido una cobertura masiva del espacio p�blico. Sin embargo, no existen estudios concluyentes que demuestren su impacto en la disminuci�n del delito. En cambio, se han documentado vulneraciones al derecho a la privacidad por el uso excesivo de c�maras sin controles judiciales (Fundamedios, 2022, p. 14).

Cuestiones �ticas El uso de tecnolog�as predictivas plantea dilemas sobre la autonom�a, el consentimiento y la vigilancia sin sospecha individualizada. La automatizaci�n del castigo refuerza sesgos preexistentes y puede afectar de manera desproporcionada a minor�as y grupos empobrecidos (Zarsky, 2016, p. 158).

An�lisis de los resultados Aunque la vigilancia masiva es promovida como soluci�n contra la delincuencia, su implementaci�n ha erosionado garant�as fundamentales. La confianza en la justicia algor�tmica ha sustituido la l�gica garantista del derecho penal cl�sico. En Ecuador, la falta de una ley que regule espec�ficamente el uso de tecnolog�as penales impide aplicar controles reales sobre el ejercicio del poder punitivo tecnol�gico.

 

Tabla 1. Comparaci�n regional de uso de vigilancia tecnol�gica en el �mbito penal

Fuente: BID (2023, p. 62); Fundamedios (2022, p. 19)

 

Conclusiones

El avance de la biopol�tica penal y la expansi�n de la vigilancia masiva en el contexto ecuatoriano evidencia una tensi�n estructural entre seguridad y derechos fundamentales. Si bien las tecnolog�as permiten prevenir ciertos delitos, su uso sin regulaci�n espec�fica debilita el principio de legalidad, la presunci�n de inocencia y el debido proceso.

El derecho penal ecuatoriano enfrenta el riesgo de transformarse en un sistema de control automatizado y despersonalizado, especialmente si adopta pr�cticas de justicia predictiva sin regulaci�n adecuada. La adopci�n tecnol�gica debe ir acompa�ada de controles normativos, participaci�n ciudadana y supervisi�n independiente.

La protecci�n de la privacidad, el control judicial efectivo y la transparencia en el manejo de datos deben ser condiciones imprescindibles para cualquier pol�tica p�blica basada en vigilancia. La tecnolog�a no puede operar por fuera del Estado de derecho.

 

Recomendaciones

1.                 Elaborar una ley integral sobre inteligencia artificial, vigilancia y uso de datos biom�tricos en el sistema penal.

2.                 Crear �rganos de supervisi�n aut�nomos que eval�en el impacto de estas tecnolog�as en los derechos fundamentales.

3.                 Establecer auditor�as externas peri�dicas a sistemas como ECU-911.

4.                 Incluir en la formaci�n de jueces, fiscales y polic�as una c�tedra obligatoria sobre derechos digitales y biopol�tica penal.

5.                 Fomentar el debate p�blico y acad�mico sobre justicia algor�tmica y nuevas formas de control punitivo.

 

Referencias

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3.      D�az, L. (2020). Tecnolog�a y criminalizaci�n en Am�rica Latina. Bogot�: Universidad Externado de Colombia.

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5.      Ferrajoli, L. (2005). Derecho y raz�n: teor�a del garantismo penal. Madrid: Trotta.

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17.  Rivera Beiras, I. (2011). Neopenalismo: del Estado social al Estado penal. Madrid: Editorial Trotta.

18.  Stiglitz, J. (2010). Ca�da libre: el libre mercado y el hundimiento de la econom�a mundial. Madrid: Taurus.

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21.  Zuboff, S. (2019). La era del capitalismo de la vigilancia. Barcelona: Paid�s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 2025 por el autor. Este art�culo es de acceso abierto y distribuido seg�n los t�rminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribuci�n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

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